Migrante hondureña fue esclava sexual de un agente durante casi una década
HARTFORD, Connecticut, 24 de octubre .— Un agente de inmigración amenazó con deportar a una hondureña que vivía en Connecticut si no tenía relaciones sexuales con él, luego la violó hasta cuatro veces por semana durante siete años, a lo largo de los cuales quedó embarazada tres veces, dijo la mujer en una demanda federal.
La mujer, cuyo nombre se mantuvo anónimo en la querella, demandó el sábado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y al exagente de ICE Wilfredo Rodríguez. Pide 10 millones de dólares como indemnización.
“Mi único comentario es que mi cliente tenía una opción: cooperar con el ICE o ser deportada con su familia”, dijo en un correo electrónico George Kramer, el abogado de la mujer. “Sigue en un estado psicológico muy frágil. No sólo está pidiendo compensación por el daño físico y emocional que sufrió, sino para cambiar la manera como tratan a quienes cooperan con el ICE aquellos que están en un posición de poder y con frecuencia ejercen control total sobre la capacidad de permanecer en Estados Unidos”.
Un vocero del ICE dijo que no comentaría sobre el litigio, pero confirmó que Rodríguez ya no trabaja para la agencia. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de momento una llamada en busca de comentario.
No está claro si Rodríguez cuenta con un abogado que hable en su nombre y tampoco se encontró su número telefónico.
Tom Carson, vocero de la fiscalía federal en Connecticut, dijo que no podía comentar sobre si ya hubo o habría una investigación criminal.
La mujer conoció por primera vez a Rodríguez en 2006 después de que su hermano fue arrestado por entrar sin autorización a Estados Unidos, según la demanda.
Rodríguez se enteró que también ella vivía en el país sin autorización y le dijo que para evitar ser deportada, tenía que convertirse en informante y ayudar a la agencia a ubicar a criminales para ser deportados. Según la demanda, hizo su trabajo y señaló al ICE a tres hombres que vivían sin autorización en Estados Unidos y que habían apuñalado a su esposo.
Sin embargo, eso no le bastó a Rodríguez.
En un momento, mientras intentaba ubicar a alguien en 2007, Rodríguez le dijo a la mujer que fuera a un motel e intentó tener relaciones sexuales con ella. Cuando se negó, él cubrió su boca, la arrojó sobre la cama, puso su arma de fuego junto a ella y dijo que si abría la boca, la usaría, según la demanda. Entonces, la violó.
Rodríguez se llamaba a sí mismo el “lobo” y dijo que él era el motivo por el cual ella y su familia no fueron deportadas, señala la demanda.
La mujer afirma que quedó embarazada de Rodríguez en 2007, después en 2009 y una tercera vez en 2013. En las tres ocasiones se practicó un aborto y Rodríguez pagó uno de ellos.
“No había duda” de que estaba embarazada de Rodríguez y no de su esposo, dice la demanda.
El abuso continuó.
Él la obligó a hacerle sexo oral, a participar en “comportamiento sexual aberrante” y constantemente le recordaba que él era el “lobo” y amenazaba con matarla a ella y a su familia, señala la demanda.
La mujer intentó suicidarse en cuatro ocasiones.
En 2014, mientras trabajaba en una construcción, recibió una llamada. Era Rodríguez que exigía verla, y ella sabía que era para tener sexo. Estaba tan agitada que se cayó de una escalera después de terminar la llamada y se lastimó seriamente el cuello, espalda y costillas.
Fue sometida a cirugía e intentó usarlo como una excusa para no ver a Rodríguez pero, según la demanda, eso no lo desanimó.
Después él le dijo que dejaría la agencia, pero que si le contaba a alguien lo sucedido, “ella y su familia pagarían”.
La mujer finalmente contó su historia el año pasado cuando solicitó asilo su padre, quien vive en Estados Unidos y temía ser deportado por los contactos de ella con el ICE. Contó su historia a un agente que la buscó en relación a la solicitud de su padre, según la demanda.
El agente, dijo, sugirió que ella consultara a un abogado.
Patrullas fronterizas y aduanas, con récord delictivo
El récord delictivo de la patrulla fronteriza (CBP) ha alcanzado su peor máximo de cinco años, según un informe interno del gobierno de los Estados Unidos.
Para nadie era un secreto que la patrulla fronteriza (CBP) y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) se han convertido en las agencias peor valoradas dentro del Departamento de Seguridad Interna (DHS).
En 2016, de las 305 agencias federales que tiene el gobierno, ICE ocupó el lugar 299.
En un documento de 68 páginas, en el que se detallan acciones disciplinarias dentro de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP) durante el año fiscal 2018 del gobierno federal —que finalizó el 1 de octubre de 2019—, se ofrece la visión más completa hasta la fecha de la agencia.
Según este reporte, dado a conocer por el medio Quartz, el número de arrestos de oficiales de CBP y agentes de la Patrulla Fronteriza había disminuido durante media década. Sin embargo, a partir de los años fiscales de 2017 y 2018 (es decir con el inicio de la era Trump), se disparó un 11%.
El problema de la corrupción, específicamente, ha sido un problema recurrente dentro de CBP, la agencia matriz de la Patrulla Fronteriza.
A manera de ejemplo, el reporte de Quartz señala que una auditoría de 2015 realizada por el panel asesor de integridad de CBP encontró que «los arrestos por corrupción del personal de CBP superan con creces, per cápita, los arrestos en otras agencias federales.
