Hay una frase que se repite en las casas venezolanas, a veces en susurro resignado y a veces como grito: “Se fue la luz”. Podría ser el título de una novela interminable. Y lo peor —lo que de verdad duele— es que ya casi nadie pregunta “si” se va a ir, sino “cuándo”. Nueve de cada diez hogares venezolanos sufren cortes de electricidad; casi el 40% los padece a diario durante horas. No es un número. Es la nevera que se descongela, el ventilador que se calla a las dos de la tarde con un calor de 38 grados, el niño que no puede hacer la tarea, la bomba de agua que deja de bombear. Es una cicatriz invisible que cruza todo el país.
Sin embargo, esta cicatriz tiene un nombre técnico que aparece en los comunicados oficiales: “administración de carga”. Suena inofensivo, casi burocrático. Pero lo que significa es brutal: hay que repartir la escasez porque la oferta de electricidad no alcanza para cubrir la demanda. El sistema está herido de muerte y lo que hacemos —lo que sufrimos— es administrar su agonía. Para entender cómo Venezuela llegó hasta aquí, donde los cortes duran hasta siete horas y donde incluso la nunca tocada Caracas empieza a sentir el zarpazo de la penumbra, hay que viajar al sur, a la selva, allá donde corre el río Caroní y donde se levanta una mole de concreto que durante décadas fue el orgullo energético de América Latina.
Una maravilla de la ingeniería que sostiene a un país
Imagina algo: un lago artificial tan grande que solo lo supera el Lago de Maracaibo. Un muro de 162 metros de altura y más de siete kilómetros de largo, conteniendo 138 mil millones de metros cúbicos de agua. Esa es la represa de Guri, cuyo nombre oficial es Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, un titán inaugurado en dos etapas —1969 y 1986— que convirtió al río Caroní en el latido eléctrico de una nación entera.
Guri, junto con otras dos represas menores en el mismo río, Caruachi y Macagua, alimenta cerca del 60% de la electricidad que consume Venezuela, porcentaje que en algunos cálculos llega al 73% e incluso al 80%. ¿Ves el problema? Cuando un país pone casi todos sus huevos en una sola canasta, basta que esa canasta se tambalee para que todo se venga abajo. Y Venezuela no solo puso los huevos ahí: puso también la nevera, el hospital, la fábrica, la escuela.
La hidroelectricidad, en teoría, es una bendición. Es energía limpia, renovable, y en los buenos tiempos era barata. Pero también es profundamente vulnerable a la lluvia que cae —o que no cae— en las selvas del estado Bolívar. Cuando los cielos se niegan a soltar agua y los niveles del embalse bajan, de pronto esa bendición se convierte en una trampa.
El colapso no fue un accidente: fue un proceso
Escucho con frecuencia un lamento: “Esto es una calamidad, qué mala suerte”. Pero no fue la mala suerte. Fue la desinversión. En revolución, se aprobaron más de veinte mil millones de dólares para al menos 16 grandes proyectos eléctricos. Una cifra que marea. Y el resultado es una lista amarga de obras inconclusas y equipos que nunca llegaron.
El resultado final es una red eléctrica que tiene una capacidad instalada teórica de 36.000 megavatios, pero de la cual hoy funciona menos del 40%. Una red que debería iluminar al país entero y que apenas puede mantener encendida una bombilla de bajo consumo.
La tormenta perfecta: sequía, calor y una demanda que no da tregua
Llegamos a mayo de 2026. Venezuela entera arde bajo una ola de calor —se atribuye a un “fenómeno solar” de 45 días— y el consumo eléctrico se dispara hasta un récord de 15.579 megavatios, la cifra más alta en nueve años.
Ahora mira al sur otra vez. Los niveles del embalse de Guri están diez metros por debajo del año anterior. Si descienden veinticinco metros más, se alcanzaría la cota crítica: las turbinas empezarían a fallar por falta de presión y de golpe se perderían unos 5.000 megavatios de generación. Traducido: un apagón nacional de dimensiones catastróficas.
