Resumen Latinoamericano*, 3 octubre 2019.
Barco de La Paz (Peace Boat) arribó este jueves al puerto de La Guaira, “recibimos a mil 200 hermanos provenientes de Asia, que traen un mensaje de paz y esperanza a todos los venezolanos en su visita número 16, en un momento tan oportuno para nuestro país. El Gobierno Bolivariano ratifica este compromiso de unidad y solidaridad”, expresó el gobernador de esta entidad federal, Jorge Luis García Carneiro, quien estuvo acompañado por el presidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), vicealmirante Juan Carlos Caraballo.
“Somos tierra de paz, de gracia y amor. De esta manera le damos la bienvenida al Barco de La Paz y a toda su tripulación y pasajeros, en su vigésima sexta visita al puerto de La Guaira”, destacó el mandatario.
La agenda de esta visita al país contempla: la apertura del Festival Sector Bravo 8 a realizarse en el estacionamiento de Ferrys; salidas de autobuses a diversos destinos turísticos; visita de niños de Cancillería al Buque; almuerzo con las autoridades; visita de medios de Venezuela; Foro dentro del Barco “Sobreviviente de la Bomba de Nagasaki”; Concierto de despedida por Orquesta Sinfónica de Venezuela dentro del Barco, y zarpe del Buque.
¿Ahora una parafuerza armada? Desertores venezolanos ahora crean en Miami el “Estado Mayor Militar” contra el país
Este miércoles, un grupo de exmiembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela anunció la conformación desde Florida (EE.UU) de un “Estado Mayor Militar”, con miras a establecer un “Gobierno de transición” en el país suramericano.
La información ha sido adelantada a los medios de comunicación por Javier Nieto Quintero, ex miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), degradado en un decreto presidencial el pasado 28 de febrero de 2018.
Nieto Quintero fue detenido en 2004 por su supuesta relación con grupos paramilitares colombianos que se entrenaban en el estado Miranda, perteneciente a la Gran Caracas, con la finalidad de llevar a cabo un atentado contra el entonces presidente Hugo Chávez. Después de 18 meses de prisión, fue liberado y salió de Venezuela.
¿Qué pretenden hacer?
Este “Estado Mayor Militar”, compuesto por uniformados desertores, retirados o degradados que están fuera de Venezuela, ha manifestado que presentará el listado parcial de uncenso de exfuncionarios que pretenden formar parte de un “Gobierno de Transición”.
Han dicho que, además, darán a conocer un “Proyecto de Ley para la Reinserción de Oficiales a la Fuerza Armada Nacional y el Proyecto de Ley Orgánica de la Fuerza Armada”.
Según la Carta Magna venezolana, es necesario reunir el apoyo mínimo de 0,1 % del padrón electoral, es decir, unas 20.000 firmas, para presentar un proyecto de Ley ante la Asamblea. Toda propuesta debe ser hecha ante la Secretaría del Parlamento, con sede en Venezuela.
¿Quiénes apoyan esta propuesta?
Además de Nieto Quintero, los medios han dado a conocer algunos miembros de este grupo que respaldan la propuesta.
Lobzan Chacón, quien según su biografía de Twitter es oficial retirado de la Armada venezolana.
Ezequiel Solís.
Fidel Pastrán, delegado de este grupo en Argentina.
Julio Brazarte.
Jesús Palmar Fernández.
Según Nieto Quintero, ya se han registrado 2.780 personas, entre militares y policías, y 3.320 esperan para hacerlo. “Eso nos daría un total de 6.000 hombres dispuestos a ofrecer su apoyo para la reconstrucción de la institución armada”, aseveró.
La FANB cuenta con por lo más de 200.000 uniformados, además de las millones de personas que integran la Milicia Nacional.
Los países donde han recogido esta data son: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, EE.UU., Ecuador, España, México, Inglaterra y Perú, entre otros.
¿Una Fuerza Armada paralela?
