Posted: 22 Sep 2018 07:24 AM PDT
Las autoridades no dan con el paradero de los menores tras derivarlos a los tutores.
© AP
Imagen de una familia de Honduras detenida en la frontera de Estados Unidos.
Los niños migrantes sin paradero vuelven a poner en jaque a la Administración de Donald Trump. Estados Unidos le ha perdido el rastro a cerca de 1.500 menores indocumentados que cruzaron la frontera este año y fueron derivados a tutores,
según una investigación del Congreso. Los legisladores advirtieron del
riesgo de que los pequeños acaben con traficantes de personas o sean
utilizados como trabajadores por personas que se hacen pasar por
parientes. El caso desempolva la polémica desatada en abril, cuando los
servicios sociales admitieron desconocer la ubicación de 1.475 niños que
habían llegado completamente solos al país.
Después del incierto viaje a Estados Unidos, los menores de edad que son detenidos pueden estar por ley un máximo de 72 horas en un centro policial. Una vez cumplido ese plazo, pasan a estar bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés). Luego son transferidos a un refugio, tutor o familiares mientras su caso entra en el lento circuito judicial migratorio. Los investigadores del Senado revelaron el martes a The New York Times que el departamento no pudo determinar con certeza el paradero de 1.488 de los 11.254 niños que habían sido colocados con familias de acogida este año. Los funcionarios públicos hacen un seguimiento a los niños a través de llamadas telefónicas a sus tutores. 1.488 es el número con el que no pudieron contactar entre el 1 de abril y el 30 de junio.
El nuevo número de menores sin rastro es prácticamente calcado al revelado por los servicios sociales en abril, cuando reconocieron desconocer dónde estaban 1.475 niños que habían llegado solos a EE UU. Los legisladores no especificaron si existen casos que figuren en ambos cómputos. El argumento que dieron entonces las autoridades para ignorar el paradero de los menores fue que los tutores no contestaron al teléfono y prometieron realizar mejoras en el sistema de seguimiento.
Esa polémica revelación llegó justo cuando se destapó el escándalo de la separación de los niños de sus padres en la frontera estadounidense. Tras casi tres meses de alud de críticas, Trump se vio obligado en junio a dar marcha atrás, pero todavía hay cerca de 500 niños que no han sido reunificados con sus padres, según los últimos datos publicados el último día de agosto.
El Departamento de Salud y Servicios Sociales intentó poner paños fríos tras la publicación de los legisladores. "Como se le comunicó a los congresistas en reiteradas ocasiones, estos niños no están 'perdidos'. Sus tutores, que generalmente son sus padres o miembros de su familia y que en todos los casos se ha investigado sus antecedentes penales y su capacidad para protegerlos, simplemente no respondieron al teléfono o no pudieron ser contactados cuando se realizó la llamada", defendió su portavoz, Caitlin Oakley, citada por The New York Times. Desde 2016 los funcionarios de este departamento llaman a las familias de acogida 30 días después de derivar a un niño bajo su cuidado.
Los legisladores acompañaron la alarmante revelación con un proyecto de ley elaborado por republicanos y demócratas para perfeccionar el sistema de seguimiento de los menores. Un punto clave es quién responde por los niños. El Departamento de Salud y Servicios Sociales alega que los pequeños no son su responsabilidad una vez que abandonan los refugios federales. La propuesta legislativa obliga a estos funcionarios a verificar los antecedentes de los tutores -algo que en teoría ya hacen- y garantizar que brinden la atención adecuada a los niños mientras estén bajo su custodia, lo que incluye asegurarse de que comparezcan a las audiencias en el tribunal de inmigración.
El proyecto de ley también exige a los funcionarios del departamento notificar a los Gobiernos estatales antes de ubicar a los niños migrantes bajo el cuidado de los tutores. Otra propuesta es aumentar el número de jueces de tribunales de inmigración para ayudar al Departamento de Justicia a procesar los casos de manera más eficiente. En total hay 350 jueces en 60 tribunales de Estados Unidos para abordar este asunto. Se calcula que hay unas 600.000 solicitudes de asilo pendientes de resolver, una cifra que da cuenta de la crisis que se vive en la frontera sur y representa un incremento del 1.700% en diez años, según el Departamento de Seguridad Nacional.
