“
A lo que es, allí donde se gobierna, hay que atender para Gobernar
bien; y el buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna
el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho
su país, y cómo puede ir guiándolos en junto, para llegar, por métodos e
instituciones nacidas del país mismo, a aquel estado apetecible donde
cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que
la Naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y
defienden con sus vidas. El gobierno ha de nacer del país. El espíritu
del gobierno ha de ser el del país. La forma de gobierno ha de avenirse a
la constitución propia del país. El gobierno no es más que el
equilibrio de los elementos naturales del país”.
José Martí, Nuestra América (1871).
En el presente artículo se analiza de qué forma diversos factores como la caída de la renta petrolera (2014), con los subsecuentes impactos fiscales y sus repercusiones sobre el gasto público y en particular en materia de política social, sumados a las derrotas del progresismo suramericano en elecciones en Argentina (2015) y mediante un golpe de Estado institucional en Brasil (2016), vienen definiendo el contexto y poniendo las condiciones para la intensificación de las luchas sociales en Venezuela e incidiendo en la profundización del encuadre revolucionario del régimen político.
Los horizontes de la Quinta República
El régimen de la Quinta República comenzó a instituirse en 1999 bajo tres propósitos fundamentalmente: la defensa del Estado-nación, la recuperación y distribución progresiva de la renta petrolera y el latinoamericanismo en la política exterior. Desde el primer momento en que el gobierno trató de llevar adelante iniciativas dirigidas al logro de estos objetivos fue duramente enfrentado por parte de un bloque en el que confluyeron los residuos orgánicos del anterior régimen de la Cuarta República (Acción Democrática-COPEI) enquistado en el aparato burocrático estatal y sindical de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV); la burguesía, histórica usufructuaria de la renta; y el “Estado-imperio” [1] norteamericano, defensor de las ganancias de las transnacionales del petróleo y de sus intereses geopolíticos en la región. De modo tal que durante los 18 años transcurridos del régimen de la Quinta República las confrontaciones sociales, con obvios altibajos, han sido “el pan de cada día”, estas se han escenificado no solamente en las urnas, el parlamento y las cortes de justicia, sino en las calles, los cuarteles, los mercados, los medios de comunicación, las instituciones educativas, los hogares, las iglesias y los foros regionales y mundiales.
La agenda de la Quinta República, devenida organizativamente desde 2006 en el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), ha sorteado numerosos escollos que van, desde la resistencia de las Cortes y el parlamento a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, hasta los recientes ataques por parte del Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro. La necesidad de responder a los diversos frentes en los que se despliega la oposición al proceso bolivariano ha entorpecido lo que debería ser el normal desenvolvimiento de la plataforma nacional-popular y latinoamericanista. Respecto a los alcances y limitaciones en el logro de la misma se puede decir que la prioridad en la defensa del Estado-nación se ha expresado fundamentalmente en tres dimensiones: la energética, la militar y la productiva. La primera, expresada en el rescate de la renta petrolera (vía regalía e impuestos) y la reafirmación de la propiedad nacional sobre los recursos naturales, la recuperación del carácter estatal de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y su papel de accionista mayoritario en la explotación hidrocarburífera; la segunda, manifestada en la reforma militar soberana que incluye la centralización orgánica de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la organización de las milicias, la modernización del equipamiento de defensa y la unificación ideológica en torno al pensamiento bolivariano; y la tercera, expresada en el conjunto de nacionalizaciones operadas en materia de empresas agroalimentarias, mineras, turísticas, financieras, de telecomunicaciones y servicios públicos, entre otras.
La distribución progresiva de la renta se ha manifestado en el desenvolvimiento de una política social afincada en “las misiones”. Estas han focalizado su incidencia entre los sectores populares urbanos, principalmente. La política social de la Quinta República, aunque muy bien intencionada en el sentido de pretender una especie de redención de “los pobres”, ha estado ensombrecida por el asistencialismo, el instrumentalismo electoral y el burocratismo (viejo y nuevo) [2] . En el contexto de la caída de la renta petrolera y por ende de la disponibilidad de recursos financieros la política social tiende a resentirse, limitándose su potencialidad como instrumento de legitimación electoral. Es decir, el régimen pasa a enfrentar el imperativo de mantenerse sin la fuerte mediación (de economía moral [3] ) introducida por la política social.
