Cuando inició la emergencia sanitaria por el coronavirus, dos familias venezolanas fueron echadas del refugio en el que vivían. Así, mientras el Gobierno ordenaba que todos permanecieran en sus casas, nueve personas, entre las que había una mujer a punto de dar a luz y cuatro niños, pasaron a vivir en el interior de un camión de mudanzas en Magdalena.
Anali Briceño, abogada que labora en el área legal de Encuentros – Servicio Jesuita para la Solidaridad, indica que en las últimas semanas se han incrementado los casos de población extranjera víctima de desalojo. «Hay una gran demanda de personas que manifiesta estar en situación de vulnerabilidad, sin recursos, teniendo que alimentar a familias numerosas y sin la posibilidad de trabajar y llevar un sustento», explica Briceño.
En el caso de las dos familias en Magdalena, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pudo intervenir para darles refugio y atención sanitaria. Pero para la mayoría de los más de 800 mil migrantes venezolanos que residen en Perú, la cuarentena sigue siendo sinónimo de precariedad.
«Un tema fundamental ahora es la vivienda. Aproximadamente el 92% de la población migrante vive en viviendas alquiladas y muchas veces es un alquiler de palabra. Entonces, están en una condición en que si a fin de mes no tienen para pagar, no saben si los van a echar», comenta Ruth Luque, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Sin empleo y sin acceso a la salud
Una encuesta reciente de Equilibrium CenDe revela que 77.2% de migrantes venezolanos en Perú no cuenta con dinero para sus próximos abastecimientos. Además, 33% señaló haberse quedado sin trabajo en el contexto de la cuarentena por COVID-19.«Estamos ante un sector donde la mayoría depende de una economía informal. Tienen que trabajar para comer en la semana, trabajar para mantener a su familia y, un porcentaje, mandar remesas», comenta Ruth Luque.
Sandra Marcos, coordinadora del Proyecto de Asistencia Humanitaria a Familias Venezolanas de Save the Children Perú, indica que han identificado a familias que llevan varios días sin comer. «La sensación es de desesperación porque no pueden trabajar, y eso puede llevar a que incumplan el mandato de inamovilidad, lo que puede resultar en arrestos y otros problemas», comenta.
De acuerdo al INEI, en 2018 las principales ocupaciones de los venezolanos en Perú era como cocineros o ayudantes de cocina, conductores de vehículos, operadores de máquinas, peones (de carga, construcción o en sector agrícola) y meseros. La mayoría de esas labores quedaron paralizadas con el aislamiento obligatorio.
«Están viviendo en condiciones terribles, en una habitación seis o siete venezolanos. No tienen ni qué comer y esa situación de hacinamiento también puede generar afectación a la salud», precisa Luque.
Y ese es otro gran problema en el contexto de la crisis sanitaria: el limitado acceso de los migrantes venezolanos al sistema de salud. «Hemos recibido denuncias de personas que han tratado de acceder a servicios de emergencia porque identificaron algunos síntomas del COVID-19. Aún así, no han sido atendidos y esperamos que no sea una distinción a su nacionalidad», informa Anali Briceño.
De acuerdo a la encuesta de Equilibrium CenDe, un 6% de migrantes venezolanos manifestó tener gripe o malestar, sin descartar que se trate de coronavirus.
Cabe recordar además que la gran mayoría de venezolanos en Perú no cuenta con un seguro de salud. Para poder acceder al Seguro Integral de Salud (SIS), requieren de un carnet de extranjería, algo que solo 4% de venezolanos posee. Por otro lado, solo acceden al SIS de forma gratuita las mujeres gestantes y los menores de 5 años.
Invisibles en políticas del Gobierno
Abogadas consultadas por Wayka coinciden en que las medidas tomadas por el Ejecutivo durante la emergencia por COVID-19 no han tenido en cuenta la situación de los migrantes venezolanos.«Al no enfocar a los migrantes como un sector al cual tienen que dirigirse ciertas decisiones políticas, los dejamos en una situación de marginalidad. Y esa marginalidad genera una situación de exclusión y de afectación a derechos», declara Ruth Luque.
Una de las medidas de asistencia que ha dejado de lado a los migrantes venezolanos es el bono ofrecido por el Gobierno para grupos vulnerables. «El bono de 380 soles no considera en absoluto a población extranjera. Son personas que no están percibiendo ningún tipo de recurso, pero no son incluidos en programas del gobierno para gente en pobreza o pobreza extrema. Y sabemos que gran parte de la población extranjera está en esos sectores «, indica Anali Briceño.
Para Sandra Marcos de Save the Children Perú: «Toda acción en el marco de esta emergencia debería considerar a este grupo vulnerable como parte de su implementación». Por ejemplo, ahora que los municipios han recibido presupuesto para entregar víveres a familias en su distrito, se debería considerar a las familias venezolanas, indica.
En conferencia de prensa, el canciller Gustavo Meza-Cuadra indicó que estaban respondiendo a la situación de vulnerabilidad de migrantes venezolanos gestionando con fuentes cooperantes como la ONU y ONGs que brindan apoyos similares a dicho grupo.
«Es necesaria una comunicación clara del Estado. Quizá ellos no van a hacer directamente un apoyo a estas familias vulnerables pero sí deberían garantizar en qué se basa ese respaldo a organizaciones humanitarias», expresó Marcos.
Fuente: Wayka.pe
