La comisión, coordinada por el politólogo Éric Toussaint, presentará su informe a finales de junio, coincidiendo con varios pagos al BCE.
La
presidenta del Parlamento griego, Zoí Konstandopulu, la eurodiputada de
Grecia Sofia Sakorafa, y el historiador belga y portavoz del Comité
para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, Eric Toussaint, durante
la presentación de la comisión de auditoria de la deuda pública griega.
EFE/SIMELA PANTZARTZI
EFE
ATENAS.- La presidenta del Parlamento griego, Zoé Constandopulu, anunció este martes la creación de una comisión internacional de expertos que llevará a cabo una auditoría de la deuda pública y será coordinada por el politólogo belga Éric Toussaint.
Constandopulu destacó en rueda de prensa que Grecia debe realizar una auditoría de su deuda "para saber qué parte de esta deuda ha sido utilizada para el bien común y por tanto, es legal y debe ser pagada, y qué parte ha sido malgastada y, por tanto, es ilegal".
La presidenta del Parlamento señaló que la auditoría de la deuda "es un deber hacia las generaciones futuras, porque tendrán que pagar sin tener ninguna responsabilidad".
Éric Toussaint, portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, se preguntó si a la hora de firmar el primer y el segundo plan de rescate en Grecia se tomaron en cuenta "las disposiciones de la Constitución griega, del Tratado de Lisboa y de las constituciones de los estados miembros que prestaron 153.000 millones de euros a Grecia".
Constandopulu destacó en rueda de prensa que Grecia debe realizar una auditoría de su deuda "para saber qué parte de esta deuda ha sido utilizada para el bien común y por tanto, es legal y debe ser pagada, y qué parte ha sido malgastada y, por tanto, es ilegal".
La presidenta del Parlamento señaló que la auditoría de la deuda "es un deber hacia las generaciones futuras, porque tendrán que pagar sin tener ninguna responsabilidad".
Éric Toussaint, portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, se preguntó si a la hora de firmar el primer y el segundo plan de rescate en Grecia se tomaron en cuenta "las disposiciones de la Constitución griega, del Tratado de Lisboa y de las constituciones de los estados miembros que prestaron 153.000 millones de euros a Grecia".
El
conocido politólogo consideró que los créditos para pagar contratos que
se han demostrado que son fraudulentos, como los de la multinacional
alemana Siemens, forman parte de lo que sería la deuda ilegal. Toussaint
aseguró que la comisión de la auditoría tomará también en cuenta "los
informes de la Comisión de los Derechos Humanos del Consejo de Europa
sobre las consecuencias de los programas de rescate en materia de
Derechos Humanos en Grecia".
La comisión de expertos empezará a trabajar a principios de abril y presentará su informe a finales de junio en una conferencia internacional sobre la deuda.
La comisión de expertos empezará a trabajar a principios de abril y presentará su informe a finales de junio en una conferencia internacional sobre la deuda.
Las conclusiones de los expertos serán puestas a disposición del "Parlamento, el Gobierno y la Justicia", que "harán su deber"
"Se
trata de la primera comisión de auditoría de deuda que se forma en
Europa", subrayó la eurodiputada de Syriza Sofía Sakorafa, quién será la
encargada de comunicar a Bruselas las conclusiones de este análisis.
Sobre qué hará la comisión si una parte de la deuda es declarada ilegal, Constandopulu aseguró que las conclusiones serán puestas a disposición del "Parlamento, el Gobierno y la Justicia", que "harán su deber".
La presentación de las conclusiones de esta auditoría coincide, según explicó Constandopulu, con el pago, a principios de julio, de una serie de tramos al Banco Central Europeo. El principal argumento del Gobierno de Alexis Tsipras es que la deuda griega, tal y como es ahora, no es viable.
Sobre qué hará la comisión si una parte de la deuda es declarada ilegal, Constandopulu aseguró que las conclusiones serán puestas a disposición del "Parlamento, el Gobierno y la Justicia", que "harán su deber".
La presentación de las conclusiones de esta auditoría coincide, según explicó Constandopulu, con el pago, a principios de julio, de una serie de tramos al Banco Central Europeo. El principal argumento del Gobierno de Alexis Tsipras es que la deuda griega, tal y como es ahora, no es viable.
¿Y si Syriza le toma la palabra a la UE
y audita la deuda de Grecia?
Éric ToussaintDoctor
en ciencias políticas, portavoz del CADTM internacional. Auditor de la
deuda del Ecuador en 2007-2008. Autor de Bancocracia.
