Federico Larsen - Miradas al Sur
28/10/2014
Entrevista con Ana Ester Ceceña, economista y analista
política. La creciente crisis política desatada por la desaparición de 43
estudiantes en el municipio de Iguala
Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia, Los Caballeros
Templarios, son solamente algunos de los nombres de las organizaciones
criminales del Estado de Guerrero, México, que han comenzado a aparecer con
fuerza en las páginas de la prensa internacional en las últimas semanas. Todos
nombres que remiten a la fuerza, la virilidad, la lealtad, y que han servido
para firmar las peores atrocidades cometidas en ese paraíso turístico en las
últimas décadas. Según datos oficiales, solamente en 2013 se cometieron allí
2.203 homicidios. Una tasa de 63 asesinatos cada 100.000 habitantes, la más
alta del país. Pero aun esos datos tienen el defecto de estar basados sobre lo
que las autoridades federales y distritales registran, y en los últimos tiempos
quedó más que claro que esa información es muy poco confiable. Porque si hay
algo que caracteriza a los Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia o Los
Caballeros Templarios, es su profunda penetración en la vida política e
institucional de Guerrero.
Alcaldes, fiscales, gobernadores y legisladores han sido
acusados y hasta condenados como jefes de esos mismos grupos. El último caso
que conmocionó a la sociedad mexicana, y que puso en evidencia estos vínculos,
fue la desaparición de 43 estudiantes en el municipio de Iguala a manos de la
policía local el pasado 26 de septiembre. Todos eran alumnos de la Escuela
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, estado de Guerrero,
institución que ha formado históricamente jóvenes con una fuerte tradición de
lucha social. Entre sus ex alumnos se destacan Lucio Cabañas Barrientos, líder
del grupo guerrillero Partido de los Pobres; el sindicalista Genaro Vázquez
Rojas, asesinado en una emboscada por el ejército, o el dirigente comunista
Othón Salazar Ramírez. En diciembre de 2011 la represión policial contra los
estudiantes de esa escuela dejó un saldo de dos jóvenes muertos durante una
protesta para exigir mejoras edilicias para la institución.
Los normalistas de Ayotzinapa y sus profesores fueron
atacados el mes pasado por efectivos municipales mientras viajaban a la
manifestación que todos los años se realiza en la Ciudad de México en
conmemoración de la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.
Allí pretendían llevar sus demandas por una reforma educativa y cuestionaban a
las autoridades locales por las condiciones en que deben estudiar. Sin embargo,
el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien actualmente está
prófugo, ordenó que se detuvieran los colectivos en que se trasladaban los
normalistas. Desde ese momento seis personas murieron, 25 resultaron heridas y
43 estudiantes desaparecieron. Por estos hechos, las autoridades de Guerrero,
pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática (PRD), fueron sindicadas
como cómplices del crimen organizado que azota el Estado, y la sociedad toda
salió a manifestarse para pedir la aparición con vida de los jóvenes y la
renuncia de los mandatarios locales. “Estos muchachos de Ayotzinapa lo que
marcaron fue realmente el traspaso de un umbral”, analizó en esta entrevista
con Miradas al Sur Ana Esther Ceceña, economista del Instituto de
Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y referente del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
–¿Cómo se puede analizar lo que sucede en la política
mexicana, a la luz de lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa?
–Están pasando muchas cosas con la política mexicana. Es
un proceso que viene avanzando desde hace unos 12 o 15 años, y se ha
relacionado también con esta política general de la droga que hizo correr los
centros neurálgicos desde Sudamérica hacia México. Porque, como el mercado más
grande de consumo es EE.UU., México es la locación más adecuada. Eso fue
provocando un corrimiento de esas actividades ilícitas relacionadas con la
venta, el tráfico e incluso con la producción misma de drogas. Cuando esto se
instaló ya de manera consistente en el país, EE.UU. promovió una política que
llamaba de guerra contra las drogas, que fue asumida cabalmente por el entonces
presidente Felipe Calderón a partir del año 2006. Esta “guerra contra el
narco”, como se la llamó, significaba por un lado dar institucionalidad al
trabajo del ejército en seguridad interna, y eso movió muchas cosas en el
terreno de los cuerpos de seguridad del país, porque ya no eran solamente las
policías las que estaban combatiendo el crimen organizado sino que entraba el
ejército de manera muy protagónica en el combate supuestamente al narcotráfico.