En la reunión, José Antonio Colina, fundador de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, aseveró que “no es posible confiar” en los miembros de la FANB. “Porque están compuestos por comisarios políticos, por terroristas o narcotraficantes”, recoge El Nuevo Herald.
Sin embargo, ha sido el propio diputado opositor Juan Guaidó quien ha hecho varios llamados al sector de defensa, desde su autoproclamación como “presidente encargado”, para que lo apoyen en el derrocamiento de Maduro, a pesar que de que FANB ha manifestado reiteradamente su respaldo al jefe de Estado venezolano como comandante en jefe.
Hace menos de una semana culminaron los ejercicios militares “de soberanía y paz”, que se llevaron a cabo durante 18 días en la frontera occidental del país con Colombia, luego de que la Casa de Nariño acusara a Miraflores de amparar en territorio venezolano a las disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) y a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con la finalidad de preparar actos desestabilizadores contra el país vecino.
De igual manera, el país suramericano activó una alerta naranja en los estados fronterizos, tras los señalamientos del Gobierno colombiano.
Propuesta de Guaidó
Un par de semanas atrás, Guaidó manifestó su decisión de abandonar el proceso de diálogo que había establecido con el Gobierno desde mayo pasado debido a que, en su opinión, el mecanismo se había “agotado”.
El dirigente del partido de derecha Voluntad Popular aseguró que su delegación había planteado la salida de Maduro, su separación de la “presidencia encargada” y la “conformación de un Consejo de Gobierno plural”, conformado por algunos partidos y la FANB para facilitar el ingreso de la “ayuda humanitaria” y la realización de “elecciones libres”.
El abandono de las conversaciones coincidió con la activación, por parte del Washington y sus socios en la Organización de Estados Americanos (OEA), del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) con la finalidad de “facilitar más acciones colectivas” contra Venezuela.
La puesta en marcha del tratado, al que no pertenece Venezuela desde 2013, fue rechazada por por el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, quien expresó que se pretendía “legalizar una intervención militar” contra su país.
El uso o no de la fuerza militar contra él territorio venezolano ha sido uno de los temas principales en el seno de los países del Grupo de Lima, integrado por representantes de gobiernos que se oponen a la administración de Maduro en Venezuela, y que votaron a favor de la activación del TIAR en la OEA.
Caracas de denunciado la participación de exmiembros de la FANB, que se encuentran fuera de Venezuela, en planes conspirativos que incluyen ataques a figuras políticas, incluido el presidente Maduro, con la finalidad de instalar otro Gobierno por la vía de la fuerza.
La Justicia venezolana ha abierto investigaciones para determinar la responsabilidad de grupos de exuniformados que han participado en presuntos planes desestabilizadores, que contemplaron el robo de armas de parques militares, intentonas golpistas y entrenamientos paramilitares en Colombia.
“Hay 64 municipios venezolanos con la economía infectada de paramilitarismo”: Juan Carlos Tanus en Cara a Cara
La amenaza de paramilitarismo colombiano es creciente en la cotidianidad y en la política venezolana. Por un lado, se ha identificado 64 municipios con la economía infectada por las prácticas de los grupos irregulares del país vecino. Por otra parte, es evidente la relación estrecha de dirigentes opositores con esos grupos delictivos.
Quien lanza el alerta es Juan Carlos Tanus, presidente de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, alguien que tiene una clara autoridad para hablar del tema.
Con el conocimiento que posee de la realidad fronteriza, el dirigente gremial se muestra de acuerdo con quienes han señalado que hubiese sido imposible para Juan Guaidó atravesar la frontera por Puerto Santander sin tener la anuencia expresa y la protección del grupo narcoparamilitar los Rastrojos y si este, a su vez, no hubiera actuado en concierto con el Estado colombiano.
Tanus fue entrevistado en la sección Cara a cara de LaIguana.TV. A continuación, una versión de este diálogo.
