El 5 de julio vuelve a colocarnos frente a nuestra verdad política más profunda. No es una fecha para repetir consignas ni para recitar solemnidades. Es un examen de vigencia: ¿sigue siendo Venezuela una nación capaz de decidir sobre su territorio, sus recursos y su destino? La respuesta no está en los actos oficiales, sino en la realidad que emergió con crudeza tras los terremotos del 24 de junio.
La emergencia reveló el colapso de capacidades estatales esenciales. En zonas críticas, el sistema nacional para el manejo de riesgos quedó desbordado y, donde no hubo presencia del gobierno, sobró presencia de este pueblo noble y solidario. Fueron los ciudadanos quienes asumieron rescates, organización comunitaria, distribución de alimentos y protección de los más vulnerables. Esa reacción espontánea y disciplinada mostró que la reserva moral de la nación permanece intacta, incluso cuando las estructuras institucionales fallan.
Pero la tragedia también abrió un vacío que fue ocupado de inmediato por fuerzas militares extranjeras. La coordinación aérea, la gestión de pistas, las comunicaciones y la seguridad en Maiquetía quedaron bajo control militar extranjero, al igual que unidades navales se desplegaron en torno al puerto de La Guaira. La catástrofe natural no creó esta situación: la aceleró y la develo. Desde comienzos de año, el país ha experimentado una sustitución progresiva de funciones soberanas por dispositivos de clara connotación de tutelaje.
El silencio institucional frente a esta realidad es el síntoma más inquietante. Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, la Asamblea Nacional y los partidos tradicionalmente celosas de la integridad territorial y del control sobre infraestructuras críticas, han guardado una discreción que contrasta con la magnitud y la gravedad del hecho. Y la dirigencia política, lejos de asumir la defensa de la República y de la soberanía nacional, solo se ha concentrado en el cálculo de salvación y de quién obtendrá la bendición imperial, priorizando intereses individuales por encima de los sublimes y superiores intereses de la República y de la Patria de Simón Bolívar.
En este contexto, la reconstrucción nacional exige recuperar recursos esenciales para ejercer soberanía. Más de treinta mil millones de dólares permanecen retenidos por medidas coercitivas unilaterales, junto a más de mil ochenta Medidas Coercitivas Unilaterales que bloquean la comercialización de nuestros hidrocarburos. Sin esos recursos, sin control sobre la energía y sin autonomía operativa, ningún Estado puede sostener su independencia. Exigir la liberación de esos fondos y la eliminación de esas medidas no es una consigna, sino una condición para reconstruir la República. Este es el punto donde la unidad nacional se vuelve indispensable, y donde el pueblo debe asumir el papel que históricamente ha defendido: rechazar cualquier forma de tutela extranjera y reafirmar su derecho a decidir soberanamente su destino.
En medio de esta crisis, emerge una certeza que no puede ser ignorada: la Patria parirá otra Venezuela. No una Venezuela tutelada, ni una Venezuela resignada ni alineada, sino una Venezuela reconstruida desde la fuerza social que se manifestó en la tragedia. La Patria parirá otra Venezuela porque este pueblo ha demostrado que no necesita órdenes para actuar, que no espera permisos para organizarse y que no acepta ser gobernado por potencias extranjeras. La Patria parirá otra Venezuela porque, en medio del dolor, surgió una solidaridad que no puede ser administrada por ningún actor externo. La Patria parirá otra Venezuela porque la conciencia nacional, aunque golpeada, no ha sido derrotada y pondrá por delante en interés superior de esta Patria Grande.
Esa nueva Venezuela no nacerá de pactos cupulares ni de acuerdos entre élites que solo buscan preservar sus intereses. Nacerá de la presión social y popular que exige recuperar los recursos retenidos, eliminar las medidas coercitivas y restablecer el manejo soberano de los hidrocarburos, con ética, con decencia y trasparencia. Nacerá del reclamo ciudadano que demanda que las instituciones vuelvan a ejercer autoridad sobre el territorio. Nacerá del rechazo colectivo a cualquier forma de tutelaje e injusticia. Nacerá del pueblo que ya demostró que puede actuar sin esperar instrucciones ni pedir permiso.
El 5 de julio nos recuerda que la independencia no se declama: se ejerce. Y hoy, ejercerla implica reconstruir capacidades, recuperar recursos, restablecer soberanía energética y exigir que la dirigencia política actúe en función del interés nacional y no de su conveniencia personal. La solidaridad demostrada por el pueblo es el punto de partida de una nueva fase de unidad nacional. Una unidad que no surge de acuerdos entre élites, sino de la conciencia colectiva de que la República solo podrá levantarse si la nación se levanta con ella, basada en dignidad, solidaridad y visión colectiva del porvenir.
La República está en reconstrucción. Y la Patria, golpeada pero viva, está lista para parir otra Venezuela. Una Venezuela que vuelva a decidir por sí misma, que recupere su soberanía y que reafirme, sin tutelas ni silencios, el sentido profundo del 5 de julio para garantizar un futuro hermoso, democrático, justo y profundamente solidario y humano. A 215 años seguiremos luchando por la independencia.
Willian Rodríguez
