Horacio
Verbistky, Damián Loreti y Gastón Chillier, autoridades del CELS, le
explicaron “con todo respeto” a los diputados K Diana Conti y Remo
Carlotto que es una aberración absoluta su propuesta legislativa
para censurar y hasta clausurar portales de noticias con la excusa de
regular las “conductas vinculadas a expresiones insultantes y
discriminatorias” de sus lectores.
De acuerdo con el proyecto de
Conti y Carlotto, "será considerado contenido discriminador
aquellos mensajes publicados en las plataformas de contenidos producidos
por los usuarios que menoscaben o insulten a las personas por su
condición étnica, de color, de nacionalidad, religión, género, identidad
de género o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil,
trabajo u ocupación, caracteres físicos, capacidad psicofísica,
condición de salud, perfil genético o pobreza".
Las sanciones para los medios en cuyas páginas los usuarios hayan emitido expresiones discriminatorias, van desde un apercibimiento o multas de entre 5 y 20 salarios mínimos hasta la “clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días”. La medida podría llegar a “la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare”.
Verbistky destrozó sin piedad el engendro legislativo de los diputados, con argumentos jurídicos, legales y hasta morales y políticos.
“Los modos en los que el Estado puede ser amigo de la libertad de expresión, no son los que emergen de este proyecto”, comenzó el periodista.
“Frente a la violencia verbal que se verifica a diario en los foros de distintos medios, la respuesta debe ser de registro y educación y nunca represiva”, instruyó con gentileza el CELS a los diputados oficialistas.
Luego pasaron a cuestiones jurídicas. Loreti y compañía le aclararon a Conti que las constituciones provinciales y la jurisprudencia de la CSJN no admiten la clausura de un medio de comunicación como sanción por contenidos u otras infracciones. Los periodistas agregaron que tampoco lo permite el Consejo de Naciones Unidas.
El CELS sostuvo además que “es admisible” que este tipo de decisiones queden libradas a las autoridades administrativas nacionales o provinciales. Esto es violatorio de los artículos 8, 13.2 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
El columnista estrella de Página/12 le recordó a Conti y Carlotto respecto del “retiro de contenidos” que existe desde 2006 un Observatorio contra la Discriminación y “que toda otra medida sería seriamente cuestionable a la luz de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando surgiera de la voluntad del poder administrador”.
Hay más. Los integrantes del CELS entienden que “la norma proyectada desconoce la voluntad popular expresada en la ley de servicios de comunicación audiovisual”, y que “colisiona seriamente con las previsiones del Código Civil vigente y las del recién sancionado Código Civil y Comercial unificado”.
”El respeto a la libertad de expresión toma cuerpo y sustancia en los casos en los que se tensa al límite la capacidad represiva del estado. Es efectivamente un indicador del estado de derecho democrático el modo en que se solucionan los conflictos que surgen de su ejercicio”, reflexionaron en las oficinas del CELS.
Y aconsejaron que “sería conveniente evitar cuestionamientos judiciales que sucederán, casi con certeza, contra disposiciones como las proyectadas por las diversas razones planteadas, a las que se suma la zozobra de los trabajadores en caso de clausuras”.
Por último, y “con todo respeto”, los firmantes Verbistky, Loreti y Chillier solicitaron el retiro del proyecto.
Las sanciones para los medios en cuyas páginas los usuarios hayan emitido expresiones discriminatorias, van desde un apercibimiento o multas de entre 5 y 20 salarios mínimos hasta la “clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días”. La medida podría llegar a “la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare”.
Verbistky destrozó sin piedad el engendro legislativo de los diputados, con argumentos jurídicos, legales y hasta morales y políticos.
“Los modos en los que el Estado puede ser amigo de la libertad de expresión, no son los que emergen de este proyecto”, comenzó el periodista.
“Frente a la violencia verbal que se verifica a diario en los foros de distintos medios, la respuesta debe ser de registro y educación y nunca represiva”, instruyó con gentileza el CELS a los diputados oficialistas.
Luego pasaron a cuestiones jurídicas. Loreti y compañía le aclararon a Conti que las constituciones provinciales y la jurisprudencia de la CSJN no admiten la clausura de un medio de comunicación como sanción por contenidos u otras infracciones. Los periodistas agregaron que tampoco lo permite el Consejo de Naciones Unidas.
El CELS sostuvo además que “es admisible” que este tipo de decisiones queden libradas a las autoridades administrativas nacionales o provinciales. Esto es violatorio de los artículos 8, 13.2 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
El columnista estrella de Página/12 le recordó a Conti y Carlotto respecto del “retiro de contenidos” que existe desde 2006 un Observatorio contra la Discriminación y “que toda otra medida sería seriamente cuestionable a la luz de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando surgiera de la voluntad del poder administrador”.
Hay más. Los integrantes del CELS entienden que “la norma proyectada desconoce la voluntad popular expresada en la ley de servicios de comunicación audiovisual”, y que “colisiona seriamente con las previsiones del Código Civil vigente y las del recién sancionado Código Civil y Comercial unificado”.
”El respeto a la libertad de expresión toma cuerpo y sustancia en los casos en los que se tensa al límite la capacidad represiva del estado. Es efectivamente un indicador del estado de derecho democrático el modo en que se solucionan los conflictos que surgen de su ejercicio”, reflexionaron en las oficinas del CELS.
Y aconsejaron que “sería conveniente evitar cuestionamientos judiciales que sucederán, casi con certeza, contra disposiciones como las proyectadas por las diversas razones planteadas, a las que se suma la zozobra de los trabajadores en caso de clausuras”.
Por último, y “con todo respeto”, los firmantes Verbistky, Loreti y Chillier solicitaron el retiro del proyecto.
Conti y Carlotto ratificaron que quieren cerrar portales
y acusaron a Verbitsky de "apresurado"
Los
diputados del FpV Diana Conti y Remo Carlotto le contestaron a
Verbitsky con otra carta en la que lo acusan de tener “una mirada
apresurada” sobre la iniciativa.
“La preocupación por
garantizar el pleno goce de la libertad de expresión manifestada en la
nota es totalmente compartida por nosotros dando cuenta de ello nuestra
actividad pública y política a los largo de los años, promoviendo y
protegiendo ese derecho entre los otros tantos derechos humanos”,
aseguraron Conti y Carlotto en el documento y desafiaron al CELS a
plantear sus objeciones en el Congreso.
Según
el organismo, el proyecto “que pretende regular conductas vinculadas
con expresiones insultantes y discriminatorias pasa por alto estándares
vinculados a la libertad de expresión”.
La respuesta de Conti y Carlotto aparece luego de
que el CELS les pidiera a los legisladores que retiren la propuesta, al
considerar que podría afectar la libertad de expresión.
Además, sostuvo
que “varias constituciones provinciales y la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación no admiten medidas de esta naturaleza
como sanción por contenidos u otras infracciones”.
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