Por Sanjuana Martínez
Cuando creíamos que lo habíamos visto todo en este infame sexenio,
Enrique Peña Nieto nos lanza su penúltimo puñal envenenado para dejarnos
una herencia digna de la República Popular Democrática de Corea y su
líder supremo Kim Jong-un.Después de las últimas leyes aprobadas por los excelentísimos señores Diputados y Senadores con la línea de Peña Nieto en Seguridad Interior y Mordaza a las libertades, los Estados Unidos Mexicanos deberían cambiar de nombre y llamarse la República Popular Democrática de México.
Peña va por el camino dictatorial de Kim. Y le deja a José Antonio Meade una herencia de régimen con suspensión de garantías y libertades, le deja el camino allanado para que por la vía no democrática el PRI permanezca en el poder por encima de la voluntad popular.
El camino del fraude para igualar a México con Corea del Norte ya fue diseñado por Peña y sus ideólogos. El PRI pretende quedarse otros 80 años y para ello ahora cuenta con un gran aliado, el PAN, o mejor dicho el PRIAN porque en eso se ha convertido el partido fundado por Manuel Gómez Morín, y otros satélites menores como el descompuesto PRD, el PVEM, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.
No es paccata minuta. El impulso autoritario que siempre ha caracterizado al PRI y ahora al PRIAN se centra precisamente en mantener el poder para engrandecer sus personales cuentas bancarias. Esto es un asunto de dinero, no solo de poder, aunque van unidos.
Tal vez por eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sigue pacientemente analizando, pensando, valorando si le conviene a su presidente Luis Raúl González Pérez y a sus propios intereses, interponer una acción de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Tal vez por eso la CNDH ya no hace pública la estadística de las terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. Si durante el sexenio de Felipe Calderón se contabilizaron más de 7 mil desde tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; con Peña Nieto esa cifra seguramente se duplicó, pero González Pérez prefiere ocultarlo para sostener su tren de vida y su puesto. Y prefiere rogarle al señor Peña Nieto que vete la mentada ley con base en los incisos A y C del artículo 72 Constitucional. Obvio, no lo hará. Obvio, la CNDH debe interponer cuanto antes la controversia. Obvio, esa es su obligación. ¿Hasta cuándo estos funcionarios harán lo que se les pegue la gana y no lo que dicta las responsabilidades de su puesto?
Estos funcionarios y políticos primero piensan en ellos, no en el daño terrible que ocasiona la Ley de Seguridad Interior a los ciudadanos, al darle un absoluto liderazgo en materia de seguridad a las Fuerzas Armadas y así debilitar la protección de los derechos humanos.
La LSI incluye la confidencialidad de la seguridad interior, algo que también ya sucede en la practica porque cuando se trata de la Sedena la transparencia nunca funciona y siempre niegan cualquier información argumentando “seguridad nacional”. También permite la intervención militar en lo que corresponde a la inteligencia civil. Es decir, estaremos espiados legalmente por las Fuerzas Armadas, aunque ya lo estamos. En fin, esta ley pretende legalizar lo que ya padecemos, la diferencia es que ahora será legal.
Asimismo sucede con la Ley Mordaza de Peña Nieto. Y peor, porque esta fue avalada por unanimidad y sin debate, por todos los partidos políticos, incluido Morena. Se trata de una ley que castiga por decir la verdad y fue aprobada en la Cámara de Diputados con 386 votos. Es un daño terrible para las libertades de los mexicanos porque establece restricciones, sanciones y mordazas “a quien comunique, por cualquier medio, información, “cierta o falsa”, que cause “deshonra o descrédito a alguien”. Imaginen lo que significa esto, es decir, los periodistas y ciudadanos no hubiéramos podido criticar a Javier Duarte ni contar sus fechorías si esa ley hubiera estado vigente hace unos meses.
Con esta nueva ley propuesta por el diputado del PRI por Nuevo León, Pablo Elizondo, conocida también como “Ley Antimeme” se obliga a periodistas y cualquier ciudadano a reparar el daño moral: “Estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento y, por lo tanto las conductas descritas se considerarán como hechos ilícitos. El que comunique, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”.
Con todo lo anterior, ¿como no quieren que veamos a Peña Nieto con el uniforme nazi o encarnando al mismísimo Kim Jong-un?
Sinembargo
