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El ministro Molina agregó que en esos casos se le anula el documento de
compraventa a quien la adquirió y, por supuesto, pierde el dinero: “Lo
consideramos como invasor y copartícipe de una falta”.
Este jueves, el ministro de Vivienda y
Hábitat, Ricardo Molina, informó que en los casos donde se ha detectado
que los beneficiarios venden las casas asignadas por la Misión Vivienda
“se les revoca la propiedad, porque es un beneficio que les da el Estado
y eso indica entonces que no la necesitaban”.
Así lo explicó al diario Últimas Noticias que agregó que en los casos que presenten esa irregularidad se le anula el documento de compraventa a quien la adquirió y, por supuesto, pierde el dinero: “Lo consideramos como invasor y copartícipe de una falta”. La medida ha sido tomada debido a las denuncias que han surgido de personas que han sido beneficiadas con las casas de la Misión Vivienda -desde abril de 2011-, y las han vendido, así como otras denuncias de alquiler de los apartamentos adjudicados. En el caso de quienes alquilan, el ministro sostuvo que se investiga un poco más: “A veces nos dicen que tenían una necesidad y necesitaban el dinero del alquiler. Esos casos los estudiamos. Al igual que la familia que paga por el alquiler, los investigamos, pero nos vamos más por la parte social, de la necesidad que tienen y les buscamos una solución, porque es una familia que no se puede quedar en la calle”. Por otra parte, el ministro Molina aclaró que más del 70% de los beneficiarios de las unidades que asigna el Estado mediante el programa Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) ya están cancelando sus casas. Finalmente Molina recordó que esas casas “no son una donación”, sino adjudicaciones: “Solo que en algunos casos, cuando las familias están en condiciones de extrema necesidad, y no perciben ni siquiera un sueldo mínimo, se les subsidia 100% la casa”. Asimismo comentó que en otros casos, los créditos hipotecarios son menores porque el costo de producción de las unidades construidas por el Gobierno tiene un precio tope actual de 360 mil bolívares, y se les otorga un plazo de 30 años para cancelar el crédito. |
