La administración de Donald Trump ya sabe lo que quiere para el 2018. La construcción de más cárceles para responder así a la avalancha de arrestos de sus agentes de inmigración y aduanas (ICE) que, en el último tramo del 2017, han conseguido elevar las cifras de detención de inmigrantes con y sin antecedentes criminales.
Según cifras de ICE, entre el mes de enero y septiembre de 2017, sus agentes registraron un aumento del 43% en las detenciones de indocumentados en relación al mismo período del 2016.
El aumento de las detenciones, en medio de una de las peores crisis humanitarias y una avalancha de denuncias por maltrato de indocumentados en los centros carcelarios, han obligado al gobierno de Donald Trump a solicitar la construcción de más cárceles en las ciudades de Chicago, Salt Lake City, Detroit, Saint Paul y el sur de Texas, según ha revelado el periódico USA Today.
La petición del gobierno, a través de la página que oferta los proyectos a licitar, contempla así la construcción de nuevas cárceles, uno de los más prósperos negocios en Estados Unidos, para dar cabida a poco más de 4 mil inmigrantes adicionales.
Actualmente, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) dispone de una red de cárceles federales, estatales, privadas y locales para albergar entre 31 mil y 41 mil inmigrantes por día. El objetivo es aumentar esta capacidad para llegar hasta los 50 mil, con una inversión de 1,200 millones de dólares según el presupuesto solicitado por la Casa Blanca para el año fiscal 2018.
Organizaciones como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU por sus siglas en inglés), una organización de 2.2 millones de afiliados, ha denunciado desde hace más de cinco años que “los inmigrantes indocumentados representan hoy el segmento de mayor crecimiento dentro del programa ´detención y remoción´ que se gestiona dentro del sistema federal de prisiones.
Uno de los más importantes beneficiarios, ha sido la empresa Corrections Corporation of America (CCA), el más importante contratista privado de sistemas carcelarios en Estados Unidos y uno de los más importantes cabilderos detrás de iniciativas de ley antinmigrante, como la SB 1070 que fue impulsada en el estado de Arizona.
Actualmente, estas empresas detrás del sistema carcelario privado, se benefician no solo de los contratos para la construcción, sino para albergar a inmigrantes a razón de 100 dólares por cabeza y día.
A pesar de los elevados costos, un reciente informe del inspector de control interno del Departamento de Seguridad Interna (DHS) reveló el maltrato, hacinamiento, falta de atención médica y suministro de comida podrida a los miles de inmigrantes que son retenidos de forma indefinida antes de ser deportados.
En el informe difundido el pasado 11 de diciembre, se establece que las fallas “socavan la protección de los derechos de los detenidos, su trato humano y la provisión de un entorno seguro y saludable”.
“El personal no siempre trató a los detenidos respetuosa y profesionalmente, y algunas instalaciones pueden haber abusado de la segregación”, añadió el informe al señalar que los observadores encontraron “condiciones de detención potencialmente inseguras e insalubres”.
Tras conocer este reporte, la organización sin ánimos de lucro, Detention Watch Network, emitió un comunicado para reiterar que “ICE ha demostrado una y otra vez que es incapaz de cumplir con los estándares básicos para el tratamiento humano”.
*Fuente: La Jornada