El tercer eje central del régimen político ha sido la reactualización del proyecto de unidad e integración latinoamericana y caribeña, este aspecto ha tenido materializaciones concretas en iniciativas como el ALBA (2004), la UNASUR (2004), PetroCaribe (2005), TeleSur (2005) y la CELAC (2010), entre otras. Estas iniciativas, en pos de la solidaridad, los derechos humanos, la soberanía y la autodeterminación latinoamericana, han sido insistentemente repudiadas y combatidas por el “Estado imperio” y sus aliados en el continente. En el contexto actual, de pérdida de terreno del progresismo en Suramérica, gobiernos como el de Macri [4] (Argentina) y Temer (Brasil) vienen encabezando una fiera ofensiva “diplomática” contra la revolución bolivariana.
El relativo cambio en las coordenadas geopolíticas suramericanas y la exacerbada agresividad de la política exterior norteamericana, que llegó al extremo de declarar a Venezuela como amenaza para su “seguridad nacional” (2015), marcan una decisiva diferencia contextual que está incidiendo de forma contradictoria sobre el régimen político de la Quinta República, de un lado, amenazando su estabilidad, de otro, obligándolo a desplegar sus potencialidades revolucionarias.
La trama coyuntural
La derecha venezolana ha encontrado en la trama coyuntural antes expuesta las condiciones óptimas para adelantar una sostenida ofensiva contra el actual gobierno de Nicolás Maduro. Dicha arremetida viene combinando diversos frentes entre ellos: el electoral, el parlamentario y judicial, el mediático, el de la protesta callejera, el sabotaje y la sedición, el de la presión diplomática internacional y el de la injerencia militar imperialista. Las acciones en estos diversos frentes han cobrado sincronía y hoy se despliegan con total amplitud y pleno respaldo por parte del “Estado imperio”. En respuesta a esta acometida, la revolución bolivariana ha endurecido su carácter aplicando diversas medidas, entre ellas, la suspensión del legislativo (Asamblea Nacional), la renovación de partidos [5] , la inhabilitación jurídica-electoral de determinados liderazgos opositores, y el despliegue de las milicias bolivarianas en las movilizaciones callejeras y los planes de defensa nacional.
Estas decisiones institucionales están remodelando el régimen de la Quinta República para adecuarlo a las condiciones que ostenta hoy la lucha de clases en el país. En otros términos, el régimen político viene constatando en la praxis que si lo que se propone sacar adelante es una revolución está abocado a prescindir de las estructuras políticas coloniales de la democracia liberal.
Una revolución, como lo señalará Engels en 1873, “es, indudablemente, la cosa más autoritaria que existe; es el acto por medio del cual una parte de la población impone su voluntad a la otra parte por medio de fusiles, bayonetas y cañones, medios autoritarios si los hay; y el partido victorioso, si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por medio del terror que sus armas inspiran a los reaccionarios. ¿La Comuna de París habría durado acaso un solo día, de no haber empleado esta autoridad de pueblo armado frente a los burgueses?”.
La intensidad de las luchas sociales en Venezuela está poniendo al régimen frente a la disyuntiva de guardar las formalidades de la democracia liberal para la complacencia de Washington o acentuar con todas sus implicaciones el carácter revolucionario del proceso emprendido con la llegada de Hugo Chávez -y el Polo Patriótico- al gobierno en 1999.
Las perspectivas del proceso político
En el año 2002, después de expedidas algunas leyes estratégicas para el nuevo ordenamiento del Estado venezolano, el régimen de la Quinta República sufrió un duro ataque mediante el golpe de Estado de abril. La oposición a las transformaciones se mantuvo en todo el transcurso del año 2003 y solamente amainó después del referendo revocatorio de 2004. Al ver derrotada la estrategia conspirativa, la oposición no tuvo más remedio que recurrir a los mecanismos de lucha política ofrecidos por la Constitución que repudiaba desde su entrada en vigor.
