By Resumen Latinoamericano on 1 diciembre, 2022
Por Paolina Albani y Héctor Silva Ávalos, Resumen Latinoamericano, 01 de diciembre de 2022.
Cuando ya sabía que el gobierno de Estados Unidos había sancionado con la Ley Magnitsky a dos ejecutivos de Solway en Guatemala y a sabiendas también de que uno de los sancionados está vinculado a un proceso penal por la muerte de tres estudiantes universitarios y de que el Ministerio Público abrió una investigación por las sanciones, el gobierno de Alejandro Giammattei les permitió la salida del país.
El 19 y 20 de noviembre, el ruso Dimitri Kudriakov, jefe de las operaciones mineras de la empresa ruso-suiza Solway Investment Group en Guatemala, a través de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y su procesadora (Pronico), y la bielorrusa Irina Litvinuk, de relaciones públicas de la mina, salieron de Guatemala para nunca volver.
Unas horas antes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publicaba sus nombres como dos de los empresarios sancionados por la Ley Magnitsky, por dirigir esquemas de sobornos a políticos, jueces y oficiales del gobierno, a cambio de apoyar los intereses mineros rusos.
Como resultado, la OFAC les bloqueó las propiedades e intereses, incluso los que están en posesión de personas estadounidenses, y sancionó a las mineras Mayaníquel, CGN y Pronico, que el Departamento del Tesoro sospecha están relacionadas con Kudriakov.
El 21 de noviembre, después de conocerse las sanciones, el Ministerio Público (MP) anunció que la denuncia contra los empresarios mineros había sido recibida y que del caso se encargaría la Fiscalía de Lavado de Dinero, mas no la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que, en 2021, ya había investigado al presidente Alejandro Giammattei por sospechas de que recibió un soborno de Mayaníquel.
La investigación de la FECI reveló que un grupo de directivos rusos y un kazajo, vinculados a la minera Mayaníquel, habrían entregado el dinero a Giammattei a cambio de hacerse con el control del Puerto Santo Tomás de Castilla.
Fue hasta cinco días después de la salida de Kudriakov y Litviniuk, posterior a las sanciones Magntisky, que el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que los empresarios ya no se encontraban en el país. Estos hechos vinculan, de forma más cercana, a Kudriakov y Litviniuk con Giammattei.
Después del anuncio del Departamento del Tesoro, el Consejo Nacional de Seguridad (CNS), presidido por el presidente de la República, se reunió e informó a la autoridad migratoria de lo ocurrido. El IGM hizo un análisis jurídico, tomó la decisión de no permitirles el ingreso al territorio y anular los permisos de residencias, pero hasta este momento se desconoce si el consejo o el presidente mismo, aprobaron las medidas o si las sugirieron de antemano. Tampoco está claro si el CNS tomó en cuenta que el MP había abierto un expediente y que Kudriakov tiene asuntos pendientes con la ley por el caso de la muerte de los estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) en territorio de la mina, el cual se encuentra en etapa de casación.
Mientras el CNS y el IGM facilitaban la salida de Kudriakov y Litviniuk, los operadores de justicia que investigaron el supuesto soborno de Mayaníquel a Giammattei y la magistrada de la Corte de Constitucionalidad que falló en contra de la operación de la mina de níquel en El Estor, siguen siendo sujetos de persecución administrativa y de acoso por parte del Ministerio Público y del Estado guatemalteco.
Juan Francisco Sandoval, el fiscal que dirigió la FECI hasta julio de 2021, fue quien, junto a un equipo de agentes auxiliares del MP, investigó las denuncias del soborno a Giammattei. Cuando el entorno del presidente se dio cuenta de que había una investigación abierta, según confirmó a Prensa Comunitaria un investigador guatemalteco que conoció los detalles de la llamada Trama Rusa, llegaron al MP abogados que decían representar a Giammattei. Luego de eso, la fiscal general Consuelo Porras, a quien el Departamento de Estado de Estados Unidos ha catalogado como funcionaria corrupta y antidemocrática, destituyó a Sandoval, quien tuvo que salir al exilio hacia Washington, DC.
Desde que fue destituido por investigar el soborno que se supone Mayaníquel dio al presidente, el MP de Porras ha girado 4 órdenes de captura y ha abierto un centenar de expedientes contra Sandoval. Otros investigadores que estuvieron relacionados con esa investigación también tuvieron que salir de Guatemala.
Antes, en abril de 2021, aliados políticos de Giammattei habían obligado a la magistrada Gloria Porras a salir al exilio, al impedirle, con subterfugios legales, que juramentara para un nuevo periodo como presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Cuando fue presidenta de la CC, Porras firmó el fallo que prohibió el funcionamiento de la mina porque las empresas propietarias, hoy sancionadas por Estados Unidos, no contaban con los permisos ambientales necesarios ni habían cumplido la ley que las obliga a realizar una consulta popular libre e informada con las comunidades afectadas por la actividad minera.
El caso de los estudiantes fallecidos
Las muertes de los tres estudiantes de la UVG en territorio de influencia de la mina de níquel es uno de los casos que el ruso Dimitri Kudriakov tiene pendientes con la justicia guatemalteca.
El 17 de abril de 2019, Dimitri Kudriakov se presentó ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, a 127 kilómetros de distancia de El Estor, Izabal, para rendir su declaración en el caso que involucra a CGN-Pronico en la misteriosa muerte de los tres jóvenes estudiantes.
