Por Contagio Radio /Resumen Latinoamericano, 31 de marzo de 2022.
Operativo militar en Putumayo. Fotografía ilustrativa CMI.
Nuevamente la indignación rodea al Gobierno de Iván Duque, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional. Según comunidades, organizaciones indígenas y de Derechos Humanos del Putumayo y a nivel nacional, un operativo realizado en ese departamento de Putumayo, contrario a la información dada de manera oficial, se trataría de una masacre en manos de fuerzas oficiales y un mal llamado «falso positivo».
El pasado lunes 28 de marzo, el ministro de Defensa Diego Molano afirmó que 11 «disidentes» de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), murieron en medio de operaciones militares. La noticia también fue comentada por parte del presidente Iván Duque a través de su cuenta oficial de Twitter.
Entre los asesinados se encuentra el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso. | Foto: @AlaorillaCaq
En ambos tweets se informa que se neutralizaron entre 9 y 11 «criminales» y otras 4 personas fueron detenidas. Sin embargo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz afirmó que este hecho se trata de un «dudoso operativo» y según los testimonios de la comunidad de Puerto Leguizamo, Putumayo, las personas asesinadas no serían armados, sino miembros de la comunidad que departían en un bazar.
Contagio Radio tuvo acceso al testimonio de una habitante del sector, la mujer afirma que ella misma fue parte del bazar que tenia el fin de recaudar recursos. La mujer también señala que un gobernador indígena fue asesinado y en medio de los disparos del Ejército muchas personas fueron asesinadas.Escuche el testimonio de una de las participantes del bazar comunitario.
Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos también pone en duda el operativo militar en Putumayo
Por medio de un comunicado, la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos también se pronunció frente al hecho.
La organización señala que fueron asesinados Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso; Ana María Sarria Barrera, esposa del presidente de la Junta; Brayan Santiago Pama, menor de 16 años; Pablo Panduro Coquinche, gobernador del Cabildo Kichwa; Oscar Olivo Yela y 2 personas más conocidas como «Pequeño» y «Cuéllar«. Dentro de las personas heridas están Willinton Galíndez, Vanesa Rivadeneira Reyes y Nora Andrade.
«Todos ellos según manifiesta la comunidad eran habitantes de la comunidad, reconocidos y reclamados. La comunidad reporta cuerpos desaparecidos (…) también informan desplazamiento de los habitantes de la vereda, ante la preocupación y el miedo que estos hechos causan y el rechazo rotundo al reporte que hasta el momento ha hecho el Ejercito», comentó la Red de DD.HH.
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) también rechazó el accionar militar
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, también respalda la versión de que el «operativo militar» sería un «falso positivo», en donde la población civil fue atacada pese a no estar armados y fueron presentados como disidentes «dados de baja», cuando según todos los testimonios de los y las habitantes de la región y de las organizaciones se realizaba un bazar y nunca se registraron enfrentamientos, únicamente fue el Ejército Nacional atacando a la comunidad.
Dentro de la evidencia proporcionada por la OPIAC se presenta un certificado en donde se muestra que Pablo Panduro Coquinche se posesionó como gobernador indígena y no se trataría de ningún armado perteneciente a los grupos residuales.
Dentro de las peticiones de las organizaciones, se pide que se de la información real de los hechos y que cesen las agresiones de este tipo que hoy dejan a niños y niñas huérfanos e incluso atento nuevamente en contra de las y los jóvenes.
El desgarrador testimonio de la masacre a manos del ejército en Puerto Leguizamo
A través de un audio grabado por una reconocida periodista aliada de este medio, una de las personas que fue testigo de la masacre de 11 personas en Puerto Leguizamo, Putumayo, relató los momentos de horror que vivieron los habitantes de ese corregimiento en el que integrantes del Ejército asesinaron a sangre fría a las personas que se encontraban disfrutando de un bazar en el que se recogen fondos para las actividades comunitarias.
En el desgarrador relato de la testigo da cuenta del asesinato a sangre fría del gobernador y del presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda. Según ella, las personas se encontraban departiendo en el lugar y el ejército entró disparando, asesinando a varias personas que trataron de salir del lugar, algunos por tierra y otros tirándose al rio.
Sin embargo no habrían logrado escapar de las balas del ejército que «remató» a las personas en el agua. Además, a las personas que resultaron heridas no les prestó ninguna atención y varios de ellos murieron ante la mirada de los militares.
Adicionalmente, denuncian el desplazamiento de varias familias que ante la crueldad de los militares salieron huyendo de la región con rumbo hacia Ecuador buscando refugio y protección por parte de los efectivos del vecino país. Hasta el momento se desconoce el número de personas desplazadas pero se teme por su seguridad.
Por su parte el Senador Feliciano Valencia aseguró que los fondos producto del Bazar habrían sido hurtados por los militares. Se trataría de aproximadamente 11 millones de pesos que serían usados para actividades comunitarias de mejoramiento de la infraestructura.
Otro de los apartes del relato de la testigo tiene que ver con que los militares intentaron arreglar la escena del crimen para justificar los asesinatos. Según el testimonio los militares implantaron fusiles para poder asegurar que los muertos pertenecían a los llamados «comandos de frontera», sin embargo, las armas implantadas no estaban cerca de los cuerpos de los asesinados.
En el relato también se da cuenta de que efectivos militares no permitían el ingreso de los familiares de las personas que se encontraban n el bazar comunitario y pretendieron ocultar lo que allí estaba sucediendo. Al ingreso de algunas de las personas se pudo establecer que los heridos pidieron auxilio pero no fueron atendidos y murieron esperando atención.
En rueda de prensa por parte de la OPIAC, la comunidad asegura que pudo establecer que el ejército activó explosivos y algunas granadas con la intención de destruir las evidencias y evitar el reconocimiento de los cadáveres, además, retiró los cuerpos sin la presencia de la fiscalía lo que impediría el esclarecimiento de todos los hechos.
Esta masacre, perpetrada por militares enciende las alertas y la preocupación de todo el país y de la comunidad internacional , por la crueldad con que fue realizada y la información que se ha difundido por
parte del Ministerio de Defensa que atenta contra toda verdad.
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