«Atención pueblo de Venezuela: hoy a la madrugada, un grupo de terroristas armados irrumpió en una unidad militar fronteriza en el sur de la República» … Así comenzó ayer, el primero de los tres tuits emitidos por el gobierno bolivariano por voz del Ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. «Con dolor debemos informar que en el ataque los terroristas asesinaron a un joven efectivo de nuestro ejército bolivariano», continuó el ministro, prometiendo «buscar los asesinos profugo hasta al fondo de las piedras”. El ataque, según el comunicado, fue llevado a cabo por un desertor con la complicidad de algunos reservistas indígenas pemones, en la frontera con Brasil. El objetivo del asalto era robar armas del ejército bolivariano para usarlas en nuevos intentos de golpe de estado, confiando en alguna rebelión dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Un intento fallido hasta ahora, que ha demostrado la solidez de la unión cívico-militar, a pesar de la difícil situación que pesa sobre el país debido a las sanciones de los Estados Unidos y la Unión Europea, y la agotadora guerra económico-financiera desatada durante años por las oligarquías dirigidas desde el exterior. También esta vez, dijo el gobierno después, todos los atacantes menos uno fueron arrestados y todas las armas recuperadas.
Los halcones del Pentágono quieren forzar el tiempo y la mano de quienes, dentro de la administración de los Estados Unidos y la Unión Europea, reconocen el fracaso del golpe y presionan para negociar. De hecho, el 5 de enero expira el período previsto por la derecha a cambiar la presidencia del Parlamento, que, por rotación, hasta ahora le ha tocado a la parte más extremista, la de Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó.
Un gran problema para la pandilla de Guanito Alimaña, un apodo tomado de un conocido ladrón, atribuido por el chavismo al deputado de VP, autoproclamado «presidente encargado» en enero, por recordar su característica principal: la intención de saquear el país por cualquier medio. Y, de hecho, no hay escándalos de corrupción que no involucren a Guaidó y su pandilla, denunciados por los mismos diputados de la derecha que se sintieron excluidos de la fiesta.
El Parlamento se encuentra en una situación de desacato, entonse illegal, sancionado por el Tribunal Supremo de Justicia después de la incorporación fraudulenta de tres diputados indígenas que no merecían la elección. Un limbo fuera de control que, en conjunto, ha favorecido la carrera desenfrenada por el botín, es a decir los inmensos recursos de Venezuela, llevada a cabo por Guanito Alimaña desde el principio. Un gran negocio que, ahora, ni la derecha fascista, ni sus padrinos occidentales tienen la intención de dejar ir.
Por esta razón, en vista de las elecciones parlamentarias que se esperan en enero y ante los acuerdos de mediación concluidos entre el gobierno bolivariano y esa parte de la oposición moderada que no quiere perder su salario y, por lo tanto, tiene la intención de volver a las elecciones, Guaidó intenta, por un lado, cambiar las reglas del juego en el Parlamento, y por el otro de jugarlo todo.
Ya en el último intento desestabilizador, como siempre proveniente de Colombia, frustrado por la inteligencia bolivariana e ilustrado en televisión por Jorge Rodríguez, las interceptaciones mostraron la estrategia considerada prioritaria por los golpistas: tomar armas del ejército, abastecer a los paramilitares y sembrar la desconfianza en la Fanb.
Esta vez, dijo el gobierno, el asalto fue organizado tanto en Colombia como en Perú, y con la aprobación de Brasil por parte de Bolsonaro, quien está presionando para tener un buen aliado en la frontera. De hecho, principalmente de Brasil, los traficantes de oro, que en los últimos años se han desatado en Venezuela también en áreas bajo control ambiental, las áreas de la Gran Savana, gracias a la administración local administrada por la derecha, y a la que el gobierno bolivariano está poniendo ahora los palos en las ruedas.
Los nuevos proyectos decididos por el gobierno de Maduro para reducir el impacto ambiental incluyen la preservación de los territorios donde los indígenas pemones siempre han vivido. Por esta razón, después de una larga investigación que interesó a las poblaciones, se han creado pequeñas cooperativas que han involucrado a los mineros en una gestión menos devastadora de los recursos y en la conservación de los parques naturales.
Una política que ha golpeado los negocios incluso a esa parte de los pemones que se presta para ser masa de maniobra de la derecha venezolana, y que se ha alistado en los ataques violentos organizados por Guaidó durante este año. Una realidad completamente revertida por la propaganda occidental, que acusa al gobierno bolivariano de querer proceder con un extractivismo salvaje en territorios «incontaminados».
En cambio, la ministra venezolana de los Pueblos indígenas, Aloha Núñez, describió así la situación en una nuestra reciente entrevista: “El 23 de febrero, Emilio González, alcalde de la Gran Sabana, compró cajas de comida y difundió las fotos de los pueblos indígenas que las estaban transportando en barco, lo que sugiere que era la «ayuda humanitaria» enviada por los Estados Unidos a Guaidó. Otros mercenarios confiscaron un camión y le colocaron «ayuda humanitaria». Los propios líderes de las comunidades indígenas lo denunciaron. El alcalde inventó una represión inexistente para dejar el cargo y huir a Brasil, por lo que el gobierno regional tuvo que asumir la responsabilidad de todo el ayuntamiento «.
Y mientras los fascistas venezolanos intentan arruinar la Navidad para sus conciudadanos, los de Bolivia, encabezados por la autoproclamada local, Janine Añez, están avanzando hacia el «consenso de Whashington», uniéndose al Grupo de Lima: para «resolver la crisis de Venezuela ”, dijo la autoproclamada.
