Resumen Latinoamericano / 5 de junio de 2019
Argentina desde 1833 mantiene un disputa territorial con Gran Bretaña luego de que su Armada ocupara las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, ubicados a pocos kilómetros de la plataforma continental argentina.
En esos años, la Marina Real Británica utilizó esas islas como punto de avanzada militar para abastecer de carbón a sus barcos, en función de su estrategia de poder controlar el Atlántico Sur y el paso marítimo del Estrecho de Magallanes.
En el siglo XX, Gran Bretaña usó este punto militar para abastecerse de petróleo argentino, ubicado en La Patagonia, pero en gran medida perdió razón de ser su posesión a tal punto que en 1968 estuvo cerca de regresar Malvinas a Argentina por medio de un Memorándum de Entendimiento.
Lo que sucedió después es conocido: en 1982, Leopoldo Galtieri, uno de los jefes de la última dictadura militar, ordenó recuperar las islas Malvinas, aprovechándose de la relación carnal con Estados Unidos, y Gran Bretaña con ayuda de la dictadura en Chile y Washington repelió la avanzada militar dejando cientos de soldados argentinos muertos, que hoy son recordados como héroes.
Desde esa fecha, los gobiernos argentinos han alternado entre dejar de lado el tema en la relación bilateral con Gran Bretaña, o incluso dar facilidades a la población artificial instalada por los británicas llamados kelpers, o defender la soberanía argentina tratando de recibir la mayor cantidad posible de apoyos internacionales para forzar a Gran Bretaña a negociar el retorno de las islas a manos argentinas.
EL CASO MACRI C.A. UN ESPEJO PARA VENEZUELA
En el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se avanzó en una posición común a nivel regional a favor de la causa Malvinas. Incluso hasta la Unasur, en un hecho sin precedentes, declaró que cualquier barco con bandera de la «Falkland Islands», nombre con el cual los británicos renombraron a Malvinas, sería considerado ilegal en los puertos sudamericanos.
Así Argentina avanzó en bloquear vuelos, permisos de pesca, y materiales para la explotación petrolera en las islas teniendo en cuenta que sus ricos recursos naturales son considerados argentinos. Sin embargo esta posición, que incluso recibió el apoyo de países africanos y el G77 más China, fue desechada ni bien llegó a la presidencia Mauricio Macri, el primer mandatario que no nombra la causa Malvinas en su toma de posesión.
El colmo de la infamia llegó en 2016 cuando el vicecanciller argentino Carlos Foradori y su par británico Alan Duncan firmaron un acuerdo, donde se le da flexibilidades a las «Falkland Islands» para otorgar permisos de pesca, explotaciones petroleras y se alivia las restricciones para viajar a las islas desde suelo argentino.
Además de desaparecer las Malvinas de la agenda bilateral, el gobierno de Macri tampoco se preocupó demasiado por denunciar la militarización de las mismas con el envío de submarinos nucleares, en un contexto donde en su territorio se ubica una base de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
En vez de ello, el gobierno argentino sentó un pésimo precedente para el reclamo argentino al haber firmado un acuerdo que desecha los pasos que la República Argentina había dado para recuperar un territorio, que además de rico en recursos naturales, se ubica cerca de la Antártida donde se encuentra el 80% del agua dulce del mundo.
MACRI EN ACCIÓN DE LA MISMA FORMA QUE GUAIDÓ
Respecto a Malvinas también se da una situación similar a la del Esequibo venezolano, donde ExxonMobil pretende explotar petróleo en un área considerada venezolana. Al igual que en Guyana, el gobierno de los kelpers, como los británicos llamaron a la población artificial de Malvinas, otorgó concesiones a petroleras como las británicas Rockhopper Exploration y Tullow, y la estatal noruega Equinor.
Lo normal del caso sería que el gobierno de Mauricio Macri, inmediatamente, prohibiera a estas empresas operar en territorio argentino por ir en contra de la soberanía del país. Sin embargo, la respuesta a esto fue otorgarle a dos de estas empresas, Equinor y Tullow, concesiones para buscar petróleo en las zonas marítimas cercanas a donde operan ilegalmente en Malvinas.
Si bien en el caso de Equinor se puede hacer la salvedad que vendió sus concesiones en Malvinas a Rockhopper, la verdad del caso es que el gobierno argentino ni siquiera se preocupó en revisar que una de sus ejecutivas, Anne Drinkwater, fue quien como autoridad de las Falkland ideó la hoja de ruta para explotar los hidrocarburos del territorio en disputa.
Pero no solo contentó con eso, Macri otorgó concesiones en las zonas marítimas contiguas a Malvinas a transnacionales de origen británico como la British Petroleum y Shell. Según expertos, si estas concesiones se ponen en marcha, cualquier diferencia podría dirimirse en un tribunal internacional relegando la jurisdicción local de Argentina.
Trasladando el caso a Venezuela, si el gobierno fuera presidido por Juan Guaidó, esto sería como si Venezuela le diera a ExxonMobil todas las áreas contiguas al Esequibo venezolano, y el resto de las mismas, a transnacionales de Estados Unidos.
Por mucho que parezca tirado de los pelos bien vale recordar que, además de colaborar con el robo de 30 mil millones de dólares a Venezuela, el partido de Guaidó, Voluntad Popular, ha sido uno de los que más apoyado el reclamo de ExxonMobil sobre el fin de sus concesiones petroleras en el país.
Misión Verdad
