Resumen Latinoamericano*, 24 octubre 2019.
Los ánimos se caldearon en Panamá con los debates parlamentarios de un paquete de modificaciones a la Constitución, cuyo rechazo popular provocó marchas y protestas, que continuarán hoy constructores agremiados al mayor sindicato del ramo.
Acusaciones de privatizar la educación superior e intentos por favorecer intereses alejados del bienestar de las mayorías, son la base de los reclamos de manifestantes que desde hace dos días se tomaron las calles capitalinas y de algunas ciudades del interior del país.
Previo a la protesta popular, a lo interno del Parlamento se produjeron altercados y contradicciones entre diputados, mientras llegaron hasta los medios de prensa declaraciones de algunos de ellos con acusaciones a sus colegas por determinadas posiciones divergentes sobre las reformas o modificaciones al texto original.
En una rápida acción para tratar de calmar la situación, el vicepresidente Gabriel Carrizo afirmó que, de no existir consenso, el presidente Laurentino Cortizo llamaría a una Asamblea Constituyente paralela, cuyos miembros se encargarían de redactar el texto de la Carta Magna. En una nota distribuida a la prensa, la Presidencia reconoció que el avance logrado en la sesión de ayer es producto de un intenso diálogo con todas las bancadas políticas en un marco de respeto a la separación de los poderes.
El detonante de la crisis social fue la larga columna de 10 mil personas que partieron el martes pasado de la sede principal de la Universidad de Panamá hasta los predios de la Asamblea Nacional, con vistas a exigir la eliminación de dos artículos relacionados con la enseñanza superior, además de censurar el método utilizado para las reformas.
Ayer fueron los docentes y alumnos de la Universidad Tecnológica de Panamá, quienes tomaron las calles bajo la consigna de ‘mi universidad del Estado, no es presa para tu mercado’, mientras se anuncian otras acciones de las federaciones estudiantiles de los centros públicos de altos estudios. También se manifestaron grupos de sindicalistas.
El proceso de las reformas constitucionales se inició con un documento redactado por la llamada Concertación Nacional para el Desarrollo, un ente consultivo de integración multisectorial, cuyo resultado asumió el Órgano Ejecutivo íntegramente y lo puso en manos de los diputados.
A su vez, la comisión parlamentaria correspondiente aseguró que hizo consultas populares, cuya metodología cuestionan los manifestantes por considerarlas antidemocráticas, además de rechazar las modificaciones propuestas por los asambleístas, cuya autoría recayó mayormente en la bancada oficialista del Partido Revolucionario Democrático.
Uno de los vetos al procedimiento fue del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, que también criticó ‘la adición de artículos que responden a políticas neoliberales y van en detrimento de la población panameña’.
*Prensa Latina