Desató realmente una guerra en el país esta política. A
pesar de que la sociedad mexicana ha estado insistiendo muchísimo en que no es
ni siquiera la manera de detener al narco, y que está provocando problemas
terribles en el país, no se ha querido modificar. No solamente por las
autoridades mexicanas. EE.UU. ha dicho reiteradamente que esa es la política
adecuada y la que van a sostener. Y la sostienen a través de la Iniciativa
Mérida y también a través de otro conjunto de relaciones que tienen con México
hace tiempo atrás y que se han ido reforzando, pero siempre con esta misma
intención. Eso se combina, por otro lado, con un país en el que las
instituciones políticas son muy frágiles porque están muy deslegitimadas y
porque la corrupción es algo realmente sistemático y abarca todos los niveles
del manejo público.
–Qué significa esto para la vida cotidiana de la
población?
–Hoy en México al mismo tiempo que hay reclamos por la
aparición de estos muchachos tenemos muchos otros desaparecidos. Estos jóvenes
de Ayotzinapa lo que marcaron fue realmente el traspaso de un umbral, por la
manera tan impune, tan salvaje como fueron tratados. Pero de hecho es una
tónica que está más o menos instalada en todo el país, y cada día aumenta el
número de víctimas y desaparecidos. Hay muchos reclamos en ese sentido pero al
mismo tiempo hay reclamos en todos los otros niveles. Es decir que hay una
situación en la que ha desaparecido, o por lo menos hay vacíos gigantescos en
el estado de derecho. En parte por esta militarización ascendente. Entonces no
hay estado de derecho, no hay autoridades a las cuales acudir, no hay
instancias que garanticen una cierta seguridad ciudadana, y eso combinado con
el aumento de los negocios del crimen organizado y de varios otros tipos ha
dado lugar a un explosivo. Estamos preocupadísimos porque el país parece estar
a punto de estallar en pedacitos. Es decir, a punto de ser balcanizado.
Porque no hay autoridad del Estado. Incluso ahora con
estos acontecimientos terribles, mientras la sociedad está escandalizada, el
presidente trata el tema como si fuera un atropellamiento de una persona en un
viaducto. El Estado central está muy frágil y los poderes locales han crecido
muchísimo. Se han fortalecido en parte a través de la representación política
que tienen los gobernadores, pero siempre muy vinculados con la actividad
mafiosa que hay en cada región. Entonces usted va a tener en cada lugar
elecciones en las cuales algunos candidatos son retirados por miedo y otros son
puestos con recursos del crimen organizado. De manera que se ha ido conformando
una estructura de poder en todo el país de poderes locales muy contaminados por
el crimen organizado y un Estado muy débil, con sospecha de estar imbricado
también con el narco. Todo esto en el medio de una total y absoluta impunidad.
La sociedad ha sido colocada en una situación de indefensión casi total. Se
siente muy sola, muy agredida y en cierto sentido descontrolada porque no se
sabe bien por dónde vienen los golpes, porque llegan por todos lados. No es una
guerra muy focalizada. Es una guerra derramada hacia toda la sociedad. Y de
repente puede ocurrir que es contra algunos empresarios, luego contra un
poblado, o contra estudiantes o cualquier otro miembro. Es una situación de una
tremenda inestabilidad, de un tremendo vacío del estado de derecho, de una
indefensión muy grande y de una impunidad total.
–En su momento llamó la atención que las autoridades
involucradas fueran miembros del PRD, que se presentó en los últimos años como
un contrapeso progresista a la corrupción generalizada...
–Es el sistema político en su conjunto. Por supuesto hay
matices, pero que en estas circunstancias son menores. Ya no hacen diferencias.
El caso de Guerrero es gravísimo en ese sentido, es muy elocuente. Porque el
gobernador que ha sido reiteradamente señalado por una actitud de arrogancia e
impunidad y atropello, está sostenido por el PRD. La cúpula le ha sostenido su
apoyo y está entonces involucrada en lo que está sucediendo ahí. El gobernador
dijo que él no intervino cuando supo lo que estaba sucediendo con estos
muchachos porque llamó al alcalde de Iguala y no le contestó el teléfono, por
ejemplo.
–¿Entonces no hay ninguna alternativa?
