Hay decisiones que parecen técnicas y son, en realidad, sentencias. Suprimir las escalas salariales en la Administración Pública y en la educación no es un ajuste contable: es destruir lo que permite a un profesional construir una vida y un país. El artículo 147 de la Constitución ordena que las escalas se establezcan reglamentariamente conforme a la ley; el artículo 91 garantiza un salario justo y suficiente. Abolirlas no es reformar: es vaciar de contenido esos derechos.
Las consecuencias ya no son hipótesis. Sin escalas que reconozcan antigüedad, mérito y formación, la carrera docente pierde todo sentido: ¿para qué capacitarse, para qué ascender, si el esfuerzo no se traduce en nada? Los números hablan por sí solos: un 72% de deserción docente, un 60% de profesores emigrados, un 74% que ha abandonado la profesión, y apenas un 8% de docentes menores de 40 años. La diferencia salarial entre un profesor universitario de máximo rango y uno inicial se reduce a un dólar. Esa es la radiografía de un sistema que expulsa a su talento y desalienta a quien podría reemplazarlo: la matrícula en las escuelas de educación cayó un 64% entre 2008 y 2023.
El daño no se detiene en el aula. Sin educadores calificados y motivados, la calidad se desploma, reflejado en el hecho que el 46% de los estudiantes tienen bajo rendimiento en Lenguaje y el 54% en Matemáticas. La educación pública deja de ser el gran igualador social para convertirse en un servicio de segunda para quienes no pueden pagar. Se hipoteca el futuro de generaciones enteras y se profundiza la desigualdad. Como advirtió la Conferencia Episcopal Venezolana, debilitar la educación es hipotecar el porvenir del país.
Las escalas salariales no son un privilegio burocrático: son el mecanismo que hace posible retener, formar y reconocer a quienes sostienen el desarrollo social y educativo. Su abolición no ahorra recursos: destruye capital humano, profundiza la desigualdad y desinstitucionaliza al Estado. Alertar sobre este peligro no es defender un tabulador: es defender el derecho de un país a tener futuro.
