Carlos E. Lippo
“El
mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas en Venezuela si deciden proteger a
su gente y restaurar la democracia eliminando a un dictador".
Marco Rubio, senador estadounidense, el 9 de febrero de 2018.
Tal como señalásemos en un artículo publicado a mediados de marzo del presente año, con el título de: “El imperio está promoviendo abiertamente un golpe militar en Venezuela” (1), en
nuestro país hemos padecido una larga cadena de golpes militares
promovidos y/o apoyados por el imperio desde que en diciembre de 1908
éste apoyase el golpe militar encabezado por Juan Vicente Gómez
aprovechando la ausencia del General Castro, quien había tenido
necesidad de ausentarse de la patria por motivos de salud, mediante el
envío de dos navíos de guerra que atracaron en actitud amenazante en
aguas de nuestro más importante puerto.
En
efecto, desde que el capital petrolero estadounidense se estableció en
el país de forma en extremo ventajosa en detrimento del Tesoro Nacional,
cada vez que uno de nuestros gobiernos, legítimo o no, intentó aumentar
la participación del país en los beneficios de la explotación de ese
importante recurso natural, fue defenestrado con la participación del
gobierno de los Estados Unidos, como lo demuestran los siguientes casos:
· El
golpe militar que derrocó al presidente Isaías Medina Angarita en 1945,
a causa de la promulgación de la Ley de Hidrocarburos de 1943, que
consagraba aumentos significativos de la participación fiscal del
estado.
· El
golpe militar que derrocó a Rómulo Gallegos, presidente constitucional
de la república, por no acceder a la modificación de un decreto del
gobierno provisional anterior, promulgado el 31 de diciembre de 1945,
según el cual se elevaba al 50 % de los beneficios de las empresas, el
monto a pagar por concepto de impuesto sobre la renta; lo que se llamó
en ese tiempo el “fifty-fifty” petrolero.
· El
magnicidio perpetrado en la persona del presidente de la Junta Militar
de Gobierno que sucedió a Rómulo Gallegos, coronel Carlos Delgado
Chalbaud, en noviembre de 1950, por haber éste ordenado traducir al
idioma farsi (persa) nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos, que siendo
asumida por el gobierno revolucionario iraní de Mohammad Mosaddeq
nacionalizando las reservas en 1951, provocó también su derrocamiento
con la participación de la British Petroleum Co., en 1953.
· El
golpe cívico-militar que derrocó al general Marcos Pérez Jiménez en
enero de 1958, que a pesar de tratarse de un gobierno despótico pero
complaciente con el imperio y el capital transnacional, fue sacrificado
por sus antiguos protectores en la búsqueda de combinaciones más
eficaces en la tarea de reforzar los nexos de dependencia económica en
la colonización global de Venezuela.
· El
golpe militar de abril de 2002, que derrocó al presidente Chávez por un
lapso de 47 horas y derogó la constitución de 1999, motivado por las
disposiciones nacionalistas de la Ley de Hidrocarburos del 2001, y en el
cual la presencia comprobada de naves y aeronaves estadounidenses en
nuestro mar territorial y en nuestro espacio aéreo es más que suficiente
para demostrar la participación protagónica del imperio.
· El
paro-sabotaje petrolero de 2002-03, con participación protagónica de
una caterva de militares retirados de alta graduación y una empresa
vinculada a la CIA llamada SAIC, así como de la llamada “meritocracia” petrolera, surgida a raíz de la “nacionalización” de 1975, subordinada a las transnacionales dentro de ese “estado dentro del estado”
que era PDVSA, hasta la llegada de Hugo Chávez a la presidencia y que
generase pérdidas a la nación del orden de 20.000 millones de dólares
estadounidenses.
En
su obsesivo afán por defenestrar a la Revolución Bolivariana, el
imperio se ha visto en la necesidad de recurrir a un medio tan costoso
desde el punto de vista de su política interior, así como de sus
relaciones con los demás países de la región, incluyendo a la mayoría de
sus cipayos, como lo sería la inducción de un golpe militar a la vieja
usanza, tal como los descritos en los párrafos anteriores, por causa del
estrepitoso fracaso de todas las políticas que han planificado y
financiado para ser aplicadas por la contrarrevolución nacional bajo su
más completa y estrecha coordinación, entre las cuales podríamos citar
las siguientes:
· La
participación en todos los procesos electorales celebrados desde 1998.
Dándose el caso de que la contrarrevolución ha sido derrotada en 23 de
25 procesos, entre ellos los 5 realizados desde la derrota
revolucionaria en las elecciones legislativas de 2015. Siendo indudable
que debe ser por esta causa que el imperio ha inducido a una buena
parte de la contrarrevolución a abstenerse en los últimos tres procesos:
municipales de diciembre de 2017; presidenciales de mayo de 2018; y
municipales de diciembre de 2018, condenándola así a una virtual
desaparición desde el punto de vista electoral.
