Trabajadores de Fabricaciones Militares cortarán rutas contra los despidos/ Lock out patronal, Extorsión y Policía en la TV Pública/ Médicos piden que se reviertan los despidos en Quilmes, Tres de Febrero y La Plata/ El Gobierno sigue siendo el motor el ajuste: centenares de despidos en YPF … Lea más aquí
Resumen Latinoamericano/ 08 de enero 2018.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.
Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com
Por los despidos en Fabricaciones Militares, Azul declara la Emergencia Laboral
Por Gustavo Sarmiento
Tras la decisión del gobierno nacional de cerrar la planta de explosivos Fanazul, de Fabricaciones Militares, que dejará a unos 250 trabajadores en la calle, los concejales de Azul aprobaron por unanimidad la emergencia laboral. Esta localidad del centro bonaerense se transforma en una de las primeras que se declara en esta situación, bajo el gobierno de Cambiemos.
La sesión comenzó temprano, alrededor de las 8 de la mañana, con la presencia de “fabriqueros” de Fanazul adentro del recinto. El resto la vivió a pocos metros, en el acampe que desarrollan desde el fin de semana en el veredón municipal. La crisis explotó el jueves, cuando el interventor de Fabricaciones Militares, Luis Riva, confirmó en una nota con Radio Olavarría, que la planta de Azul se cerraba. A 237 trabajadores no se les renovará el contrato, y los 17 de planta permanente serán trasladados a otras áreas estatales, aunque la idea del gobierno es acelerar jubilaciones.
La situación generó cortes en la Ruta 3, y marchas cada vez más populares. El jueves pasado salieron a la calle más de 3500 azuleños. Los trabajadores indicaron que el martes volverán a cortar la ruta 3.
Durante la campaña, en septiembre, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, visitó Azul y desmintió los rumores de despidos y achicamiento que ya circulaban en la fábrica: en una entrevista con el diario El Tiempo de Azul, junto al intendente, dijo que era falsa ”la idea del riego laboral o el riesgo de despido”. Y agregó: “Lo más importante es tranquilidad en términos de que hoy no hay ninguna definición tomada y lo que se haga se hará siempre en el marco de la racionalidad y en la búsqueda de fortalecer esta institución”.
Además de su importancia histórica (la fábrica tiene 71 años de existencia), los empleados resaltan su protagonismo económico en la ciudad: le dejaban por mes unos 9,5 millones de pesos, que ahora dejarán de existir. Esto obligó al intendente Hernán Bertellys (ingresó con el FpV y se pasó a Cambiemos a los pocos meses) a tener que dar algún tipo de respuesta. Recién el jueves pasado, a pesar que la fábrica se había cerrado la semana anterior y hace meses se venían alertando los despidos, creó un Comité de Crisis, y ante la presión pública debió ceder a que el Concejo Deliberante declare la Emergencia Sociolaboral.
Sucede que Azul no sufre sólo las consecuencias del cierre de Fanazul. En el último tiempo se le suman los despidos en Cerámica San Lorenzo, Molino San Martín, Molino Nuevo, el cierre de la Corrugadora y de comercios minoristas, la situación de los pequeños emprendimientos y las cooperativas de Azul. Así lo estipula el proyecto aprobado por unanimidad, que habla de “establecer readecuaciones presupuestarias para incrementar inversión en políticas públicas destinadas a la protección de los despedidos y sus familias”. Durante la emergencia laboral, que durará al menos un año, el intendente deberá realizar las gestiones ante el Ejecutivo provincial y nacional “para evitar los despidos en la administración pública” y debe abstenerse “de rescindir contratos laborales y todo otro contrato que establezca relación de dependencia con el estado municipal”.
Además establece una “ayuda legal gratuita y adecuada atención médico-psicológica” a todos los trabajadores despedidos, y que sean asistidos económicamente de manera urgente por la Comuna por el lapso de doce meses. El valor será determinado de acuerdo con el perfil sociolaboral de cada familia. También tendrán beneficios en las tasas de servicios públicos. Y los hijos estudiantes terciarios o universitarios podrán ser incorporados al sistema de becas municipales.
“Hubo una unificación de todos los bloques para seguir trabajando y por eso reuní a mis compañeros. Algunos ya no dan más y no queremos discutir con los concejales y que sigan trabajando, tal como quedamos en el comité de crisis. Después, veremos…”, expresó uno de los delegados de los trabajadores, Marcelo Laporte. La sesión no quedó exenta de los cruces políticos, sobre todo del bloque Cambiemos, que criticó a Unidad Ciudadana, autores del proyecto, por la “herencia recibida”. El concejal macrista, Roberto Gayani, llegó a expresar: “este gobierno tiene sensibilidad social”, lo que generó repudio entre los trabajadores. Uno de ellos, Jorge Menchaca, manifestó: “Somos 200 y pico de familias y estos tipos nos vienen a decir que han hecho más que el anterior gobierno en el ámbito social; no tienen vergüenza. Estoy re caliente”.
Otras localidades intentaron declarar la Emergencia Laboral durante estos últimos meses: desde La Plata hasta Ciudad de Buenos Aires, según lo presentó Myriam Bregman (FIT). ”El 16,2 % de las mujeres jóvenes en la Ciudad están desocupadas”, denunció la legisladora. Lo mismo se intentó en Zárate, Baradero y Campana, por el cierre o vaciamiento de distintas fábricas como Atanor, Atucha y la norteamericana Ingredion. Entre las tres despidieron en menos de doce meses a casi mil trabajadores.