–La situación es difícil porque realmente ha escalado
muchísimo. Los niveles a los que ha llegado esta imbricación entre la política,
las instituciones y el crimen organizado son muy altos. Pero la sociedad está
movilizadísima incluso en estas circunstancias que son tan difíciles, de tanto
miedo. Tenemos jóvenes en las calles de todas las ciudades importantes del país
todo el tiempo reclamando. Y eso es algo muy sentido por los jóvenes. Porque la
verdad que esto es una guerra.
Una guerra social en que la gran parte de los afectados
son los jóvenes.
Se mata a los migrantes jóvenes, se desaparecen jóvenes
que son llevados a fincas y se les hace trabajar como esclavos. Están
ocurriendo cosas gravísimas que no salen tanto a la luz y que involucran sobre
todo a la población joven, que ya están golpeados por el neoliberalismo, por
una situación económica difícil, que no tienen muchas perspectivas de futuro y
además son las principales víctimas de estos criminales.
Creo que ha llegado el momento de que, si de por si van a
vivir asustados porque les puede pasar de todo, es el momento de tomar la
rienda y salir a levantar sus voces. Y se están organizando, se están
movilizando. Algo muy curioso es que en este caso tenemos jóvenes de
universidades privadas, de las que forman los cuadros de la burguesía, que se
han movilizado y han hecho actos en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa. Es
decir que hay realmente una conmoción social amplia, que abarca muchos sectores
de la sociedad. Pero además tenemos organizaciones de derechos humanos, más
tradicionales, intelectuales, académicos, sindicatos o trabajadores que también
se movilizan. Incluso organizaciones barriales.
Los culpables de este asesinato son los culpables de todo
lo que le está ocurriendo a esta sociedad. Es como un criminal amplio, un
masacrador muy amplio que nos está golpeando a todos en todos lados. Que está
carcomiendo derechos, que nos está quitando las pocas libertades democráticas
que se habían conseguido. Y llegó el momento en que la sociedad no está más
dispuesta a permitirlo.
No se si esto es suficiente como para echar atrás una
dinámica que ha ido corroyendo, descomponiendo la sociedad hasta tal punto,
pero creo que más bien tendríamos que pensar en qué tanto se logra reconstruir
los valores sociales, los valores democráticos, en un mediano plazo, y qué
tanto se logra controlar a la corrupción cuando ésta ha llegado a los niveles
más altos. Esto quiere decir que las instituciones que estarían abocadas a
controlar y sancionar están comprometidas con la misma corrupción. Es una
situación que no se resuelve de un día para el otro.
No basta con cambiar un presidente o poderes locales. Es
un trabajo que va a tomar tiempo, que nos va a costar para recuperar la
posibilidad de vida en este territorio. Pero mucha gente está en eso y estamos
peleando como podemos y donde podemos.
–Es llamativo cómo en los países con mayor presencia
militar y económica de EE.UU., como México, Colombia o inclusive Paraguay, se
note mayormente esta descomposición y la actuación del crimen organizado. ¿Hay
ahí alguna relación?
–Lo que está ocurriendo en México tiene que ver con este
reacomodo territorial y disciplinario que corresponde al siglo XXI. Nosotros
hablamos aquí de que estas guerras como la que está ocurriendo en México son
las guerras del siglo XXI. Que no son propiamente una guerra. No es una dictadura.
Eso tiene principio y fin. En el caso de lo que nos está ocurriendo a nosotros
es el crecimiento rampante de una situación de guerra. Una situación de guerra
que se instala y que como no tiene un principio claro tampoco tiene un fin
claro. Va poco a poco transformando las formas de vida. Por un lado con ese
disciplinamiento que requiere el capitalismo a nivel internacional. Para
nosotros EE.UU. es el hegemón principal de este sistema capitalista por más
que haya disputas hegemónicas. Y para nosotros, que vivimos al lado, que
tenemos una frontera enorme con ellos, que tenemos 17 millones de mexicanos
viviendo allá, que tenemos vínculos muy fuertes con ellos, la política de EE.UU.
es la que se asume como representación del capitalismo
mundial. Para ellos el siglo XXI ha sido un siglo de muchos desafíos porque el
capitalismo como tal está siendo fuertemente cuestionado en todos los lugares
del planeta. Y poblaciones incluso chiquitas se levantan contra las políticas
capitalistas. Y eso está ocurriendo en tantos lugares que se ha vuelto un
elemento de desafío a los planes de impulso de la acumulación capitalista. Las
empresas son fuertemente contestadas, se buscan recursos legales o de
movilización para evitar que las mineras destrocen territorios. Entonces el
desafío ha implicado que en este siglo XXI se ha estado pensando
estratégicamente un reordenamiento de las disciplinas en el territorio. Por
disciplinas entiendo la aceptación de un modo o de otro de la dinámica del
sistema capitalista y su modo de acumulación.