· La
introducción en el país de más de un centenar de paramilitares
colombianos vistiendo uniformes e insignias del ejército venezolano, que
fueron transportados hasta las cercanías de Caracas en mayo de 2004,
con el propósito de atentar contra la vida del Comandante Chávez.
· Varias series de acciones terroristas catalogadas de “manifestaciones pacíficas” por
la canalla mediática nacional e internacional, ejecutadas en: agosto de
2004; abril de 2013; de febrero a mayo de 2014; y de abril a julio de
2017; todas ellas conjuradas por las fuerzas de seguridad de la
revolución con estricto apego a las normativas internacionales sobre los
DD HH y el apoyo irrestricto del pueblo, aunque a unos costos
extremadamente elevados en términos humamos y materiales.
· Un
sabotaje continuado, desde el año 2013, de los sistemas utilizados para
la prestación de los servicios públicos, en especial el servicio
eléctrico, que en Venezuela ha venido siendo casi gratuito y de muy alta
calidad desde el advenimiento de la Revolución Bolivariana, en
ejecución del llamado “Plan Estratégico Venezolano” (2), elaborado en la “Colombia Uribista” bajo los auspicios de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).
· Acciones
terroristas de muy alto impacto, todas ellas frustradas por los
organismos de inteligencia y seguridad del estado, entre los cuales
podemos mencionar: el “Golpe Azul” u “Operación Jericó”,
en febrero de 2015, que contemplaba el bombardeo criminal de las sedes
de una serie de instalaciones gubernamentales y comunicacionales de la
revolución, localizadas en sitios densamente poblados de la ciudad de
Caracas; la “Operación Constitución” (3), que
pretendía secuestrar al Presidente Maduro en los días previos a las
elecciones del 20 de mayo de 2018; y el intento de magnicidio ejecutado
con cargas explosivas colocadas en aviones no tripulados (drones), el 04
de agosto de 2018.
Resulta
pues mucho más que probable, que esta larga cadena de acciones
fracasadas aunada al hecho de vernos aún de pie y en desarrollo pleno de
las potenciales de nuestra revolución, a pesar de habernos aplicado
unas sanciones que Peter Koening, economista y analista geopolítico de
origen estadounidense, ex funcionario del Banco Mundial, ha considerado
como las más amplias sanciones económicas de la historia (4),
en el marco de la guerra de cuarta generación que nos viene aplicando
desde que a mediados de 2004 el Comandante Chávez decretase el carácter
antimperialista de la revolución, sea lo que haya llevado al imperio a
seguir persistiendo en intentar inducir un golpe militar, habida cuenta
del amplio rechazo que suscita aun entre los gobiernos más cipayos de la
región, la intervención militar conjunta, que es la otra opción militar
con la que cuentan para acabar con nuestro proceso revolucionario.
Que
un golpe militar tutelado, a ser perpetrado por efectivos tarifados de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) traidores a la patria, ha
pasado a ser durante el presente año una opción preferente del imperio
es algo que queda palmariamente demostrado por el señalamiento del
senador Marco Rubio, archienemigo de nuestra revolución, que estoy
presentando al inicio de estas notas, formulado por escrito a comienzos
del mes de febrero del presente año (5);
así como también por aquel discurso pronunciado en la Universidad de
Texas por Rex Tillerson, en esos mismos días, en el cual señalaba que: “En
la historia de Venezuela y otros países sudamericanos, muchas veces el
ejército es el agente de cambio cuando las cosas están tan mal y el
liderazgo ya no puede servir a la gente”, en abierto llamamiento a los efectivos de la FANB a ejecutar un golpe contra el presidente Maduro (1).
Sostengo
responsablemente que el gobierno del imperio continúa persistiendo en
tratar de inducir un golpe militar en nuestro país, basado en los
siguientes hechos:
· Un trabajo publicado en “The New York Times” a comienzos del mes de septiembre de 2018 (6), que afirmaba que, “en una serie de reuniones encubiertas en el extranjero”, concretamente en la embajada de un país europeo, unos militares venezolanos en condición de deserción, “dijeron al gobierno estadounidense que representaban a unos cientos de miembros de la Fuerza Armada”
que estarían en contra del Presidente Maduro; según la misma versión
los oficiales golpistas pidieron ayuda al gobierno estadounidense para
continuar desarrollando un plan para instalar un ‘gobierno de transición’ para administrar el país”, ayuda que no les fue concedida ya que los planes se deshicieron, ante acciones de la inteligencia venezolana “que condujeron al arresto de docenas de los conspiradores”.
