Después del triunfo de Cambiemos
El
triunfo en las elecciones de medio término y el inminente cumplimiento
de los primeros dos años de gobierno de Cambiemos constituyen una
ocasión propicia para avanzar en la caracterización del gobierno, en el
análisis de los modos y herramientas para oponerse a sus políticas, y en
los caminos aptos para proyectar esa oposición hacia una perspectiva
emancipadora, de transformación radical de nuestra sociedad.
Diciembre
de 2015 marcó el inicio del primer gobierno constitucional liderado
por un partido de derecha, con fuertes puntos de identificación con las
fuerzas sociales, políticas y culturales que hasta el pasado reciente
tuvieron a los golpes de Estado como única vía de ascenso al poder. Eso
se trasluce en una reducción de las mediaciones entre poder económico y
poder político. No se trata de que en otros gobiernos no hubiera
períodos de estrecha identificación entre gobierno y gran capital, sino
de que ahora se trata de un vínculo orgánico. Se da una suerte de
traspolación del personal de dirección y los métodos de organización y
funcionamiento de las grandes empresas, al campo estatal. Ser un alto
ejecutivo de una gran empresa local o transnacional, o un directivo de
una ONG de orientación empresarial, son las mejores credenciales para
acceder a altos cargos de gobierno.
Esa
nueva “elite” tiene una coincidencia de intereses e ideológica
fundamental: Incrementar sus niveles de ganancia y aumentar el poder
del gran capital, a costa de los salarios y las condiciones de vida y
trabajo y la capacidad organizativa y de lucha de las clases
explotadas. También reformular la acción del aparato estatal,
reduciendo impuestos y restricciones para las grandes empresas;
incrementando tarifas, suprimiendo empleos.
Las políticas económicas y sociales del gobierno de Cambiemos llevan
de modo ineludible a la persistencia y/o al aumento de la pobreza y la
indigencia y, al mismo tiempo, conduce a una agudización de las
diferentes desigualdades: política, económica, social, cultural,
educativa. En este marco, cabe preguntarnos sobre las estrategias que
utilizará el gobierno para “gobernar” y “controlar” al volumen
significativo de personas y grupos que se hallan sin el acceso a los
bienes básicos para poder sobrevivir. La reciente expansión del crédito
en variadas formas, las obras públicas “de cercanía”, incluso el
incremento de planes y asignaciones ya están en su repertorio de
acciones, como se vio en vísperas de las elecciones de este año.
En
el plano internacional, el gobierno Macri estuvo desde el primer día
orientado a lo que sus miembros sintetizan como “volver al mundo”, lo
que se entiende como integrarse a los grandes centros del poder
económico mundial; las grandes corporaciones, los organismos financieros
internacionales, los gobiernos del “primer mundo” identificados con las
grandes empresas capitalistas. Los resultados son conocidos: Un ritmo
desenfrenado de endeudamiento externo, no acompañado por inversiones
productivas, y todo tipo de facilidades para las inversiones
extranjeras, dispuestas hasta ahora más a la especulación que
a arriesgar capitales.
En
el área latinoamericana “volver al mundo” significó en primer lugar
derribar los puentes establecidos con los gobiernos del arco
“bolivariano”, abandonar o minimizar la participación e instancias de
integración como UNASUR o CELAC, expulsar a Venezuela del Mercosur. Al
mismo tiempo se proyecta estrechar lazos con el reaccionario gobierno
de Brasil, acatar de nuevo el liderazgo norteamericano sobre la región,
con sus prioridades económicas y de “seguridad” y acercarse o incluso
integrarse a la Alianza del Pacífico, formada por los países que son
contracara de la experiencia bolivariana.
Este
gobierno tan identificado con el gran capital ganó sin embargo las
elecciones de octubre en un comicio en el que jugó el rol de única
fuerza con representación en todo el territorio nacional.
Lo
hizo arrostrando condiciones en principio difíciles para afrontar una
consulta electoral: Niveles muy bajos de crecimiento económico después
de una prolongada recesión, que afectó sobre todo a las ramas vinculadas
al consumo popular, inflación que se mantuvo en cotas elevadas,
incrementos muy acentuados de las tarifas de luz, gas y otros servicios
públicos, endeudamiento acelerado, tipo de cambio sobrevaluado que
facilitó el ingreso de bienes y servicios importados y dificultó las
exportaciones, por ende fuerte déficit de la balanza comercial.
