Por Juan Carlos Amador Baquiro / Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2021
| Es necesario hacer evidente la ilegitimidad de este gobierno y rechazar de manera física o simbólica sus políticas de muerte, cuidando la vida, pues, finalmente, es la razón por la que muchos están protestan. |
Varios estudios han demostrado los efectos de la pandemia en América Latina y Colombia durante el año 2020 y lo que va del 2021. En lo que refiere a la dimensión socioeconómica, según el BID, en América Latina cayeron en la pobreza más de cuarenta millones de personas y cerca de cincuenta millones dejaron de ser parte de la clase media debido a la pandemia. Por su parte, el Banco Mundial señala que, debido a las perturbaciones internas y externas derivadas de este fenómeno planetario, en 2020 la actividad económica regional sufrió una contracción del 7,2 %, lo que constituirá una recesión mucho más profunda que las causadas por la crisis financiera mundial de 2008-09 y la crisis de la deuda latinoamericana de la década de 1980.
En el caso de Colombia, según información del DANE, la pandemia llevó a un aumento de 6,8 puntos porcentuales de pobreza monetaria, la cual llegó a 42,5 % en 2020, lo que evidencia que en la actualidad hay más de 21 millones de personas en esta condición.
Aunque el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, afirme que la pobreza hubiera podido crecer tres puntos porcentuales si no hubiera sido gracias a los programas del Gobierno nacional, como el denominado Ingreso Solidario, y que por esta razón se debe aprobar la reforma tributaria, lo cierto es que actualmente hay un creciente empobrecimiento de la población que condena a la miseria a los estratos 1 y 2, y que afecta duramente a los residentes de los estratos 3, 4, 5. Asimismo, no se puede ignorar que, debido a este trágico escenario, hoy 1 700 000 familias ya no pueden comer tres veces al día.
Como respuesta a este panorama, el gobierno de Iván Duque optó por dos nefastas medidas que corroboran su indolencia, autoritarismo y desconocimiento de la realidad nacional y local. En primer lugar, expidió una serie de decretos de emergencia con el fin de recaudar recursos económicos para atender las necesidades del sistema de salud público y de las familias más vulnerables.
De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, de los cerca de $117 billones recaudados (11 % del PIB) en 2020, solo han sido ejecutados $2,7 billones, al tiempo que no ha sido establecida medida alguna para ampliar las unidades de cuidado intensivo ni para garantizar la renta básica a las familias de los estratos 1 y 2, después de padecer por más de un año esta situación.
Esta situación, la cual aún no ha sido aclarada ante la opinión pública, contrasta con un derroche de gastos nunca antes visto en la historia reciente, entre ellos: $14 billones destinados a aviones de guerra; $10 000 millones dirigidos a la renovación de las camionetas presidenciales; 2 millones de dólares para adquirir tanquetas destinadas a la represión a los ciudadanos; $6 mil millones para salir en un programa de televisión a diario que no llega ni a los tres puntos de audiencia; $3 mil millones para mejorar su imagen en redes sociales, situación que terminó en perfilamientos a periodistas y opositores; y $2,3 billones en subsidios dirigidos a banqueros y grandes empresarios. Y la lista sigue.
Por otro lado, el pasado 5 de abril radicó un proyecto de ley para implementar una reforma tributaria, matizada con el eufemismo “Ley de solidaridad sostenible”, que busca recaudar cerca de $25 billones a partir de 2022. Como ha sido ampliamente divulgado, esta funesta medida busca gravar IVA a productos básicos de la canasta familiar y a los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gas domiciliario para usuarios de los estratos 4, 5 y 6. Por otro lado, exige el pago de la declaración de renta a aquellos que reciben ingresos superiores a $2,4 millones a partir de 2022 y a quienes devengan $1,7 millones mensuales a partir de 2023.
Asimismo, eleva las sobretasas a la gasolina y el diésel, modifica el impuesto que se cobra por el uso de combustibles fósiles e implementa un impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Esto hizo que las centrales obreras y diversos sectores de la sociedad civil convocaran un paro nacional para el 28 de abril. Además de las movilizaciones, el comité de paro anticipó que se implementarían otros actos simbólicos de protesta: “Vamos a sacar trapos rojos para simbolizar el hambre, vamos a poner carteles en las ventanas de las casas, vamos a hacer un cacerolazo a las ocho de la noche y vamos a mover el tema en redes” (Maltes, CUT, citado por Portafolio, 26 de abril de 2021).
A pesar de las intervenciones del Gobierno a través de diversos medios de comunicación en las que advertía sobre el inminente riesgo de contagios que traería consigo la jornada de paro, y a pesar de las consabidas respuestas represivas del Estado policial frente a la protesta social, legitimadas por el uribismo, miles de personas se movilizaron el pasado 28 de abril en ciudades principales, pero también en pequeños municipios, carreteras y cascos urbanos contiguos a zonas rurales.
Las preguntas que surgen al observar esta masiva respuesta a la convocatoria de paro son: ¿Por qué razón tantas personas desafiaron el tercer pico de covid-19 para demostrar su total rechazo al gobierno de Iván Duque? ¿Qué factores hicieron que, pese a las advertencias, miles de ciudadanos salieran a las calles a rechazar la reforma tributaria? ¿Por qué miles de jóvenes, adultos y hasta adultos mayores prefirieron expresar su hastío a la clase política, encabezada por el partido de gobierno, enfrentando la brutalidad policial, la estigmatización y la criminalización?
Aunque no es posible responder de manera intuitiva estas preguntas, este panorama evidencia que muchos sectores de la sociedad colombiana están agotados con las políticas de muerte implementadas por este gobierno.