· Unas escandalosas declaraciones del vicepresidente electo del Brasil (7),
Hamilton Mourao, ofrecidas a finales de la semana pasada, pronosticando
un inminente golpe militar en Venezuela que habría de derrocar al
Presidente Maduro, al decir palabras más, palabras menos, que Maduro
será derrocado por un golpe militar y lo que es más sorprendente y
desatinado, que ".. las Naciones Unidas tendrán que intervenir por
medio de una fuerza de paz (…) y ahí está el papel de Brasil: liderar
esa fuerza de paz", como si el mundo no recordase el infausto papel desempeñado por dicha fuerza liderando la MINUSTAH, una infamante “misión de paz” que aún padece el hermano pueblo de Haití desde el 2004.
· Un reportaje publicado el pasado 04 de diciembre por el medio digital Bloomberg (8), en el cual el ex coronel GNB Oswaldo García Palomo, señalado de haber participado en la “Operación Constitución” y en el frustrado magnicidio del 04 de agosto, afirmaba estar buscando el apoyo de “gobiernos amigos” para la ejecución de un nuevo plan golpista. El traidor exmilitar golpista decía entre otras cosas: "Nuestros
colegas en Venezuela deben saber que estamos trabajando todos los días
para unir fuerzas internacionales y nacionales, y eliminar al gobierno
mediante el uso de armas para que el país no siga sangrando y muriendo";
así como que el objetivo ideal de su grupo era instalar una junta de
transición con cabeza civil para eventualmente convocar a elecciones, “casualmente” de la misma forma en que Rex Tillerson lo había “sugerido”
públicamente en el mes de febrero pasado. Siendo importante señalar
además que durante la entrevista el ex coronel no negó que fuese el
enlace de los grupos disidentes en Venezuela con los gobiernos de
Colombia y Estados Unidos, como ya lo había denunciado el Presidente
Maduro el pasado mes de agosto en una conferencia de prensa acerca de
las conexiones internacionales de los involucrados con el fallido
magnicidio.
· Una denuncia formulada por el presidente Maduro en el marco de la rueda de prensa internacional concedida el pasado día 12 (9),
según la cual el gobierno estadounidense había elevado, de 40 millones a
120 millones de dólares, el monto de la partida secreta disponible para
el soborno de los militares activos de la FANB que se decidiesen a
participar en el golpe que estaría coordinando el traidor García
Palomo.
Habiendo
demostrado suficientemente la hipótesis central de estas notas me
resulta imposible concluirlas sin antes hacer referencia a otra
importantísima denuncia hecha por el presidente Maduro en la citada
rueda de prensa en relación a que paralelamente el consejero de
seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton estaría dirigiendo
un plan de carácter terrorista e intervencionista para "violentar la democracia" e imponer un gobierno dictatorial en Venezuela; dicho en las propias palabras del Presidente: "Han
asignado al señor John Bolton nuevamente como jefe del plan, del
complot para llenar de violencia a Venezuela y para buscar una
intervención militar extranjera, un golpe de estado, asesinar al
Presidente e imponer lo que llaman ellos un consejo de gobierno
transitorio”.
Como evidencias de que dicho plan se encuentra en pleno desarrollo señaló el Presidente:
· El
entrenamiento de mercenarios colombianos y venezolanos en territorio
colombiano y estadounidense, en complicidad con el gobierno de Iván
Duque, que en una cantidad aproximada de 734 efectivos, se estarían
aprestando para ejecutar acciones de falsa bandera (falsos positivos),
portando uniformes e insignias del ejército venezolano, del lado
colombiano de la frontera.
· El entrenamiento de fuerzas de comando, en la Base Aérea Englin, al sur de la Florida (EE UU), con el propósito de intentar una "agresión quirúrgica"
contra bases aéreas y navales venezolanas; siendo objetivos
prioritarios: la Base Aérea Libertador de Palo Negro (estado Aragua); la
Base Naval Agustín Armario, de Puerto Cabello (estado Carabobo) y la
Base Aérea de Barcelona (estado Anzoátegui).
· El
entrenamiento de agrupaciones paramilitares destinadas a atacar a
Venezuela, en la Base Aérea de Tolemaida, ubicada en el municipio de
Melgar, en el departamento de Tolima, una de las siete bases
estadounidenses instaladas en Colombia desde hace varios años.
La
sola existencia de semejante plan rebela el estado de desesperación en
el que se encontraría sumido el gobierno del imperio ante la cercanía
del 10 de enero, fecha en la cual habrá de tomar posesión el Presidente
Maduro para el período 2019-2025, por voluntad expresa del pueblo
venezolano.
¡Hasta la Victoria, Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
Caracas, diciembre 14 de 2018
celippor@gmail.com
