Álvaro Uribe, presidente de Colombia
entre 2002 y 2010, está siendo investigado por la fiscal de la Corte
Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, por crímenes contra los
derechos humanos y masacres sucedidas durante su mandato, que no han
sido tratados a fondo por la justicia colombiana, reseñó el portal
Público.es.
Uno de los informes en curso en la Corte
se refiere a los llamados “falsos positivos”, el asesinato de
campesinos indefensos presentados como guerrilleros de las FARC muertos
en combate. Según Uribe y su entorno se trató de “casos aislados”,
aunque para el tribunal internacional, al que han llegado los más de 3
mil casos reconocidos por la propia Fiscalía colombiana: “hay bases
razonables para creer que se trató de una política de Estado; estos
asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar,
podrían considerarse crímenes de lesa humanidad…”.
La última de las denuncias contra Uribe
ante la fiscal de la CPI ha sido presentada personalmente por el
presidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia y diputado por
el Polo Democrático, Iván Cepeda, y se refiere, según declaró “a hechos
protagonizados por servicios secretos que dependían directamente del
expresidente Uribe y que constituyeron delitos de persecución contra
opositores, magistrados, políticos y periodistas contra los que ordenó
intervenciones telefónicas ilegales, seguimientos y campañas que, según
el artículo 7 del Estatuto de Roma, constituyen persecución por motivos
políticos”.
Algunas de estas persecuciones, como las
que tienen en la cárcel al antiguo jefe de los servicios secretos de
Uribe, Jorge Noguera, terminaron con el asesinato de los opositores a
manos de sicarios paramilitares que actuaban con la información
suministrada por este.
Contra todas estas indicaciones, a las
que se suma la indagación de la Fiscalía por su protagonismo en la
formación de ejércitos paramilitares en sus fincas ganaderas, Uribe está
intentando blindarse con la creación de una nueva fuerza política, el
“Puro Centro Democrático” por la que sería cabeza de lista al Senado en
las elecciones del año próximo.
Mientras tanto, el expresidente intenta
cada día sumar adhesiones con su oposición a las conversaciones de paz
que llevan a cabo en La Habana emisarios del presidente Juan Manuel
Santos con los portavoces de las FARC, en aras de una política de
exterminio y guerra sin cuartel, que no consiguió resultados decisivos
durante su mandato.
AMENAZAS AL DENUNCIANTE
Por otra parte, el copresidente de la
Comisión de Paz del Congreso de Colombia, Iván Cepeda, quien denunció al
expresidente Uribe ante la CPI, afirmó ayer haber recibido amenazas e
información sobre un grupo de sicarios que estaría planeando atentar
contra su vida, dijeron agencias.
Según medios colombianos, en un mensaje
anónimo a Cepeda, congresista por el Polo Democrático, se le alerta de
que un grupo de ganaderos de la región de Antioquia supuestamente envió
un comando armado para preparar un atentado en su contra.
El padre de Cepeda, Manuel, fue un
destacado dirigente izquierdista asesinado en 1994. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por ese crimen.
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Acusarán a los que gestionaron reelección
La Fiscalía General de Colombia busca
acusar formalmente a los promotores del referendo para la reelección de
Álvaro Uribe, casi tres años después de la imputación de cargos,
reportaron medios locales.
Fraude procesal y falsedad en documento
privado son las imputaciones que tendrían los nueve investigados por la
Fiscalía. Ellos son el excongresista Luis Guillermo Giraldo, Cecilia Paz
de Mosquera, Doris Ángel Villegas, Miriam Donato de Montoya, Gustavo
Antonio Dáger Chadid, Juan David Ángel Botero, Álvaro de Jesús Cock,
Gediel Saavedra Salcedo y David Salazar Ochoa.
Las consideraciones para imputarles
estos cargos son que, según el ente investigador, el Comité reportó
millonarias sumas como créditos cuando en realidad pertenecían a
donaciones que excedían el límite permitido.
Además, la Fiscalía argumenta que se
buscó irregularmente la certificación por parte de la Registraduría para
que el proceso comenzara en el Congreso de la República.
La audiencia será ante un juez de control de garantías el 21 de abril del año en curso.
Este proceso retornó a la fiscal 60 de la sección de delitos contra el patrimonio el pasado 9 de marzo.
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Paramilitares admiten que el Estado los creó
Exmiembros de la agrupación Autodefensas
Unidas de Colombia aseveraron a través de una carta dirigida a todos
los colombianos comprometidos con la paz, que el origen de esa
agrupación paramilitar está relacionado con el Estado, refirió Prensa
Latina.
“Nuestra naturaleza está ligada al
Estado, nacimos de sus entrañas, fuimos formados por agentes y
estructuras estatales”, enfatizaron los firmantes de la misiva,
recluidos en el Federal Detention Center de la ciudad de Miami, estado
norteamericano de Florida.
La carta –explican– fue redactada luego
de declaraciones “tendenciosas y perversas” de Luis Carlos Restrepo,
excomisionado para la Paz durante el gobierno del presidente Álvaro
Uribe (2002-2010) que, según los exparamilitares, faltan a la verdad.
Añadieron que desde el Gobierno les
“ordenaron operaciones sectores militares, empresariales, policiales,
políticos; nos enseñaron a definir enemigos internos a muchos ciudadanos
colombianos y no solo a los alzados en armas”.
Para alcanzar el éxito en “cualquier
diálogo que pretenda lograr la reconciliación y la paz” urge reconocer
ese origen, alertaron.
“La naturaleza del conflicto armado debe
ubicarse para que pueda resolverse de raíz. Y ninguna de las trampas y
traiciones que los responsables de llevar al país a la guerra pueden
volver a repetirse, advirtieron en la epístola publicada por la revista
colombiana Semana.
Durante la primera reunión de Restrepo
con la comandancia de las Autodefensas, recalcó que si era político
atacar al Estado, era “político sustituirlo”, recordaron.
Carlos Mario Jiménez, alias Macaco;
Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo; y Diego Fernando Murillo,
conocido como Don Berna, tres de los más importantes exjefes
paramilitares, consideran que con esas palabras les “hizo un
reconocimiento político tácito”.
Sin embargo, ahora quiere mostrarnos “a la opinión pública, como un caterva de bandidos sin ideales y objetivos políticos”.
Refieren, entre otros, que el
excomisionado de Paz les informó que la continuación y el cumplimiento
de los acuerdos de paz con las Autodefensas, dependían de la reelección
del presidente Uribe (2006).
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FARC propone reordenamiento territorial
La delegación de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) entregó ayer un documento titulado
“Ocho propuestas mínimas para el reordenamiento y uso territorial” a la
representación del Gobierno de Juan Manuel Santos.
En el Palacio de Convenciones de La
Habana (Cuba), donde fue instalada la mesa de diálogo, el jefe del
equipo negociador de la guerrilla, Iván Márquez, precisó que entregarán
el texto para que sea considerado por parte del Gobierno en las jornadas
de conversaciones, refirió Prensa Latina.
En el texto plantean el ordenamiento
social y ambiental, democrático y participativo del territorio, que
implica la convocatoria a un debate nacional sobre la reorganización,
defendiendo el uso de la tierra para la soberanía alimentaria y
abastecimiento de la población.
CIUDAD CCS
