Accede a solicitud de la Cruz Roja y envía pedido a la Corte para
conceder prisión domiciliaria a militares GENOCIDAS presos
Por Javier Benech
MONTEVIDEO, 30 DE OCTUBRE
"No
quiero viejos presos", dijo el presidente José Mujica una y mil veces
durante su administración. Pese a que él mismo fue víctima de algunas de
las más brutales violaciones a los derechos humanos que se cometieron
durante la dictadura (1973-1985), esa idea suya no se llevó a cabo
porque chocó con gran parte de los dirigentes de la izquierda, que
quieren que los militares recluidos por estos crímenes cumplan una larga
condena.
Pero
en los últimos días sucedió un hecho que puso este tema nuevamente
sobre el tapete y que le permitió al presidente Mujica hacer una de las
últimas movidas antes de entregar la banda presidencial al próximo
mandatario el 1º de marzo.
Una
pista la dio el propio mandatario en una entrevista con el programa
"Uruguay decide" de Canal 4 el martes 28, en la que dijo que tenía un
documento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que le pedía un
trato distinto con algunos de los presos recluidos en Domingo Arena.
En realidad, Mujica recibió un documento de la Cruz Roja Internacional, declarado "confidencial",
en el que se le recomienda, luego de haber realizado una inspección en
la cárcel de Domingo Arena, que considere la posibilidad por "estrictos
motivos de salud", de beneficiar con prisión domiciliaria a cinco de los
militares recluidos en ese centro.
Según
las fuentes consultadas, el organismo internacional —que también
realizó visitas a las cárceles en las que había presos políticos
recluidos durante la dictadura— expresamente aclara que no cuestiona las
garantías ni las formalidades del proceso que se siguió para enjuiciar a
los militares presos, sino que su sugerencia radica en el delicado
estado de salud que padecen algunos de los reclusos. Incluso, se destacó
que uno de los médicos que revisó a los militares recluidos es el mismo
que examinó a presos en la cárcel de Guantánamo acusados de terrorismo
por el gobierno de Estados Unidos.
Fuentes
del gobierno dijeron que ya partió hacia la Suprema Corte de Justicia
una misiva del presidente Mujica para que los ministros de la
corporación determinen qué puede hacerse en cada uno de estos casos;
fuentes de la corporación indicaron que una vez que reciban el documento
se lo trasladarán a los jueces de las causas respectivas, para que
estos decidan los pasos a seguir. No obstante, advirtieron que pueden
existir algunas complicaciones jurídicas para llevar adelante el
propósito del primer mandatario, porque la propia ley que establece
medidas alternativas a la prisión determinó que no pueden beneficiarse
con reclusión domiciliaria aquellas personas que hayan sido procesadas
por violaciones a los derechos humanos.
Visión humanista
Mujica
dijo que su posición en este tema no ha cambiado a través de los años,
porque responde a una "visión humanista" de la vida."El país tiene un
ordenamiento jurídico y lo que uno piensa en este caso es irrelevante,
porque la decisión final corresponde a otro de los poderes del Estado",
expresó.
"Mi
postura de índole filosófica ya es conocida. Tener viejos mayores de 70
años presos no corresponde", complementó. "En otros países hay pena de
muerte y afortunadamente aquí no la hay. Algún día la humanidad
transitará caminos en cuanto a que tener un anciano preso no tiene
sentido. En todo caso tiene que estar cuidado por su familia, si la
tiene. Mi postura filosófica guarda relación con una visión humanista",
prosiguió.
Mujica aplaudido por los militares: no es para menos.
En
algunos reportajes con medios internacionales en los últimos días,
Mujica insistió con esta idea. En una entrevista publicada en el diario
colombiano "El Espectador" el domingo 26, el primer mandatario sostuvo
que para él "vale más la paz que la justicia". Señaló que no tiene
"cuentas que cobrar" en el pasado, pese a que tiene "cicatrices a
patadas" en el cuerpo
"Si
por una razón de justicia me voy a envenenar toda la vida y no voy a
tener mañana, entonces vivo anclado en el pasado, no tengo esperanzas ni
sueños de preocuparme por el porvenir", razonó. A su juicio "sería
bueno mirar a Sudáfrica" para que se vea "la experiencia de Mandela"
"Lo
importante, me parece, es que la gente diga la verdad. Si hay
conocimiento solo de la verdad es la forma de castigo posible que hay
aquí en la tierra. (...) Es imposible abrazar la paz si no se conoce la
verdad", concluyó
Nombres
Si bien los nombres de los militares se mantienen en estricta reserva, Búsqueda pudo saber que uno de ellos es José Nino Gavazzo, quien ha sido sentenciado en múltiples causas por violaciones a los derechos humanos.