Desde
el anuncio de elecciones en Grecia el 25 de enero de 2015, la
posibilidad de que Syriza salga victoriosa en las urnas y forme gobierno
se ha presentado como una amenaza para la opinión pública
internacional, y particularmente para la de la eurozona.
Sin
embargo, aquellos que hacen saltar la alarma saben perfectamente que
Syriza anunció que no suspenderá el pago de la deuda ni saldrá del euro
una vez llegue al gobierno. Syriza propone una renegociación de la deuda
a escala europea y desea que Grecia permanezca en la eurozona.
En
cambio, Syriza se compromete a poner fin a las medidas de austeridad,
injustas y antisociales implementadas por los anteriores gobiernos y la
Troika.
Esta
campaña sobre las supuestas amenazas que representa Syriza pretende
intimidar al electorado griego con el fin de que renuncien a su derecho
al cambio.
De
igual modo pretende poner a una parte de la opinión pública europea en
contra de la coalición de izquierda radical griega para intentar evitar
que, acto seguido, Podemos en España pueda ganar las elecciones en otoño
de 2015.
La
deuda reclamada a Grecia representa el 175 % de la riqueza producida en
el país en un año y supone un lastre insostenible para el pueblo
heleno.
¿Qué
pasará si Syriza, una vez en el gobierno, decidiera tomar literalmente
el artículo 7 de un reglamento adoptado en mayo de 2013 por la Unión
Europea para los países sometidos a un plan de ajuste estructural?
He aquí el texto completo del punto 9 del citado artículo 7:
“Un
Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico
efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas a fin, entre
otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en
niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible
irregularidad.”(1)
El
gobierno de Antonis Samaras se abstuvo de aplicar esta disposición del
reglamento a fin de ocultar a la población griega los verdaderos motivos
del aumento de la deuda y las irregularidades vinculadas al respecto.
En
noviembre de 2012, el Parlamento dominado por la derecha había
rechazado la moción presentada por Syriza para la creación de una
comisión de investigación sobre la deuda, con 167 votos en contra, 119 a
favor y cero abstenciones.
Está
claro tras una victoria electoral de Syriza, el gobierno que se forme
bajo su liderazgo podría perfectamente tomarle la palabra a la Unión
Europea al constituir una comisión de auditoría de la deuda (con
participación ciudadana) con el propósito de analizar el proceso de
endeudamiento excesivo de Grecia para desvelar las posibles
irregularidades e identificar las partes que sean ilegales, ilegítimas,
odiosas… de esa deuda.
Algunos elementos clave que la realización de la auditoría podría sacar a la luz:
La
deuda griega, que representaba el 113 % del PIB en 2009 antes del
estallido de la crisis en el país y la intervención de la Troika, que
posee 4 / 5 partes de esa deuda, pasó al 175 % del PIB en 2014. Por
tanto, a la intervención de la Troika le ha seguido un aumento muy
fuerte de la deuda griega.
A
partir de 2010 y hasta 2012 los créditos concedidos por la Troika a
Grecia sirvieron en gran parte para rembolsar a los acreedores durante
ese período, a saber, los bancos comerciales de las principales
economías de la UE, comenzando por las entidades alemanas y
francesas.(2)
Cerca
del 80 % de la deuda griega en 2009 estaba en manos de bancos
comerciales de países de la UE. Entre estos, solo los bancos alemanes y
franceses mantenían en torno al 50 % del total de títulos públicos
griegos.
Una
auditoría de la deuda griega mostrará que los bancos comerciales
europeos aumentaron con intensidad sus créditos a Grecia entre finales
de 2005 y 2009 (los créditos se incrementaron en más de 60 mil millones
de euros, pasando de 80 mil millones a 140 mil millones) sin considerar
la capacidad de Grecia para devolverlos.
Los bancos actuaron de manera temeraria, convencidos de que las autoridades europeas vendrían en su auxilio en caso de problema.
La
auditoría mostrará que el presunto plan de rescate a Grecia puesto en
marcha por las autoridades europeas con la ayuda del FMI, ha permitido
en realidad que los bancos de algunos países europeos con un peso
decisivo en las instancias europeas, continúen recibiendo los reembolsos
de Grecia transfiriendo el riesgo a los Estados a través de la Troika.
No
es Grecia quien ha sido rescatada, sino un puñado de grandes bancos
comerciales europeos implantados principalmente en los países más
fuertes de la UE.
La
auditoría analizará la legitimidad del plan de rescate. ¿Resulta este
conforme a los tratados de la UE (principalmente el artículo 125, que
prohíbe a un Estado miembro hacerse cargo de los compromisos financieros
de otros Estados miembros)?
