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Miércoles, 01 Junio 2016 10:50
La decisión política que significa
activar la Carta Democrática Interamericana (CDI) contra Venezuela por
parte de la OEA depende del voto de 24 de los 34 países miembros.
La determinación con que ayer Luis
Almagro, secretario general del organismo hemisférico, convocó a una
sesión urgente del Consejo Permanente, para “analizar si Venezuela ha
sufrido una alteración del orden constitucional” podría sugerir que
cuenta con los votos afirmativos para una eventual activación del
mecanismo.
Un balance de las naciones que han
manifestado públicamente su interés por una intervención política en la
crisis venezolana indica que Almagro cuenta, al menos, con 12 votos
seguros: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil —dado el nuevo Gobierno
interino que desplazó a Dilma Rousseff—, Costa Rica, Paraguay, Guyana,
Honduras, Panamá, Guatemala, Belice y Argentina.
Esta última, a pesar de que ayer, la
canciller Susana Malcorra declaró a la AFP que la victoria de la
oposición en la AN el pasado 6-D fue “reconocida” por el presidente
Nicolás Maduro, lo que “elimina el uso de la cláusula democrática”. La
ministra de Exteriores del presidente Mauricio Macri (derecha),
expresó que ahora, la “realidad” en Venezuela “es muy compleja”, y la
única fórmula es la del “diálogo” en el país.
Si consideramos los países aliados o
afines a Venezuela, es seguro que Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Surinam y
El Salvador votarían en contra de la activación de la Carta, así como
muy probablemente ocurriría con los países del Caribe con los que el
país mantiene estrechos lazos comerciales y energéticos (Antigua y
Barbuda, Bahamas, Dominica Grenada, Haití, Jamaica, Saint Kitts y
Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad
y Tobago y Barbados).
Las incógnitas sobre los restantes 12
votos afirmativos necesarios para la aplicación de la Carta pesan, en
principio, sobre los gobiernos de Uruguay —cuyo canciller solo se ha
referido a Venezuela aludiendo a la necesidad de un referendo
revocatorio, pero sin mencionar la CDI—; Colombia, país vecino que está
en plenas conversaciones de paz con la guerrilla de las Farc y en las
que Caracas ha sido pieza clave del acercamiento; y Chile, cuya
presidenta Michelle Bachelet se ha caracterizado por su moderación con
respecto a emitir consideraciones sobre las crisis de países
latinoamericanos.
La abstención podría ser la salida más
elegante para estos países sortear una votación tan compleja e inédita,
porque sería la primera vez que el organismo activara el mecanismo sin
la solicitud de un país. Los “12 votos” clave también podrían surgir
del Caribe, considerando el acercamiento que Washington ha hilado desde
enero de 2015 con la región, al exhortarla a confiar más en las
inversiones privadas y reducir su dependencia de Petrocaribe.
(Panorama)