Trabajadores de Fabricaciones Militares cortarán rutas contra los despidos
Empleados de las distintas fábricas se unirán mañana en un solo reclamo hacia el gobierno nacional. En la provincia de Buenos Aires, confirmaron cortes de ruta en Azul y Bahía Blanca. Exigen respuestas y se resisten a quedar en la calle.
Fabricaciones Militares es el organismo del Estado que más ajuste y recorte realizó hasta el momento en distintos puntos del país. Hasta el 31 de diciembre empleaba a 2050 personas pero los despidos y amenazas de cierre comenzaron y alertaron a sus trabajadores.
Las unidades productivas de Villa María y Río Tercero, en Córdoba; Jachal en San Juan; Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, y Azul, en Buenos Aires, encuentran en serio peligro luego de los despidos masivos y los empleados salieron a protestar.
Este martes prevén cortes de rutas en varias zonas del territorio argentino. Hasta ahora el gobierno nacional no dio respuestas concretas.
En tierras donde gobierna María Eugenia Vidal, los despidos se dieron en FANAZUL donde denunciaron 268 censantías y los operarios vienen de realizar hace semanas distintas medidas de fuerza para evitar que se efectivicen los mismos.
El jueves pasado hubo una pueblada que mostró el enorme apoyo con el que cuentan y el intendente de Cambiemos Hernán Bertellys ya comenzó a pagar costos políticos por su inacción.
El viernes, ante una denuncia de ATE, el juez Federal de Necochea, Bernardo Bibel, intimó a Fabricaciones Militares y a la Dirección de la fábrica para que se cubran los puestos clave, en todos los turnos, con personal idóneo. De este modo, el reclamo que llevan adelante también es avalado por la justicia.
La secretaria general de ATE Azul Vanina Zurita, expresó al portal Infocielo que “la justicia nos ha dado la razón sobre la gravedad de la situación que estamos pasando”.
En cuanto a la jornada nacional de protesta que comenzará mañana martes desde las 9 en distintos puntos del país, explicó que “acá en la seccional habrá paro y nosotros vamos a estar en la ruta. En Bahía Blanca y otras regiones de la provincia de Buenos Aires también”.
Lock out patronal, Extorsión y Policía en la TV Pública
EL MINISTERIO POLICIAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PUBLICOS
QUIERE LIQUIDAR LA TV PÚBLICA
Con un cinismo pocas veces visto, y mientras proclama entre sonrisas diálogo, pluralismo y amplitud de voces, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos lanza sin previo aviso una guerra contra los periodistas y los trabajadores del único canal de gestión pública del país. Esto se lleva adelante de la mano de despidos en Radio Nacional, TDA, señales Paka Paka, Encuentro, DeporTV y el Canal de la Ciudad.
La estrategia a cargo de Hernán Lombardi busca presentar a los trabajadores y sus salarios como el problema, al mismo tiempo que vacía sin pudor al canal de sus contenidos, a tal punto que, tras la renuncia del Director Ejecutivo de la Televisión Pública, Horacio Levin, en diciembre de 2017, no hay aún ninguna programación conocida, prevista o en marcha para 2018. Una curiosa forma de gestionar los contenidos de los medios públicos cuando deja a la TV Pública a la deriva, reduce horarios de trabajo que empobrecerán inevitablemente los noticieros, y anuncia la paralización total de Canal 7 durante los fines de semana, con la excusa del “ahorro.” El ahorro y la racionalización que tanto desvelan al Ministerio de Modernización conducido por Andrés Ibarra cuando se trata de salarios de los trabajadores, pero que no cuenta cuando se trata de colocar a su mujer, Carla Piccolomino, en el área de Relaciones Institucionales de Canal 7, con un sueldo superior a los 190 mil pesos mensual. Es una actitud coherente con funcionarios para los cuales la república y lo público solo sirven como insumos retóricos para exhibir mientras desfilan por programas de televisión amigables, pero no para su aplicación práctica en las áreas a su cargo, que llenan alegremente de militantes, parientes y amigos, como es de conocimiento público.
La estrategia a cargo de Hernán Lombardi busca presentar a los trabajadores y sus salarios como el problema, al mismo tiempo que vacía sin pudor al canal de sus contenidos, a tal punto que, tras la renuncia del Director Ejecutivo de la Televisión Pública, Horacio Levin, en diciembre de 2017, no hay aún ninguna programación conocida, prevista o en marcha para 2018. Una curiosa forma de gestionar los contenidos de los medios públicos cuando deja a la TV Pública a la deriva, reduce horarios de trabajo que empobrecerán inevitablemente los noticieros, y anuncia la paralización total de Canal 7 durante los fines de semana, con la excusa del “ahorro.” El ahorro y la racionalización que tanto desvelan al Ministerio de Modernización conducido por Andrés Ibarra cuando se trata de salarios de los trabajadores, pero que no cuenta cuando se trata de colocar a su mujer, Carla Piccolomino, en el área de Relaciones Institucionales de Canal 7, con un sueldo superior a los 190 mil pesos mensual. Es una actitud coherente con funcionarios para los cuales la república y lo público solo sirven como insumos retóricos para exhibir mientras desfilan por programas de televisión amigables, pero no para su aplicación práctica en las áreas a su cargo, que llenan alegremente de militantes, parientes y amigos, como es de conocimiento público.
