Publicado por: Iván Oliver Rugeles - noviembre 06, 2019
El desfalco del Banco de Talca: O cómo
Piñera se hizo millonario robando
El Banco de Talca fue creado en 1884 y
autorizado por D.S. N 05 del 27 de octubre de 1889, como una institución
provincial. Desde entonces y hasta 1970, de acuerdo a registros oficiales de la
SIBF, sufrió 23 modificaciones legales, permaneciendo siempre en manos
privadas. Fue estatizado en 1971, quedando en poder de Corfo el 89,6% de las
acciones. En 1972, bajo administración de la Corfo, adquirió los activos de la
agencia que mantenía en Santiago el First Nacional City Bank, pues éste era el
antecesor del Citibank, banco que inició operaciones con tarjetas en EEUU en
1965, emitiendo su primer plástico en 1967.
En noviembre de 1975 y en plena
dictadura, mediante una licitación pública Corfo vendió el Banco de Talca, en una primera instancia, a 542 personas naturales y
jurídicas de la Región del Maule, según la nómina de quienes suscribieron la
“Proposición de Compra del 89,5% del Capital del Banco de Talca Formulada por
los más Amplios Sectores de la VII Región”, todos representados por el abogado
Jorge Ovalle Quiroz. Sin embargo, según consta en documentación de la SBIF y en
las respectivas memorias institucionales, desde 1975 a 1977 hubo diversas
resciliaciones de los contratos de compraventa y, por lo tanto, algunas de las
acciones vendidas a estos oferentes volvieron a propiedad de Corfo para ser
vendidas con posterioridad. En esta licitación, el Grupo Calaf-Danioni,
encabezado por Miguel Esteban Calaf Rocoso y su familia, dueños de Calaf
S.A.C.I , adquirió más o menos el 26% de las acciones del Banco de Talca.
Posteriormente, el Grupo
Calaf-Danioni recibió de Corfo otro paquete accionario a título de
indemnización, originados en la presunción de que la familia Calaf habría sido
propietaria de un paquete accionario del Banco de Talca antes de la estatización
de 1971. El grupo Calaf-Danioni consiguió el control del
Banco de Talca en los siguientes cinco años, llegando a adquirir en 1979 el 65%
de su propiedad. El 10 de abril de 1982, el Banco de Talca
fue liquidado por la Superintendencia y comprado por el Banco Central de
España. Su continuador legal fue primeramente Centrobanco, de propiedad del
Banco Central de España; después, Banco Hispanoamaericano, Santiago, y
Bansander Santiago, respectivamente.
ORDEN DE DETENCIÓN DE PIÑERA
El 28 de agosto de 1982 está marcado en
el calendario personal de Sebastián Piñera como el peor día de su vida. Uno que
ha querido olvidar y dejar enterrado en el pasado, pero que no lo ha abandonado
en sus pesadillas. Ese día, el entonces ministro Luis Correa Bulo lo declaró
reo y ordenó su arresto por fraude en contra del Banco de Talca e infracciones
a la Ley General de Bancos. En el mismo dictamen amplió los
cargos contra Miguel Calaf y Alberto Danioni, a esa fecha socios de Piñera y
controladores del Banco de Talca, quienes ya se encontraban recluidos en el
Anexo Cárcel Capuchinos.
Piñera salvó de ser detenido porque,
advertido de la decisión judicial, optó por huir del largo brazo de la justicia
y se mantuvo oculto durante 24 días,
tiempo que demoraron sus abogados en tramitar un recurso de amparo a su favor
que le garantizó su libertad. Sólo entonces, volvió y se presentó a tribunales.
De ello dio cuenta su esposa al responder los requerimientos de los detectives
que concurrieron a su casa para arrestarlo. A fojas 533 del proceso, la Policía
de Investigaciones informa al Segundo Juzgado del Crimen:
“Se entrevistó a doña María Cecilia Morel Montes,
chilena nacida el 14.01.54, quien manifestó: ‘Efectivamente el 28 de agosto mi
esposo tomó conocimiento de su orden de detención por lo que abandonó este
domicilio sin rumbo conocido, ya que incluso de ello me enteré por otras
personas, pues ni siquiera se despidió de mí, ni tampoco me dio explicaciones
de su determinación. No sé en qué lugar se encuentra, pero sí sé que con sus
abogados tratan de dar solución a su situación. El 29 de agosto me enteré por
la prensa sobre la causa que estila mi marido”.
La historia que dio origen a esa orden
de detención había comenzado casi un año antes, cuando el 2 de noviembre de
1981, el Banco de Talca fue intervenido por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras (SBIF), nombrándose un administrador provisional. A
esa fecha, se encontraba en cesación de pagos, con obligaciones vencidas a
favor del Banco Central, a octubre de 1981, por alrededor de 38 millones de
dólares. Piñera había sido gerente general de este banco entre marzo de 1979 y
septiembre de 1980, un lapso comprendido en el período en que la
justicia acreditó varios ilícitos cometidos por la administración de la
institución financiera.
