Posted: 21 Sep 2018 07:34 AM PDT
Los
efectos deleznables de la crisis internacional no pudieron ser paliadas
por las políticas gubernamentales del actual sexenio, por el contrario,
éstas incrementaron sus consecuencias, lo que devela al gobierno
peñista con un carácter proempresarial, represor y antipopular.
Ciudad de México a 20 de septiembre de 2018
La crisis económica mundial se profundizó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las medidas adoptadas por el gobierno saliente únicamente hicieron más notorias las condiciones de pobreza y miseria en las masas trabajadoras. La imposición de las reformas neoliberales, la entrega de los recursos naturales y energéticos, son algunos de los mecanismos que el gobierno peñista implementó para favorecer a las empresas nacionales y del extranjero.
Los datos ofrecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostienen que “México tiene finanzas públicas sanas”, lo que asegura una “estabilidad financiera anclada en finanzas públicas sólidas”, sin embargo, la realidad que padece el pueblo mexicano está muy alejado de los argumentos pomposos de los representantes gubernamentales porque los vaivenes de la moneda mexicana condujeron a la inestabilidad económica y mayor dependencia financiera.
Los efectos deleznables de la crisis internacional no pudieron ser paliadas por las políticas gubernamentales del actual sexenio, por el contrario, éstas incrementaron sus consecuencias, lo que devela al gobierno peñista con un carácter proempresarial, represor y antipopular.
El exsecretario de gobernación, Migue Ángel Osorio Chong sostiene que “el gobierno de EPN dejará un país con una economía estable y en crecimiento”, sin precisar para quién es este crecimiento, porque la gran mayoría de explotados y oprimidos siente en la vida cotidiana los saldos deleznables de la política económica donde el desarrollo se finca sobre la sangre derramada de miles de hijos del pueblo.
No hay duda de que en este sexenio hubo una apertura sin igual al capital extranjero, que se ofertó la riqueza nacional al mejor postor, en la lógica neoliberal, al país se le reserva la condición de mano de obra barata, por ende, no se incentiva la industria interna, únicamente implementan una política para ser receptora de inversiones lo cual conlleva al sometimiento financiero.
Analistas sostienen que México es destino de inversiones internacionales, otorgan estas características por la “solidez y fortaleza” de nuestra moneda, sin embargo, estos análisis pasan por alto que desde inicios del sexenio se subastaron millones de dólares de la reserva nacional para evitar los vaivenes de las divisas internacionales, mecanismo neoliberal que profundiza la dependencia económica con respecto a los países poderosos.
Las firmas oligárquicas hacen saber sus exigencias para el nuevo ciclo que describe la crisis económica con los cuales pretenden paliar sus efectos, argumentan que “para seguir en esa dinámica dicen que requieren de estabilidad, reglas del juego claras e instituciones sólidas”. A estas exigencias obedecen las reformas impuestas en el sexenio que termina y el fortalecimiento del Estado policíaco militar.
Los ejemplos sobran para ilustrar la realidad de hambre que vive el pueblo mexicano; el agro en total abandono porque este gobierno priorizó las importaciones sobre la incentivación de la agricultura nacional, datos estadísticos afirman que más del 70 por ciento de los alimentos en México no se producen en el país. La gasolina es una de las más caras del mundo, la liberación de los hidrocarburos no cumplió con la promesa de hacer bajar los precios de los derivados del petróleo.
Los efectos de la crisis que deja Peña Nieto son múltiples, pero éstas se manifiestan con mayor crudeza en el pueblo trabajador, para los oligarcas y empresarios las cuentas resultan muy jugosas. Algunos medios documentan que en este sexenio las ganancias netas de los banqueros ascienden a 716 mil millones de pesos, 76 % de su total, en cinco bancos monopolistas, principalmente extranjeros.
La deuda externa incrementó en sus cifras, existe el registro que en la actualidad es de 10 billones 378 mil 140 millones de pesos, la cual, se traduce en una deuda per cápita de 81 mil 311 pesos. El curso de ascenso de la deuda devela el carácter de sometimiento de este mecanismo financiero, donde año con año sus cifras aumentan sin visos a ser superada en lo inmediato. Obviar esta realidad de sometimiento y dependencia es una salida falsa.
Las medidas adoptadas en diferentes rubros de la vida nacional fueron realizadas bajo el eslogan de “Mover a México”, política que implicó reforzar el Estado policíaco-militar para garantizar el interés privado de un reducido puñado de oligarcas. Resulta inadmisible sostener el crecimiento económico como una caracterización del gobierno saliente.