No es la primera vez que vemos el despliegue de este doble discurso, mientras se preparan las condiciones para destruir a los medios públicos. Las técnicas para lograrlo también son muy conocidas: primero, vaciarlos de contenidos, renunciando a la misión de formar, informar y entretener, que para muchos argentinos, es la única a su alcance. Luego, demonizar a los trabajadores y presentarlos como el “problema” a solucionar, enfrentándolos con el resto de la sociedad mediante fabricaciones y postverdades, haciéndoles creer que hay sobredimensionamiento, ausentismo descontrolado, “privilegios”, y generando las condiciones para desensibilizar a la opinión pública en la aplicación de un ajuste irracional y sin justificación administrativa ni operativa, al mismo tiempo que presentan a los medios del Estado como excedentarios y prescindibles. Pero la verdad es que no se trata de un “problema gremial” sino de sus políticas; no son los trabajadores el problema, sino que ministros, secretarios y directores, con sus legiones de asesores, no tienen ningún plan ni proyecto para los medios estatales. Parece estar muy lejos de los responsables de estos liquidadores de lo público la idea de que, en todo el mundo, las democracias modernas, como es el caso de Alemania, Francia, España y el Reino Unido mantienen medios públicos sólidos y creíbles, con presupuestos acordes a sus respectivas misiones, entre ellas la de garantizar el acceso a información plural y democrática, como un derecho ciudadano. Los salarios que el Sistema de Medios se apresura a difundir con tácticas de delación en las serviciales bocas de expendio que les suministran su periodismo de guerra, fueron acordados con esta misma gestión, que ya lleva más de dos años y están en blanco, los horarios que buscan presentar como abusivos están establecidos en una ley del Congreso Nacional, el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), y el supuesto incremento del 70% en el personal es una absoluta falsedad en lo que respecta al área de Noticias del canal. También mienten cuando pretenden instalar que el presupuesto del canal y los salarios de sus trabajadores salen de impuestos directos a los ciudadanos. Por ley, RTA se financia mediante un gravamen establecido en la ley 26522 que pagan las empresas de comunicación audiovisual, proporcional al monto de la facturación bruta de sus servicios. Gravamen por el cual en todo 2017 se recaudaron más de 5 mil millones de pesos. En todo caso, tanto los trabajadores como el resto de la ciudadanía, tenemos derecho a saber del Sr. Lombardi y los funcionarios a su cargo, en qué invirtió esa enorme suma de dinero. Evidentemente, no fue en la Televisión Pública.
El diálogo que declama Lombardi es muy democrático: ninguna interlocución, patrulleros y un carro de asalto de la Policía Federal en la puerta del canal para disciplinar a los “peligrosos” periodistas, a quienes se empuja a un conflicto que no buscamos ni pretendemos.
Pero no todo es postverdad o redes sociales, y las caretas se caen cada vez más rápido. La información es un derecho, no una mercancía, y los medios públicos son la única garantía de que la ciudadanía pueda acceder a ella.
Asamblea y ruidazo en Noticiero TV Publica Argentina.
La respuesta a la provocación y extorsión.
Unidad de los Trabajadores TVPublica Noticiero 8 de enero 2018
Programación 2018 para los medios públicos: ajuste y vaciamiento
La Nación anunció el domingo que comienza “una nueva batalla en la TV Pública”, mientras sigue la guerra contra los trabajadores.
El artículo de Sirven recibió sugestivos elogios por Twitter. “Bien informado”, lo piropeó Pablo Ciarliero, el vicedirector de Radio Nacional que hace unos días fue furor en las redes al ser sorprendido filmando una asamblea de los periodistas de la emisora, y que se define a través de frases como “yo no recibo a sindicatos que hacen paro”. Por su parte, la cuenta oficial de la TV Pública Argentina – a cargo de Hernán Lombardi, quien conduce el actual ajuste- también le dio “me gusta” al artículo de Sirven .
El 2 de enero muchos periodistas que ingresaban al amanecer a Radio Nacional se encontraron con que no podían fichar. Los habían “sacado del sistema”. Inmediatamente, los guardias de seguridad los acompañaron hasta la salida. Fueron parte de los miles de despidos en todo el Estado, incluidos los casi dos centenares de cesanteados producto del desguace de Paka Paka, Encuentro y DeporTV.
Radio Nacional no tiene exceso de personal. En realidad, es bastante escaso para las 49 emisoras que componen el sistema. No obstante, el Ministerio de Modernización diseñó para el medio un programa de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, más los despidos de los que aún se desconoce el número ya que la información se le oculta a los sindicatos.
En la agencia Télam, mientras tanto, parece inminente un plan de ajuste similar, que podría comenzar en el área Publicidad. “Las radios están por ser historia, mirá lo que pasa con agencias de noticias como DYN. Nos interesan las redes”, dijo un funcionario amparándose en el más absoluto anonimato.
La receta ya es conocida: despidos y, si es necesaria, represión. Se espera que los trabajadores que queden, desgastados junto a sus sindicatos, terminen aceptando abrir sus convenios con condiciones de flexibilización laboral dignas de un siglo atrás.
El artículo de Sirven, vocero del pensamiento de Cambiemos, desgrana algunas perlitas que en otro contexto podrían ser increíbles. Son coherentes, en cambio, con un discurso que baja los jubilaciones mientras le dice a los ancianos que mejorarán su poder adquisitivo; publicita un desmedido aumento de transporte que con el “sistema integrado” hará que los usuarios paguen menos; o tiene por líder a un Mauricio Macri que un martes dice que no quiere endeudar al país y el jueves autoriza tomar más créditos por 15 mil millones de pesos. Sirven es el vocero de un gobierno de millonarios que en gran parte, prefiere tener su capital depositado en el exterior.
El periodista coincide con las declaraciones públicas de Lombardi. Se trata de atacar el núcleo de “privilegios” que implica el convenio actual de los trabajadores. Por ejemplo, el cobro del 200 por ciento por parte de quien sea convocado a trabajar en días feriados. ¿Qué es el Poder sino la posibilidad de cambiar el relato? Para el PRO, los derechos obreros y conquistas son privilegios, y el ajuste una suerte de “cambio” y “modernización permanente”. La programación 2018 de los medios públicos está definida: ajuste y vaciamiento.
