Por Gustavo Veiga, Resumen Latinoamericano, 9 de septiembre de 2022.
Cuál es el rol de los jugadores globales y sus políticas para quitarle protección al medioambiente. El objetivo de los operadores financieros y las corporaciones alimenticias es el desmantelamiento de las regulaciones que protegen la Amazonia en Brasil. De los fondos buitre a Cargill, Bunge y la poderosa papelera Suzano.
Si Brasil se juega su futuro político en las elecciones presidenciales del 2 de octubre, su modelo económico de agronegocios en la Amazonia se discute todos los días. La depredación forestal de este vergel del planeta no tiene ese único costado para analizar: el daño medioambiental. En todo caso, ésa es la consecuencia de la política que propicia el gobierno de Jair Bolsonaro. Su proyecto estrella es el llamado Ferrogrão o tren del grano que recorrerá la foresta en un tramo de 933 kilómetros y conectará el norte del estado de Mato Grosso con el puerto de Miritituba en el vecino Pará. Se trata de sacar el poroto de soja de esa región – el país es el principal productor mundial – hacia el Atlántico y a un costo menor que el generado por los camiones. Pero ésa, más otras obras de infraestructura requieren de capitales y el rol activo del Estado que por ahora controla el militar y los altos oficiales que lo colonizaron en masa. Lo que no se conoce demasiado – al menos fuera del mundo de las finanzas – es quiénes costean el camino hacia El Dorado transgénico donde las que más ganan son las grandes corporaciones estadounidenses Cargill y Bunge, más la brasileña Amaggi.
En un informe de la Internacional Progresista (IP) titulado La financiación detrás del lobby de la agroindustria brasileña que se publicó el 1° de septiembre, aparecen encabezando la lista de aportantes JP Morgan Chase, Bank of America y el fondo BlackRock, cada uno con “ U$S 1000 millones invertidos en la red de financiadores del ganadero”. El encabezado del trabajo además menciona a otras empresas como “Suzano, JBS, Marfrig, Cargill y ADM, gigantes del agronegocio que ejercen su poder corporativo para influir en la política brasileira contra los intereses ambientales, campesinos, indígenas y de las masas trabajadoras de todo el Brasil”.
La internacional Progresista es una organización que integran, entre otros y otras, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro; el intelectual estadounidense Noam Chomsky; el expresidente de Ecuador, Rafael Correa; el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera; el exjuez español Baltazar Garzón; el excanciller de Lula, Celso Amorim; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; más la exembajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro. La información del primer día de este mes se basa en investigaciones y datos de dos plataformas: De Olho nos Ruralistas (un observatorio del agronegocio que significa algo así como Vigilando a los ruralistas) y Florestas & Finanças (Bosques y finanzas), que aporta estadísticas sobre operaciones multimillonarias en actividades de alto impacto ambiental, como la agricultura y la minería.
Entre 2019 y 2021 – dice la investigación – “los bancos transnacionales y los fondos de inversión aportaron más de 27 mil millones a empresas que forman parte de la cadena de fondeo del Instituto Pensar Agro (IPA) integrado por el grupo de expertos detrás del Frente Parlamentario del Agro o (FPA)”. La llamada bancada ruralista con fuerte poder de lobby y aliada del mandatario ultraderechista.
Junior, propietario de la empresa de alquiler de coches Localiza Hertz y exsecretario general de Privatización en el gobierno de Bolsonaro”.
Por varias de estas razones el futuro de la Amazonia es uno de los temas de mayor proyección en la agenda informativa de Brasil y del mundo todo. Su impacto supera la cuestión medioambiental. Es también económico, social y político.
Fuente: Derribando Muros
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