En
parte superó todo eso con un afiatado manejo de las expectativas,
buscando que se confíe en un futuro de crecimiento y mejoras, para lo
cual hay que soportar un presente de sacrificios, que se vuelven
imperiosos por culpa de lo que se presenta como un funesto pasado
encarnado en el gobierno anterior. En ello jugó un gran papel la
elaboración discursiva del gobierno, acompañada casi sin fisuras por los
grandes medios de comunicación.
La alianza Cambiemos salió
muy fortalecida de las elecciones. Ya no es la coalición que debió
esperar a la segunda vuelta para superar por escaso margen al candidato
del FPV en 2015, sino una fuerza política que logró ganar su segunda
elección consecutiva.
Con
esa legitimación renovada, ha decidido avanzar rápido y sobre varios
frentes. A pocos días de las elecciones, inició el impulso de una serie
de cambios, en general por vía legislativa, acordes con el programa de
máxima del gran capital. Inauguró esta nueva etapa anunciando que el
momento marcaba un “ahora o nunca” y que debía avanzarse en un
“reformismo permanente”. A partir de allí los funcionarios de las áreas
respectivas anunciaron las grandes reformas para el futuro inmediato:
Reforma tributaria, nuevo pacto fiscal, reforma previsional y reforma
laboral, esta última la más importante en orden a la satisfacción
directa de los intereses del gran capital.
En
materia laboral presentó un proyecto que incluyó fuertes cambios en la
ley de contratos de trabajo, casi todos en sentido de debilitar la
protección del trabajador y aumentar el grado de libertad de las
empresas para establecer las reglas sobre el desempeño de sus
trabajadores. A ese proyecto lo acompaña un propósito particular de
disminuir el salario, forzar la firma de convenios a la baja, suprimir o
reducir derechos sectoriales estigmatizados como “injustos
privilegios”.
El
anuncio de avances por la vía legislativa fue luego matizado para
buscar un acuerdo con la dirigencia de la CGT. De todos modos, subsisten
el “blanqueo laboral” muy ventajoso para los empresarios, las
restricciones a las indemnizaciones por despido; la “renunciabilidad” de
ciertos derechos, así como la disposición a imponer por convenio
clásulas perjudiciales para los trabajadores.
El
proyecto de reforma previsional presentado por el gobierno está
inspirado en un ataque brutal para los jubilados. Con un incremento de
haberes con la inflación como base casi exclusiva, la mayoría que cobra
la mínima, hoy ya muy baja, queda condenada a vivir al borde de la
indigencia. Por añadidura, vía disminución o supresión de aportes
patronales, puede abrise un camino de pérdida de recursos de la Anses
que termine en una nueva ronda de privatización total o parcial del
sistema jubilatorio.
También
se habla de reforma del Estado, basada en buena parte en el
supuesto “exceso de personal”. A partir de esa toma de posición,
herramientas conocidas: Retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y
lo más grave, despidos. El gobierno hizo un prolongado estudio de
“dotaciones óptimas”, para dar un aspecto de solvencia técnica a su plan
de reducción de personal.
Con
contornos por ahora menos definidos, o bien a cargo de los gobiernos
locales, se anuncian reformas en el terreno educativo y de la salud,
orientadas a disminuir la presencia pública en ambos ámbitos, con el
consiguiente favorecimiento de las empresas capitalistas que actúan en
esos sectores.
Un
tinte autoritario aparece en la aspiración de “limpiar las calles” de
piquetes y otras acciones de protesta. Prodigar prisiones preventivas
tiene un aire de castigo arbitrario, más allá de los actos reales de
corrupción del gobierno anterior. Dar “luz verde” a las fuerzas “de
seguridad” para utilizar la fuerza, con balas de plomo incluidas, va en
el mismo sentido. Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son
el claro testimonio de ese accionar represivo, inspirado en las
directrices norteamericanas sobre las “nuevas amenazas”.
Estas
reformas van más allá de sus propios enunciados. Se dirigen a instaurar
el muy mentado “cambio cultural”, de un sentido individualista, por el
que los trabajadores confíen sólo en su propio esfuerzo, abandonen hasta
el menor atisbo de cuestionamiento al orden capitalista y de
autoorganización, y dejen de centrar esperanzas en la mejora colectiva.
