En Venezuela durante los primeros 8 meses del año 2014, Procter & Gamble recibió autorizaciones de divisas, a tasa oficial de Bs. 6,30 por dolar, por la suma de casi 470 millones de dólares.
Este monto es equivalente a 306 millones de dólares más (o 188 por ciento) con respecto a la cifra promedio anual entre los años 2004 y 2012. En este período el monto total autorizado fue de poco más de 1 mil 465 millones de dólares, es decir un promedio de casi 163 millones de dólares por año.
Contradictoriamente durante el año 2014 se agudizó la escasez de los productos y marcas fabricados y/o comercializados por P&G, como pañales Pampers, toallas sanitarias, maquinas rasuradoras Gillette y detergentes en polvo como ACE y Ariel, entre otros.
En Argentina la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina suspendió en noviembre a la multinacional por presunto fraude fiscal relacionado con importaciones desde Brasil facturadas a través de una filial radicada en Suiza por 138 millones de dólares, informa 'ICN Diario'. La maniobra podría constituir contrabando agravado, agregó el informe.
Las irregularidades, según un detallado reportaje del diario Página 12, se detectaron a partir del análisis de un total de 2608 operaciones de las partidas arancelarias correspondientes a navajas y máquinas de afeitar, preparaciones capilares, pañales y demás artículos higiénicos.
La mercadería era proveniente de Brasil, pero las operaciones se triangulaban facturándose desde un trader vinculado en Suiza. La supuesta maniobra delictiva consistía en sobrefacturar incluyendo en el precio regalías y gastos de publicidad y administración. Estos precios de transferencia le habrían permitido a la multinacional fugar divisas al exterior y reducir la base imponible del Impuesto a las Ganancias, lo que le posibilitó destinar menos fondos al pago de ese tributo.
En el caso venezolano buena parte de los productos son elaborados y empacados en Brasil, como se puede verificar en las bolsas de los pañales Pampers cuyas leyendas están en idioma portugués e indican claramente que se fabrican en esa nación sudamericana.
Asimismo P&G Venezuela posee una carta de representación de Procter & Gamble International Operations S.A., según se evidencia de los datos aportados en la ficha de la empresa en el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC).
Esta compañía coincidencialmente tiene como domicilio a Suiza, como ocurrió en el caso argentino, cuyas autoridades presumen que se utilizó una filial establecida en un "paraíso fiscal" para reducir las cargas impositivas.
Mediante una planificación fiscal internacional las multinacionales persiguen el objetivo de reducir la carga impositiva global del grupo, precisa la nota de Página 12, por lo que la maniobra en Venezuela formaría parte de esa estrategia corporativa.
En el caso venezolano sólo un incremento superior al 200 por ciento en los precios de transferencia de los insumos o productos terminados explicarían que pese al aumento del monto de divisas autorizadas, se haya disparado la escasez de las marcas P&G en 2014.
En el caso argentino además se detectaron diferencias entre las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), que las empresas gestionan ante la Secretaría de Comercio Interior, y las destinaciones de importación, agrega Página 12.
Lo que hizo la aduana fue comparar los pedidos de dólares realizados a través de las DJAI con lo que efectivamente se importó. Entonces detectó que en reiteradas ocasiones las DJAI eran por montos muy superiores a lo efectivamente comprado. La maniobra supuestamente le habría permitido a la multinacional hacerse de dólares a precio oficial para disponer de ellos libremente.
La AFIP también está investigando a los fondos de inversión con participación en P&G, entre los que figuran Blackrock Fund Advisores, Vanguard Group y Northem Trust, entre otros. Estos fondos también invierten en Donnelley, otra empresa investigada por maniobras fraudulentas.
Desde finales de año 2012 Venezuela han estado sometida a un persistente ataque a su economía a través de mecanismos dirigidos a dificultar la circulación de bienes esenciales y así causar perturbaciones graves en la calidad de vida de los ciudadanos.