-¿Cómo queda la comunidad colombo-venezolana con la situación planteada entre los dos países, luego de que el gobierno colombiano ha invocado la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en contra de Venezuela?
-Va a quedar más desprotegida de lo que ya ha estado a lo largo de cien años. Los gobiernos, independientemente de su corriente política, no han mirado hacia la población que ha sufrido el conflicto colombiano dentro del país, y mucho menos se han preocupado por aquellos a los que les tocó salir por circunstancias derivadas de ese mismo conflicto. Las decisiones tomadas desde Bogotá y desde Miraflores han venido afectando a la gente. El que no se tengan consulados colombianos en Venezuela y el que no se tengan consulados venezolanos en Colombia es uno de los primeros agravantes que tenemos. Eso está generando que una mayor cantidad de población tenga estatus migratorio irregular. No es fácil que un colombiano se traslade, por ejemplo, desde Nueva Esparta hasta Cúcuta para comprar un pasaporte y luego ir al Saime a buscar la prórroga de su visa. El impacto de esas decisiones no se ha medido. El gobierno del presidente Duque vive una debacle económica en su primer año y no va a modificar en absoluto la posición con relación a Venezuela porque hay altos intereses de quienes gobiernan en Colombia de seguir generando una implosión en Venezuela que termine en una guerra internacional. Esto a pesar de que Colombia no tiene hoy condiciones para asumirla porque si no ha podido ganar la guerra interna, ¿cómo podría ir a una con otro país? Por eso convocan a ejercicios moribundos o ya muertos como es el TIAR con el propósito de lograr lo que su padrino o padre de Estados Unidos quiere hacer contra el hermano pueblo venezolano. El gobierno de Colombia no mide las consecuencias de sus actuaciones porque sus intereses son los de EEUU y porque esos 12 mil millones de dólares que aún le da el contrabando, gasolina y el narcotráfico en la frontera les permiten mantener los niveles de ingreso. El narcotráfico tiene una dinámica industrial en la zona fronteriza, en la que se usa no solo la gasolina venezolana sino también otros productos, como el cemento. El gobierno de Bogotá no va a hacer nada contra eso. Por el contrario, va a seguir generando políticas para aumentar ese flujo de caja y sostener lo vacíos que se podrían presentar en las economías ilegales en la frontera con Ecuador y en la selva profunda.
-En los últimos días ha habido un gran escándalo respecto a las fotos, tomadas en febrero pasado, en las que aparece el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó con cabecillas del grupo narcoparamilitar los Rastrojos. Wilfredo Cañizares, de la ONG Progresar, dice que no es posible que él haya ingresado a Colombia por esa zona sin el respaldo paramilitar. ¿Ustedes que conocen la dinámica de la frontera, ratifican esa opinión de Cañizares?
