Publicado por: Jose Sant Roz - octubre
19, 2019
El Gobierno de Sebastián
Piñera ha decretado este viernes por la noche Estado de Emergencia y ha
cedido el control de Santiago a los militares, en un intento para controlar el
caos en la capital. Se restringirá la libertad de reunión y locomoción y
el presidente designará un jefe de la Defensa Nacional del Ejército, que se
hará cargo de las provincias de Santiago y Chacabuco de la Región
Metropolitana. La decisión extrema ha sido el corolario de una jornada de
violencia que se agravó con el paso de las horas y pareció salirse de control.
Las protestas por el alza del precio
del metro, que se agudizaron este jueves y viernes, derivaron en acciones
vandálicas como no se había visto en décadas en Santiago. Los incendios se han
replicado en estaciones de metro, autobuses, monumentos públicos, bancos,
supermercados y universidades. La sede central de la eléctrica
ENEL, en el centro de la capital, fue incendiada por un grupo de
delincuentes que a esta hora actúan con total impunidad y a rostro descubierto.
Las principales calles parecen tomadas por los vándalos. La clase política,
tanto del oficialismo como de la oposición, no han estado a la altura de la
emergencia.
«El Gobierno convocará a un diálogo
transversal para que los más necesitados tengan la ayuda que necesitan», ha
indicado esta madrugada Piñera desde La Moneda, sede del Gobierno.
Pese a que el presidente Piñera
presumía hace solo algunos días de que su país era una especie de «oasis» en
América Latina, las revueltas han desbordado a las autoridades. La red de metro
de Santiago de Chile, uno de los mejores símbolos del país por su orden y buen
funcionamiento, se ha convertido en el escenario de inéditas manifestaciones
por el aumento de costo del pasaje, por lo que ha cerrado por completo. En
diferentes sitios de la ciudad se han producido enfrentamientos entre los
manifestantes y carabineros. Diversas estaciones resultaron destruidas producto
de la violencia, según informan los propios trabajadores del subterráneo.
Las entradas masivas de usuarios
saltando los accesos sin pagar comenzaron la semana pasada, en paralelo al alza
del precio del pasaje, pero las movilizaciones se agudizaron durante las
últimas 48 horas. Hasta este jueves, los destrozos estaban valorados en al
menos unos 700.000 dólares, pero no existe todavía un nuevo balance sobre el
estado en que han quedado muchas de las estaciones.
La situación general en la capital es
de caos. Toda la red de metro, que transporta diariamente a 2,8 millones de
personas, ha cerrado sus accesos por lo menos hasta el domingo. Miles de
trabajadores caminaron por las principales avenidas —Apoquindo, Providencia y
la Alameda— en busca de transporte público para regresar a sus hogares. Las
paradas de autobuses, repletos de gente, no dieron abasto y no se encontraron
taxis vacíos. Los coches generaron atascos en las principales calles, la
policía desvió el tránsito en las zonas céntricas, los centros comerciales
cerraron anticipadamente.
Desde la inauguración del sistema de
transporte público Transantiago en 2007 —actualmente rebautizado como Red
Metropolitana de Movilidad— el precio del billete ha subido una veintena de
ocasiones. Hace 12 años tenía un valor de 420 pesos (0,59 dólares) y con la
última alza pasó de 800 a 830 (1,13 a 1,17 dólares), lo que desató las protestas.
Los sueldos no van de la mano con el aumento del precio de transporte.
Un desafío a Piñera
Estas manifestaciones representan un
desafío político para el Gobierno chileno, que hasta ahora ha reaccionado
con medidas policiales poco eficaces. Las protestas por el alza de precios en
el metro reflejan un descontento profundo que —a diferencia del de 2011,
protagonizado por los estudiantes con una clara agenda de cambios— resulta
difícil de analizar.
Según apuntan sociólogos como Eugenio
Tironi, se observan elementos similares a la protesta de los chalecos
amarillos en Francia: ciudadanos de clase media golpeados por el coste de la
vida y dificultades para llegar a fin de mes, que hacen transgredir masivamente
la norma y logran colapsar el sistema policial y legal. La analista política y
académica de la Universidad de Santiago Lucía Dammert explica que la población
de menos de 25 años se rebela frente a las injusticias porque está cansada de
ver a sus padres y abuelos trabajando para sobrevivir.
Los llamamientos a sumarse a las
protestas —evasiones masivas, se les llama en Chile— circulan a través de
las redes sociales. Indican el día, la hora y la estación en la que deben
congregarse los manifestantes. De acuerdo con las imágenes, las protagonizan estudiantes,
en su mayoría. Hasta ahora no está del todo claro si tienen el apoyo del resto
de la población, sobre todo por los hechos de violencia que han protagonizado
algunos grupos. Parece, sin embargo, existir un cierto consenso sobre los
problemas que existen en el país. Según un reciente informe de la Universidad
Católica, por ejemplo, el valor de las propiedades ha subido hasta 150% en el
Gran Santiago en la última década, mientras que los ingresos lo han hecho solo
en un 25%. En un país donde la salud y educación pública enfrenta serios
problemas, un 70% de la población gana menos de 770 dólares mensualmente y 11
millones de chilenos tienen deudas, según cálculos de la Fundación Sol.
Repercusiones políticas
La clase política parece desconcertada
ante el fenómeno, porque aparentemente no se trata de una movilización donde se
agrupen las tradicionales fuerzas de la izquierda y de la derecha. Una buena
parte de los líderes de opinión ha condenado la violencia, que ha quedado
registrada en cientos de vídeos que circulan en las redes sociales. Para el
diputado democristiano de oposición Matías Walker, “la desobediencia civil es
válida frente a las dictaduras, no en democracia, donde existe derecho a la
manifestación pacífica, también contra alzas en el transporte”. Para el
parlamentario, no se justifica de ninguna forma “la destrucción de bienes que
son de todos, y que ya se quisieran en regiones”.
Una parte de la oposición ha puesto su
mirada sobre el uso de la fuerza policial que ha empujado La Moneda. “Expreso
mi total rechazo a cómo Carabineros actúa frente a manifestantes en San Miguel.
El Gobierno debe revertir el alza de los pasajes, esa es la mejor respuesta.
#EvasionMasivaTodoElDía #metrosantiago”, escribió en Twitter el diputado y
presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.
Una de las líderes del Frente Amplio de
izquierda, la excandidata presidencial Beatriz Sánchez, interpeló al Gobierno a
través de las redes sociales: “¿En serio la discusión para las autoridades es
si van a poner tres o cinco candados en la puerta del metro o si mandarán 10 o
15 carabineros? ¿No ven la desesperación de una familia que gana el salario
mínimo 301.000 pesos (424 dólares) y que gasta 33.500 pesos (47 dólares) al mes
para ir al trabajo? #EvasionMasiva”.
Un grupo de expertos ha determinado el
alza del pasaje del metro y las autoridades lo han justificado por la guerra
comercial y el aumento del dólar frente al peso, el incremento del coste de la
energía y la potencia eléctrica junto con la trayectoria del IPC. El precio del
metro de Santiago de Chile es uno de los mayores de la región. Está por encima
del de Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México. En horario punta llega a los
830 pesos chilenos, lo que equivale a 1,17 dólares.