Foto: Candelaria Lagos
Médicos piden que se reviertan los despidos en Quilmes, Tres de Febrero y La Plata
El gremio de profesionales de salud bonaerense, Cicop, apuntó contra los despidos en los municipios de Quilmes, Tres de Febrero y La Plata que dejan “sin atención a numerosos sectores vulnerables de barrios y localidades”.
“La primera semana del año nos encuentra exigiendo que se reviertan los despidos de trabajadores de la Salud en Tres de Febrero, Quilmes y La Plata, decisiones que significan, además, dejar sin atención a numerosos sectores vulnerables de barrios y localidades”, señala el comunicado de prensa del gremio de médicos bonaerenses, Cicop.
Además recuerdan que “En el Primer Nivel de atención, bajo responsabilidad de los gobiernos municipales, los bajos salarios y la precarización laboral en sus múltiples variantes (contratos temporarios, locación de obra, a destajo, programa médicos comunitarios, monotributistas) traen como consecuencia no sólo una conformación de equipos inestable que afecta el desarrollo de las tareas, sino que abre la puerta con enorme facilidad a los despidos y al intento de disciplinamiento de quienes pretenden organizarse para mejorar esas condiciones”.
En los tres municipios gestionados por jefes comunales referenciados con Cambiemos, se lanzó desde el 31 de diciembre un fuerte ajuste, en concordancia con la firma del pacto fiscal, que se visibilizó con cientos de despidos.
“Transcurridos los primeros días del año 2018, ya se perfilan las dificultades que tendrán que atravesar los trabajadoras a medida que vayan pasando los meses. El anuncio del aumento en el transporte público y los combustibles, así como el incremento en las tarifas de los servicios con su consiguiente traslado a los precios de los bienes de primera necesidad, no hacen otra cosa que empeorar y precarizar la vida cotidiana de la mayor parte de la población”, señalan los médicos.
“En este contexto general se enmarca el deterioro del funcionamiento de la Salud Pública en todos los niveles, situación que venimos advirtiendo y denunciando desde hace muchos años y que ha sido eje fundamental en nuestros reclamos”, agregaron desde el gremio nucleado en la CTA Autónoma.
El Gobierno sigue siendo el motor el ajuste: centenares de despidos en YPF
El viernes llegaron 210 telegramas de despido a petroleros contratistas de YPF y de la china Sinopec. Calculan que en total serán más de 700 personas de la zona norte de la provincia de Santa Cruz las que serán desafectadas de la actividad.
Los trabajadores petroleros de Santa Cruz iniciaron el viernes un paro por tiempo indeterminado y lo mantenían hasta la tarde de ayer, como consecuencia de los 210 telegramas de despido que recibieron y porque calculan que en total serán más de 700 personas de la zona norte de la provincia las que serán desafectadas de la actividad.
“Estamos en estado de alerta y movilización”, dijo a Télam Lionel Gómez, integrante de la comisión directiva del Sindicato de Petroleros y Gas Privado de Santa Cruz.
El sindicalista confirmó que mantendrán la medida de fuerza “por tiempo indeterminado” hasta que consigan “alguna conciliación obligatoria de parte de Nación”.
Agregó que la medida iniciada “en el flanco norte va a afectar directamente a la producción”, aunque explicó que en la cuenca austral la medida no se va a replicar porque “al tratarse de un área gasífera, ante la falta de suministro de gas, se estaría incurriendo en un delito federal”.
El gremialista informó que integrantes de Petroleros Privados mantuvieron reuniones en Buenos Aires con representantes de las operadoras y del gobierno provincial, “que no fueron definitivas pero tampoco fructíferas”.
Por ese motivo, dijo, realizarán nuevas presentaciones pidiendo el acompañamiento de las autoridades de las localidades y la provincia, además de una marcha prevista en Caleta Olivia y otras ciudades petroleras.
Los despedidos pertenecen a unas 10 empresas contratistas (de YPF y de la china Sinopec) sobre un total de 50 o 60 que brindan servicios a las dos grandes operadoras, particularmente en el área perforación, dijo Gómez, que agregó que también se despidieron trabajadores de “producción y operaciones especiales”.
La crisis petrolera en el mundo, donde las empresas buscan tener menores costos de producción ante la mayor inversión que deben realizar para obtener mayor cantidad de petróleo, se vio reflejada en Santa Cruz en la utilización del sistema de fracking, por lo que las operadoras, según el gremialista, “vieron con mala cara que para la parte norte se firme el mismo acuerdo” que en la parte sur de la provincia, porque allí hay poco gas.
El sábado el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero hasta ayer el gremio no había sido notificado formalmente por lo que la medida de fuerza se mantenía con fuerza.
La mayoría de los jubilados quedará afuera del aumento de enero
Con este aumento, se desdobla el valor mínimo de la jubilación y genera una nueva brecha, que afecta principalmente a las mujeres, ya que se estima que el 75% de los jubilados sin aportes son mujeres. A partir de este miércoles, habrá dos mínimas: $7.790 para los que se hayan jubilado con aportes, mientras que para el resto seguirá siendo de $7.246.
Los jubilados con aportes que perciben la mínima son 820.700, pero la medida afecta a 1.328.707, ya que hay medio millón de jubilados que cobran más que la mínima pero que aún así sus haberes no llegarían al 82% del nuevo SMVM, que en julio pasará a ser de $10.000.
Como el aumento de enero es del 7,5% y el que está previsto para todas las jubilaciones en marzo es de 5,7% según la nueva fórmula, todos los que se ven beneficiados esta semana, mantendrán su jubilación después de marzo ya que el incremento actual es superior al estipulado para el tercer mes del año. Los que se jubilaron sin aportes sí recibirán el aumento en marzo, pero aun seguirán por detrás de la mínima para los que aportaron.
