Bolivia logró la meta de reducción
del hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) tras
disminuir a menos de la mitad la proporción de personas que padecen
subalimentación crónica, según el último Informe del Estado de la
Inseguridad Alimentaria en el Mundo, publicado por la FAO. Las políticas
públicas de Bolivia se alinean con la revolución verde y el uso de
productos químicos y transgénicos, pero no garantizan un aumento de la
producción sino que generan desgaste de tierras, contaminación de suelo y
agua y pérdidas de recursos.
Para analizar estas políticas y
su efecto en 2017 debemos hacer una retrospectiva, considerando las
propuestas formuladas a fines del año 2005 para alcanzar los siguientes
objetivos: a) impulsar la seguridad y soberanía alimentarias; b) mejorar
la contribución de la agricultura y los bosques a los medios de vida de
la población; y c) impulsar el uso sustentable y la conservación de los
recursos naturales.
Impulso a la producción agroecológica u orgánica
El Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras (MDRT), junto a la Asociación de Productores Ecológicos de
Bolivia (Aopeb), viene trabajando en una propuesta para modificar la Ley
3525 de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal
No Maderable Ecológica, promulgada el 21 de noviembre de 2006.
El deseo de cambiar la producción
convencional a una agroecológica viene desde hace más de 10 años. Los
esfuerzos no han tenido el efecto deseado, y una de las mayores
dificultades se debe a la escasa inversión en la producción de insumos
orgánicos, como el abono, necesario para enriquecer el suelo y aumentar
la producción.
El gobierno inauguró la Planta
Petroquímica de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo en septiembre de 2017 para
consolidar la industrialización de los recursos naturales con un costo
de $us 953 millones. Dicha planta producirá por día 1.200 toneladas
métricas de amoniaco y 2.100 toneladas métricas de urea granulada. Estos
fertilizantes responden a la necesidad de la producción de mediana y
gran escala del país, mientras que los pequeños productores que
pretenden impulsar la producción agroecológica quedan fuera de este
“beneficio”.
Si se maneja un discurso en pro
de los derechos de la naturaleza y apoyo a los pequeños productores con
sus prácticas ancestrales y comunitarias ¿Por qué no invertir parte de
los recursos productivos también en una planta de producción de
fertilizantes naturales? Pues no sólo se trata de abastecer el mercado
interno de alimentos al 95%, sino de controlar los medios de producción
incentivando las prácticas de la agricultura familiar.
Transformación de la estructura de tenencia y acceso a tierras y bosques
La base de esta política es la
denominada “Reconducción del Proceso Agrario” cuyo principal objetivo es
la redistribución de la tierra no trabajada y poseída ilegalmente,
exclusivamente a campesinos e indígenas, acelerando el proceso de
saneamiento en favor de Territorios Indígenas, consolidando las
propiedades rurales trabajadas y revirtiendo las tierras ociosas de los
latifundistas. Las dos principales entidades responsables de aplicar
esta política son el INRA y ADEMAF.
En 2017 se evidencia una
inconclusa reforma agraria, en vista de los conflictos entre tierras
comunitarias de origen (TCO) y los sectores sin tierra, uno de ellos
registrado en julio de 2017 en el municipio de Ascensión de Guarayos,
con diez personas heridas y al menos 20 viviendas quemadas.
A pesar de su relevancia
productiva, las zonas de valles y altiplano de los departamentos de La
Paz y Cochabamba, principales productoras de alimentos tradicionales de
consumo interno y donde vive la mayor parte de la población rural, no
han sido priorizadas aún. Cerca del 40% de la superficie de cada uno de
estos departamentos todavía no ha ingresado al saneamiento. Asimismo,
poco más de 4 millones de hectáreas del departamento de Santa Cruz y
casi 3 millones en el Beni se hallan en la misma situación.
Transformación de los patrones productivos y alimentarios para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural
Para la ejecución de esta política se
aprueba en 2008 el Plan de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Años
después, se acude al nuevo plan sectorial y se reitera el mismo
objetivo. En la transición de la primera a la segunda gestión del
gobierno de Evo Morales (2010-2017), el MDRT había perdido su principal
componente, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA),
que pasa al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Otras normas implementadas
durante estos seis años son múltiples decretos supremos y reglamentos
que restringen temporalmente la exportación de productos alimenticios y,
contradictoriamente, permitiendo la masiva importación de alimentos con
el fin de garantizar el aprovisionamiento del mercado interno y
contener las alzas de precios de la canasta familiar.
Los casos de corrupción desatados
en entidades estatales en los tres últimos años han causado revuelo a
nivel nacional e internacional, como el caso EMAPA, que fue revelado en
octubre de este año por los ministros de Justicia y Desarrollo
Productivo, Héctor Arce y Eugenio Rojas, quienes reportaron un daño
económico de 150 mil bolivianos por la venta de maíz subvencionado a
granjas avícolas fantasmas.
Más préstamos, e invasión de organismos internacionales
En marzo de 2017, mediante la Ley 912
se aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF por la
suma de hasta $us70.000.000 al “Programa de Apoyo a la Gestión de
Políticas Públicas para la Seguridad Alimentaria”, que demuestra la
dependencia que aún tenemos como Estado para financiar políticas que
consideramos importantes, sobrecargando la deuda pública externa.
La FAO afirmó que en 2017
destinará al menos 8 millones de dólares de la cooperación para ejecutar
15 proyectos en áreas como la lucha contra la pobreza y el hambre,
soberanía alimentaria y cambio climático, financiando diferentes
programas de gobierno.
A manera de conclusión
El Estado debe participar en la
producción de los alimentos estratégicos para la soberanía alimentaria
del país, para lo cual debe terminar con la política de apertura
comercial irrestricta para proteger la producción nacional. Debe brindar
mejores condiciones de mercado, en primer lugar creando una cooperación
a mayor escala permitiría crear mercados regionales de alimentos, para
incrementar el consumo de los alimentos naturales de origen campesino e
indígena y reducir el de los alimentos ultrapreparados y junk-food. En
segundo lugar debe invertir en las condiciones de transporte de
alimentos, a través de las empresas estatales, si bien ha generado
emprendimientos al instalar las ferias del precio justo, el mayor costo
del proceso de comercialización de la producción se encuentra en el
transporte.
* Politóloga de la UMSA. Master
en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y El Caribe en
la UNSAM. Investigadora sobre seguridad y soberanía alimentaria en
Bolivia. |
* Fuente: la-epoca.com.bo
|
|