“Venezuela in chaos – What the world should do” . Así tituló su portada el semanario financiero The Economist en su edición del 29 de julio: “Venezuela en el caos – Lo que el mundo debiera hacer”.
Portada de The Economist: lo que es terrorismo en Londres es “heroísmo” en Caracas..
Que Venezuela conoce un periodo agitado, que esa agitación tiene orígenes conocidos, que la prensa al servicio de los poderes financieros empuja al crimen, que lo peor está en el ámbito de lo posible… es una banalidad. Ahora bien… ¿en nombre de quién, o de qué, “el mundo” debiese intervenir, hacer algo, inmiscuirse en lo que las reglas de la convivencia internacional suelen llamar ‘asuntos internos’?
Para comenzar, ¿qué “mundo”? ¿Vietnam? ¿China? ¿Japón? Burkina Faso? ¿Ecuador? ¿Lituania? ¿Groenlandia? ¿Chechenia? ¿Osetia del norte? ¿Rusia? ¿Paraguay? ¿La ONU? No, desde luego que no. Se trata de la ‘comunidad internacional’, esa que Régis Debray declara inexistente: “Ese fláccido zombi sigue siendo una fórmula vacía, un pretexto retórico en manos del Directorio occidental que hasta ahora se ha arrogado el mandato”.
De modo que el “mundo” en este caso quiere decir los EEUU, agitador en jefe y financista de lo que ocurre en Venezuela. La hipocresía y el descaro son de ese calado. El imperio, para llamarlo como lo llaman en Europa, preconiza muros contra la inmigración, no contra sus intervenciones militares. El imperio –dice Debray– le impone límites a los otros, no a sí mismo. E hizo suya la divisa de la antigua Roma cuyo autor fue Ovidio: “A los otros pueblos les fue otorgado un territorio limitado: la ciudad de Roma y el mundo tienen la misma extensión. ” (Ovidio, Fastos. “Gentibus est aliis tellus data limite certo: Romanae spatium est Urbis et orbis ídem.”
La prensa del ‘mundo occidental’ pone en escena los desórdenes en Venezuela, insistiendo hasta la náusea en los 113 muertos que han ocasionado hasta el día de hoy, sin mencionar que buena parte de ellos –más de la mitad– fueron la obra de la oposición. ¿Caos? En junio del año pasado, solo en Orlando, el ataque de un loquito armado hasta los dientes provocó 40 víctimas. Según el FBI, en el año 2014 hubo en los EEUU 8 mil 124 muertes por disparos de armas de fuego, sin que nadie –incluyendo la prensa tan sensible a la violencia en Venezuela– se conmoviese. Si le creemos al New York Times, en los EEUU “la tasa de homicidios cometidos con armas de fuego es de 31 por cada millón de habitantes, el equivalente de 27 personas asesinadas cada día”. ¿Caos?
México, país controlado por el narcotráfico, ha conocido en el presente año el arranque más violento del que se tenga noticia: 1.938 homicidios solo en el mes de enero. Los asesinatos cometidos por el narcotráfico se cuentan por decenas de miles cada año, incluyendo a innumerables periodistas, e incluso a niños y adolescentes, como en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Que uno sepa, The Economist no ha utilizado la palabra “caos” para referirse a México. Ni ha insinuado que “el mundo” debiese hacer algo para ponerle fin a ese caos.
El semanario británico The Economist tampoco ha manifestado ni el mismo interés, ni el mismo rigor, con relación al Banco británico HSBC.
El caso de HSBC es un ejemplo de la impunidad que confiere ser un Banco, que además tiene la fortuna de ser “too big to fail”. En el año 2014 HSBC empleaba 260 mil personas, tenía presencia en 75 países, y declaraba 54 millones de clientes. A lo largo de una década HSBC colaboró con los carteles de la droga de México y Colombia, responsables de decenas de miles de asesinatos. En esa década HSBC contribuyó al blanqueo de unos 880 mil millones de dólares.
Las relaciones de HSBC con el narcotráfico han perdurado a pesar de las advertencias de diferentes Agencias gubernamentales de los EEUU, entre las cuales la OCC (Office of the Comptroller of the Currency). Los beneficios obtenidos llevaron HSBC a instalar ventanillas especiales en México, en las cuales los narcotraficantes podían depositar cajas y maletas llenas de dinero líquido que luego eran transportadas a territorio estadounidense.
Las consecuencias legales de tal proceder fueron prácticamente nulas. En diciembre del año 2012 HSBC pagó una multa de mil 900 millones de dólares –el equivalente de una semana de ingresos– para ponerle fin al ‘caso blanqueo de divisas’. Ningún empleado del Banco, y aun menos algún gerente, fue objeto de persecuciones legales en los EEUU. ¿Caos?
La prensa independiente pudo afirmar: “Ser gerente de un gran banco da carta blanca para facilitar, en toda impunidad, el tráfico de drogas duras y otros crímenes”.
El International Herald Tribune, diario de lengua inglesa impreso en 38 lugares del mundo y distribuido en más de 160 países (ahora rebautizado The New York Times International Edition) investigó los debates que tuvieron lugar en el ministerio de la Justicia de los EEUU. Algunos Fiscales querían que HSBC se declarase culpable de transacciones superiores a 10 mil dólares (límite del dinero con el que cualquier ciudadano puede viajar por el mundo). Así, pensaron, podían retirarle la licencia bancaria a HSBC y ponerle fin a sus actividades en los EEUU. Al cabo de varios meses de discusión, la mayoría de los Fiscales estimó que no cabía perseguir al banco por actividades criminales puesto que convenía evitar su quiebra. De ahí la ridícula multa de mil 900 millones de dólares. ¿Caos?
