Denunció García Plaza
1 febrero 2014
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Aseguro, además, que a pesar de las acciones emprendidas
por el Gobierno Bolivariano desde septiembre del 2013 “vemos con mucha
preocupación que siguen sucediendo cosas como ésta”
El jefe del Órgano Superior para la Economía, M/G Hebert García Plaza, denunció este sábado que en el Puerto de Puerto Cabello se encontraron más de 130 contenedores, en su mayoría con alimentos, en abandono legal.
“Tenemos más de 130 contenedores que se encuentran en abandono legal y que tienen en su mayoría alimento”, especificó García Plaza.
Aseguro, además, que a pesar de las acciones emprendidas por el Gobierno Bolivariano desde septiembre del 2013 “vemos con mucha preocupación que siguen sucediendo cosas como ésta”, refiriéndose al abandono de los contenedores.
Precisó que “más de 5 mil contenedores pudiesen estar en esta situación solo en Puerto cabello” y que las empresas responsables de dicha situación “apuestan a la desestabilización”.
Indicó que el presidente Nicolás Maduro ha tomado 16 decisiones importantes para la simplificación de trámites administrativos y aduanales por lo que no se justifica lo que ha sucedido.
García Plaza explicó que en la nueva Ley Orgánica de Precios Justos, en el artículo 55, se condena el boicot y en el artículo 56 se establece castigos de privación de libertad a quienes incurren en el delito de la desestabilización.
En dicha ley se establece que cuando el boicot, el acaparamiento, el acaparamiento, la usura u otro delicto procuren la desestabilización de la economía la pena contemplada será máxima.
En este sentido, García Plaza subrayó que los directivos de las empresas responsables del abandono legal de los contenedores encontrados podrían ser penados con el doble de la pena mediante la aplicación del artículo 55 y 56.
Recordó que el Órgano Superior realiza las investigaciones “tomando en consideración la premisa del presidente Nicolás Maduro que estamos en una guerra económica” para acabar con el Gobierno bolivariano y la Revolución.
Precisó, por último, que el Órgano Superior se adscribe al Estado Mayor para garantizar el abastecimiento de los artículos de primera necesidad.
Minutos antes la superintendente nacional para la Defensa de los Derechos Socio-Económicos, Andreína Tarazón, desde el Puerto de la Guaira había calificado las acciones de abandono legal de los contenedores como boicot empresarial.
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