Todo el territorio nacional fue convertido en una enorme fosa clandestina, miles de cuerpos brotan desde las entrañas de país y con su silencioso testimonio imponen una verdad inapelable, la existencia de los crímenes de lesa humanidad como expresión del terrorismo de Estado.
No existe manera de afirmar que el país vive uno de sus mejores momentos, es imposible sostener la afabilidad en el desarrollo económico nacional. ¿Sobre cuántos ejecutados extrajudicialmente se finca el “progreso” empresarial? ¿Cuál es la cantidad de detenidos desaparecidos que requirió el actual gobierno para salvaguardar el mezquino interés privado?
Las estadísticas hablan por sí solas, aunque existe el empecinamiento gubernamental de mutilar las cifras en la pírrica cantidad de 37 mil, la realidad es terca y día a día comprueba que la magnitud del terrorismo de Estado es inconmensurable.
La creación de la Gendarmería Nacional desde inicios del gobierno fue la manifestación de la continuidad de la ruta del fortalecimiento de los cuerpos represivos. A la vuelta de seis años no hay duda de las consecuencias nefastas de la política adoptada por el titular del ejecutivo saliente; los crímenes de Estado cometidos en Tanhuato o Apatzingán ejemplifican el actuar de los militares como cuerpo represivo.
A través del sofisma de la “Seguridad nacional” el gobierno mexicano impuso la política de terror para garantizar el flujo de mercancías. No es un secreto que en el estado de Veracruz los crímenes de lesa humanidad incrementaron de manera exponencial, específicamente en los lugares donde empresas privadas fincan sus intereses económicos.
Un ejemplo concreto es la cuenca del Río Blanco, donde la ambición empresarial tiene proyectado imponer varios proyectos hidroeléctricos; el afluente de este río fue convertido en el testigo de miles de crímenes contra los pobladores de la región, principalmente en aquellos lugares donde resisten para no vender sus tierras de cultivo.
Los ejemplos de esta naturaleza son interminables, datos que expresan sin titubeos el estado de cosas que deja la saliente administración federal, de donde se desprende que es insostenible los argumentos de estabilidad y crecimiento económico. La economía mexicana fue trastocada por el curso que describe la crisis estructural capitalista.
El gobierno de Enrique Peña Nieto se suma como una más de las administraciones neoliberales, los efectos de su sexenio son visibles, por lo tanto, negar esta realidad o conceder el beneficio de la duda significa una irresponsabilidad. La transición gubernamental se realiza en este contexto, donde los saldos de la crisis son evidentes y ante ello se requieren soluciones puntuales que redunden en la calidad de vida de millones de mexicanos.
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)
Ciudad de México a 20 de septiembre de 2018
La crisis económica mundial se profundizó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las medidas adoptadas por el gobierno saliente únicamente hicieron más notorias las condiciones de pobreza y miseria en las masas trabajadoras. La imposición de las reformas neoliberales, la entrega de los recursos naturales y energéticos, son algunos de los mecanismos que el gobierno peñista implementó para favorecer a las empresas nacionales y del extranjero.
Los datos ofrecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostienen que “México tiene finanzas públicas sanas”, lo que asegura una “estabilidad financiera anclada en finanzas públicas sólidas”, sin embargo, la realidad que padece el pueblo mexicano está muy alejado de los argumentos pomposos de los representantes gubernamentales porque los vaivenes de la moneda mexicana condujeron a la inestabilidad económica y mayor dependencia financiera.
Los efectos deleznables de la crisis internacional no pudieron ser paliadas por las políticas gubernamentales del actual sexenio, por el contrario, éstas incrementaron sus consecuencias, lo que devela al gobierno peñista con un carácter proempresarial, represor y antipopular.
El exsecretario de gobernación, Migue Ángel Osorio Chong sostiene que “el gobierno de EPN dejará un país con una economía estable y en crecimiento”, sin precisar para quién es este crecimiento, porque la gran mayoría de explotados y oprimidos siente en la vida cotidiana los saldos deleznables de la política económica donde el desarrollo se finca sobre la sangre derramada de miles de hijos del pueblo.
No hay duda de que en este sexenio hubo una apertura sin igual al capital extranjero, que se ofertó la riqueza nacional al mejor postor, en la lógica neoliberal, al país se le reserva la condición de mano de obra barata, por ende, no se incentiva la industria interna, únicamente implementan una política para ser receptora de inversiones lo cual conlleva al sometimiento financiero.
Analistas sostienen que México es destino de inversiones internacionales, otorgan estas características por la “solidez y fortaleza” de nuestra moneda, sin embargo, estos análisis pasan por alto que desde inicios del sexenio se subastaron millones de dólares de la reserva nacional para evitar los vaivenes de las divisas internacionales, mecanismo neoliberal que profundiza la dependencia económica con respecto a los países poderosos.