El gobierno actual, y el gran capital en su conjunto, quieren entenderse
con individuos más que con colectivos.
Resistencia en las calles y la necesidad de una alternativa popular y de izquierda
Pocos
días después de cumplir dos años de gobierno, se comprobó que el
principal obstáculo que se opone el avance del macrismo es la conciencia
popular organizada y la capacidad de autoconvocarse por parte de
nuestro pueblo. Una gigantesca movilización en Plaza Congreso fue
dispersada con una feroz represión, pero el gobierno no pudo evitar que
la resistencia se prolongara en cacerolazos en distintas calles de
Buenos Aires y concentraciones y protestas en las principales ciudades
del país. El macrismo aprobando a sangre y fuego la Reforma Previsional
ha dilapidado una parte de su consenso político y queda enfrentado a un
escenario complicado para afrontar las próximas reformas propuestas. Al
desnudarse su carácter antipopular, todo su andamiaje represivo y
comunicacional parece insuficiente. El forjamiento de nuevos espacios de
unidad en la acción, con un fuerte peso de los trabajadores, que se
expresaron en que la consigna más coreada fue “Unidad de los
Trabajadores, y al que no le guste, se jode, se jode”, quita al gobierno
espacios para el chantaje y la negociación.
Como
quedó demostrado en la batalla contra la reforma previsional, en la
lucha contra las reformas proeempresariales y de ajuste sobre los
trabajadores y el conjunto de la población, se necesita la más amplia
unidad de acción de los trabajadores y todos “los de abajo”, más allá de
diferencias o incluso antagonismos en los planteos más generales.
Enfrente se tendrá al gobierno nacional, y a buena parte de los que
apuestan a un peronismo “renovado”, además de los gremialistas de eterno
oficialismo, siempre dispuestos al trueque de derechos de los
trabajadores por prebendas para sus organizaciones, salvo que sus bases
le impongan otra cosa.
En
algún momento puede sobrevenir una ofensiva general sobre las
organizaciones sindicales. Aún con sus enormes rasgos negativos, el
movimiento obrero argentino, con niveles de afiliación relativamente
elevados, sindicatos poderosos, y vida gremial intensa en el nivel de
las bases, constituye un límite a la hora de implantar un control
empresario más amplio en la vida de los lugares de trabajo, en imponer
la productividad y la “competitividad” en el hilo conductor de todo el
proceso laboral.
Las
dos CTA, las comisiones internas y delegados opuestos a las
conducciones burocráticas, sectores combativos de la CGT, la CTEP, los
movimientos de base territorial que nuclean a pobres y desocupados, el
movimiento estudiantil y toda la variadísima gama de organizaciones
populares que por fortuna existen en nuestro país, deben ser el eje
fundamental de la resistencia frente al “reformismo permanente” del
gobierno.
Esa
amplia unidad de acción con todos los sectores dispuestos a combatir
las políticas antipopulares y su ataque a una vasta gama de derechos, es
indispensable, pero no suficiente. Nuestra sociedad tiene un déficit
respecto a la conformación de una alternativa política popular,
anticapitalista, orientada a la democracia directa, de vocación
latinoamericana. Y una manifiesta necesidad de construir modos de
organización y acción más plurales y horizontales, que aúnen el plano
social y el político, ligados al día a día del movimiento social real,
que construyan modos de convivencia que prefiguren una sociedad
igualitaria y justa.
Partimos
de considerar que la articulación que estamos construyendo, puede y
debe nuclear a compañeros de diferentes militancias y tradiciones; el
kirchnerismo, el peronismo en general, las diversas izquierdas.
Necesitamos desarrollar modos de trabajo con los distintos sectores y
con los grupos hasta ahora independientes que están en la búsqueda de
una expresión política semejante a la que procuramos construir.
Sin
duda los sujetos políticos han cambiado mucho en las últimas décadas.
Un imaginario basado en la clase obrera industrial como sujeto
prioritario de cualquier lucha emancipatoria necesita ser, al menos,
matizado. Los debates en torno a la preeminencia de los movimientos
sociales por sobre la clase trabajadora organizada, o las propuestas
que, por el contrario, privilegian el rol protagónico que asumirán las
organizaciones sindicales, deberán ser parte de nuestro trabajo político
e intelectual como organizaciones del campo popular.