Para hacer este reordenamiento evidentemente uno de los
brazos fuertes ha sido el militar. La militarización en América latina
solamente en el siglo XXI ha hecho pasar el número de bases en un continente
donde hay una situación relativa de paz, donde EE.UU. tiene muchos recursos
diplomáticos y económicos para tener el control de la situación. Que se ha dado
a través de las bases militares pero también en las modificaciones en el
comportamiento militar. En las reglas de control de las sociedades. Por
ejemplo, los cambios en los códigos penales y las leyes relacionadas con la
seguridad. La introducción por ejemplo de esta idea del enemigo terrorista en
todos nuestros países. Y lo que hace eso es colocar a la población como
sospechosa. El terrorista es un enemigo difuso, que no se sabe dónde está y por
dónde va a salir.
Que generalmente se parece mucho a la gente sencilla, que
actúa desde su casa haciendo por ejemplo un arma biológica. Entonces todo
poblador de estos países es un sospechoso. Cambió el estatus. Nosotros antes
eramos siempre inocentes hasta que se pruebe que somos culpables. Hoy es al
revés.
Hoy somos culpables hasta que se demuestre que somos
inocentes. Y esto hace que las políticas de seguridad se hayan modificado
muchísimo. Hoy en todos nuestros países, incluido EE.UU., nos pueden detener
sin orden de aprensión, pueden catear nuestros domicilios sin orden.
Simplemente con la justificación de que podríamos ser terroristas. Esto ha
provocado situaciones que llevadas al extremo son la que tenemos en México.
Aquí tenemos sí un enemigo claro que se marcó cuando inició la guerra contra en
narco que eran los cárteles de la droga. Pero hasta donde nosotros sabemos han
sido tocados muy levemente. El negocio de la droga sigue siendo un negocio boyante
en el país. Los cárteles controlan territorios, vías de comunicación, siguen
teniendo altísimas ganancias y la sociedad es la que está siendo afectada. Es
decir, aquellos que de algún modo eran afectados por estas actividades ilegales
también están siendo afectados por aquellos que supuestamente las están
combatiendo. Pero esto no es propiamente una guerra.
No hay una declaración de guerra ni una dictadura. Es un
país supuestamente democrático. Pero todo el sistema político valida estas
cosas, y parece como que esto es una anomalía. Cuando crece la criminalidad nos
debemos preguntar cómo todas las instituciones la han estado auspiciando. Hay
cosas que hacen que son terribles. Han creado una cantidad de cuerpos de
seguridad en estos años que realmente da risa. Porque cuando crean uno,
capacitado, de alto nivel, que se ocupe de combatir al crimen organizado, al
cabo de un año lo sacan porque todos se corrompieron y crean otro. Empieza a
ocurrir que el propio ejército y la policía están capacitando gente que en
realidad está trabajando para el crimen organizado.
–¿Cómo reaccionan las sociedades ante este proceso?
–Yo creo que hay como dos sociedades paralelas acá. Esta
sociedad sórdida del crimen, donde matar ya no es un problema, donde lo que
está en cuestión no es si uno mata, sino cómo mata. Y otra sociedad que ya no
sabe muy bien dónde está parada. Que es la que se quedó con la idea de que
estábamos en un país con ciertas reglas democráticas, con cierta posibilidad de
acudir a ciertas instancias de regulación jurídica, que tenía cierto tipo de
valores para la cual matar sigue siendo inadmisible. Pero esa parte va quedando
un poco colgada del aire. La descomposición social en México está siendo muy
profunda. Porque lo que ocurre en la sociedad realmente existente es que lo que
se está instalando es una situación de guerra que no es una guerra. Es un
cambio de modalidades de vida. Tal vez a modalidades de muerte.
