Resumen Latinoamericano / 18 de julio de 2019
Recientemente el blog de investigación La Tabla, apuntó a otro posible esquema de saqueo que el antichavismo estaría llevando a cabo para financiar acciones insureccionales en el país.
Se trata del vínculo revelado entre representantes de Guaidó, designados a la tarea de «conseguir» activos venezolanos en España, bajo la excusa de la de «protegerlos de la corrupción chavista», y socios del ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.
Es el caso del excontratista de la estatal petrolera, Jorge Neri, que mediante la firma de eventos Sinergia Total, como lo refiere el blog, ejecutó 94 contratos con PDVSA sólo en 2012. Desde 2017, el Estado venezolano viene revelando tramas delictivas de este tipo que ocurrieron en el corazón de la industria petrolera cuando el ex ministro de petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, se encontraba a cargo.
«Según un correo enviado en 2011 por Alfonso de León, de AXOM (…) Jorge Neri es asesor financiero personal de Ramírez», apuntó La Tabla.
Con la expoliación de recursos venezolanos Jorge Neri y su hermano Francisco tuvieron un acelerado crecimiento empresarial, asociándose tiempo después con distintas empresas en Hong Kong, Panamá y España. Una de ellas, el Grupo EIG Multimedia de Luxemburgo, se hizo propietaria de la revista española Cambio 16, convirtiéndola en una plataforma del antichavismo venezolano en Europa.
Las relaciones comerciales con voceros de la oposición no se detienen allí. La proveedora Sinergia Total les facilita las tarimas para las convocatorias hechas por Juan Guaidó y el resto de sus representantes. Además, Jorge Neri mantiene contacto con el bufete Cremades & Calvo-Sotelo llevado por Javier Cremedes, personaje conocido por anunciar en 2017 la medida de «casa por cárcel» en beneficio del golpista Leopoldo López.
En marzo, Cremades fue elegido por Guaidó como el encargado de rastrear cuentas y fondos del estado venezolano en España, especialmente los de PDVSA y sedes diplomáticas, para definir los posibles mecanismos de confiscación, todo esto bajo el mantra de «preserva» los activos de las empresas venezolanas de la «corrupción» del gobierno venezolano.
Sin embargo, el vínculo con su cliente Neri, que efectivamente ostenta un expediente de contrataciones irregulares y hechos de corrupción, está dado porque es un auspiciante a la causa del antichavismo.
«PROTEGER LOS ACTIVOS»: CONSTRUCCIÓN DE UNA FÓRMULA PARA ROBAR EL DINERO VENEZOLANO
El caso de los recursos derivados de actos de corrupción y recibidos por el interinato que tutela Washington, pertenece a una misma fórmula que, desde principios de año, viene implementando el vocero de Voluntad Popular para acumular capital con fondos secuestrados en el exterior.
De hecho, las primeras decisiones «ejecutivas» del gobierno virtual de Guaidó, fueron disposiciones a parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN) en desacato para conformar, mediante la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, al equipo de tecnócratas encargados de identificar cuentas y fondos congelados en el exterior en función de calcular la cantidad a la que podrían tener acceso, y así proceder a solicitar la «protección de los activos». Es decir, gestionar transferencia ilegal de ese dinero a sus bolsillos.
En su momento, el diputado de Primero Justicia y presidente de esta comisión, Carlos Paparoni, declaró que tenían fichadas 72 cuentas en bancos internacionales correspondientes al 80% de los activos líquidos de la nación. Se concentraron en disponer del 29% de las cuentas, valoradas en 3 mil 200 millones de dólares, por la ventaja política de estar ubicadas en territorio estadounidense.
Justamente, son los funcionarios de la administración Trump los que han sido más proactivos en esta empresa. El 25 de enero, Mike Pompeo certificó «la autoridad del Presidente interino Juan Guaidó para recibir y controlar ciertas propiedades en cuentas del Gobierno de Venezuela o del Banco Central de Venezuela (BCV) en poder del Banco de la Reserva Federal de Nueva York o de cualquier otro banco asegurado de EEUU». Paralelamente, el Departamento de Tesoro aplicaba un embargo oficial de activos del BCV y PDVSA en EEUU.