Kudriakov era el presidente de la minera, en 2012, cuando ocurrieron las muertes de Nahomy Lara, Ángel de León y Juan Carlos Velásquez, de 20, 20 y 24 años respectivamente, quienes visitaban la sede de la empresa para realizar el monitoreo de animales como requisito en el curso de Biología.
La noche del 31 de marzo de 2012, los alumnos fueron acompañados por Lemuel Valle, un biólogo de la mina, para el conteo de cocodrilos en la reserva Setal, cuando la lancha en la que viajaban volcó. El único que salió del agua fue Valle. Los cuerpos de Nahomy, Juan Carlos y Ángel aparecerían muchas horas después.
Casi de inmediato, los padres de las víctimas iniciaron una querella penal en la que la compañía fue incorporada como tercero civilmente demandado. Siete años después, en 2019, cuando comenzó el juicio, se pudo probar que la mina había incurrido en negligencia y descuidos que provocaron la muerte directa de los tres estudiantes.
Valle y la mina fueron sentenciados y debían pagar Q51.8 millones como reparación a las familias de las víctimas, en junio de ese año.
Tres meses después, en septiembre de 2019, la Sala de Apelaciones de Puertos Barrios cambió la sentencia del juez Jesús Felícito Mazariegos, y absolvió a Valle y a la minera. Como resultado, los familiares de los estudiantes presentaron dos recursos de casación para evitar que quedaran libres de la responsabilidad.
Este 24 de noviembre, los recursos fueron conocidos por la Sala de Apelaciones de Zacapa y la defensa espera que se restituya la sentencia para enero de 2023. Con la salida de Kudriakov del país, tocará esperar para saber quién reemplazará al empresario como representante de CGN, que deberá asumir la continuidad de la compañía en el proceso penal.
Las cabezas detrás del gran plan de la criminalización
La investigación de Mining Secrets reveló que tanto Kudriakov como Litviniuk dirigieron una estrategia para espiar y criminalizar a los indígenas Maya Q’eqchi’ y periodistas locales de El Estor, que denunciaban que la mina era la responsable de la contaminación de lago de Izabal a inicios de 2017.
La contaminación dio paso a que los pescadores se organizaran bajo la Gremial de Pescadores Artesanales (GPA) para hacerse escuchar ante el gobierno, que no les daba respuestas por la muerte de los animales y por los padecimientos de salud que la gente empezaba a presentar.
La insistencia de la gremial y de las autoridades ancestrales Q’eqchi’ por obtener una respuesta, los llevó a organizar una serie de protestas pacíficas que encendieron el enojo de los mineros, quienes movilizaron a decenas de policías antimotines para desalojar a la gente.
El 27 de mayo de 2017, la violencia estatal cobró la vida de uno de los pescadores: Carlos Maaz. La gente que lo vio caer al piso sabe que la bala que lo atravesó salió de una de las pistolas de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que llegaron a defender a la compañía.
A partir de entonces, la mina rusa, bajo la dirección de Kudriakov y con la complicidad del gobierno, inició una operación de persecución contra la población que participó en las protestas y en contra del periodista Q‘eqchi´ de Prensa Comunitaria, Carlos Choc, que documentó la jornada.
Este seguimiento consistió en registrar los nombres, dirección de viviendas, fotografías de quienes integran la resistencia antiminera, hacerlos seguir y documentar cada uno de sus pasos. Pero también criminalizarlos por participar en protestas contra la mina.
Litviniuk, por su lado, era la encargada de comunicación entre la mina y Solway. Desde su cargo, creó estrategias para confundir y ocultar cómo era, verdaderamente, la situación en el territorio y para hacer parecer que la empresa cumplía con los estándares internacionales. Esto se volvió, especialmente, importante cuando los periodistas europeos empezaron a tomar interés en el conflicto.
Parte de esa estrategia incluyó comprar a liderazgos locales que pudiesen corroborar la narrativa de la mina, y más tarde ayudaron a simular que eran representantes de los pueblos originarios en el proceso de consulta comunitaria, que logró excluir a más de 90 comunidades opositoras a la empresa para inclinar la balanza legal a su favor.
Un gobierno mudo
Prensa Comunitaria solicitó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia una reacción ante la salida del ciudadano ruso y la ciudadana bielorrusa, y su postura ante los señalamientos de Estados Unidos por el esquema de sobornos que involucraron a varios altos funcionarios del gobierno, pero no ha habido una respuesta.
El Ministerio Público se limitó a responder que: “de acuerdo a su mandato constitucional remitió la información a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros activos para que se actúe conforme se estime procedente, velando por el cumplimiento del principio de legalidad. Respecto al tema del estatus migratorio de estas personas, es un tema que corresponde al Instituto Guatemalteco de Migración”.
Cinco días antes, el MP dio una explicación igual de ambigua a otro medio de comunicación de por qué no asignó el caso a la FECI si allí se encuentra la investigación de La Trama Rusa:
“Tal como lo establece la Ley Orgánica, el Ministerio Público es una institución única e indivisible, en ese sentido cada una de sus fiscalías puede atender las denuncias según su competencia”.
En la búsqueda de respuestas también se contactó a la Vicepresidencia y a la Cancillería, cuyos comunicadores, José Luis López y Karla Samayoa, solo mencionaron que era la Presidencia o el CNS quienes debían de pronunciarse.
La IGM tampoco ha respondido si dará la entrevista solicitada para ayudar a explicar las medidas con las que expulsaron a los sancionados.
Fuente: Prensa Comunitaria
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