-Claro, la frontera ha sido concesionada en Colombia. En esa zona hay tres estructuras del paramilitarismo que tienen la franquicia. Los Urabeños no se mueven allí sin que el Ejército colombiano o la Policía Nacional les concesione la zona o las trochas. Hay 310 trochas, en su mayoría controladas por el paramilitarismo, porque terminan llegando a sectores urbanos de Cúcuta o de los municipios adyacentes y allí hay que tener control de la autoridad físicamente armada de Colombia, como la Policía, el Ejército o el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Sin ese apoyo no podrían operar. Los Rastrojos son una descendencia del clan narcoparamilitar del Valle del Cauca, de Cali, asumieron la postura de generar políticas económicas para satisfacer al Ejército colombiano, y a la Policía Nacional de Colombia que también tiene su franquicia propia, las Águilas Negras, que solo actúan allí cuando la policía se lo ordena. Los Rastrojos asumen parte de esa frontera y allí no pasa gasolina ni ningún producto de Venezuela si no tiene el control de los Rastrojos. Hay que decir que el paramilitarismo colombiano es muy particular. No son como los paramilitares que surgieron en la dictadura argentina ni se parecen a lo que se vivió en Guatemala o a lo que pasó en Perú con las Rondas Campesinas. A esos paramilitares les pagaba el Estado para que hicieran su trabajo. El paramilitarismo colombiano produce finanzas para sostener la política de Estado, en este caso contra Venezuela. Los Rastrojos, por ejemplo, buscan aliados y generan políticas locales y recursos económicos que se comparten. No es posible que se haya usado esa vía de Puerto Santander sin la anuencia de los rastrojos y, además, sin que hayan tenido encuentros previos. Sin duda alguna hay una conexión entre quienes operan la política de oposición (en la frontera, desde Caracas y desde Bogotá) con las organizaciones paramilitares. Voluntad Popular se asume con los Rastrojos, un sector de Primero Justicia se asume con los Urabeños. Para comprobarlo, basta ver quiénes son los dirigentes de Centro Democrático en Cúcuta y quiénes son los de la oposición venezolana que tienen una relación con ellos. Si se analiza cada una de las trochas que hay a lo largo de la frontera, se sabe cuál de esos grupos está a cargo. Allí cada movimiento se registra, se contabiliza porque lógicamente hay que darle su comisión al general que está a cargo, a la policía y al CTI de la Fiscalía, que tiene su propio cartel. Todo obedece a una política de Estado. Si el Estado colombiano ha direccionado una política contra Venezuela, los grupos como los Rastrojos hacen parte de esa política. Son un componente táctico de la estrategia que es tomar el control de Venezuela.
-Usted decía hace algún tiempo que el paramilitarismo colombiano comenzó a penetrar Venezuela hace ya décadas a través de la compra de propiedades en la zona fronteriza y cada vez más en zonas interiores del país. ¿Se ha estudiado cómo ha seguido evolucionando ese proceso?
-Hay 64 municipios en Venezuela en los que la economía tiene procesos infecciosos del paramilitarismo. No se puede hablar de una economía narcoparamilitar porque acá no hay sembradíos de hoja de coca ni laboratorios. El procesamiento del alcaloide es muy propio de Colombia, donde está muy desarrollado, pero sí hay cuatro estados en los que se observa la presencia infecciosa de la economía paramilitar. Las propiedades adquiridas en los límites fronterizos fueron dándole la fuerza inicial para tener el posterior control de orden social y que terminan en la vinculación en lo político que ya hemos señalado. Recuerden que Jorge 40 (importante figura paramilitar) se había reunido con el exgobernador del Zulia (Manuel Rosales) para hablar de un proceso de expansión del paramilitarismo que terminaba llegando hasta Petare. Esa combinación de un sector del paramilitarismo colombiano pone en evidencia la relación con la oposición venezolana. Esto se puede conseguir en los testimonios que han dado los paramilitares en el marco del proceso de Justicia y Paz que se les sigue a ellos. La penetración ha venido aumentando en la medida en que han comprado más propiedades. Todo el dinero que se obtiene como producto del empobrecimiento del bolívar en Cúcuta, Puerto Carreño, Arauca y Maicao, se traduce en compras de propiedades en el lado venezolano. Esto se agudiza porque con el bloqueo y las circunstancias internas, las propiedades empiezan a valer menos. El paramilitarismo saca sus recursos para aprovecharse de eso. En cuanto a lo político, ya hemos señalado que se trata de un tipo de paramilitarismo que les paga a los políticos para tenerlos bajo control. Esto no es reciente en Colombia. Desde 1962, en el gobierno de Guillermo León Valencia, hasta 1996 se empezó a legalizar esos capitales. La oligarquía buscó la manera de construir un apoyo de los civiles para sostener la economía. Eso derivó en el proceso de las Convivir que, finalmente, se transformaron en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Luego se creó la estructura de orden nacional para soportar el empoderamiento económico de las oligarquías a través de la actividad paramilitar. Eso ha pasado al escenario venezolano. Hay procesos de orden local como el de las autopartes robadas de vehículos venezolanos que se venden en Cúcuta legalmente. En esa realidad, el paramilitarismo tiene que buscar la movilidad de sus finanzas, lo que implica el control de la banca. En las operaciones de empobrecimiento del bolívar, el paramilitarismo tiene una fuerte alianza con los factores financieros locales y nacionales. La banca no puede decir que carece de mecanismos para controlar a los cambistas cuando todas las mañanas llevan recursos para depositar sin un origen legal. Sin duda, cuando Caracas resuelve cerrar las fronteras, los grandes capitales tiemblan. Cuando Cúcuta sufre bajones económicos, Bogotá se preocupa y entra a negociar con alternativas como la que ha venido trabajando Guaidó, que es la recepción de recursos internacionales para la ayuda a los venezolanos. Eso llega a Cúcuta y se inyecta en su economía para tratar de nivelarla. Esa ciudad se fortalece con los 20 mil venezolanos y colombianos que todos los días vamos allá y regresamos, y también con los recursos de la cooperación internacional.