El senador demócrata de Connecticut Richard Blumenthal fue uno de los patrocinadores del proyecto de ley presentado: "Los niños que arriesgan sus vidas para hacer un viaje peligroso en busca de asilo no deberían tener que preocuparse de ser víctimas de la trata de personas o ser entregados a abusadores o adultos negligentes en Estados Unidos", argumentó. Una postura similar a la del senador republicano de Ohio Rob Portman, quien afirmó que la futura legislación "ayudará a protegerlos de la trata y el abuso, así como a asegurar que aparezcan para sus procedimientos judiciales de inmigración".
© AP
Imagen de una familia de Honduras detenida en la frontera de Estados Unidos.
Después del incierto viaje a Estados Unidos, los menores de edad que son detenidos pueden estar por ley un máximo de 72 horas en un centro policial. Una vez cumplido ese plazo, pasan a estar bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés). Luego son transferidos a un refugio, tutor o familiares mientras su caso entra en el lento circuito judicial migratorio. Los investigadores del Senado revelaron el martes a The New York Times que el departamento no pudo determinar con certeza el paradero de 1.488 de los 11.254 niños que habían sido colocados con familias de acogida este año. Los funcionarios públicos hacen un seguimiento a los niños a través de llamadas telefónicas a sus tutores. 1.488 es el número con el que no pudieron contactar entre el 1 de abril y el 30 de junio.
El nuevo número de menores sin rastro es prácticamente calcado al revelado por los servicios sociales en abril, cuando reconocieron desconocer dónde estaban 1.475 niños que habían llegado solos a EE UU. Los legisladores no especificaron si existen casos que figuren en ambos cómputos. El argumento que dieron entonces las autoridades para ignorar el paradero de los menores fue que los tutores no contestaron al teléfono y prometieron realizar mejoras en el sistema de seguimiento.
Esa polémica revelación llegó justo cuando se destapó el escándalo de la separación de los niños de sus padres en la frontera estadounidense. Tras casi tres meses de alud de críticas, Trump se vio obligado en junio a dar marcha atrás, pero todavía hay cerca de 500 niños que no han sido reunificados con sus padres, según los últimos datos publicados el último día de agosto.
El Departamento de Salud y Servicios Sociales intentó poner paños fríos tras la publicación de los legisladores. "Como se le comunicó a los congresistas en reiteradas ocasiones, estos niños no están 'perdidos'. Sus tutores, que generalmente son sus padres o miembros de su familia y que en todos los casos se ha investigado sus antecedentes penales y su capacidad para protegerlos, simplemente no respondieron al teléfono o no pudieron ser contactados cuando se realizó la llamada", defendió su portavoz, Caitlin Oakley, citada por The New York Times. Desde 2016 los funcionarios de este departamento llaman a las familias de acogida 30 días después de derivar a un niño bajo su cuidado.
Los legisladores acompañaron la alarmante revelación con un proyecto de ley elaborado por republicanos y demócratas para perfeccionar el sistema de seguimiento de los menores. Un punto clave es quién responde por los niños. El Departamento de Salud y Servicios Sociales alega que los pequeños no son su responsabilidad una vez que abandonan los refugios federales. La propuesta legislativa obliga a estos funcionarios a verificar los antecedentes de los tutores -algo que en teoría ya hacen- y garantizar que brinden la atención adecuada a los niños mientras estén bajo su custodia, lo que incluye asegurarse de que comparezcan a las audiencias en el tribunal de inmigración.
El proyecto de ley también exige a los funcionarios del departamento notificar a los Gobiernos estatales antes de ubicar a los niños migrantes bajo el cuidado de los tutores. Otra propuesta es aumentar el número de jueces de tribunales de inmigración para ayudar al Departamento de Justicia a procesar los casos de manera más eficiente. En total hay 350 jueces en 60 tribunales de Estados Unidos para abordar este asunto. Se calcula que hay unas 600.000 solicitudes de asilo pendientes de resolver, una cifra que da cuenta de la crisis que se vive en la frontera sur y representa un incremento del 1.700% en diez años, según el Departamento de Seguridad Nacional.
El senador demócrata de Connecticut Richard Blumenthal fue uno de los patrocinadores del proyecto de ley presentado: "Los niños que arriesgan sus vidas para hacer un viaje peligroso en busca de asilo no deberían tener que preocuparse de ser víctimas de la trata de personas o ser entregados a abusadores o adultos negligentes en Estados Unidos", argumentó. Una postura similar a la del senador republicano de Ohio Rob Portman, quien afirmó que la futura legislación "ayudará a protegerlos de la trata y el abuso, así como a asegurar que aparezcan para sus procedimientos judiciales de inmigración".