La Justicia le ordenó a Aerolíneas que reconozca la tutela de un dirigente y abone los salarios caídos
La justicia laboral condenó a Aerolíneas Argentinas a reconocer la tutela sindical del delegado congresal de la CTA Autónoma (CTAA) Marcelo Goyeneche como dirigente gremial. Lo habían sancionado por usar licencias gremiales.
El juzgado nacional de primera instancia del Trabajo número 47 declaró nulas las sanciones que la compañía estatal había impuesto a Goyeneche y condenó a la empresa a abonarle los salarios caídos a partir de esas decisiones.
En el expediente “Goyeneche, Marcelo Daniel c/ Aerolíneas Argentinas S.A. s/juicio sumarísimo”, el tribunal laboral condenó a la firma demandada a que le abone los salarios caídos por las sanciones impuestas y una suma adicional por reparación de “daño moral”.
Goyeneche había sido sancionado por solicitar y utilizar licencias gremiales como dirigente de la CTA Autónoma del distrito metropolitano, pero en cada ocasión que las pedía para cumplir funciones gremiales era sancionado, sostuvo un comunicado de la CTAA.
“Lo hizo en 2015 y 16, no obstante que era una practica habitual la solicitud de licencias gremiales. Por ejemplo, en 2015 la empresa sancionó al trabajador con 6 días de suspensión, luego con otros 10 y, por último, con 15 más. Por ello y, con el patrocinio del Espacio Jurídico de la CTAA Capital, inició acción de amparo para que la compañía de gestión estatal reconociese su protección gremial”, indicó el documento.
La jueza nacional del Trabajo Emilce Sellerio aseguró en el fallo que “las suspensiones aplicadas en las condiciones expuestas carecen de proporcionalidad y constituyen un trato discriminatorio y un ejercicio abusivo del poder disciplinario, en especial porque se trata de un dirigente gremial, lo que afecta el pleno ejercicio de la libertad sindical”.
Como en el Estado, en la Clínica Estrada de Lanús despiden a 72 trabajadores con policías y un listado
Con la misma modalidad que aplicaron varios organismos del Estado para efectivizar despidos, personal de Seguridad de la Clínica de Remedios de Escalada impidió que los empleados puedan volver a sus puestos de trabajo.
Tras vencerse la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense para resolver la situación de 72 trabajadores despedidos de la Clínica Estrada de Remedios de Escalada (Lanús), los empleados no pudieron volver a sus puestos de trabajo.
Al igual que pasó con los despedidos del Ministerio de Ambiente de la Nación días atrás, personal de seguridad del centro de salud impidió el ingreso de los empleados despedidos. “Me llegó el telegrama de despido, nos hicieron venir un mes más a raíz de la conciliación obligatoria y ahora no nos dejan entrar. Tienen una lista, te preguntan el legajo y de ahí van descartando”, afirmó una trabajadora despedida en diálogo con la AM 750.
Los trabajadores cesanteados precisaron además que desde el mes de octubre de 2017 “no cobramos una moneda”. Al respecto, el delegado de la Asociación de trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) consideró que “es una situación más que crítica, con 72 despedidos para ésta fecha, sin indemnización y sin el pago de tres meses adeudados de sueldos y aguinaldo”.
Además precisó que con el pedido de conciliación obligatoria que venció el jueves pasado “la empresa continuó su trabajo normalmente”. A pesar de los despidos, que estuvieron suspendidos durante un mes, y las deudas que mantienen los dueños del nosocomio, los trabajadores cesanteados cumplían sus horarios habituales garantizando la atención a los pacientes internados y a quienes acuden a la guardia.
Ricardo Bianco -hijo Vicente Bianco, el fallecido director de Clínica Estrada- y Miriam Solá de Bianco, son los titulares del Grupo Médico Redentor, el cual administra la Clínica Estrada y el Policlínico Lomas, a la vez que es propietaria de la empresa de salud prepaga Medicina Privada. En su mayoría, los trabajadores despedidos cuentan con entre 10 y 25 años de antigüedad.
Cada vez más lejos de las metas de inflación oficiales
El tarifazo llegó a los peajes
Imagen: Bernardino Avila
El ingreso y la salida a la Ciudad de Buenos Aires serán más caros a partir de la última semana de enero de acuerdo con el nuevo cuadro tarifario para los accesos Norte y Oeste confirmado hoy por la Dirección de Vialidad Nacional publicó, que autorizó aumentos promedios del 13 por ciento en todas las categorías y del 12.6 por ciento para automóviles. En línea con las subas en los colectivos, los subtes, las naftas, la luz y el gas, confirmados en los primeros días del año, los automovilistas que circulen por ambos accesos en hora pico en lugar de pagar 50 pesos pagarán 55 pesos con el sistema manual.
En consonancia con los aumentos del 36 y 83 por ciento en las autopistas de 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia que oficializó el Gobierno de la Ciudad la semana pasada gracias a un fallo judicial, el Ministerio de Transporte publicó hoy en el Boletín Oficial el nuevo cuadro. Un automóvil que ingrese y egrese de la Ciudad diariamente por alguno de los accesos pagará 275 pesos por semana y un total de alrededor de 1500 pesos mensuales entre las 7 y 9 y entre las 17 y las 19. En tanto, en hora de congestión (de 6 a 7, 9 a 10 , 16 a 17 horas y 19 a 20) el usuario que antes abonaba 45 pesos, ahora tendrá que desembolsar 50 pesos.