-Esas operaciones deben tener la complicidad de las autoridades civiles y militares venezolanas. ¿Eso se ha estudiado?
-No se puede desconocer que para que el contrabando llegue al territorio colombiano, debe haber un nivel de complicidad con autoridades venezolanas. Eso no se puede desconocer. Todo lo que hemos visto en las capturas y detenciones indican que existe esa complicidad. ¿Cómo superarlo? Es algo que debe analizarse porque la realidad es que con el dinero de Venezuela se está alimentando a un enemigo que utiliza esa contribución, esa plusvalía, para golpear al país. Eso obliga a blindar la frontera, y la única forma de lograr que las autoridades corruptas de aquí y de allá salgan de ese escenario es que los movimientos sociales populares de la frontera asuman ese objetivo. Es necesario que se realice una gran campaña educativa. Por ejemplo, en la frontera se asume que el peso colombiano es una moneda muy fuerte, y la población en frontera no sabe que en este primer año de Duque, el peso se devaluó 23%, es la segunda moneda más devaluada después del rial brasileño. El peso es una moneda impuesta en la frontera por el terror del paramilitarismo y los actores políticos locales. La ausencia del bolívar físico en la zona fronteriza ayuda a ese proceso de empoderamiento del peso y eso alimenta el imaginario colectivo de que todo lo que consume viene de Colombia.
-El presidente Duque hizo una denuncia ante la ONU y fue la misma prensa colombiana, que pertenece a la oligarquía, la que le corrigió la plana. ¿Cómo interpretar este hecho?
-No es toda la prensa. Hay unas particularidades de esta prensa regional que ha estado ligada a los negocios del uribismo. Esta prensa presenta algunos niveles de shock en al aspecto económico en esta etapa de Duque. No lo hacen para ratificar la independencia de la prensa o para pedir su crédito en el pie de foto, sino para mostrar que hay una división en la oligarquía y que ellos forman parte de una estructura poderosa que debe ser tenida en cuenta, sopena de que le pase lo que le pasó al aprendiz de presidente en la ONU cuando presentó fotografías que no corresponden a la realidad. Eso evidencia la división de la clase dominante. Los factores económicos no han podido ponerse de acuerdo. El problema central es que el narcotráfico está dejando sus capitales en EEUU y parte de Europa. Por eso llegan menos dólares a Colombia, lo que explica el techo alcanzado de 3 mil 600 pesos por dólar. Seguro que después de publicar esas fotos, los factores se sientan a negociar para que el sector de la política, de la parapolítica y de la economía de Antioquia (el diario El Colombiano es de Medellín) sea tomado en cuenta en vísperas de lo que puede ocurrir el próximo 27 de octubre, cuando habrá elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Es evidente que la oligarquía está enfrentada porque el propio presidente o “subpresidente” Duque ha salido a alertar que el narcotráfico podría ganar algunos de esos cargos. Y si lo dice Duque significa que él no está recibiendo de ese sector del narcotráfico el financiamiento para sostenerse o que están enfrentados con ese sector porque pretende ingresar directamente a la política.
