Posted: 19 Sep 2018 07:00 AM PDT
Un informe oficial revela que, el año pasado, se registraron más de 5000 casos de tortura y maltratos en centros de detención argentinos.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) de Argentina publicó el martes su Informe Anual 2017 del Registro Nacional de Casos de Tortura, en el que revela haber detectado 5328 casos de tortura y de maltratos contra 1408 encarcelados en el ámbito federal y en Buenos Aires (capital).
La PNN distingue en su informe, que se elabora desde hace ocho años, 11 tipos de tortura y registra la repetición de cada uno: agresiones físicas (866), falta o deficiente asistencia de la salud (830), aislamiento (823), malas condiciones de detención (772), falta o deficiente alimentación (586), amenazas (354), impedimentos de vinculación familiar y social (340), requisa persona vejatoria (325), robo y/o daño de pertenencias (188), traslados gravosos (137) y traslados constantes (107).
La PNN confirma una vez más que la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente.
Alcira Daroqui, directora del departamento de investigaciones de la PPN, por su parte, advirtió de que la cantidad de casos es mucho mayor de la anunciada.
“Nosotros relevamos estos casos, pero no es la cantidad de casos reales, son muchos más”, indicó Daroqui, citada por los medios.
Considerando las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, la investigadora propone revisar los criterios de encarcelamiento del Estado, con atención a las directrices del Poder Judicial, que es el que dicta las órdenes de prisión.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés), por su parte, confirmó en mayo de 2017 que en las cárceles de Argentina se siguen registrando casos de tortura y denunció la falta de implementación de un mecanismo nacional para prevenir estos hechos.
ask/ncl/alg
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) de Argentina publicó el martes su Informe Anual 2017 del Registro Nacional de Casos de Tortura, en el que revela haber detectado 5328 casos de tortura y de maltratos contra 1408 encarcelados en el ámbito federal y en Buenos Aires (capital).
La PNN distingue en su informe, que se elabora desde hace ocho años, 11 tipos de tortura y registra la repetición de cada uno: agresiones físicas (866), falta o deficiente asistencia de la salud (830), aislamiento (823), malas condiciones de detención (772), falta o deficiente alimentación (586), amenazas (354), impedimentos de vinculación familiar y social (340), requisa persona vejatoria (325), robo y/o daño de pertenencias (188), traslados gravosos (137) y traslados constantes (107).
La PNN confirma una vez más que la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente.
Alcira Daroqui, directora del departamento de investigaciones de la PPN, por su parte, advirtió de que la cantidad de casos es mucho mayor de la anunciada.
“Nosotros relevamos estos casos, pero no es la cantidad de casos reales, son muchos más”, indicó Daroqui, citada por los medios.
Nosotros relevamos estos casos (de tortura y maltratos), pero no es la cantidad de casos reales, son muchos más”, indicó Alcira Daroqui, directora del departamento de investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).Daroqui también denunció que la sobrepoblación penitenciaria, en particular desde 2017, tiene sus raíces en la política del Gobierno de Mauricio Macri de “retener gente en la cárcel”.
Considerando las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, la investigadora propone revisar los criterios de encarcelamiento del Estado, con atención a las directrices del Poder Judicial, que es el que dicta las órdenes de prisión.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés), por su parte, confirmó en mayo de 2017 que en las cárceles de Argentina se siguen registrando casos de tortura y denunció la falta de implementación de un mecanismo nacional para prevenir estos hechos.
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