En menos de 10 días se despejó la
incógnita sobre la violencia que se desplegó sobre Tumeremo, al sur del
estado Bolívar. Un caso que de no haberse atendido con la sobriedad y la
prontitud necesaria, podría haber sido el punto de partida de otra
serie de desencadenantes que bajo el manto mediático, hubiesen
degenerado en un expediente aún más adulterado y peligroso contra el
país.
Víctimas, verdades concretas y respuesta del Estado (lo que intentaron no contarte)
El lunes 14 de marzo, al mediodía, la
Fiscal General de la República, así tuiteó: "Informo al país que hemos
localizado los restos de las personas desaparecidas en Tumeremo".
Y frente a un panorama que se quería
nublado, vago, deliberadamente adulterado, comienzan a aparecer
respuestas concretas de las comisiones oficiales designadas para el
caso, contra un paisaje mediático en el que las baterías buscaban
enfilar en una sola dirección: el crimen de Estado.
Se habló, para establecer el tono, y sin
prueba alguna para el momento, de 28 desaparecidos, y antes de
cualquier demostración ya se pretendía soltar el trademark Ayotzinapa
para delimitar el campo semántico, en el ámbito del consumo "noticioso"
globalizado mientras pretendía levantar el expediente político concreto.
Encontrados cuatro cuerpos en el sector
Nuevo Callao, "se tiene la identidad plena de 18 de las víctimas por las
características que nos dieron sus familiares",declaró en el programa
televisivo de Vladimir Villegas al mediodía del 14, Luisa Ortega.
Y lo que han querido ensordecer, lo que
no te han dicho, es que en un caso así de peliagudo, esta ha sido la
secuencia (a grandes rasgos) por el que el gobierno evitó que la
iniciativa sobre el terreno sea un asunto tan de pranes como los
probables vínculos entre politiqueros, pranes y Amnistía Internacional:
El 6 de marzo fueron enviados dos
fiscales para investigar sobre el terreno. Se le sumó un equipo de
expertos de la Unidad Técnico Científica y de Investigaciones del
Ministerio Público (MP) del estado Bolívar y del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en una
primera comisión.
El día lunes 7 de marzo, Tarek W. Saab,
Defensor del Pueblo, informó que también había comisionado a cuatro
delegados "para facilitar la investigación y recoger las denuncias como
Estado venezolano garante de los derechos humanos, de la constitución y
la democracia".
El mismo 7, el Ministerio Público
solicitó medidas de protección para dos familiares de desaparecidos que
acudieron a denunciar. La institución estatal también resguardó la
identidad de los denunciantes en las actas de investigación. El
Nacional, Américo De Grazia, y etc., se ensañaron en lo contrario,
trancando la partida.
Al día siguiente (8 de marzo), el
presidente Nicolás Maduro anunció durante el acto conmemorativo del día
de la mujer, que se había designado desde la Presidencia una comisión
mixta compuesta por el MP, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (Fanb). Esa misma mañana, el Defensor del Pueblo
había visitado la población de Tumeremo para reunirse con los familiares
que denunciaron la violencia y las desapariciones.
En su momento, el Defensor apuntó que la
comisión está desplegada "en silencio" en la zona del suceso para
garantizar una investigación efectiva, lazando por elevación a la
epidemia de versiones aventureras, que en su aventurerismo enturbiaron
los mismos testimonios que habían recabado en un primer momento. "Las
personas que han denunciado tendrán la debida protección que merecen
como lo demanda la Constitución, así como la legislación nacional e
internacional".
El mismo 8 de marzo, el MP confirmó la
garantía de resguardo de identidad y víctimas en respeto a la Ley de
Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales.
El miércoles 9 de marzo, en conferencia
de prensa, Saab a nombre de la Comisión, develó que "existe la
participación criminal de sujetos al margen de la ley e incluso algunos
de nacionalidad colombiana", datos aportados por los testigos del
suceso. En ese momento, declinó aportar más detalles por el momento que
puedan dañar la investigación, pues se encuentran "en reserva legal".
El jueves 10 de marzo, el director
general de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray,
afirmó que se han realizado un total de 21 entrevistas a familiares y
testigos.