-Como colombiano de origen que es usted, ¿cuál es el peligro de la parapolítica para un país que todavía está relativamente a salvo, como es el caso de Venezuela? ¿Qué pasa en los países cuando el paramilitarismo y el narcotráfico asumen el control de la política?
-En Colombia se produjo la guerra sucia, incluso entre carteles. Carlos Castaño era del cartel de Medellín y terminó asociado y desarrollando los Pepes para enfrentar a Pablo Escobar, que derivó en las Autodefensas Campesinas y terminaron vinculando a la parapolítica por lo menos 400 funcionarios entre senadores, representantes de la Cámara, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales otros. En Colombia, el paramilitarismo logró imponerse así. Tienen doble nómina: le pagan a sus integrantes y a los políticos que les sirven. Uno de los grandes desafíos de la sociedad venezolana es impedir que paramilitares como Juan Guaidó sigan desarrollando la cultura del paramilitarismo en el accionar de la política. Cuando termina la política llega la guerra. En Colombia eso ha generado planes tan macabros como el Baile Rojo, que significó el asesinato de más de 4 mil activistas de la Unión Patriótica. Ese tipo de experiencias no podemos replicarlas acá. Sectores de oposición que no han estudiado la historia, que tienen poca experiencia en su relación con los paramilitares, no se dan cuenta de que van por un camino sumamente peligroso, que en muy pocos casos tiene regreso. Si se revisa la historia se comprueba que muy pocos políticos han sobrevivido, ni siquiera en la política, porque el narcotráfico hace pactos, logra que los políticos los firmen, como fue el Pacto de Ralito, y luego, cuando lo consideran conveniente, los hacen públicos. Eso fue lo mismo que hizo Guaidó cuando pasó la frontera y se tomó la foto con los cabecillas de los Rastrojos. Él creyó que estaba siendo recibido por la guardia de honor que protege a Iván Duque… bueno, en cierto modo no estaba confundido… y por eso se abraza con ellos y se toma las fotografías. Esa realidad hay que mostrársela a quienes hacen política de oposición en Venezuela para que entiendan que hay grandes riesgos y que están metiéndose en un túnel del que muy pocos han regresado. Además, deberían revisar el contexto internacional y comprobar que tampoco ha sobrevivido ninguno de los aliados de EEUU para derrocar presidentes. Todos terminan su vida política una vez que EEUU ha logrado sus objetivos.
(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)
Alarmante: Más de 460 venezolanos han muerto en Colombia entre enero y agosto de 2019
Las cifras de venezolanos que han perdido la vida en Colombia son alarmantes. El periodista venezolano, Daniel Quintero, publicó este miércoles parte de un listado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. En este registro se precisa que entre enero y agosto de 2019 han fallecido 466 venezolanos en el vecino. Entre las causas destacan muertes violentas, suicidios y accidentes de transporte.
Muertes violentas de venezolanos en Colombia
El pasado 25 de agosto, un informe —publicado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia— señaló que un venezolano murió a diario de manera violenta en Colombia, durante los primeros siete meses de 2019 cuando se contabilizaron 233 muertes violentas de criollos, principalmente por ataques con armas de fuego en ciudades de la frontera entre ambos países.
De acuerdo a este instituto, se ha presentado un incremento de los homicidios de venezolanos en los últimos 4 años.
En el año 2015 se reportó 25 muertes violentas de venezolanos, un año después se registraron 30 y en 2017 fueron 93. El pico se produjo el año pasado, cuando se contabilizaron 273 venezolanos muertos. Estos números muestras que la cifra casi se triplicó.
(LaIguana.TV)
