lunes, 3 de julio 2017
La captura del banquero Fortunato
Benacerraf Saías, directivo de la entidad financiera 100%
Banco, anunciada este lunes por su relación con otros dos empresarios
investigados por una conspiración contra el Consejo Nacional Electoral
(CNE) para sabotear la elección de la Asamblea Constituyente, ha
confirmado que en Venezuela la rebelión es de los ricos.
Benacerraf, líder visible de una familia
de tres generaciones de banqueros y de origen judío-sefardí, se une a
una creciente lista de empresarios de diversos sectores que se ha sumado
activamente y en forma directa a las acciones conspirativas para
desalojar del poder a Nicolás Maduro, electo en 2013 y cuyo período de
seis años vence al principio de 2019.
Si bien la burguesía venezolana y sus
operadores políticos, asociados en una compleja coalición de partidos
denominada Mesa de la Unidad, han siempre intentado reducir la
visibilidad de sus representantes, en estos últimos tres meses de
violentas protestas no han podido ocultar el rol financiero y operativo
de los dueños de la riqueza.
El banquero, cuya detención se informa
hoy, está relacionado con Arístides Moreno y Roberto Picón, acusados de
programar un ataque cibernético a las redes del organismo electoral con
el fin de impedir las elección de los integrantes de la Asamblea
Nacional Constituyente, prevista para el 30 de este mes.
Moreno es el CEO y fundador de un
conglomerado de servicios finacieros, Inversur, y presidente de una
compañía de distribución domiciliaria de gas doméstico en Caracas,
Domegas. También integra la directiva de otra firma de comercialzación
de productos de aseo y de servicios de fumigación, Fuller de Venezuela.
Mientras que Picón es directivo y socio
de la empresa del área de TI, Consultores e Ingenieros (Consein), con
operaciones en Venezuela y Panamá, y principal aliada comercial de
Microsoft.
En esa última firma el principal accionista es Isaac Saías Eseyeg, familiar del Fortunato Benacerraf y directivo del 100% Banco.
Llama la atención que Moreno y Picón
siempre fueron presentados como asesores de la MUD y nunca se informó su
rol como empresarios en un aparente objetivo de reducir el impacto
público de ese dato.
Una de las actuaciones más destacadas de
los grupos económicos durante la etapa más violenta de la
confrontación, ha sido el aporte de recursos para financiar ese tipo de
actividades. Para ello han organizado programas de captación de donantes
a través de páginas de internet especializadas y redes sociales.
Un análisis a las tres mayores
iniciativas, que en sólo 10 días lograron recaudar cerca de 100 mil
dólares para compra de cascos, escudos artesanales e insumos médicos
para los manifestantes, revela la participación de jóvenes herederos de
familias muy adineradas y residencias en ciudades de EEUU como Nueva
York y Miami.
Ese es el caso de las historias de
Héctor Castro Gaspard, residente de Miami, y de Aurora Kearney Troconis y
Nelly Guinand, establecidas en Nueva York.
También destaca la historia de una banda
que atacó con morteros tipo bazucas las instalaciones de la base aérea
La Carlota. Se trata de los hermanos Ricardo y José Gabriel Adib Yatim,
propietarios de empresas como una fábrica de muebles. Ellos actuaron con
la colaboración de Andrés Sena Pereira, representante de una
importadora de alimentos que recibió sólo en 2014 más de 10 millones de
dólares a tasa oficial o preferencial.
Asimismo hay que mencionar que uno de
los hombres que actuó en el linchamiento del joven Orlando Figuera, el
20 de mayo en Altamira, es Enzo Franchini Oliveros, de 32 años, socio y
administrador de una compañía de construcción que fue contratista del
gigante brasileño Odebrecht.
Otras historias con la participación de
integrantes de la burguesía, en este caso agraria, son la de un
hacendado de Barinas que prestó una retroexcavadora para apoyar
saqueos y destrucción de edificaciones públicas en la ciudad de Socopó.
Mientras que en el estado Mérida quedó
documentada la actuación de un ganadero que financió con comida, bebidas
alcohólicas y armas a quienes ejercían la violencia en el municipio
Obispo Ramos de Lora.
Esta relación de eventos ratifica que la
supuesta rebelión en Venezuela es realmente dirigida y ejecutada por
una parte del empresariado, que han visto amenazados sus intereses ante
las políticas de inclusión y distribución de la renta petrolera
desarrolladas por el Comandante Hugo Chávez y continuadas por el actual
jefe de Estado, Nicolás Maduro.
(La Tabla)