Los vehículos que cuenten con TelePASE, no obstante, obtendrán un descuento de hasta el 30 por ciento para automóviles y de hasta 50 por ciento para camiones, según la Dirección de Vialidad Nacional.
“La actualización permitirá garantizar el funcionamiento de las autopistas y continuar desarrollando el Plan Integral de Obras para la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires, que contempla la ejecución de obras fundamentales para mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial de los más de un millón de usuarios que lo transitan a diario”, justificó Transporte, cartera que la semana pasada confirmó otro aumento general de los transportes públicos.
INFORME DE LA UNIVERSIDAD DE AVELLANEDA
Advierten que en solo dos años la inversión financiera saltó 790%, y la productiva cayó 14%
En los últimos dos años, la inversión financiera o de cartera saltó 790%, y la productiva (Inversión Extranjera Directa, IED) cayó 14%, advirtió un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda.
En concepto de inversiones productivas externas ingresaron al país en 2017, teniendo en cuenta el acumulado de los primeros tres trimestres, unos u$s 8.280 millones, lo que representa una merma del 14% frente a los u$s 9.577 millones registrados en igual período de 2015, subraya el informe en base a datos publicados por el INDEC.
Frente a los primeros nueve meses de 2016, en cambio, existe una suba de 4.593 millones de dólares, dice el trabajo de la casa de estudios.
Por otro lado, en concepto de inversiones especulativas ingresaron al país 27.937 millones de dólares, esto es, 3.252 millones más que en 2016 y 24.797 millones más que en 2015 (+790%).
“Se advierte que la relación entre uno y otro tipo de inversión es notable: por cada dólar de inversión productiva ingresado al país en 2017, entraron otros 3,4 dólares por inversiones especulativas”, señala el informe.
Esta dinámica dispar puede encontrar, al menos en parte, su fundamento en la “fuerte emisión de deuda del Gobierno y a la desregulación de las inversiones especulativas aplicadas en este último tiempo”.
Por su parte, el exiguo incremento en la IED indica cierta reticencia de los inversores externos a posicionarse en inversiones de largo plazo como consecuencia de la desconfianza que ofrece la actual política económica en tanto se acumulan desequilibrios internos y externos, concluye el informe.
Aceiteros están en alerta por el ofrecimiento de retiros en Cargill
Los gremios denunciaron que la empresa comenzó a hacer llamados a numerosos trabajadores. Les ofrecen hasta el doble del monto indemnizatorio.
La multinacional cerealera Cargill comenzó en las últimas horas a ofrecer “retiros voluntarios” a los trabajadores de sus plantas en Puerto San Martín, Villa Gobernador Gálvez y Alvear. La medida de la empresa tomó por sorpresa a los sindicatos Aceiteros de Rosario y de San Lorenzo, tensando aún más la situación desde la decisión unilateral de todas las patronales del sector de no pagar el bono de fin de año a sus empleados. La sospecha entre los obreros es que esta situación se extienda en el resto de las compañías en una política de reducción de costos por la vía de la tercerización de tareas.
“Me llamó Marcelo Patriarca, que es el CEO de Cargill para comunicarme que empezaron a llamar a los trabajadores para ofrecerles un retiro voluntario”, confirmó el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) Departamento San Lorenzo, Pablo Reguera.
En diálogo con LaCapital, el dirigente añadió que “nos desayunamos con que están llamando a los trabajadores, ofreciéndoles más del 100 por ciento más de lo que les correspondería de indemnización, y les advierten que tarde o temprano ellos van a tomar esa decisión (de despedirlos) pero van cobrar la mitad” del dinero que ahora les ofrecen.
A la velada extorsión denunciada por el gremio se suma el sigilo: “No sabemos a cuántos compañeros llamaron, algunos han venido a hablar al sindicato pero otros no nos dicen nada”, dijo, explicando las dificultades para cuantificar la movida patronal. “No tenemos idea de la cantidad de personas afectadas, por eso queremos que lo digan oficialmente, porque le tengo miedo a que esto se vaya de las manos, porque la gente quizás ve la plata y se puede llegar a equivocar”, evaluó.
La situación ya fue trasladada al ámbito del Ministerio de Trabajo de la provincia, donde ayer el gremio mantuvo una reunión con el ministro Julio Genesini. “Les dejamos en claro que si el compañero se niega a aceptar el retiro, lo vamos a estar defendiendo como sindicato”, indicó.
También señaló que “estamos pidiendo una reunión urgente con Patriarca —el CEO de Cargill— para el lunes a fin de saber qué quieren”, y contextualizó: “Las relaciones no están muy bien, no pagaron el bono de fin de año por lo que parece que esa es la plata que quieren usar ahora para echar a la gente”.
Ese bono no fue liquidado por ninguna de las empresas, pese a que era una práctica habitual desde hacía muchos años.
En la planta de Cargill en Puerto San Martín trabajan unas 350 personas. “Los delegados hablaron con Recursos Humanos y ellos les plantearon que tienen directivas de Buenos Aires, por eso queremos hablar con algún directivo importante, y le decimos a la gente que no tome la plata”, insistió Reguera.
Según trascendió, los montos ofrecidos varían según el caso, al trabajador con menos antigüedad el incremento sobre el monto indemnizatorio es mayor, y a los más antiguos se le propone que acepten menos de lo que les correspondería. En todos los casos, sería en efectivo, para hacer más seductora la propuesta.
El objetivo de la patronal, según lo entiende el gremio, es una reducción de costos laborales por la vía de la tercerización. “Los quieren reemplazar con tercerizados, como puede ser en tareas de mantenimiento, descarga, limpieza”, conjetura Reguera. La mayoría de los empleados de las contratistas que realizan tareas tercerizadas por las cerealeras están encuadrados en convenios como el de la construcción y hasta en algunos casos como empleados de comercio, de salarios muy inferiores a los de Aceiteros.
