A pesar del rechazo a las consultas y permisos para la extracción de minerales por parte de las comunidades Ingas y Kamentsás, aún se están creando estrategias en la Dirección de Consulta Previa que buscan un solo fin, la extracción de los minerales como una forma de desarrollo.
Lo más reciente es la situación dada en Santiago, uno de los municipios del Valle de Sibundoy. En la jurisdicción del cabildo Inga de San Andrés, la empresa minera Anglo American tiene un proyecto de extracción de cobre en la zona llamada El Cedral, límites con la jurisdicción del Cabildo Kamentsá – Inga de San Francisco, donde fluye el río Putumayo. Este proceso se ha realizado bajo “presiones y engaños”, argumentando desarrollo y generación de empleo a las comunidades Indígenas, sin analizar ni exponer los impactos socioculturales y colectivos, ambientales, que afectan tanto a la jurisdicción del resguardo Inga de San Andrés, la jurisdicción del resguardo Kamentsá – Inga de San Francisco; y las comunidades y resguardos del bajo Putumayo, quienes son los afectados directos por la contaminación y envenenamiento de su agua potable.
Resistencia indígena
Sin embargo, las autoridades indígenas de los resguardos del Valle de Sibundoy, Ingas y Kamentsá originarios de esta zona se reunieron el 30 marzo de 2014 para analizar los daños y perjuicios que tiene el alcance de este proyecto bajo afectaciones a las comunidades que están en vía de extinción (auto 004: 2009) y las afectaciones directas al ecosistema del Piedemonte Amazónico.
Bajo un mandato facultado por justicia propia (ley de origen, Constitución Política de Colombia de 1991) las autoridades indígenas se negaron a continuar con este objetivo, rechazando consultas o permisos a esta empresa para que desarrolle su proyecto extractivo.
Pero Anglo American recurrió a un Test de Proporcionalidad, donde invitan a las instituciones y organismos del Estado involucrados en el proceso (menos a las comunidades afectadas) para definir bajo 3 puntos si continúa o no el proyecto minero. Esos tres puntos son: afectaciones al medio ambiente; impactos socio culturales; desplazamiento.
Las comunidades también manifiestan su inconformismo con el Certificado número 106 del 10 de febrero de 2015, “Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse”. Allí se afirma que el “Polígono” elaborado con intereses de explotación minera, “no se traslapa” con comunidades étnicas, sin reconocer la importancia que implican estos Lugares Sagrados.
Frente a esto, el pasado viernes 13 de marzo se desarrolló una Minga en defensa del territorio en el Centro Nukanchipa del Valle de Sibundoy, donde participó comunidad Indígena y no indígena con el fin de realizar un conversatorio y finalizar así con la ratificación de los mandatos.
“Conocemos otros casos donde estas instituciones, bajo órdenes del gobierno nacional, se parcializan y acomodan a su modo y bajo sus intereses dando vía libre a la extracción, ese es nuestro temor”, dijo un taita Inga del resguardo de San Andrés.
También en Bogotá
Los promotores de las actividades de protesta citaron “a todas las comunidades indígenas y no indígenas de Colombia residentes en Bogotá a participar de un acto simbólico en las afueras del Ministerio del Interior”, que se realizó ayer viernes en horas de la mañana, “con el fin de difundir la problemática y hacer un llamado a través de los medios de comunicación a organismos internacionales, para que brinden el acompañamiento necesario a este caso, pues la problemática va más allá del Valle de Sibundoy, ya que se convierte en una Problemática Mundial por el envenenamiento del Rio putumayo y el Rio Amazonas”, según expresó un líder Inga del Valle de Sibundoy.
Los indígenas de la región recordaron el el mandato del cacique Carlos Tamabioy, en su testamento del 25 de marzo del año 1700, donde especifica bajo juramento: “Estas tierras las heredo a mis hijos Ingas y Kamentsá, para que las cuiden y protejan de toda persona mal intencionada”.
Resumen Latinoamericano/Colombia Informa