Aquí se junta todo: la sequía achica la oferta mientras el calor extremo y una economía que intenta recuperarse disparan la demanda. La brecha entre lo que el sistema puede dar y lo que la gente necesita se ensancha como una grieta en el suelo agrietado. Y cuando la brecha se abre demasiado, la única herramienta que queda es la “administración de carga”: cortar el suministro por sectores para evitar el colapso total. Un mal menor, dicen. Pero es un mal que significa horas de nevera apagada bajo el trópico húmedo; horas de bombas de agua muertas; horas de niños estudiando con linterna. Es un mal que mata de a poco.
El fantasma de las termoeléctricas y la transmisión rota
En un país normal, cuando falla el agua, responde el fuego. Las plantas termoeléctricas —esas que queman gas o diésel— deberían ser el colchón que amortigua la caída. En Venezuela, ese colchón está desinflado desde hace años. Las termoeléctricas, igual que todo lo demás, sufrieron la misma falta de mantenimiento.
El diputado Heriberto Labrador lo explicó con crudeza hace un tiempo: “Las termoeléctricas están como al 60% de lo necesario para que funcionen. Faltan piezas, falta personal, falta todo”. El resultado es que cuando Guri tose, el país entero se resfría; porque no hay respaldo suficiente.
Y luego está la transmisión. Esas líneas de alta tensión que recorren cientos de kilómetros desde la selva de Bolívar hasta los estados más lejanos. Los estados occidentales —Zulia, Táchira, Mérida— están al final de esas líneas larguísimas. Son el último eslabón de una cadena debilitada y por eso sufren los peores cortes, los que pueden durar más de seis horas diarias. No es casualidad que los comerciantes del Zulia hayan vivido una verdadera hecatombe: en 2022 el 60% de los negocios de ese estado habían cerrado sus puertas para siempre.
El costo humano: la otra factura de la luz
He hablado de millones de dólares y de metros de agua y de megavatios. Pero la verdadera factura se paga en carne y hueso. Se paga en el cuarto de un hospital donde el generador no arranca y un paciente de diálisis se queda sin máquina. Se paga en la nevera de una familia que ve cómo se pudre la carne que tanto sacrificio costó comprar. Se paga en los electrodomésticos que se queman cuando la luz regresa con un subidón de voltaje traicionero y fulmina de un golpe la bomba de agua o la lavadora.
Durante el apagón de marzo de 2019 —ese que duró casi una semana y paralizó a más de 18 estados— se reportó la muerte de al menos 15 pacientes que dependían de diálisis. Y no fue un caso aislado. Los apagones matan.
Cada corte de luz es una pequeña tragedia cotidiana que se repite en silencio. La gente se ha acostumbrado, y esa es quizá la peor noticia. Se ha acostumbrado a tener velas en la mesa de noche, a planchar la ropa de madrugada, a congelar botellas de agua como reserva de frío. Venezuela aprendió a vivir en modo emergencia y eso no es resiliencia, es una condena.
¿Tiene remedio?
La administración de carga no es una solución, es una confesión de derrota. Mientras no exista inversión real —los expertos calculan que hacen falta al menos quince mil millones de dólares para estabilizar el sistema en tres años—, mientras las plantas sigan operando al 40% de su capacidad, mientras las líneas de transmisión sigan siendo un hilo tenso que cruza medio país sin mantenimiento, esta historia va a seguir repitiéndose.
El gobierno ha anunciado conversaciones con Siemens y General Electric. Ojalá no sea un anuncio más. Ojalá, sobre todo, que quienes pongan el dinero exijan que el dinero llegue de verdad a las turbinas y no se esfume en el camino.
Porque la luz no es un lujo, no es un adorno, no es una cifra de megavatios en un comunicado. La luz es poder conservar la comida, bombear agua, mantener encendido un respirador artificial. La luz es tener una vida que no se pare cuando cae el sol.