La causa judicial se originó a partir
de una querella presentada por el liquidador del banco, Eugenio Silva
Risopatrón, quien actuó en representación de la SBIF, en contra de los socios
controladores y quienes resultaran responsables. Fue el Segundo Juzgado del
Crimen el que emitió el 20 mayo de 1982 una orden de investigar, que dio inicio
a la causa rol Nº 99.971-6, en la cual fue encargado reo. Los abogados
querellantes fueron Ricardo Rivadeneira que posteriormente fue el primer
presidente de RN y Carlos Lira, en representación de los liquidadores del Banco
de Talca, y Patricio González, por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El
proceso perseguía delitos e infracciones a la Ley General de Bancos, a la ley
orgánica de la SBIF (Arts. 26 y 26 bis de la primera y Arts. 19 bis de la
segunda) y al Código Penal, por apropiación indebida y estafa.
En el caso particular de Sebastián
Piñera, en su orden de arresto se imputaron, entre otros, los delitos de fraude
contra el Banco de Talca. A Sebastián Piñera se le enjuició como autor de
infracciones a la Ley General de Bancos y cómplice en dos cargos de fraude cometido
en contra del Banco de Talca y sus accionistas minoritarios. Según los
querellantes, el capital y las reservas del Banco de Talca alcanzaban al
momento de su intervención a los 40 millones de dólares. La investigación
judicial determinó que los créditos irrecuperables otorgados por la institución
financiera sumaban 250 millones de dólares.
En su cartera de créditos, el Banco de
Talca tenía más de 200 millones de dólares prestados a empresas relacionadas,
es decir cinco veces su capital y reservas, cuando la ley permitía un límite
máximo de sólo el 25% del mismo. Pero había más. Las sociedades relacionadas no
necesariamente tenían existencia legal y, según la investigación
judicial, los controladores y ejecutivos del banco le
otorgaron créditos a estas sociedades fantasmas sin ningún tipo de garantía.
Según reconocieron los propios involucrados, estos créditos a empresas
relacionadas estaban destinados a comprar con ese dinero acciones del propio
banco. Ese era el modelo de capitalización que había ideado Piñera y sus socios
desde las oficinas de Infinco, la sociedad de profesionales que constituyeron
para asesorar al Banco de Talca en marzo de 1978.
Según informó la prensa de la
época, el grupo llegó a constituir 150 empresas sólo con la finalidad de operar
de esta manera. Pero tampoco fue todo. El Banco utilizó además
mañosamente los beneficios que el Banco Central otorgaba en la época a los exportadores.
Fingió una serie de exportaciones, a través de empresas chilenas de papel a
compañías panameñas, también de papel, según consta en el proceso en un informe
del auditor Iván Goic. Cuando Investigaciones fue a detener a Piñera en su
domicilio, sus socios Miguel Calaf y Alberto Danioni ya estaban presos desde
hace más de un mes. En los meses anteriores, al menos 10 ejecutivos del banco y
empleados del grupo habían prestado declaración para aclarar los hechos.
Uno de ellos, que actuó como apoderado
de la Compañía Inmobiliaria e Inversiones Río Claro S.A. una de las empresas
relacionadas, que obtuvo un crédito de 11,7 millones de dólares del Banco de
Talca, declaró que tramitó el préstamo “a petición del gerente general de esa
época, Sebastián Piñera, cumpliendo con un programa de capitalización fijado
por el equipo ejecutivo del banco, a fin de completar un monto de capital
suficiente para el desenvolvimiento normal de la entidad”. Río Claro no sólo
estaba relacionada a los socios controladores del Banco de Talca del cual
Piñera ya era accionista , sino también estaba relacionada directamente al
entonces gerente general del banco. En efecto, un día antes de que el Banco de
Talca otorgara el crédito a Río Claro, Piñera se asoció con Inversiones Sevilla
una de las constituyentes de Río Claro para crear una tercera empresa: Indac.
Inversiones Sevilla poseía a la fecha el 5% de las acciones del banco.
Calaf y Danioni declararon que ambos se
encontraban fuera del país cuando al momento de ser cursado el cuestionado
crédito y que la operación fue realizada por Sebastián Piñera. Entre los antecedentes que el juez consideró para dictar
la orden de detención contra Piñera, también estaba su propio testimonio
entregado el 28 de julio de 1982 y que consta a fojas 407, 408 y 409 del
expediente.
“Los créditos otorgados por el Banco de
Talca eran una de las muchas fuentes de recursos de que disponían estas
empresas, siendo posible que algunos de ellos hayan sido usados para propósitos
distintos a la solicitud de crédito (…). Por lo anterior, no estoy en
conocimiento que el crédito de 11 millones y fracción a la empresa Río Claro
haya sido prestado a terceros para comprar acciones del banco, ni tampoco
recuerdo esta operación en particular, la cual se produjo días antes de mi
alejamiento del banco”.