Se trata de una modalidad de necropolítica que se manifiesta en el saboteo frecuente al Acuerdo de Paz firmado en 2016, en los crímenes de estado contra campesinos que buscan restituir cultivos para uso ilícito de manera pacífica, en los bombardeos contra niños y niñas (máquinas de guerra según su ministro de Defensa) en zonas de conflicto armado, en el abandono estatal que padecen regiones azotadas por grupos armados, en el retorno al glifosato, en la ausencia de respuestas institucionales a la violencia de género y los feminicidios, en la omisión al etnocidio gota a gota contra los indígenas y afrodescendientes, en la complacencia institucional de asesinatos de jóvenes en muchos lugares del territorio nacional y ahora en una reforma tributaria que tiene no solo un carácter regresivo para la economía nacional, sino que también profundiza la pobreza y se constituye en una amenaza para la garantía de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y la ley.
Luego de los hechos ocurridos en el marco del paro del 28 de abril, los cuales se extendieron hasta el 30 de abril, las repuestas del Gobierno nacional siguen siendo erráticas, improvisadas y de espaldas al clamor nacional.
De acuerdo con Víctor de Currea-Lugo, las declaraciones públicas de Duque, replicadas por su caterva de áulicos en el Gobierno, el Congreso de la República y los medios de comunicación acomodaticios, se desenvuelven así: desconocen las razones de la protesta y se dedican a describir los actos violentos; señalan al paro como un asunto que profundizará la crisis económica de la pandemia; reiteran que la reforma tributaria es necesaria para ayudar a los sectores más vulnerables; y señalan que el paro elevará las tasas de contagio pero omiten hablar de los riesgos para la salud que implica la alternancia educativa o el uso del transporte público.
Estas formas indolentes de asumir la problemática se complementan con las notas de prensa y los cubrimientos informativos realizados por los medios adscritos al gran capital, los cuales buscan darle protagonismo al uribismo para que se muestre como salvador frente a la reforma, a sabiendas que fueron ellos los que la impulsaron, así como minimizar el abuso policial y presentarlos como un efecto de la violencia e indisciplina social.
Como se observa, el Gobierno nacional representado en Iván Duque, el mismo que fue elegido porque fue “el que dijo Uribe”, luego de ser un funcionario de rango menor en el BID y haber incursionado por el Congreso sin iniciativa alguna, no solo está desconectado de las necesidades de los ciudadanos en las regiones y se muestra indiferente frente a la situación de pobreza estructural que sus mismas políticas han profundizado, sino que busca cumplirle al capital transnacional y a los multimillonarios que le financiaron su campaña.
De acuerdo con Augusto Trujillo (El Espectador, 30 de abril de 2021), la reforma tributaria, que no tiene nada de solidaria ni de sostenible, se diseñó a solicitud de los acreedores del país en el exterior y las calificadoras de riesgo. En el marco de las políticas neoliberales criminales de orden global, estos organismos exigen al Gobierno arbitrar más ingresos, sin importarles cómo, con el objetivo de obtener recursos para sufragar deuda externa.
Además de este escenario, como se mencionó al inicio, se trata de un gobierno derrochón al que ya no le importa su desaprobación en las encuestas ni el rechazo a su demagógica y mediocre gestión con tal de favorecer a quienes detentan el poder político y económico. En suma, el de Duque es un gobierno ilegítimo cuyas políticas atentan contra la vida de los colombianos.
Un gobierno legítimo es aquel que fue elegido democráticamente (de origen) y que se desempeña a favor de las libertades y derechos de los ciudadanos (de ejercicio). De este modo, si bien un gobierno puede ser elegido por mayoría, lo cual constituiría su legitimidad de origen, situaciones que involucren la mentira o el daño irresponsable al bien común configuran su ilegitimidad de ejercicio. En este sentido, el gobierno de Iván Duque incumple cualquiera de estos dos principios, pues, por un lado, aún existen muchos interrogantes en torno al episodio que involucra su campaña a la presidencia con las grabaciones que se conocieron del Ñeñe Hernández, presuntamente comprando votos e invirtiendo miles de millones de pesos en estrategias electorales.
Por otro lado, su gestión, la cual carece de principios mínimos de empatía hacia la los más vulnerables, con quienes se comporta como un patán, a la vez que se muestra sumiso con su mentor y los dueños del capital, demuestra su ilegitimidad de ejercicio. Por estas razones, no es posible aceptar un gobierno que hace lo que se le da su voluntad por haber ganado unas elecciones. Es probable que Duque y su grupo en el poder estén convencidos de que pueden implementar todo este tipo de medidas, a sabiendas de que son inconstitucionales, basados en la impunidad que les garantiza tener cooptados a parte de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y los demás organismos de control.
Sin embargo, crece el rechazo y el hastío a su mal gobierno, situación que se le está saliendo de control y que, si bien se puede constituir en un gran riesgo para la salud de los ciudadanos si continúa el paro, devela la emergencia un movimiento ciudadano desde abajo, por la vida, la justicia social y la esperanza, que puede sentar las bases para un nuevo comienzo.
Mientras tanto, es necesario hacer evidente la ilegitimidad de este gobierno y rechazar de manera física o simbólica sus políticas de muerte, cuidando la vida, pues, finalmente, es la razón por la que muchos están protestando, tal como lo hizo Teresa Montero, una mujer que salió a marchar en Manizales levantando en hombros a su hijo, Julián Andrés, de 26 años, quien se encuentra en situación de discapacidad. Un medio local afirmó que Teresa lo único que pide es un trabajo digno y una casa para que pueda vivir tranquilamente con su hijo Julián, y que la reforma tributaria no le permitirá conseguir este objetivo.
*Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
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