Desde 2006 hasta 2013, el régimen disfrutó de un singular auge rentista el cual aprovechó para componer redes de legitimidad. En dicho período no solamente los sectores populares tuvieron un respiro en sus difíciles condiciones de existencia, también la pequeña burguesía se benefició extensamente de los planes estatales e incluso la burguesía venezolana residente en Miami canalizó grandes beneficios mediante la obtención de ganancias extraordinarias gracias al control del comercio interno y externo. Como en oportunidades anteriores el auge rentista parecía instalarse para la eternidad. Sin embargo, en 2014 vino una drástica caída y entonces el régimen constató que lo que había secundado era un efímero potlatch al cabo del cual las contradicciones sociales de clase volvieron a desnudarse con toda intensidad.
Las luchas sociales de los dos últimos años retoman el hilo de la historia política inaugurada mediante el proceso constituyente del año 1999. Para la oposición de lo que trata es de frustrar los propósitos fundamentales en los que se inscribió el régimen político en sus orígenes, para la revolución bolivariana la forma de contener las apuestas del bloque oligárquico no pueden ser otras que la reactualización y profundización de su proyecto. Mientras la burguesía venezolana continúe disponiendo a sus anchas de los medios de producción, continuará regodeándose con el juego de la democracia liberal y haciendo todo el trabajo sucio que exige el reposicionamiento de los intereses norteamericanos en Venezuela y el Caribe. Para el “Estado imperio” el asunto sustantivo es la apropiación de las gigantescas reservas petroleras del país, por las cuales estará dispuesta en última instancia a escalar militarmente la guerra que ya desarrolla.
En las circunstancias dadas, la Quinta República no puede quedarse de brazos cruzados esperando un ocasional repunte de la renta petrolera: le corresponde impulsar y profundizar la consciencia y la organización popular para que esté a tono con el crucial momento histórico que afronta la revolucionaria bolivariana.
[1] Sobre esta noción ver: Panitch, Leo (2015) La construcción del capitalismo global, Akal, Madrid.
[2] La burocracia heredada de la Cuarta República ha sido especialmente refractaria frente al desarrollo de los planes, programas, proyectos e iniciativas de la Quinta República, ello ha dado lugar a la constitución de una nueva burocracia, la cual tiene a su vez deficiencias en aspectos empíricos o técnicos. Estas dificultades han tratado de solventarse dando importantes responsabilidades públicas a los cuadros provenientes de las instituciones militares.
[3] Ver: Thompson, Edward, Tradición, revuelta y conciencia de clase, estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Crítica, Barcelona, 1979.
[4] “ Maurizio Macrí es el primogénito de un clan mafioso originario de Calabria, su abuelo Giorgio acumuló una importante fortuna en la Italia mussoliniana como contratista del estado en obras públicas (principalmente en la Abisinia ocupada por el ejército italiano), terminada la guerra fundó una fuerza política neofascista, pero acosado por los nuevos tiempos democráticos emigró a la Argentina seguido luego por sus hijos en 1949. Su primogénito Franco continuando la especialidad de su padre se convirtió al poco tiempo en empresario del sector de la construcción haciendo grandes negocios como contratista del estado y contrajo matrimonio en los años 1950 con Alicia Blanco Villegas perteneciente a una tradicional familia de terratenientes de la Provincia de Buenos Aires.
El gran salto se produjo durante la última dictadura militar en estrecha relación con varios de sus jefes, fue el caso del Almirante Massera con quien compartió la pertenencia a la célebre logia mafiosa italiana P2. Siguiendo la línea sucesoria clásica, su primogénito Maurizio aparece, según lo explican diversos autores, como el heredero y jefe natural del clan familiar, el capobastone de la ’ndrina (si empleamos la terminología de la mafia calabresa: la ‘ndrangheta . Es un caso sin precedentes en la historia argentina y muy rara a nivel global el que un personaje de este tipo ocupe la presidencia de un país aunque esa aberración puede ser comprendida a partir de la degradación profunda de la burguesía argentina. Ya no se trata de políticos o militares vendidos a las mafias ni de oligarcas devenidos mafiosos sino de un mafioso convertido en Presidente”. Argentina en contrarrevolución (accidentada). La tentativa de construcción de una dictadura mafiosa. Beinstein, Jorge, La Haine, Abril 22 de 2017.
[5] Se trata de una medida que determina que los partidos políticos deben acreditar que cuentan con el reconocimiento público suficiente para conservar su status legal. Esta medida ha suscitado rechazo por partidos como la Marea Socialista, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el partido Patria Para Todos (PPT).
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