Aunque no se desglosan casos individuales por año en el informe, 144 empleados de CBP fueron arrestados o acusados de cargos de corrupción entre el año fiscal 2005 y el año fiscal 2012”.
El grado de corrupción es tal que analistas en materia de ética y seguridad consideran que la FBI debería tener un grupo de trabajo dedicado por completo a eliminar a los agentes y agentes fronterizos corruptos.
El informe de disciplina fiscal 2018 enumera siete arrestos relacionados con la corrupción durante el año, cuatro por delitos de cuello blanco no especificados, uno por mala conducta relacionada con la misión y 12 por «mala conducta miscelánea».
La «migra»: guarda pretoriana de Trump
Entre el numeroso personal del Departamento de Seguridad Interna (DHS), el Servicio de Control y Aduanas (ICE) es conocido con el sobrenombre de la “Guardia Pretoriana” de Donald Trump.
El leal ejército de agentes que le han permitido llevar adelante su política de “cero tolerancia” contra la inmigración indocumentada con cifras récord la detención, deportación y separación de miles de familias que son arrancadas y expulsadas de Estados Unidos o que tocan a sus puertas con la esperanza de obtener asilo.
Gracias a esta política de “cero tolerancia”, que ha echado por tierra la tradición y la historia de un país fundado sobre los hombres de millones de inmigrantes, no sólo se han violentado los derechos constitucionales de miles de personas, sino que se ha abierto la puerta a la radicalización y la militarización de este cuerpo que es considerado como un aparato infiltrado por supremacistas blancos.
Para nadie es un secreto que, desde la campaña presidencial del 2016, la mayoría de sus más de 20 mil empleados y agentes afiliados al sindicato apostaban por la victoria del republicano, Donald Trump.
De hecho, en septiembre de 2016, el Consejo Nacional de Inmigración y Aduanas —con más de 5 mil afiliados—, decidió apoyar, en aquel entonces, la improbable victoria de Donald Trump.
Fue gracias a este apoyo que el entonces candidato republicano declaró que los agentes de Servicio de Control y Aduanas (ICE) estaban de acuerdo con su propuesta de erigir un Muro fronterizo con México y deportar a los “criminales, violadores y narcotraficantes” que habían traspasado las fronteras de EU.
Tras la sorpresiva victoria de Donald Trump en noviembre de 2016, el entonces director en funciones de ICE, Thomas Homan, declaró “al fin (Trump) va a desatarnos las manos”.
El tiempo le daría la razón.
Con un presupuesto anual cercano a los 8 mil millones de dólares, los aproximadamente 6 mil agentes adscritos a la unidad de remoción (ERO), han conseguido elevar a cifras récord la detención y deportación de 256,085 “ilegales” durante el año fiscal del 2018.
De este gran total, según el reporte de ICE, el 57% de los deportados han sido “criminales”
Mención aparte, es el caso de miles de niños que han sido separados de sus padres. Un total de 2,737 según las cifras oficiales, pero “varios miles más”, según la recolección de distintas organizaciones como la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) que han exigido al gobierno no sólo la reunificación de estos niños con sus padres, sino cifras más ajustadas a la realidad.
Para la mayoría de los detractores de ICE, esta agencia se ha convertido en un ejército privado de Donald Trump. En un brazo armado que se ha convertido, además, en un jugoso negocio para empresas privadas de la industria armamentista, la industria carcelaria y las empresas tecnológicas de Sillicon Valley.
A manera de ejemplo, la administración de Donald Trump decidió firmar en diciembre pasado un contrato por 38 millones con la empresa Palantir, con sede en Palo Alto, California. Palantir es una empresa fundada por Peter Thiel, uno de los más importantes donadores a la campaña presidencial de Donald Trump.
Palantir es la responsable de crear un sofisticado software que permite a los agentes de ICE recabar información sobre supuestas redes de tráfico de personas, lo mismo que de los niños no acompañados y archivar sus datos en un «sistema para la gestión de investigaciones» (ICM).
Además, permite a varias agencias rastrear, detener y deportar migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
Al mismo tiempo, los agentes de ICE se han dado a la tarea de “militarizar” sus operaciones contra inmigrantes indocumentados, de la misma forma que lo harían para dar caza a sospechosos de actividades terroristas.
Otra vertiente es el sistema carcelario, uno de los más beneficiados por esta campaña de redadas y detenciones con fines de expulsión. Más de 34 mil camas y numerosos campamentos gestionados por contratistas privados son una muestra del generoso negocio que ha llenado las cuentas bancarias de empresas como CoreCivic y GEO Group, dos de los principales donadores de Donald Trump y el partido republicano.
El explosivo cóctel de estas nuevas estrategias, ha convertido a ICE en un temible adversario de organizaciones defensoras de derechos civiles que exigen su disolución ante el alarmante aumento de denuncias sobre abusos, violaciones y muertes de migrantes que caen en sus manos.
De hecho, desde su creación en 2003, ICE se ha convertido en una de las agencias peor valoradas dentro del Departamento de Seguridad Interna (DHS). En 2016, de las 305 agencias federales que tiene el gobierno, ICE ocupó el lugar 299.
Es decir, en el vagón de cola donde comparte espacio con las más ineficientes y cuestionadas por los ciudadanos y la administración.
Como botón de muestra, en lo que va del año, un total de 7 migrantes han fallecido bajo custodia de ICE, mientras una larga lista de organizaciones exigen una investigación a fondo de estos casos que incluyen a personas adultas y niños de México y Centroamérica.
FUENTE: LA JORNADA SIN FRONTERAS
