por Sebastian Polischuk
(Resumen Latinoamericano)
Hace unas semanas comenzaron a aparecer a la luz una serie de asesinatos inocentes a campesinos pobres por parte de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), en su supuesta lucha por mantener la paz y combatir las guerrillas.
A estos casos se los conoce como “falsos positivos”, donde estas fuerzas de seguridad con tal de justificar el asesinato de personas inocentes, les implantan pruebas falsas como armas, notas y cualquier otro tipo de evidencia que les permita avalar la sospecha que las mismas han estado en contacto o pertenecido a las guerrillas como la Agrupación Campesina Armada (ACA) o el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Ya hace largo tiempo que las FTC vienen cometiendo irregularidades; y las mismas compuestas para este fin por militares y policías, son producto de la creciente militarización que se fue imponiendo con los distintos gobierno hasta la actualidad.
Algunos ejemplos recientes de casos efectuados por las FTC en este año son el de Vicente Ojeda asesinado en la localidad de Arroyito; las torturas a Gumersino Toledo de la misma localidad; a los que se suman: los asesinatos en la localidad de Kuruzu de Hierro, tales como el de los Hermenegildo y Marcos Ovelar, donde también a su tía María Gloria González le destrozaron la mandíbula y la acuchillaron por la espalda. En todos estos casos -así como el del chico sordomudo asesinado en abril de 2012, Agustín Ledesma- la excusa de las FTC y del gobierno nacional, fue la misma, murieron en el enfrentamiento y tenían vínculos con la ACA o el EPP.
Casos de asesinatos y torturas en Arroyito, Concepción:
El caso de Vicente Ojeda se dio en la localidad de Arroyito donde se presentaron varios casos de “falsos positivos”. Se trató de un hombre de 25 años de edad asesinado en el 15 de noviembre con tres disparos en la espalda, cuando miembros FTC buscaban a integrantes de ACA.
Vicente -según estas fuerzas de seguridad del estado nacional- tenía un hermano, Marcos Ojeda alias “el soldadito” miembro de la ACA, que fue asesinado el 21 de septiembre por estas fuerzas. También, según informan, fue cuñado de los Jara Larrea, ambos ? considerados cabecillas de este grupo de campesinos armados.
Pero a Vicente, según Marciano Jara -líder de la comunidad donde vivía- lo mataron inocentemente, no hubo enfrentamiento tal como muestran las pericias de las balas que les dispararon, y tampoco él portaba armas.
El otro caso que se dio a conocer por la prensa en la localidad de Arroyito fue el de Gumersino Toledo , a quien lo torturaron con amenazas el 21 de octubre.
La gravedad del caso radica en que se trató de un poblador que fue llevado por efectivos policiales, que durante 40 minutos lo torturaron bajo asfixia, picana eléctrica. El objetivo de los efectivos era que Toledo les dé información sobre el agente policial secuestrado por el EPP, Edelio Morinigo, cuando Toledo no se las podía dar, porque no tenía nada que ver con el hecho. Lo peor de todo es que a la policía no le basto y lo amenazaron con volverlo a buscar.
Los casos en Kuruzu de Hierro, Concepción
El 5 de septiembre las F TC dispararon contra Hermenegildo y Marcos Ovelar, el primero murió al instante y el segundo unos días después. Ambos fueron sobrinos de María Gloria González que se encontraba con ellos y a quién los mismos efectivos le destrozaron con disparos la mandíbula e incluso la acuchillaron por la espalda.
Posteriormente, a esos hechos, el fiscal de la causa, Federico Delfino se atrevió a imputar a la mujer por “terrorismo, coacción grave y secuestro” por su aparente apoyo logístico al EPP, sin atreverse a detallar el accionar de ella en los hechos.
Detrás de estos casos están las políticas del gobierno
Todos estos casos que recién salen a la luz, no se dan sin una política de larga data que se impulsó con mayor énfasis desde el gobierno del ex–presidente Fernando Lugo hasta el del actual gobierno de Horacio Cartes.
El 29 de septiembre del año 2008 el ex-presidente Fernando Lugo firmó un acuerdo con el ex –presidente de Colombia Álvaro Uribe, para capacitar a la policía paraguaya y cooperar con las fuerzas de seguridad colombianas con el fin de combatir el terrorismo, el tráfico de armas y los secuestros de las guerrillas en Paraguay.
En ese momento destacó Lugo “el ofrecimiento de que vayan profesores de la Policía colombiana a impartir clases y experiencias y sobre todo la posibilidad de seguir mejorando la seguridad de nuestro país", a la par de que reafirmó el Plan de Acción en Materia de Seguridad de 2005 que Paraguay también había firmado con Colombia y cuyas características habían sido similares.
Desde ya todas estas medidas de seguridad siempre contaron con el apoyo de Estados Unidos (EE. UU) así como lo fué con la sanción de la ley antiterrorista en Paraguay en el año 2010. EE. UU siguió siempre con su misma línea tal como cuando avaló la sangrienta dictadura paraguaya de Stroessner.
Pero, estas políticas no bastaron, la creciente militarización en Paraguay no se detuvo y en el año 2013 el actual presidente de Paraguay Horacio Cartes creó Ley de Seguridad Interna que permitió el uso de las fuerzas armadas sin autorización del en el marco de pretender combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Según el investigador Abel Irala la situación a esta altura se presentó como: “un clima de guerra donde absolutamente todo vale. La institucionalidad del Estado paraguayo queda reducida a un solo poder, el Poder Ejecutivo, gravísimo para nuestra democracia”, donde la militarización fácilmente se puede extender a otros departamentos, en el que fuerzas militares que actúan dentro de la doctrina del enemigo interno.
Por eso toda esta situación de violencia estatal se da de manera muy aberrante, las fuerzas de seguridad y el Estado tienen un excesivo poder que es usado como en una de las más crueles dictaduras a través de la tortura, los asesinatos y las falsas acusaciones a campesinos y pobladores pobres, con el fin de quebrar y silenciar todo mínimo intento de lucha que den frente a la constante explotación, despojo de tierras y situación de miseria que viven día a día.