Resumen Latinoamericano / 28 de diciembre de 2017 / Politika
Una larga lucha hemos dado los Ex Prisioneros Políticos
para establecer ante la sociedad chilena nuestra calidad de víctimas
sobrevivientes primero, y luego, que el Estado asuma su responsabilidad
ante los atropellos de los derechos humanos de los que fuimos objeto
durante la dictadura militar, ordenados y financiados desde los mismos
poderes del Estado.
A pesar de la indiferencia de las autoridades que
insisten en invisibilizar esta verdad histórica, se hacía urgente y
necesario lograr que la sociedad tomara conciencia, que en Chile, además
de los compañeros que fueron secuestrados, torturados, luego ejecutados
y hechos desaparecer, existía un universo de víctimas sobrevivientes
que exigían Justicia.
La ley 19.992 conocida como ley Valech, debería haber
cerrado dignamente este triste y brutal capítulo de nuestra historia;
sin embargo no se apegó a lo que establece el Derecho Internacional
Humanitario, obligando a los Ex Prisioneros Políticos a seguir luchando
para exigir que se cumplan los compromisos establecidos, suscritos por
Chile con dichos organismos.
A partir de allí, el oficialismo ha jugado todas sus
cartas para evitar la unificación del movimiento y de sus objetivos en
torno a lo que establece el Derecho Internacional Humanitario.
Manteniéndolos en el más absoluto abandono, envejecidos, enfermos y en
la miseria, realidad que inmoralmente aprovecha y utiliza para abaratar
“costos” y hacer ofrecimientos de reparación vergonzosos e indignos.
Lo que es más grave: para asegurarse de hacer aceptable
estas propuestas en el universo de víctimas sobrevivientes, no trepida
en usar algunas de sus organizaciones, cuyos dirigentes cooptados,
tienen la tarea de promover esta propuesta acordada a espalda de los
afectados como “aceptable” dado que “peor es nada”.
Es importante entender que este, no es un tema meramente
económico. Permitir que como respuesta ante hechos tan graves se haga
con la mente puesta en la calculadora y no en la dignidad, ni en el
derecho de las personas que fueron objeto de las más graves aberraciones
durante la dictadura, es una clara revictimización de estas personas.
Significa minimizar la gravedad de lo sucedido en Chile y transformar su
obligación de reparar el daño causado de acuerdo a los tratados
internacionales que suscribió, en un acto de caridad, para personas
indigentes, que claman por una limosna, reemplazando al acto de
justicia, a la que tienen derecho y que Chile les debe.
La reparación económica es uno entre otros elementos de
la justicia que no se debe ver como un “costo” o “como un gasto”. Es
importante que los gobiernos y con ellos la sociedad comprendan que esto
es más bien una inversión. Inversión social y política que aportará,
fortaleciendo la democracia, fortaleciendo el respeto a los derechos
humanos y garantizará la no repetición de estos traumáticos hechos.
Es lamentable cuando las autoridades y peor aun cuando
algunos de los propios afectados insistan en ver esto como el simple
hecho de ganar una reivindicación. No somos un sindicato. Lo que aquí
está en juego es mucho más que esto. Está en juego la forma en que se
analiza y distorsiona el significado de nuestra dramática historia del
pasado reciente, sino que también el significado del presente y lo que
es peor el precedente que se sienta para el futuro.
No reparar correcta y justamente el daño causado,
entrega una muy mala señal para las futuras generaciones. El mensaje
implícito sería que se puede secuestrar, se puede ejecutar fuera de toda
legalidad, se puede hacer desaparecer, torturar, violar, exiliar a
compatriotas y esto no tendrá consecuencia alguna para los autores ni
para el Estado; ya que bastará con sacar la chauchera y tirar unas
cuantas monedas y quedará todo arreglado. Este es el tema y
lamentablemente tengo la impresión que muchos de mis compañeros y
compañeras, no comprenden lo que está verdaderamente en juego.
Por esta razón, es importante insistir en que “no
estamos pidiendo un mínimo de reparación y de reconocimiento”, sino que
exigimos una reparación justa y adecuada, como mandata el Derecho
Internacional Humanitario.
Es importante señalar que si el Gobierno insiste en
resolver este tema con una propuesta miserable y no tomando en cuenta el
Derecho Internacional Humanitario, tendrá que responder no sólo ante
los tribunales internacionales a consecuencia de las denuncias
interpuestas por nuestra organización, sino que también tendrá que
responder ante la historia.
De la misma forma tendrán que responder ante la historia
aquellos dirigentes que se han dejado cooptar por el oficialismo y han
traicionado los derechos e intereses de sus propios compañeros. El hecho
de ser nuestros pares agrava aún más esta deleznable acción.
Si el Gobierno insiste en entregar un monto miserable,
pues que lo imponga, así como nos impuso la cicatera pensión Valech,
pero esto no debe ser legitimado con el acuerdo ni la firma de ningún Ex
Prisionero Político o de alguna de sus organizaciones.
Lo único claro es que ni a los gobiernos pos dictadura,
ni a aquellos dirigentes que se prestaron para esto, los absolverá la
historia!
Nelly Cárcamo V.
Presidente Nacional de la UNExPP de Chile
Presidente Nacional de la UNExPP de Chile
