El Consejo de Ministros ha seguido
el guión previsto y ha acordado impugnar ante el Tribunal Constitucional
español (TC) las actuaciones de la Generalitat encaminadas a celebrar
una consulta alternativa en Catalunya el 9 de noviembre.
La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de
Santamaría, en una comparecencia anterior. (Pierre-Philippe MARCOU/AFP
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Según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya
Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo recurrirá ante el Constitucional la
consulta alternativa convocada en Catalunya «sin ninguna base legal y
sin ninguna de las garantías democráticas más básicas».
Ha recordado que se trata de una consulta convocada para la misma fecha que la que ya fue suspendida por el Constitucional, con la misma pregunta, las mismas papeletas y las mismas urnas; además de no contar con ninguna administración electoral que la respalde y estar pilotada por «quienes defienden un resultado concreto».
Con su recurso, ha explicado que el Gobierno español pretende asegurar la «vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y el Estado de Derecho, proteger la democracia, garantizar los derechos de los catalanes» y, especialmente, los de los funcionarios a los que considera que Mas pretende «colocar a la intemperie» sin darles «ninguna cobertura legal».
En su informe, el Consejo de Estado señala que la consulta alternativa guarda una «identidad sustancial» con la que suspendió el Tribunal Constitucional y que el president catalán, Artur Mas, ha puesto de manifiesto «un propósito no disimulado» de «eludir, no solo la suspensión ya decretada por el TC, sino de evitar futuras impugnaciones del Gobierno ante dicho órgano».
Pero además, considera que el hecho de que la consulta pretenda celebrarse con la ayuda de voluntarios o de que las personas llamadas a participar no sean todas las inscritas en el censo sino aquellas que se inscriban voluntariamente en un fichero, lejos de atenuar los «vicios de inconstitucionalidad de los que adolece el proceso eleva la gravedad de los mismos», por entender que con ese proceder «se omiten algunas de las más elementales garantías constitucionales».
En este sentido cita la neutralidad de los responsables del proceso o la previa determinación del «universo de personas llamadas a votar», subrayando que al no observarse estas garantías «se atenta contra la libertad y la igualdad de sufragio que es la regla habitual en cualquier sistema democrático».
«De este modo, se imputaría al pueblo de Cataluña una manifestación de voluntad moldeada y orientada en un determinado sentido por las autoridades públicas convocantes», argumenta en su dictamen.
Por su parte, Rajoy dijo el jueves que considera que el Gobierno español ha mantenido una «actitud prudente» pero atenta a los pasos que ha ido dando la Generalitat tras la suspensión de la consulta original por el Tribunal Constitucional. «Inicialmente aceptó la decisión, renunció convocar el referéndum y yo mismo califiqué esa noticia de extraordinaria. Es importante que en las democracias asentadas no olvidemos nunca que por encima de la ley no hay nada», dijo.
Ha recordado que se trata de una consulta convocada para la misma fecha que la que ya fue suspendida por el Constitucional, con la misma pregunta, las mismas papeletas y las mismas urnas; además de no contar con ninguna administración electoral que la respalde y estar pilotada por «quienes defienden un resultado concreto».
Con su recurso, ha explicado que el Gobierno español pretende asegurar la «vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y el Estado de Derecho, proteger la democracia, garantizar los derechos de los catalanes» y, especialmente, los de los funcionarios a los que considera que Mas pretende «colocar a la intemperie» sin darles «ninguna cobertura legal».
En su informe, el Consejo de Estado señala que la consulta alternativa guarda una «identidad sustancial» con la que suspendió el Tribunal Constitucional y que el president catalán, Artur Mas, ha puesto de manifiesto «un propósito no disimulado» de «eludir, no solo la suspensión ya decretada por el TC, sino de evitar futuras impugnaciones del Gobierno ante dicho órgano».
Pero además, considera que el hecho de que la consulta pretenda celebrarse con la ayuda de voluntarios o de que las personas llamadas a participar no sean todas las inscritas en el censo sino aquellas que se inscriban voluntariamente en un fichero, lejos de atenuar los «vicios de inconstitucionalidad de los que adolece el proceso eleva la gravedad de los mismos», por entender que con ese proceder «se omiten algunas de las más elementales garantías constitucionales».
En este sentido cita la neutralidad de los responsables del proceso o la previa determinación del «universo de personas llamadas a votar», subrayando que al no observarse estas garantías «se atenta contra la libertad y la igualdad de sufragio que es la regla habitual en cualquier sistema democrático».
«De este modo, se imputaría al pueblo de Cataluña una manifestación de voluntad moldeada y orientada en un determinado sentido por las autoridades públicas convocantes», argumenta en su dictamen.
Por su parte, Rajoy dijo el jueves que considera que el Gobierno español ha mantenido una «actitud prudente» pero atenta a los pasos que ha ido dando la Generalitat tras la suspensión de la consulta original por el Tribunal Constitucional. «Inicialmente aceptó la decisión, renunció convocar el referéndum y yo mismo califiqué esa noticia de extraordinaria. Es importante que en las democracias asentadas no olvidemos nunca que por encima de la ley no hay nada», dijo.