El viernes 11 de marzo, el ministro de
Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, hizo pública la
identidad del planificador del suceso en Tumeremo. Jamilton Andrés Ulloa
Suárez de 44 años de edad, apodado "El Topo", de nacionalidad
ecuatoriana, fue identificado según la colección de materiales
criminalísticos y operaciones especiales en el área. González López
informó que hasta ese momento, las operaciones desplegadas en el área
permitieron capturar a un miembro de la organización que lidera "El
Topo" -también conocido como "El Don"-, quien aporta datos sobre la
estructura, modus operandi, vinculaciones y conexiones de esta y otras
organizaciones (los "sindicatos") en la zona.
El sábado 12 de marzo, la Fiscal General
de la República informó a través de su cuenta de Twitter que el MP
solicitó una orden de aprehensión contra Jamilton Andrés Ulloa Suárez,
"El Topo". Asimismo, el MP ha logrado incautar once vehículos que
aparentemente fueron utilizados por los responsables de los
desaparecidos.
En el programa José Vicente Hoy,
transmitido el día 13 de marzo, Saab indicó en entrevista que de 11
pasaron a 17 desaparecidos confirmados según los datos aportados por los
familiares denunciantes, sin embargo "no significa que esa sea la cifra
definitiva aunque hay un aproximado de 25 desaparecidos".
También informó que los mismos
familiares de los desaparecidos identificaron, retrato hablado mediante,
a los autores materiales del suceso, y destacó "un detalle importante
(…): familiares y testigos nos revelaron que en la tranca que se
presentó en el lugar estaban cuatro de los verdugos delincuentes que
participaron en el suceso, confundiéndose con los que protestaban, como
si Dudamel dirigiera lo orquesta y además tocara primer violín. Porque
la música propiamente la paga otro.
Tan cerca de Siria y tan lejos de la
verdad. El 14 de marzo, la fiscal Ortega cerró el radio especulativo en
relación a quienes y cuántos han sido desaparecidos, a quienes el Topo y
sus financistas desaparecieron, mejor dicho. Dato verificable cuando
ciertos actores empujan hacia sus propios intereses. Soltaron 28 como
cifra de consumo, pero al día de hoy se especula que son 25 almas según
declarara Saab el domingo 13, de las cuales se tiene "identidad plena"
de 18.
En declaraciones posteriores, la Fiscal
finalmente aseveró que se trataban de 21 nombres, personas, historias,
memorias, que mató directamente El Topo, e indirectamente la guerra
mineral.
El 14 en la noche la fiscal actualizó:
"Hemos concluido la búsqueda de los desaparecidos en Tumeremo con el
hallazgo de 17 cadáveres".
Las pretensiones paralelas (ni Ayotzinapa, ni El Amparo)
Ya desde el principio se buscó mover el
velo del terrorismo de Estado en Venezuela. Se trató de alborotar un
dato del mar de fondo histórico meándose sobre la frescura de la muerte
de las víctimas que los medios pretendían defender.
Primero se hizo el empeño de asociarlo
automáticamente con caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos
de Ayotzinapa en el estado mexicano de Guerrero (y para diferenciar
entre lo que operadores mediáticos irresponsablemente pretenden poner en
el mismo nivel, revise esta nota que el mexicano Alberto Torres sentida
y generosamente escribió para Misión Verdada propósito de Ayotzinapa y
la tradicion mexicana de terrorismo de Estado).
Porque, en la misma lógica reversiva que
empaña las acciones de guerra irregular contra la paz venezolana,
también se trató de aproximar a la funesta masacre de El Amparo, en la
frontera apureña, en 1988, el 29 de octubre.
El Amparo (perpetrado por las bandas
criminales de Henry López Sisco) fue reconocido como crimen de Estado
por el gobierno de Caldera y por presión internacional, en julio de
1998.
A esta altura, establecer cualquier
punto de comparación con ambos precedentes no sólo evidencia el rumbo de
la agenda de intereses dentro del desastre, sino la pretendida
intención de hacer de Tumeremo un expediente de consumo globalizable, y
en el extranjero.
Y una vez más, no pudieron.
(LaIguana.TV / misionverdad.com)