Los
prestamistas públicos en 2010 (es decir, los 14 Estados miembros que
concedieron préstamos a Grecia por un total de 53 mil millones de euros,
el FMI, el BCE, la Comisión Europea, etc.), ¿han respetado el principio de autonomía de la voluntad del prestatario, a saber Grecia?
¿O
se han beneficiado de su angustia ante los ataques especulativos de los
mercados financieros para imponerles contratos que van en contra de su
propio interés?
Estos prestamistas, ¿han impuesto condiciones leoninas, sobre todo al exigir para su devolución tipos de interés exagerados?(3)
Se trata asimismo de auditar la acción del FMI.
Sabemos
que en el seno de la dirección del Fondo varios directores ejecutivos
(en especial el de Brasil y el de Suiza) mostraron grandes reservas con
respecto al préstamo acordado por el FMI, afirmando sobre todo que
Grecia no sería capaz de devolverlo dadas las políticas que le eran
impuestas.(4)
¿Ha
sobrepasado el BCE de manera grave sus prerrogativas al exigir al
Parlamento griego que legislara sobre el derecho de huelga y con
respecto a la fijación de los niveles salariales?
En marzo de 2012, la Troika organizó una reestructuración de la deuda griega que fue presentada en su momento como un éxito.
Recordemos
que el entonces primer ministro Yorgos Papandréu anunció a principios
de noviembre de 2011, en la víspera de una reunión del G-20, su
intención de convocar un referéndum para febrero de 2012 sobre esa
reestructuración de la deuda preparada por la Troika.
Ante
la presión de esta, aquel referéndum jamás tuvo lugar y se le retiró el
derecho al pueblo griego a pronunciarse sobre las nuevas deudas.
Los
grandes medios de comunicación dieron eco al discurso de que la
reestructuración permitía reducir la deuda griega en un 50 %.
En
realidad, esta deuda es mayor en 2015 que en 2011, el año previo a la
gran anulación del supuesto 50 %. La auditoría mostrará que esta
operación de reestructuración, que constituye una vasta superchería,
estaba vinculada a la profundización de las políticas contrarias al
interés de Grecia y de su población.
La
auditoría deberá evaluar si las estrictas condiciones impuestas por la
Troika a Grecia en contraprestación a los créditos constituyen una
violación de una serie de tratados y convenciones que han de ser
respetados tanto por los acreedores como por el prestatario, Grecia.
El
profesor de derecho, Andreas-Fischer-Lescano, comisionado por la Cámara
de Trabajo de Viena demostró de manera irrefutable que los programas de
la troika son ilegales en virtud del derecho europeo y del derecho
internacional.
Las
medidas definidas en los programas de ajuste a los que Grecia fue
sometida y las políticas concretas que son la consecuencia directa de
ello violan una serie de derechos fundamentales, tales como el derecho a
la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la Seguridad Social, a un
salario justo, pero también a la libertad de asociación y a la
negociación colectiva.
Todos
estos derechos están protegidos por numerosos textos jurídicos a escala
internacional y europea, como la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social
Europea, los dos pactos de la ONU sobre Derechos Humanos, la Carta de
Naciones Unidas…
La
auditoría deberá demostrar que las medidas dictadas por los acreedores
constituyen regresiones manifiestas en el ejercicio de los derechos
humanos fundamentales y la violación flagrante de una serie de
tratados.
Se
pueden identificar importantes irregularidades. En consecuencia, la
comisión encargada de la auditoría podrá emitir una opinión argumentada
acerca de la legalidad, la ilegitimidad e incluso la nulidad de la deuda
contratada por Grecia con la Troika.
___________________________
1.-
Reglamento (UE) Nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de mayo de 2013 sobre el reforzamiento de la supervisión económica y
presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya
estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar
graves dificultades. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/
2.- RMF “The Eurozone between austerity and default”, 2010.
http://www.
3.-
Los tipos exigidos, que eran del 4 % al 5,5 % en 2010-1011, se
redujeron a alrededor del 1 % en 2012 ante las protestas surgidas desde
diferentes lugares (incluyendo al gobierno irlandés, al que se le impuso
también un tipo muy elevado a finales de 2010). Al reducir
considerablemente los tipos de interés, los 14 Estados reconocieron de
hecho que las tasas anteriormente exigidas eran exageradas.
En 2010-2011 los intereses abonados por Grecia a Francia se elevaron a 437 millones de euros. Ver http://www.assemblee-
4.- Ver las revelaciones publicadas por el Wall Street Journal:http://blogs.wsj.com/
Ver asimismo http://greece.
