24 jun CI. – En su nueva fase de expansión por el control territorial, el paramilitarismo en cabeza del denominado Clan del Golfo ha esparcido semillas de terror, sangre y sufrimiento en el departamento Norte de Santander y sus alrededores. En su afán por controlar las economías ilegales producen daños profundos en el tejido social, imponiendo la violencia y la desigualdad en la  frontera colombo-venezolana.

«La expansión silenciosa de la Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo en el área Metropolitana de Cúcuta» es el más reciente informe de la Fundación Progresar acerca del desarrollo e impacto de los grupos paramilitares en la capital nortesantandereana y que, con eufemísticos nombres, quieren presentarse como un fenómeno renovado de la expresión violenta y armada de la extrema derecha.

El informe recoge, ordena y explica cientos de datos aportados por otros informes oficiales como los de la Defensoría del Pueblo, comunidades organizadas afectadas por el control armado en sus territorios, las autoridades gubernamentales locales, pero también por fuentes directas legales e ilegales que conocen muy bien el método con el que operan esas estructuras que muestran una capacidad de rápida recomposición a los golpes que pueda sufrir, como la reciente captura y extradición de su máximo jefe, Dayro Antonio Úsuga, más conocido como ‘Otoniel’.

Norte de Santander ha sido un enclave territorial de esta modalidad de grupos armados al margen de la ley desde los años 90, cuando el boom cocalero plagó a ese departamento de cultivos de uso ilícito, plantas de procesamiento y centro administrativo de carteles del narcotráfico para poder desplegar sus operaciones criminales a otros países y continentes tratando de permear y atravesar territorio venezolano desde la línea de frontera.

Son distintas y variadas las causas que hacen posible la vigencia hasta nuestros días de los grupos paramilitares en la región, pero en este informe se detallan algunas de las condiciones que brinda el terreno, para que hoy el Clan del Golfo, o como ellos mismos se autodenominan ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ -AGC- gocen de una capacidad operativa son que hasta el momento hayan encontrado mucha resistencia militar, ni desde el Estado ni desde los grupos guerrilleros que le hacen oposición.

Las operaciones de ejercicio de control armado del Clan del Golfo/AGC se ve reflejado en la inminente restricción a las libertades individuales. En la vida cotidiana, los ciudadanos de los territorios controlados por esta renovada estructura paramilitar, se somete al confinamiento y se limita el acceso a bienes básicos como alimentación y servicios públicos, además de ver interrumpidas rutinas básicas como asistir al trabajo o en el caso de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, cumplir con su calendario escolar.

Este informe complementa otros que ya se conocían con anterioridad sobre el surgimiento, auge y consecuencias del paramilitarismo como las relatorías presentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde también yacen evidencias del modo en que operan estas bandas criminales y otros grupos de exterminio que segaron la vida de cientos de jóvenes en el departamento. Tal es el caso del informe ‘Limpieza social, una violencia mal nombrada’, que recoge datos de dos décadas y que permite ver que Norte de Santander está entre los tres departamentos con más alto índice de asesinato de jóvenes por cada cien mil habitantes.

Expansión de las AGC en varios departamentos de Colombia. Elaborado por Fundación Progresar

Ahora se repite la historia. En el ejercicio del control territorial y social, los paramilitares se valen de bandas criminales locales para el reclutamiento forzado de mujeres y hombres en su lugar de influencia, enseñándoles técnicas delictivas como el sicariato, el cobro de extorsiones o la conformación de redes de informantes en los barrios donde hacen presencia. Con esos datos compilados de la Fundación Progresar, se compone el siguiente gráfico.

Uno de los mayores retos para el nuevo gobierno que se inicia el próximo 7 de agosto, es precisamente retomar el control territorial del estado en la zona de frontera, especialmente de Norte de Santander, para tratar de avanzar en sus propósitos de hacer de Cúcuta una ciudad de capacidad industrial, que apalanque el relacionamiento comercial e industrial de la frontera con Venezuela y que mejore la situación de Derechos Humanos en la región.

CI RV/AR/26/06/2022