Juan Guaidó promovió el bloqueo de 1.2 mil millones de dólares en colaterales de oro venezolano que reposan en el Banco de Inglaterra como iniciativa para «salvaguardar» los recursos e impedir el uso por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Repitió esta maniobra con el banco de inversión Citigroup, que terminó saqueando 1 mil 35 millones de dólares provenientes del oro venezolano que el Estado cambió por efectivo y que no pudo recomprar en el plazo pactado entre ambos.
En ese sentido, el posicionamiento forzado de Juan Guaidó como representante del país en países de la Unión Europea y Estados Unidos es fundamental, en cuanto blanquea las operaciones de secuestro financiero frente a la comunidad internacional y permite la asignación de una parte a la logística necesaria para las incursiones violentas de cambio de régimen.
ACCIONES CONCRETAS PARA FINANCIAR UNA AGENDA MERCENARIA
¿Qué cantidad de dinero ha pedido el antichavismo de las sanciones financieras y confiscaciones unilaterales de activos venezolanos? ¿Cuánto de eso va dirigido a invertir en el golpismo y acciones mercenarias en el país?
El proceso más sonado fue el que ocurrió en enero, con el anuncio por parte del Departamento del Tesoro de EEUU, de la apropiación ilegal de Citgo, filial de PDVSA en los Estados Unidos que está estimada en 11 mil millones de dólares. Poco tiempo pasó para que el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, anunciara la decisión de otorgarle al gobierno artificial de Guaidó el manejo de las cuentas y propiedades confiscadas en Estados Unidos.
Los miembros de la junta que iban a administrar los cuantiosos fondos de la empresa, fueron elegidos a dedo en su círculo más íntimo, en vista de usar el dinero sin ningún tipo de rendición de cuentas. Por citar un ejemplo, Andrés Eloy José Padilla Villalba, de la directiva de Citgo, es hermano de Luis Carlos Padilla Villalba de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la AN.
Igualmente en marzo, el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, reveló una trama de robo de activos que iban a ser depositados en las cuentas del partido Voluntad Popular para la conspiración golpista. ¿De qué trataba?
Juan Planchart, abogado venezolano que fungía como gerente del departamento legal de la petrolera rusa Rosneft, le ofreció mil millones de dólares a Guaidó provenientes de la compra forzosa del 49% de las acciones que posee la filial de PDVSA, PDV-Caribem en la refinaría Refidomsa de República Dominicana.
La infiltración de Juan Planchart en esta trama vendría por los vínculos familiares con Juan Guaidó, que lo hacía el operador financiero ideal, según informó en su momento La Tabla.
Este plan requería la negociación previa con el gobierno dominicano que en meses anteriores planeaba confiscar los activos de PDVSA en la refinería.
Planchart, con información privilegiada del caso, sería intermediario para que el dinero de la compra forzosa se entregara al equipo de Guaidó. Además, un remanente de la deuda petrolera, valorada en 250 millones de dólares, que República Dominicana alegó no poder pagar por el bloqueo estadounidense, también se iría a manos del Guaidó Team.
Este dinero sería utilizado para financiar acciones violentas en el país.
En un nuevo desembolso, la Administración Trimp ha planteado destinar 41.9 millones de dólares a la oposición venezolana, posterior al desvío de los fondos que irían originalmente hacia Centroamérica.
Esto fue divulgado por la agencia de noticias Reuters, de acuerdo a un documento interno de Washington en el que indicaba que la USAID sería la encargada de proporcionar el dinero para viajes, equipos de comunicación, salarios, asistencia técnica y otros requerimientos de la oposición venezolana.
Esta última suma de dinero, completa el flujo de recursos desviados o confiscados ilícitamente de activos venezolanos, que paga los honorarios de los agentes locales de desestabilización en el país.
Pero como no hay crimen perfecto, el rastro que dejaron todas las tramas conspirativas del primer semestre del año, fueron utilizadas por el gobierno venezolano para neutralizar a tiempo planes insurreccionales, así como para denunciar con argumentos sólidos, la activa participación de intereses foráneos en llevar al país a una guerra con características mercenarias.
Misión Verdad
