La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó el viernes que la autoridad jurisdiccional determinó la detención domiciliaria para 31 imputados por la presunta comisión de los delitos de incendio, destrucción o deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, daño calificado, organización criminal, estragos, además de lesiones graves y leves, por los destrozos y quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) y del Servicio de Registro Cívico (SERECI) de Santa Cruz.
«La audiencia de medidas cautelares se desarrolló en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la ciudad de Santa Cruz y fue presidida por la Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal quien valoró los elementos de convicción expuestos por el Ministerio Público y determinó la detención domiciliaria, presentación de dos garantes personales solventes y están prohibidos de asistir a convocatorias de marchas y de usar redes sociales bajo la supervisión del asignado al caso para los 31 imputados», informó el Fiscal de Distrito, Mirael Salguero, citado en un boletín institucional.
Por su parte el fiscal asignado al caso, Milton Gutiérrez, explicó que el Ministerio Público apeló la medida de la Juez que declaró ilegal la aprehensión; asimismo se apeló la negación de la medida excepcional de detención preventiva.
Según el cuaderno de investigación, el martes 22 de octubre aproximadamente a las 23h00, los custodios policiales se encontraban haciendo guardia fuera del TED, donde fueron sorprendidos por una turba de jóvenes de sexo masculino que se encargaron de agredirlos físicamente.
Además, los jóvenes se encontraban armados con objetos contundentes con los que entraron a la fuerza a las oficinas del Servicio de Registro Cívico (SERECI) y del TED, donde incendiaron ambas instalaciones, además aprovecharon de sacar muebles, computadoras, biométricos y otros equipos.
Arce afirma que reuniones con OEA y ONU fueron claves para la defensa de la democracia en Bolivia
El ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró el viernes que las reuniones que sostuvieron junto al canciller Diego Pary, en Estados Unidos, con los secretarios generales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fueron claves para la defensa de la democracia en Bolivia.«Fueron dos reuniones claves para la defensa de la Democracia, la legalidad y la voluntad mayoritaria del pueblo boliviano. Nuestro agradecimiento y valoración a los Secretarios Generales de la OEA y la ONU por recibirnos y respaldar la institucionalidad democrática en Bolivia», escribió Arce en su cuenta en Twitter.
Ambas autoridades comparecieron ayer, jueves, ante el Consejo Permanente de la OEA a solicitud del Gobierno boliviano, tras el informe de la Misión de Observadores de esa instancia multilateral y supuestas denuncias de fraude sin pruebas, que generaron descontento y desconfianza en militantes y seguidores de la oposición boliviana encabezada por el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.
De igual manera hoy ambos ministros se reunieron en Nueva York, con el secretario General de la ONU, Antonio Guterres, al que le informaron pormenores del proceso electoral que Bolivia vivió el pasado 20 de octubre y expusieron la iniciativa del Gobierno boliviano para que la OEA realice una auditoría de ese proceso plebiscitario.
En esa línea Guterres, manifestó su pleno apoyo para que ese organismo multilateral realice una auditoría de los resultados de las elecciones generales en Bolivia.
«La OEA y el Gobierno han confirmado que la OEA realizará una auditoría», dijo Guterres, sin dar más detalles sobre sus conversaciones con los ministros de Relaciones Exteriores y Justicia de Bolivia.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia oficializó durante esta jornada la victoria en primera vuelta del presidente Evo Morales y candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS) con 47.8% de los votos.
La normalidad y tranquilidad se imponen ante bloqueos aislados en la zona sur de La Paz

Las oficinas públicas, entidades financieras, restaurantes, comercios y otros servicios se encuentran abiertos, también las escuelas públicas y privadas funcionan con normalidad pese a la convocatoria a acatar un paro cívico, con bloqueos y movilizaciones en contra proceso electoral regido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
«En la zona central, la situación es normal a excepción de Miraflores, donde algunos activistas se concentraron en la plaza Uyuni, evitando que los vehículos circulen con normalidad», informó el director de la Unidad Operativa de Tránsito de La Paz, Abel Claros.
El transporte público opera con normalidad en La Paz y en El Alto, también el sistema de teleféricos, lo que hizo que la población desarrolle con normalidad y tranquilidad sus actividades diarias.
Ante el anuncio de protestas, la Policía garantizó la conectividad terrestre de La Paz con el interior del país y el Aeropuerto Internacional de El Alto operaba sin problemas.
Según el reporte policial, el cierre de calles y avenidas se registró solo en algunos sectores de la zona sur donde se reportaron amagues de enfrentamiento. Transportistas y personas particulares que intentan circular rechazaron el corte de vías.
En un recorrido por la zona sur de La Paz se evidenció pequeños grupos de personas que bloqueaban las calles con cuerdas y sillas restringiendo el paso vehicular a los transportistas del servicio público quienes se bajaron de sus movilidades para intentar negociar con los protestantes y pedir que los dejen circular, bajo el argumento de un perjuicio a su economía diaria.
«Estos bloqueos nos perjudican, ellos qué saben de democracia. Este indio que le llaman les dio cátedra de cómo se gobierna, nos dio dignidad», aseguró un chofer varado en la zona de Alto Obrajes.
Otra escena se registró en la calle 4 de Obrajes, cuando un transeúnte se acercó al menos a seis personas que cerraron el paso y les dijo «dejen pasar por favor», solicitud que fue respondida con un «¡sea boliviano!…!esto es Bolivia, no es Venezuela ni Cuba¡».
Pero los disturbios no trascendieron a otros sectores de la ciudad, según el reporte de los medios televisivos y radiales, que también mostraron mercados abiertos.
El abastecimiento de alimentos y afluencia de amas de casa a los mercados es normal y los precios son estables, las personas aseguran que se encuentra con facilidad productos de la canasta familiar.
El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Gustavo Arce, denunció que las personas que bloquean en la zona sur tienen intereses políticos, al cuestionar su respaldo a Mesa, cuya alianza Comunidad Ciudadana (CC) no presentó ninguna denuncia de fraude electoral.
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, aliado del CC y miembro de una coordinadora creada el jueves por los opositores para exigir una segunda vuelta entre Mesa y Morales, confirmó que el paro de carácter político solo se percibió en la zona sur, sin embargo, anunció que desde el lunes se extenderá a otros lugares de la ciudad.
Al respecto, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Valeria Silva, en un contacto con la radio Panamericana, aseveró que la sede de Gobierno registra una jornada «prácticamente normal».
«No podemos hablar de una sede de Gobierno paralizada, el centro está normal, por lo que no corresponde una paralización de la ciudad», afirmó.
Exhortó a los grupos que bloquean las calles que no intercedan en el desarrollo de las actividades de la población que necesita movilizarse para «ganarse el pan de cada día».
Asimismo, llamó a los protestantes que evitar acciones discriminatorias, en alusión a un vídeo registrado en la zona sur, donde un adulto mayor acompañado de una señora de pollera son insultados al denominarlos «indios y defensores de un gobierno de indios».
«Claramente eso no corresponde a la democracia, los movilizados tienen derecho de organizarse en grupos de diez personas que quieren pararse en una esquina, pero lo que no pueden hacer es ser racistas y discriminadores», reclamó.
El paro cívico convocado por Mesa autodenominado defensor de la democracia junto a los políticos opositores Samuel Doria Medina, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, Oscar Ortiz, Rubén Costas, Luis Revilla, Adrián Oliva, Luis Fernando Camacho y Marco Pumar, entre otros, se resiste a aceptar el triunfo que Morales logró en las urnas con el 47,07% del respaldo ciudadano y fue reelecto por el periodo 2020-2025.
ABI