De
acuerdo con datos del Observatorio Luz Ibarburu, Gavazzo fue condenado
junto a Ricardo Arab por el juez Luis Charles como autor responsable de
28 delitos de homicidio muy especialmente agravado. También fue
condenado junto a otros militares y policías retirados por la privación
de libertad de Adalberto Soba y Washington Barrios. Así mismo fue
procesado por el juez Pedro Salazar junto con Arab, Gilberto Vázquez,
Jorge Silveira y Ricardo Medina como coautores del homicidio muy
especialmente agravado de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman,
quien fue secuestrada en Buenos Aires y asesinada en Montevideo luego
de dar a luz a su hija Macarena.
En
otra de las causas, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de cuarto
turno revocó el procesamiento de uno de los involucrados en el secuestro
y muerte del maestro Julio Castro y en su lugar imputó a Gavazzo.
Por
otra parte, las fuentes consultadas señalaron que no integra el grupo
de los cinco militares que podrían beneficiarse con esta medida el ex
dictador Gregorio Álvarez. "Hay que tener en cuenta que la recomendación
de Cruz Roja es solo por un tema de salud y el Goyo, pese a tener como
90 años, está mejor que todos los demás", dijo una alta fuente del Poder
Ejecutivo.
Álvarez
realizó un reclamo ante un tribunal de Naciones Unidas porque se
considera un "preso político". En su respuesta, la Cancillería estimó
que el militar retirado es uno de los "peores delincuentes" de la
historia moderna de Uruguay
Un centro de reclusión a medida
La
Unidad Penitenciaria Nº 8 —más conocida como cárcel de Domingo Arena
por la calle del barrio Piedras Blancas donde está ubicada—fue construida durante el gobierno de Tabaré Vázquez gracias
a un acuerdo por el cual fueron alojados los primeros militares y
policías procesados por la Justicia por violaciones a los derechos
humanos durante la dictadura.
Aunque
solamente se conocieron algunos detalles del acuerdo, se supone que el
entonces secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, negoció con
los militares algunas condiciones, que incluyeron cierta colaboración en
la búsqueda de detenidos desaparecidos para no ser extraditados a
Argentina, que los reclama por delitos cometidos en ese país. La
construcción de la cárcel se hizo en reserva y el establecimiento fue
puesto en un régimen especial. Está dentro de un predio militar —el ex
regimiento de caballería Nº 6— pero la custodia directa de los detenidos
se realiza por parte de funcionarios del Ministerio del Interior bajo
la dirección de un comisario.
En
la cárcel de Domingo Arena no hay presos civiles, como se dijo al
principio que habría. El régimen de visita es amplio y además los
internos disponen de mayores espacios que los de otros penales y reciben la comida militar y atención médica.
Uno
de los internos, el teniente general Gregorio Álvarez, que tuvo
problemas de convivencia con algunos de sus ex camaradas de armas,
recibió desde el año pasado un trato aún más especial: fue alojado en
una pequeña casa prefabricada exclusiva con más comodidades que el
resto.
Entre
los detenidos en Domingo Arena estuvo el coronel Carlos Calcagno, un
oficial de inteligencia militar acusado de la desaparición de dos
uruguayos en Paraguay. Cuando era capitán del batallón Florida, Calcagno
fue el jefe de la patrulla que detuvo al presidente José Mujica en el
invierno de 1972. Por orden judicial, el oficial recibió el derecho a
prisión domiciliaria poco antes de fallecer en mayo de 2013.
"Existe
la obligación de garantizar la vida y la integridad física de ellos y
de los demás presos. Hay que entender esto, como se entiende que no se
puede poner a los policías procesados con el resto de los presos",
declaró el entonces ministro del Interior Juan Faroppa en setiembre de
2006 para justificar la construcción de una cárcel especial.
La
entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti, también defendió la
construcción: "No todos los reclusos son iguales por las distintas
características. Un profesional formado en la inteligencia y en la
contrainteligencia y un copador de casas de Carrasco, no son exactamente
lo mismo en la convivencia". En la cárcel fueron recluidos, además de
Álvarez y Calcagno, los militares retirados Jorge Silveira, Ernesto
Ramas, José Gavazzo, Luis Maurente, Ernesto Soca, Juan Carlos Larcebeau,
y los policías retirados José Sande y Ricardo Medina. También se
encuentran los oficiales en situación de retiro Gilberto Vázquez y
Ricardo Arab.
A
fines de 2007 se produjeron denuncias que el presidente Vázquez derivó a
Berrutti, para que investigara la transparencia del proceso de
contratación de la empresa que construyó la cárcel.
El
ex comandante del Ejército Carlos Díaz dijo en "El Observador" que la
cárcel fue construida con "recursos extra presupuestales que el Ejército
tenía (...) por la empresa del proveedor del Ejército, Eduardo Coronel, a quien la obra se le adjudicó directamente, sin pasar por un proceso licitatorio".
Coronel estuvo vinculado con el hermano del vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, Gonzalo Nin Novoa.
Vázquez, que había autorizado la construcción a instancias del teniente
general Díaz, visitó el lugar en diciembre del 2006, cuando las obras
estaban casi culminadas.
fuente: Búsqueda (uruguay)