“Por ahora es Cargill solamente, pero están todos en la misma, las decisiones las toman en grupo. Quieren por lo menos un 30 por ciento de tercerizados en las empresas y si pueden más también”, analizó el gremialista.
También en Alvear y V. G. Gálvez
Cargill también posee en la zona plantas en Alvear y Villa Gobernador Gálvez, al sur de Rosario, donde en conjunto trabajan unas 500 personas. Allí también se hicieron las propuestas de retiro. Así lo confirmó a LaCapital, Adrián Dávalos, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros Rosario (Soear), quien señaló que “el jefe de Recursos Humanos a nivel nacional de Cargill, y sin trato con el gremio, empezó a llamar a la gente”.
“Nosotros no estamos de acuerdo porque no sabemos qué se traen. Aquí no estamos ni ante un avance tecnológico ni una baja de producción” que pudiera justificar una reducción de personal, dijo, y advirtió que “si hay gente que se va con el retiro tienen que tomar nuevos” empleados. En ese sentido, recordó que “en el caso de Rosario, el convenio colectivo tiene el artículo 44 por el cual no se permiten contratistas para trabajos habituales, y si así lo hicieran estarían violando el convenio”.
Por lo pronto, Dávalos adelantó que “el lunes se estará denunciando la situación en el Ministerio de Trabajo”, porque “queremos saber qué se traen”, a la vez que dejó abierta la puerta al “diálogo para ver de qué manera se puede llevar adelante”, pero insistió en que “vamos a exigir que se cubran los puestos de trabajo porque son necesarios”.
El dirigente también evaluó que “los retiros no son buenos, pero si tenés 60 años y te ofrecen más del doble de una indemnización eso cambia, pero no son esos los casos que estamos viendo ya que van por trabajadores que no tienen mucha antigüedad”. Al respecto, advirtió que “esta la situación ya la vivimos en los ’90 y hoy no está el contexto para agarrar un retiro, más allá de puntuales situaciones individuales”.
Al igual que con los Aceiteros sanlorencinos, el diálogo con la patronal está difícil: “A partir del pedido del bono, cerraron filas y no lo pagaron, y desde ahí no hay diálogo”, señaló, y confirmó las razones del cambio de actitud: “Adujeron que no era por el dinero sino por el nuevo contexto político”.
Por el momento, Cargill es la única compañía que ha tomado esta decisión de los retiros, pero en los gremios estiman que es solo cuestión de tiempo para que esto se generalice, de acuerdo a cómo discurra esta suerte de leading case.
El mayor exportador de granos
Cargill tiene presencia en 70 países y emplea a 155 mil personas en todo el mundo. En Argentina, cuenta con más de 3.000 empleados distribuidos en más de 60 localidades en 8 provincia, a través de establecimientos industriales, terminales portuarias, acopios y oficinas comerciales. La multinacional estadounidense es la mayor exportadora de granos y sus subproductos de la Argentina: en el primer semestre de 2017 embarcó 6.238.862 toneladas en total, de acuerdo a datos oficiales. El lema de Cargill exhibido en su página web global es “Helping the world thrive”, que traducido es: “Ayudando al mundo a prosperar”.
(*) Fuente: La Capital de Rosario
Senado empujó 200 retiros voluntarios desde noviembre
• EN LA CÁMARA QUE PRESIDE GABRIELA MICHETTI SE TRIPLICÓ EL OBJETIVO INICIAL
El sistema, que termina a fin de mes pero con opción para ser prorrogado, destapó una serie de críticas sobre el mayoritario gremio legislativo APL, que conduce Norberto Di Próspero.
Por MARIANO CASAL
El Senado activó, a fines de noviembre pasado, un plan de retiros voluntarios para los empleados de planta permanente desde 55 años (mujeres) y 60 años (hombres) que contaran con los aportes previsionales correspondientes. Desde la cámara que comanda Gabriela Michetti confiaron a Ámbito Financiero que el objetivo inicial ya fue triplicado, con 200 personas que se acoplaron al sistema que finalizará a fines del corriente mes, pero que incluye cláusula para ser prorrogado.
La iniciativa, que fue adelantada por este diario el 13 de julio pasado y que también será aplicada por el líder de la cámara de Diputados y peronista con témpera PRO, Emilio Monzó, tiene el visto bueno de los sindicatos, con APL -manejada por el polémico Norberto Di Próspero- a la cabeza.
En la normativa se señala que las “máximas autoridades administrativas de cada uno de los sectores” tendrán “la atribución de acordar el retiro o rechazar la solicitud de adhesión cuando existan razones presupuestarias, de servicio o causales de naturaleza disciplinaria u otras que hagan aconsejable adoptar tal temperamento”.
Quien ingrese en el plan obtendrá una suma “no remunerativa equivalente a la remuneración bruta mensual normal, habitual y permanente más un adicional del 10% que el agente percibirá por un plazo de hasta 60 meses”. En tanto, “para la determinación del beneficio deberá deducirse de la remuneración bruta de referencia los descuentos por la cobertura de la Dirección de Ayuda Social, seguro de vida y las cuotas sindicales, de corresponder”.
En el texto además se deja en claro que “no se computarán los rubros de pago extraordinario, horas extra, gastos de movilidad, viáticos, gastos de comida, asignaciones familiares, sueldo anual complementario ni cualquier otro concepto cuyo pago no reúna los requisitos de periodicidad mensual, normal, habitual y permanente antes señalado”.