Río Claro es sólo una de las empresas
relacionadas que recibieron créditos del Banco de Talca. La investigación
judicial también se centró en la constitución de otras sociedades creadas
especialmente para triangular recursos que permitieran capitalizar a la
institución financiera, especialmente cuatro cuya constitución fue encargada
por el propio Piñera, según declaró Patricio Roa, uno de los constituyentes que
era, a esa fecha, empleado del grupo Calaf-Danioni.
“En el mes de junio (de 1980), no
recuerdo bien qué fecha, el gerente general del Banco de Talca de esa época,
Sebastián Piñera, me solicitó que fuera el representante legal de cuatro
empresas que se estaban formando por necesidad del banco, y cuyos propietarios
serían otras empresas del grupo Calaf-Danioni. Por considerar que era una
muestra de confianza tanto de los dueños, como de la gerencia general, acepté
el cargo ofrecido, las que se denominaron Los Montes, Tamarugal, Laguna Verde y
Forestal Los Lirios”.
Alberto Danioni respaldó esos dichos: “Estas
cuatro sociedades agrícolas fueron ordenadas constituir por el señor Sebastián
Piñera, gerente general del banco, con el objeto de que se
hicieran cargo de las deudas vencidas o por vencer del señor Alejandro Zampighi
y que resultaban inconvenientes para el banco mantenerlas así vencidas,
obteniendo así un mayor plazo para su cancelación”. En este caso, el propio
Sebastián Piñera reconoció en su declaración judicial haber autorizado los
créditos, claro que sin aceptar responsabilidades ilícitas. “Reconozco haber
estado en conocimiento de que estas empresas eran de reciente formación y que no
eran sujetos de crédito solvente porque tenían escaso o nulo capital”, señaló.
Piñera salvó de la cárcel mediante un
recurso de amparo que sus abogados tramitaron durante el período en que
permaneció prófugo ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el rol 22954,
presentado el 3 de septiembre de 1982. El 8 de septiembre, la Séptima Sala de
la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de amparo, por dos votos contra uno.
En contra votaron los ministros Osvaldo Faúndez y Servando Jordán; a favor,
votó Enrique Zurita. En los pasillo de tribunales, la decisión de Zurita no
sorprendió: nunca suscribió un fallo en contra de imputados en delitos
económicos.
El voto mayoritario estableció: “Que el
mérito de los autos que se tienen a la vista, resulta que el mandamiento de
prisión para los querellantes Sebastián Piñera Echenique, Emiliano Figueroa
Sandoval y Carlos Massad Abud, ha sido expedido en caso previsto por la ley y
con méritos de antecedentes que lo justifican y de conformidad, también, con lo
dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal”. Cuentan
que fue notoria en esos días la presencia del obispo Bernardino Piñera Carvallo
tío de Sebastián en el máximo tribunal, que tendría que
pronunciarse sobre la apelación. El 20 de septiembre de 1982, finalmente, la
sala de la Corte Suprema constituida por los ministros Retamal, Ulloa, Letelier
y por los abogados integrantes Enrique Urrutia y Enrique Munita acogió el
recurso de amparo que dejó a Piñera fuera de las rejas.
El fallo estableció que “en el estado
actual de la investigación no aparece establecido que los hechos que se imputan
a los amparados tengan características delictuales, ni está ahora probado que
ellos han obtenido provecho o el banco haya sufrido perjuicios resultantes de
la actuación financiera de los recurrentes. En tanto, Calaf y Danioni, que no
recurrieron al amparo, pasaron varios meses detenidos en Capuchinos y
finalmente fueron condenados a tres años de cárcel, sentencia ratificada en
todas las instancias, incluidas la Corte Suprema y casaciones. Entre los
delitos que se les logró probar, estaba el préstamo por más de 11 millones de
dólares a Río Claro. El expediente hoy se encuentra extraviado(!).
Sin embargo es posible reconstruir los hechos recurriendo a recortes de prensa de
la época.
Abran este vídeo y aquí escucharan a
viva voz de quien fue la ministra de justicia de la dictadura de Pinochet,
Mónica Madariaga (1982/83), asegurar que Sebastián Piñera si estuvo preso por
las irregularidades en el Banco de Talca y que ella, a petición de su hermano,
José Piñera, quien era su colega en el gabinete como Ministro del Trabajo, le
otorgó la libertad.
Abra este enlace y sigan leyendo para
que se enteren del largo historial delictivo de este personaje que a pocas
semanas del estallar el repudio popular del pueblo chileno a su persona, le
aseguró al mundo que su país era un oasis…!!!
Fuente: Allende Vive