En
el plano latinoamericano; Cuba, Venezuela y Bolivia, cada cual a su
modo, constituyen referencias a la hora de pensar un proyecto de
sociedad distinta a las basadas en la explotación y la alienación, de
vocación cuestionadora frente al capitalismo y el imperialismo. Las
nuevas síntesis a construir en nuestro país requieren promover una
identidad de alcance latinoamericano, que incorpore una lectura
histórica de los procesos de lucha y rebelión que llevan siglos, junto
con una mirada de futuro de construcción continental.
Esa
alternativa no puede constituirse en base a la fantasía del retorno al
“pasado venturoso” de los doce años de gobierno de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner. Esa experiencia no sólo nunca apuntó a
superar el capitalismo ni los estrechos límites de la “democracia
representativa”, sino que está ahora privada de las condiciones que
permitieron sus políticas redistributivas, como lo fueron los altos
precios de alimentos y materias primas exportables. La “demonización” de
los gobiernos anteriores encuentra eco social, no solamente por la
labor propagandística del gobierno, sino por la huella impresa por sus
muchas falencias, corrupción incluida. Decididamente no hay “edad
dorada” a la cual regresar, existe un futuro diferente a construir.
El
FIT, más allá de sus propósitos revolucionarios y la indudable
importancia de su presencia electoral y en las lucha
cotidianas, tampoco constituye una alternativa. Su proclamado rol de
vanguardia y su política
ajena a la unidad de acción del conjunto de las fuerzas populares así
lo muestran. Van en la misma dirección sus posicionamientos contrarios a
los procesos latinoamericanos que pelean por la emancipación de sus
pueblos. Son todos factores que lo alejan de la construcción de una
verdadera fuerza alternativa y le establecen por tanto un techo
relacionado con posiciones electoralistas.
Nuestra
sociedad necesita una propuesta política nueva, dispuesta a
desenvolverse en todos los terrenos de lucha, sin desdeñar el electoral;
que despliegue un modo de organización y debate horizontal y plural, y
una práctica cotidiana que prefigure la vocación de igualdad y libertad
que es inseparable del ideal socialista. Que incorpore diversas
tradiciones políticas; diferentes culturas militantes, múltiples y
distintas prácticas cotidianas. Y adopte una perspectiva de mediano y
largo plazo que apunte contra todos los modos de explotación y
alienación, y las relaciones jerárquicas en cualquiera de sus formas y
en todos los campos. Se necesita partir de las identidades anteriores
hacia una nueva síntesis, que abarque tanto el ámbito social como el
político. No puede separarse la construcción social de la que se da en
el campo institucional, incluido el político-electoral. Es
imprescindible tomar nota de los vastos cambios que ha experimentado el
sujeto social en las últimas décadas; modificar a fondo la estructura de
los sindicatos y las demás organizaciones populares, de modo de
ponerlas en línea con propósitos de transformación social de largo
alcance. El cuestionamiento de la propiedad privada de los medios de
producción, de las relaciones laborales alienantes, del régimen del
patriarcado en la relación entre los géneros, son marcas de identidad,
distintivos de una verdadera perspectiva de izquierda anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal.
Sólo
un proyecto de tales características puede apuntar a una transformación
económica, social, política y cultural de nuestra sociedad, que se
vuelva totalmente incompatible con la explotación y la alienación, que
recupere las mejores tradiciones de acción colectiva y rebelión popular
de nuestro país. Únicamente desde esa base se podrá aspirar con
posibilidades de éxito a producir una derrota estratégica del gran
capital, cuya realización y consolidación requerirá rebasar los límites
de nuestro país, para situarse de modo perenne en una perspectiva
latinoamericana.
La
acción cotidiana y los grandes objetivos necesitan iluminarse
mutuamente, en una articulación que ponga en consonancia el
desenvolvimiento diario y la perspectiva estratégica
Primeras firmas (en orden alfabético)
Coordinadora Resistir y Luchar
Corriente Politica de Izquierda
Corriente Surcos
El Transformador
Emancipacion Sur ( CABA)
Izquierda Latinoamericana Socialista
FPDS
FPDS-CN
MULCS
MOI
RED Riosal
Varones Inconvenientes de Oeste
Norberto Bacher
Mauro Berengam
Daniel Campione
Aldo Casas
Nora Ciapponi
Julio Gambina
Miguel Mazzeo
Sergio NicanoffBeatriz Rajland