Las firmas oligárquicas hacen saber sus exigencias para el nuevo ciclo que describe la crisis económica con los cuales pretenden paliar sus efectos, argumentan que “para seguir en esa dinámica dicen que requieren de estabilidad, reglas del juego claras e instituciones sólidas”. A estas exigencias obedecen las reformas impuestas en el sexenio que termina y el fortalecimiento del Estado policíaco militar.
Los ejemplos sobran para ilustrar la realidad de hambre que vive el pueblo mexicano; el agro en total abandono porque este gobierno priorizó las importaciones sobre la incentivación de la agricultura nacional, datos estadísticos afirman que más del 70 por ciento de los alimentos en México no se producen en el país. La gasolina es una de las más caras del mundo, la liberación de los hidrocarburos no cumplió con la promesa de hacer bajar los precios de los derivados del petróleo.
Los efectos de la crisis que deja Peña Nieto son múltiples, pero éstas se manifiestan con mayor crudeza en el pueblo trabajador, para los oligarcas y empresarios las cuentas resultan muy jugosas. Algunos medios documentan que en este sexenio las ganancias netas de los banqueros ascienden a 716 mil millones de pesos, 76 % de su total, en cinco bancos monopolistas, principalmente extranjeros.
La deuda externa incrementó en sus cifras, existe el registro que en la actualidad es de 10 billones 378 mil 140 millones de pesos, la cual, se traduce en una deuda per cápita de 81 mil 311 pesos. El curso de ascenso de la deuda devela el carácter de sometimiento de este mecanismo financiero, donde año con año sus cifras aumentan sin visos a ser superada en lo inmediato. Obviar esta realidad de sometimiento y dependencia es una salida falsa.
Las medidas adoptadas en diferentes rubros de la vida nacional fueron realizadas bajo el eslogan de “Mover a México”, política que implicó reforzar el Estado policíaco-militar para garantizar el interés privado de un reducido puñado de oligarcas. Resulta inadmisible sostener el crecimiento económico como una caracterización del gobierno saliente.
Todo el territorio nacional fue convertido en una enorme fosa clandestina, miles de cuerpos brotan desde las entrañas de país y con su silencioso testimonio imponen una verdad inapelable, la existencia de los crímenes de lesa humanidad como expresión del terrorismo de Estado.
No existe manera de afirmar que el país vive uno de sus mejores momentos, es imposible sostener la afabilidad en el desarrollo económico nacional. ¿Sobre cuántos ejecutados extrajudicialmente se finca el “progreso” empresarial? ¿Cuál es la cantidad de detenidos desaparecidos que requirió el actual gobierno para salvaguardar el mezquino interés privado?
Las estadísticas hablan por sí solas, aunque existe el empecinamiento gubernamental de mutilar las cifras en la pírrica cantidad de 37 mil, la realidad es terca y día a día comprueba que la magnitud del terrorismo de Estado es inconmensurable.
La creación de la Gendarmería Nacional desde inicios del gobierno fue la manifestación de la continuidad de la ruta del fortalecimiento de los cuerpos represivos. A la vuelta de seis años no hay duda de las consecuencias nefastas de la política adoptada por el titular del ejecutivo saliente; los crímenes de Estado cometidos en Tanhuato o Apatzingán ejemplifican el actuar de los militares como cuerpo represivo.
A través del sofisma de la “Seguridad nacional” el gobierno mexicano impuso la política de terror para garantizar el flujo de mercancías. No es un secreto que en el estado de Veracruz los crímenes de lesa humanidad incrementaron de manera exponencial, específicamente en los lugares donde empresas privadas fincan sus intereses económicos.
Un ejemplo concreto es la cuenca del Río Blanco, donde la ambición empresarial tiene proyectado imponer varios proyectos hidroeléctricos; el afluente de este río fue convertido en el testigo de miles de crímenes contra los pobladores de la región, principalmente en aquellos lugares donde resisten para no vender sus tierras de cultivo.
Los ejemplos de esta naturaleza son interminables, datos que expresan sin titubeos el estado de cosas que deja la saliente administración federal, de donde se desprende que es insostenible los argumentos de estabilidad y crecimiento económico. La economía mexicana fue trastocada por el curso que describe la crisis estructural capitalista.
El gobierno de Enrique Peña Nieto se suma como una más de las administraciones neoliberales, los efectos de su sexenio son visibles, por lo tanto, negar esta realidad o conceder el beneficio de la duda significa una irresponsabilidad. La transición gubernamental se realiza en este contexto, donde los saldos de la crisis son evidentes y ante ello se requieren soluciones puntuales que redunden en la calidad de vida de millones de mexicanos.
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)
