Resumen Latinoamericano*, 8 de septiembre de 2019.
Dos manifestantes fueron heridos por armas de fuego en Perú durante protestas contra el proyecto minero Tía María, que cumplen hoy ocho semanas, pese a que el gobierno congeló la licencia para su ejecución.
Los casos se registraron durante una manifestación en la zona de el Fiscal, en el área de influencia del proyecto de la transnacional Southern Copper Corporation, cuando la policía despejaba por la fuerza un bloqueo vial, indicaron medios de prensa de la sureña región de Arequipa.
El abogado Arturo Dueñas, que defiende a los afectados, informó anoche que el herido de mayor consideración, Hugo Roque, de 23 año, fue evacuado al hospital estatal del puerto de Mollendo, donde los médicos verificaron que tenía un proyectil alojado en el cuerpo.
El otro herido, quien no quiso identificarse, recibió un impacto en una pierna y fue atendido en el hospital de Cocachacra, el más cercano a Tía María y declinó identificarse argumentando que temía represalias policiales.
Dueñas señaló que, una vez extraído el proyectil, tendrá que hacerse el peritaje correspondiente para determinar su tipo y posible procedencia, lo que está a cargo del Ministerio Público.
El nuevo incidente puso en cuestión la versión de la Policía de que no usa armas de fuego, aunque dirigentes sociales y el periódico electrónico El Búho afirmaron que sí utiliza a diario esos medios pero lo oculta.
El mismo medio de prensa añadió que, según los pobladores, heridas del mismo tipo se registran a diario, pero los afectados generalmente no acuden a centros de salud estatales porque temen ser detenidos por la policía.
Un paro general y manifestaciones contra Tía María se iniciaron el 5 de agosto, después de que el gobierno, bajo fuerte presión política y mediática de sectores neoliberales y de Southern, otorgó la licencia de construcción del proyecto de explotación de cobre, que prevé una inversión de mil 400 millones de dólares.
La protesta se desató pese a que el presidente Martín Vizcarra aseguró que las obras no se iniciarían hasta que Southern obtenga la aceptación social, pero la empresa intentó desacreditar las protestas y alegó contar con un aval mayoritario que no tiene.
Las organizaciones sociales de la provincia arequipeña de Islay, donde se encuentra Tía María, y agrupaciones regionales, demandaron la nulidad de la licencia otorgada.
El 9 de agosto, el Consejo de Minería, órgano consultivo oficial, suspendió el proyecto por 120 días, ante un pedido ciudadano de nulidad y su decisión sobre este se prevé para fines de octubre.
Posteriormente el presidente Vizcarra reiteró que el proyecto solo será viable si la población lo acepta y no será impuesto por la fuerza, como pretenden políticos y empresarios neoliberales.
*Prensa Latina
