6 de agosto de 2019
La imposición de penalidades al gobierno venezolano solo dañará al pueblo y no ayudará a alcanzar un acuerdo entre Nicolás Maduro y la oposición.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva el lunes 5 de agosto que impone una nueva serie de sanciones económicas al gobierno de Venezuela.
Estados Unidos no quedará satisfecho hasta que el presidente Nicolás Maduro sea destituido y Venezuela esté en camino de celebrar unas elecciones democráticas.
Pero las amenazas y las sanciones cada vez mayores de Washington no han logrado persuadir a los rangos más altos del ejército venezolano para que abandonen a Maduro. De hecho, pese al colapso económico y la crisis humanitaria que arrasa el país, se han mantenido leales al régimen chavista.
La orden ejecutiva congela los bienes y activos del gobierno venezolano y de las personas que apoyan al régimen de Maduro, además de las sanciones individuales, financieras y petroleras ya en efecto.
Al día siguiente, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, explicó en una conferencia en Perú, que las sanciones tienen el objetivo de negarle a “Maduro el acceso al sistema financiero global” y aislarlo más a nivel internacional. Bolton dejó muy claro que Estados Unidos está preparado para sancionar a “terceros” (países como China y Rusia) que hicieran negocios con el régimen.
La nueva política de Estados Unidos de imponer un embargo total a Venezuela, no tendrá el mismo alcance de los que ha impuesto a Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria. Sin embargo, el embargo económico empeorará la vida de los venezolanos.
Es más, la historia sugiere que quizá no funcione en lo absoluto. En cambio, podría tener consecuencias devastadoras para el país e intensificar la crisis migratoria y de refugiados que han huido de su país.
Durante los últimos ocho meses, el gobierno de Trump ha respaldado a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, a quien más de cincuenta gobiernos han reconocido como el presidente encargado de Venezuela.
En una conferencia de prensa el 6 de agosto, Guaidó apoyó la escalada de sanciones estadounidenses a Venezuela, e ingenuamente señaló que la orden ejecutiva no incluye los medicamentos, los alimentos, la ropa y la ayuda humanitaria.
Estados Unidos insiste en que las negociaciones mediante el dialogo es un error, muchos países de Europa y Latinoamérica apoyan esa opción.
En la conferencia de Lima sobre Venezuela, Bolton desestimó esas negociaciones y dijo que “no son serias”, este es “el momento de actuar”.
Las sanciones radicales no son propicias para fomentar la confianza entre ambos bandos, lo cual es fundamental para llegar a un acuerdo viable. Ya el miércoles por la noche, Maduro dijo que no enviaría a una delegación de su gobierno a una sesión de conversaciones con la oposición planeada para esta semana. La única ficha de negociación que la oposición podría ofrecer al régimen es persuadir a Estados Unidos para que aligere esas sanciones.
La orden ejecutiva de Trump da a entender que no estaría dispuesto a hacer eso si Maduro sigue en el poder, algo que probablemente será inaceptable para los chavistas.
Trump cree que las sanciones combinadas con algún tipo de amnistía —un enfoque al estilo de “el palo y la zanahoria”— podrían terminar convenciendo a la milicia de obligar a Maduro a dimitir y acceder a convocar elecciones libres en un periodo razonable.
Pero sería mucho mejor para Trump apoyarla iniciativa que ha emprendido Noruega. Con el paso del tiempo, las conversaciones podrían incorporar al ejército venezolano y a Estados Unidos.
La negativa de La Casa Blanca de otorgar un estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los venezolanos que han llegado a Estados, es difícil de reconciliar con el compromiso que proclama de proteger al pueblo venezolano.
Bolton ha intentado respaldar su teoría sobre la eficacia de estas sanciones severas al presentar como historias de éxito los casos de Panamá, Nicaragua y Cuba. Con la mirada puesta en el cambio de régimen en lo que ha llamado “la troika de la tiranía”, Bolton dijo: “Funcionó en Panamá, alguna vez funcionó en Nicaragua —y volverá a hacerlo— y funcionará en Venezuela y Cuba”.
Eso simplemente no es verdad. Estados Unidos recurrió a la fuerza militar tanto en Panamá como en Nicaragua.
En el primer caso, Estados Unidos lanzó una invasión a gran escala que derrocó al gobierno de Manuel Antonio Noriega y lo mandó a prisión; en el segundo caso, armaron y entrenaron a la Contra, un grupo local rebelde que se levantó en armas contra Daniel Ortega.
Para Bolton, Cuba parece ser el premio gordo, pero las políticas estadounidenses respecto a la isla han fracasado a pesar de un embargo que se impuso hace casi seis décadas.
Trump, Bolton y otros altos funcionarios estadounidenses deberían renunciar a la idea de hacerlo todo a su manera y mejor unirse al consenso que ha surgido entre muchos países latinoamericanos y europeos de buscar un acuerdo negociado para acabar con la tragedia venezolana.
Estados Unidos es uno, si no el único, que se ha manifestado abiertamente en contra de las negociaciones. Tal como se demostró en la conferencia de Lima, poner solo a Estados Unidos a cargo de la crisis venezolana minaría la única solución política que tiene posibilidades de éxito.
Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano, un centro de investigación con sede en Washington que se enfoca en asuntos del hemisferio occidental.
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