En la absurda guerra que la prensa del ‘mundo occidental’ le libra al gobierno legítimo de Venezuela se producen hechos anecdóticos que en circunstancias menos dramáticas harían sonreír.
La oposición a Maduro y el régimen bolivariano organizó hace algunos días un “plebiscito” perfectamente inconstitucional. Sin padrones electorales, sin los acostumbrados “observadores internacionales”, sin posibilidad alguna de evitar que muchos electores votasen una y otra vez. Nadie impidió que ese “plebiscito” fuese llevado a cabo, aun cuando sus resultados –más de siete millones de sufragios expresados– no tienen la más mínima credibilidad. Al mismo tiempo, pero ningún medio dijo nada al respecto, el gobierno realizó una votación popular mucho más concurrida. Al respecto, silencio absoluto.
Lo curioso es que el gobierno de un país declaradamente antichavista, antibolivariano y antimaduro, aunque muy propenso a la corrupción desatada, el gobierno de España, amenaza con las penas del infierno a las legítimas autoridades de Catalunya que se proponen realizar un referéndum sobre su eventual separación del reino. ¿Caos?
Dicho lo que precede, me hago un deber en señalar lo que siempre he manifestado. No soy un devoto incondicional ni del chavismo ni del “Socialismo del siglo XXI”, pero sí un incondicional de la lucha anti imperialista. Los países de América Latina, que en el último siglo sufrieron cientos de intervenciones militares y políticas por parte de los EEUU, deben decidir en toda libertad de su propio destino.
Por otra parte, lo que hagan los catalanes, o los españoles, es asunto suyo. No llevo velas en ese entierro. No me inmiscuyo, ni me va ni me viene. Me parece recordar sin embargo, que la única vez que los EEUU y la URSS se pusieron de acuerdo en la ONU, fue para aprobar el reconocimiento del derecho de los pueblos a decidir de su propio destino.
¿Cómo hacérselo saber a los descarados de The Economist?
Anexo:
Venezuela: polarización y afanes injerencistas
Editorial – La Jornada
Se realizó ayer en Venezuela la elección para los integrantes de una nueva Asamblea Nacional Constituyente que, según el gobierno de Nicolás Maduro, convocante, busca poner fin a la violencia y restablecer la paz, en tanto que, para la oposición, que no participa en el proceso, representa la consolidación de un régimen dictatorial. La polarización se extiende a los medios informativos internacionales; de entre ellos, los que se alinean con el designio estadunidense de echar del poder a Maduro reportan escenarios de baja asistencia a las urnas, fallecimientos y episodios de extremada violencia entre manifestantes y fuerzas del orden, los cuales fueron reducidos por la oficialista Telesur a problemas puntuales de violencia para impedir a las personas ejercer su derecho al voto. En todo caso, las confrontaciones de la jornada de ayer no parecen haber escalado significativamente con respecto a las que se vienen registrando en forma casi cotidiana desde que los antichavistas lanzaron una ofensiva de protestas callejeras en abril pasado.
Es claro que el convulsionado panorama político venezolano ha tenido como factores centrales, por un lado, la incapacidad de los bandos en pugna –el gobierno bolivariano y las oposiciones agrupadas en la Mesa de Unidad Democrática, MUD– para encontrar una vía de conciliación y diálogo en el contexto institucional establecido por la Constitución de 1999 y, por el otro, las pretensiones de Washington de desestabilizar al país sudamericano, que es uno de los principales productores petroleros del mundo y que desde hace casi 20 años ha buscado establecer un modelo político, diplomático y económico independiente de Estados Unidos. Tales pretensiones cuentan con el abierto apoyo de diversas naciones de la región, especialmente, del gobierno mexicano, que en el empeño por participar en el acoso internacional en contra de Maduro ha dado la espalda a los principios esenciales que guiaron la política exterior nacional durante décadas y que colocaron a nuestro país como referente de las relaciones internacionales. Asimismo, la Casa Blanca se ha servido de la Organización de Estados Americanos (OEA), y de su secretario general, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, en su ofensiva contra Caracas.
Los ejercicios de intervención en los asuntos internos de Venezuela, lejos de contribuir a la distensión de la pugna política y a la mejoría de las críticas condiciones económicas que afectan a la mayor parte de la población y a las finanzas del Estado, han empeorado el clima de confrontación, orientado a la oposición a actitudes cada vez más violentas, impulsado la rigidez gubernamental y ahondado la crisis económica.
Las prácticas injerencistas exhiben, para colmo, un déficit innegable de autoridad moral: Estados Unidos y sus aliados en esta causa, que acusan al régimen de Miraflores de antidemocrático, represivo y violador de las leyes, no son precisamente ejemplos de democracia vigente, de respeto a los derechos humanos ni de estricto respeto a la legalidad, y ninguno de ellos aprobaría un somero examen en estas cuestiones.
En suma, es necesario y urgente que los gobiernos y los organismos internacionales saquen las manos del atribulado país sudamericano, que entiendan que los asuntos políticos de Venezuela sólo pueden ser resueltos por los ciudadanos venezolanos y que se abstengan de actos de intromisión, así se traten de mera hostilidad y parcialidad simbólicas, como el anuncio formulado ayer por la Secretaría de Relaciones de México en el sentido de que no reconocerá los resultados de la elección constituyente.
Cabe esperar, por último, que tanto las autoridades como los dirigentes opositores sean capaces de establecer nuevas reglas del juego pacíficas e institucionales para solucionar sus diferencias, que se deje de recurrir a la violencia como sustituto de la política, que los hijos de la patria de Bolívar logren procesar sus diferencias en paz y que la constituyente
