martes, 4 de abril 2017
Este lunes 03 de abril, como un hecho
sin precedentes en la historia del Consejo Permanente de la Organización
de Estados Americanos (OEA), se celebró una sesión robando las
funciones al país presidente (Bolivia) y vicepresidente (Haití) para
discutir la situación de Venezuela. Se aprobó una resolución para instar
al gobierno bolivariano a que se retome “el orden constitucional”.
De acuerdo al documento del organismo,
aprobado con cuatro abstenciones, se indica que: “Las decisiones del
Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea
Nacional y derogárselos a sí mismo son incompatibles con las prácticas
democráticas y constituyen una violación del orden constitucional”.
En este sentido, uno de los puntos de
la resolución establece que la OEA velará porque el gobierno venezolano
garantice “la separación e independencia de los Poderes Públicos, y
restaure las competencias de la Asamblea Nacional”, así como que apoyará
“las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del
ejercicio efectivo de la democracia y del Estado de Derecho”.
Además, según el texto, el organismo
deberá seguir de cerca la situación en Venezuela e iniciará gestiones
diplomáticas adicionales para promover “la normalización de la
institucionalidad democrática, en la medida que sea necesario”.
La declaración fue respaldada por 17 de
los 21 países presentes en la Sala, con la abstención de cuatro de
ellos: República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.
La resolución íntegra:
Reiterando los principios y recordando
los mecanismos establecidos en la carta de la OEA y la Carta
Democrática Interamericana para el fortalecimiento y la preservación de
la institucionalidad democrática en los estados miembros.
Reafirmando la promoción y protección de
los Derechos Humanos y las libertades fundamentales es comisión
fundamental para la existencia de una sociedad democrática.
Reafirmando asimismo que la separación e
independencia de los poderes públicos es uno de los elementos
esenciales de la democracia representativa.
Expresando su profunda preocupación por
la grave alteración inconstitucional del orden democrático en la
República Bolivariana de Venezuela y su apoyo continuo al diálogo y la
negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden
democrático, declara que:
Las decisiones del Tribunal Supremo de
Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y
derogárselos a sí mismo son incompatibles con las prácticas democráticas
y constituyen una violación del orden constitucional de la República
Bolivariana de Venezuela. A pesar de la reciente revisión de algunos
elementos de dichas decisiones, es esencial que el gobierno de Venezuela
asegure la plena restauración del orden democrático.
Resuelve:
Urgir al gobierno de Venezuela a actuar
para garantizar la separación e independencia de los poderes
constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional.
Mantenerse dispuesto a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y del Estado de Derecho en el marco constitucional de Venezuela.
Seguir ocupándose de la situación en Venezuela y emprender, en la medida que sea necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática de conformidad con la carta de la OEA y CDI, incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial.
(LaIguana.TV)
