La providencia de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en cuanto a proporcionarle
validez al precepto de emergencia económica prescrito por el gobernante
Nicolás Maduro, se fundamentó en la omisión del tratamiento
reglamentario por parte de la Asamblea Nacional (AN).
De acuerdo a lo expuesto en el dictamen
que fue formulado por los siete magistrados de la Sala, los
parlamentarios han debido estudiar la disposición del Ejecutivo dentro
de las 48 horas de haber sido publicado Gaceta Oficial, tal como explica
el artículo 27 de la Ley de Estados de Excepción y que “el lapso máximo
de ocho días” era el tiempo establecido para adoptar la medida, indicó
Panorama.
En la misiva, se apunta que “la AN no
acató lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de
Excepción, (no cumplió con las 48 horas) configurando su silencio y
ulterior actuación intempestiva y jurídicamente defectuosa, una
aquiescencia con el Decreto de Emergencia Económica”.
En este sentido, estudiosos en la
materia afirman que “le guste o no, la oposición deberá acatar la
aprobación del decreto de emergencia económica ya publicada en Gaceta
Oficial por el TSJ”.
No obstante, los constitucionalistas
Jesús Silva y Juan Carlos Morales señalaron que los tiempos no son lo
primordial. Determinan, que si bien se aprovechó la ineptitud de la
autodenominada “Unidad”, el TSJ “simplemente hizo valer su poder, la
Sala Constitucional tiene atribuciones importantes y la AN debe acatar
la decisión y activar el Decreto”, manifestaron los expertos.
Según Silva, expresó que el arbitraje
del TSJ tiene legitimidad. Puntualizó que la Constitución instituye que
para este mandato se requiere el pronunciamiento del Legislativo, además
de un beneplácito reglamentario del organismo judicial.
“El primer paso es llevarlo a la AN, eso
tiene un carácter político, y el otro tiene mayor trascendencia
jurídica, faltando la aprobación del primero se hizo válido el segundo,
el del TSJ, eso no significa que la AN desaparece”, destacó.
“Sucedió lo que muchos de nosotros
advertimos: la guerra constitucional”. Al no haber cooperación entre los
poderes las decisiones del Ejecutivo se retrasarán o no se harán como
se quiere, es un conflicto el que hay. En las 48 horas de haberse
publicado el Decreto en Gaceta, el Parlamento debe informar si la recibe
o no y el fondo de la misma se debate en sesión, así no ocurrió”,
especificó el especialista.
A juicio de Morales, la AN no practicó
el íntegro procedimiento; por lo tanto, de esto “se agarró el TSJ, ahora
yo pienso que el impacto de esta decisión es ‘negativa’ para el país”.
“Existe un choque de poderes y seguirá
pasando, el más perjudicado es el común, nosotros los venezolanos, hay
una enorme confrontación innecesaria, es urgente un rencuentro nacional,
hablar, dialogar”, declaró Morales.
Ante los acontecimientos, el adeco Henry
Ramos Allup, se dirigió de forma enérgica al TSJ y al Ejecutivo: “El
TSJ cree que se da el lujo de interpretar la Constitución, contra el
propio texto de la Constitución (...) Ojalá en sus desvaríos el
Presidente, con una de las cosas que lo mantienen precariamente en el
poder, se dé cuenta que con esta decisión no se resuelven los problemas
del país”, dijo.
En un encuentro con medios de
comunicación el máximo titular de la AN especificó, que tanto el poder
judicial, como Maduro no cumplieron con su palabra.
Asimismo, en su afán por pretender salir
del Gobierno alegó: “Si antes algunos pensaban que el lapso de seis
meses que nos habíamos dado para buscar una solución democrática,
constitucional, pacífica y electoral, lapso dentro del cual algunos
pensaban que resultaba casi que apremiante, hoy nadie duda que quizás
ese lapso es demasiado largo”.
Ramos Allup, quien también está
convocado por el TSJ notificó que asistirá, con la condición de que lo
dejen conversar. “Si voy a ir, pero para ver el ‘físico de la señora de
la sala’ no voy. Si no tengo garantías es posible que mande un
apoderado, una persona acreditada que me represente en ese acto”,
expresó.
(LaIguana.TV)
