Es un lugar común afirmar que Venezuela ha experimentado un retroceso significativo en materia de ciencia y tecnología durante las últimas décadas. Lo que resulta más revelador, sin embargo, no es la constatación del fenómeno, sino la forma en que suele ser explicado. Cada sector político, con una convicción que roza lo dogmático, atribuye la totalidad de la responsabilidad a su adversario, como si el atraso fuera un producto exclusivo de la gestión del otro. Esta dinámica de señalamiento mutuo, aunque comprensible en un contexto de polarización extrema, oscurece un hecho incómodo: el rezago es un problema sistémico, de raíces profundas, que ningún proyecto político ha sido capaz de resolver y que todos, en diversa medida, han contribuido a alimentar. Para comprenderlo, es necesario mirar más allá de los gobiernos de turno y examinar los vicios estructurales que han caracterizado la relación del país con el conocimiento.
El origen de esta fragilidad se
remonta a la segunda mitad del siglo XX, cuando la renta petrolera permitió la
creación de instituciones de prestigio, como los centros de investigación y las
universidades autónomas. Durante los años de bonanza, el Estado financió
generosamente la formación de científicos y la adquisición de equipos, lo que
ubicó al país en una posición envidiable dentro del contexto latinoamericano. Sin
embargo, aquel edificio se levantó sobre una base endeble: la ciencia fue
concebida como un lujo, como un ornato cultural que la renta podía costear,
pero no como un motor estratégico para la diversificación productiva. La
planificación era errática, los presupuestos carecían de continuidad y el
vínculo entre los laboratorios y el aparato industrial era prácticamente
inexistente. Las empresas, protegidas por un modelo de sustitución de
importaciones, no demandaban innovación porque su rentabilidad no dependía de
ella. Esta desconexión temprana sentó las bases de una dependencia crónica que
la posterior caída de los precios del petróleo, en la década de los ochenta, se
encargaría de evidenciar: la inversión en investigación fue una de las primeras
partidas en sacrificarse, demostrando que el conocimiento era un gasto
prescindible, no una inversión prioritaria.
Este patrón de discontinuidad se
ha repetido con una constancia asombrosa. En lugar de construir una política de
Estado que trascendiera los períodos constitucionales, la ciencia se ha
convertido en un botín administrativo. Cada nuevo equipo gobernante ha llegado
con su propio recetario, desmantelando a menudo lo que sus predecesores habían
construido, sin generar una memoria institucional sólida. Los programas de
becas al exterior se han interrumpido y reactivado de forma caprichosa; los
criterios de asignación de recursos han oscilado entre la tecnocracia y la
lealtad política, dependiendo de la orientación del momento; y los centros de
investigación han visto cómo sus líneas de trabajo se modificaban al compás de
las prioridades coyunturales. Esta ausencia de horizontes de largo plazo ha
sido letal: los proyectos que requieren años de maduración han sido
sistemáticamente desfinanciados, y los investigadores han aprendido a
sobrevivir en un entorno de incertidumbre, donde la dedicación a la ciencia se
convierte en un acto de vocación casi heroica, pero con escaso respaldo
institucional. La discontinuidad no es, por tanto, un accidente, sino la norma.
A esta falta de planificación se
suma un factor cultural y social de gran peso: la ciencia goza de un prestigio
limitado en la escala de valores colectivos. A diferencia de lo que ocurre en
sociedades que han logrado despegar tecnológicamente, en Venezuela el ingeniero
o el biólogo son figuras respetadas, pero su opinión rara vez es determinante
en la toma de decisiones estratégicas. La industria local, con contadas
excepciones, no invierte en investigación porque el retorno de esa inversión es
incierto y de maduración lenta, y el Estado, como principal financiador, ha
privilegiado con frecuencia criterios de corto plazo o de afinidad por encima
de la evaluación rigurosa por pares. La cultura de la solución improvisada, del
"arreglo" temporal, se ha impuesto sobre la cultura del diseño y la
planificación meticulosa. Este caldo de cultivo ha hecho que el sistema
científico sea refractario a la autocrítica y a la rendición de cuentas,
permitiendo que las inercias burocráticas y los intereses corporativos prevalezcan
sobre la necesidad de abrirse a nuevos enfoques. El resultado es un ecosistema
endogámico, poco conectado con las necesidades del país y aún menos con las
fronteras del conocimiento global.
El aislamiento internacional ha
sido otro factor determinante en la profundización del rezago. La decisión de
subordinar la cooperación científica a los designios de la política exterior, y
la progresiva desconexión de las cadenas globales de suministro, han encarecido
hasta extremos insostenibles el acceso a equipos, reactivos y publicaciones
especializadas. Las colaboraciones con grupos extranjeros se han reducido
drásticamente, privando a los investigadores del intercambio de ideas y de la
exposición a estándares de calidad más exigentes. Este enclaustramiento, sumado
a la depreciación de los salarios y a la precariedad de las infraestructuras,
ha generado un fenómeno de fuga de cerebros que, aunque no es nuevo, ha
alcanzado niveles sin precedentes. Cada científico que emigra se lleva consigo
no solo su talento, sino la inversión pública de su formación y la posibilidad
de formar a nuevas generaciones. La pérdida de capital humano es, quizás, el
daño más irreversible, y ha sido alimentada por la simple omisión de políticas
efectivas de retención y repatriación.
Ante este panorama, resulta
estéril empeñarse en dirimir qué gobierno ha sido más culpable. El retraso es
un fenómeno de acumulación, un sedimento que ha ido creciendo a lo largo de
décadas. La derecha, cuando ha gobernado, ha pecado de un tecnocratismo que
subestimaba el rol del Estado y sobrestimaba la capacidad del mercado para
generar innovación espontánea, sin crear las condiciones de financiamiento y
riesgo compartido que la investigación demanda. La izquierda, por su parte, ha
incurrido en un estatismo que en ocasiones confunde la propiedad pública de los
medios con el desarrollo real, y que instrumentaliza el conocimiento como un
discurso político, en lugar de respetar su autonomía y su lógica interna. Ambos
paradigmas han coincidido en un error fundamental: no entender que la ciencia
es un ecosistema complejo, que requiere libertad, estabilidad, financiamiento
sostenido, conexión con el mundo y una cultura que valore la crítica y la duda
metódica. Sin estos ingredientes, cualquier intento de avance es un castillo de
naipes.
La paradoja actual es desoladora:
nunca el país ha tenido tantos profesionales formados en el exterior, con
doctorados en las mejores universidades, y nunca ha tenido tan poca capacidad
para ofrecerles un lugar donde desarrollar su trabajo. Mientras, en el
interior, las universidades públicas luchan por mantener sus servicios básicos
y los laboratorios se deterioran sin posibilidad de reparación. La economía,
dependiente de la extracción de recursos y de la importación de bienes finales,
no genera la demanda de innovación que podría revertir el ciclo. Para salir de
este atolladero, se requiere un diagnóstico honesto: no hay un enemigo exterior
ni una conspiración que explique todo; hay una responsabilidad histórica
compartida en la construcción de un modelo que nunca hizo de la ciencia una
prioridad real. El camino hacia adelante exige un pacto que trascienda las
trincheras ideológicas, que reconozca el conocimiento como un bien público
superior y que se comprometa con la continuidad de las políticas, más allá de
los vaivenes electorales. Mientras no se asuma esta verdad incómoda, el debate
seguirá girando en círculo, y el atraso, lejos de resolverse, se consolidará
como un rasgo estructural de la nación, un espejo de su incapacidad para
proyectarse hacia el futuro con inteligencia y voluntad colectiva.