Cuando se dio finalmente a conocer el plan de retiros voluntarios, al menos una decena de trabajadores del Congreso aseguraron a este diario que “una parte importante de los sueldos no se conforma sólo con el haber bruto sino gracias a complementos como capacitación y dedicación funcional, antigüedad, etcétera, que terminan formando el 20%, 30% o hasta el 40% extra del haber”, y temieron sobre la desactivación de esos ingresos. Desde el Senado replicaron con un simulador para evitar complicaciones.
Por otra parte, en el articulado de la normativa aparece mencionado un “Fondo Compensador Complementario” que, en realidad, debe ser sancionado como un proyecto de ley. La iniciativa fue presentada a mitad de 2017 por Michetti, Monzó y Di Próspero viró hacia la clandestinidad.
La cuestionada ley tiene como finalidad “otorgar una prestación complementaria al beneficio previsional que perciban” los trabajadores de planta permanente, como también “un beneficio compensatorio en casos de pensión por invalidez, pensión por fallecimiento de jubilado o inválido y pensión por fallecimiento de empleado activo”. Para ello, la succión de aportes de empleados será del 2% mensual para quienes tengan hasta 40 años), 3% (40 y 50 años), 4% (50 a 60 años) y 4,5% (60 a 65 años).
A poco de haberse iniciado el plan de retiros voluntarios, hubo un caso que se viralizó: fue el de Adriana Romero, empleada en el Congreso desde 1984, quien repartió un ramillete de cuestionamientos hacia Di Próspero y también hacia la senadora ultrakirchnerista Liliana Fellner (Jujuy), quien finalizó su mandato el 10 de diciembre pasado.
Romero envió una carta a las autoridades del Senado que luego publicó en redes sociales. En la misiva, manifestó que se sumó al plan de retiros voluntarios “con dolor y resignación por no haber logrado que se respetara” su “derecho a concursar un cargo como lo establece la ley 24.600”, es decir, las reglas básicas que establece el “Estatuto y Escalafón para el Personal del Congreso”.
“Amé mi trabajo desde el primer día -en febrero de 1984- y me despido con la tranquilidad de haber hecho el bien desde las distintas funciones que desempeñé. Pero hubiera querido que (…) me respondieran alguno de los tantos mails y cartas que mandé pidiendo concursar el cargo que tuve que dejar (Secretaria de la Comisión de Turismo) acosada por Fellner, quien me maltrataba en público y que resintió mi salud al punto de preferir renunciar y empezar un peregrinar por despachos de legisladores, que me permitieron trabajar en sus equipos”, aseguró la empleada.
Según Romero, “de nada sirven la certificaciones de calidad, las distinciones, los pomposos actos en el Salón Azul, las capacitaciones, y tanto gasto en imagen y en redes sociales si no se consagra la igualdad de oportunidades para el ingreso al empleo público, los concursos para cargos técnicos y la carrera administrativa”.
Opinión.
El miedo
Mauricio Macri, ayudado por su dispositivo mediático-judicial, convirtió “el miedo a lo peor” en la premisa de la segunda etapa de su gestión en el gobierno nacional. La que va por las reformas profundas del plan de “reformismo permanente”. Terminó 2017 y comenzó 2018 instalando temores: a las consecuencias de una devaluación abrupta del peso, a la pérdida de las fuentes de trabajo, a la persecución política con cárcel incluida, a la estigmatización, al regreso de los genocidas al barrio, a gastar más de lo que “corresponde” y así…
Utilizó un manual infalible: mientras una buena parte de la población goza del merecido descanso anual en playas o montañas, o tal vez en su propia casa, otra cantidad siente en carne propia el rigor de la pérdida del empleo y se convierte, allí mismo, en un mensaje disciplinador para los demás. Las escenas de trabajadores llegando a sus lugares de empleo para enterarse de que nunca más atravesarán el molinete de ingreso no constituyen un error ni expresan falta de sensibilidad. Hacen visible la división entre los que van a seguir participando y los que no. Hiere a ambos lados del molinete, pero convierte a los “salvados” en involuntarios culpables de lo que les sucede a los excluidos. Y además, como si fuera poco, en la segunda etapa de la perversión los empujará a aceptar condiciones laborales que en otro contexto no hubiesen podido imponerles.
Para los que resisten estas decisiones, la estrategia del miedo tiene otro plan: la licitación para la compra de 14 millones de postas de bala de goma con entrega previa al mes de abril –de la que hoy informa este diario– y la desopilante operación que buscó incriminar al Partido Obrero en un poco creíble atentado contra la sede de la Policía Federal, advierten a los menos temerosos sobre los “riesgos” de confrontar en las calles. Preparan el terreno para un marzo caliente. Saben que el miedo sólo se supera con la acción colectiva y, a juzgar por la impresionante capacidad de movilización que vastos sectores de la sociedad argentina exhibieron esta semana –masiva movilización de ATE, escraches al genocida Etchecolatz, protestas por los cortes de luz, pueblada en Azul– todavía quedan (citando nuevamente a Huergo) muchos dispuestos a ejercer la libertad dándole batalla al miedo. «
Los despedidos y los sobrevivientes: el uso del miedo para bajar los costos laborales
Por Miriam Wlosko*
Este disciplinamiento avanza mediante distintas estrategias, como despidos masivos injustificados, caída del salario real, incumplimiento sistemático de derechos laborales, ataques al fuero laboral, y reforma de la ley de riesgos del trabajo y, por cierto, la reforma laboral, ataques a sindicatos y persecución gremial, precarización de condiciones de empleo y trabajo, represión policial de las protestas, implementación de modalidades de gestión en el trabajo que instrumentalizan la amenaza de despido, la precarización y el acoso a fin de “desestabilizar a los estables”.
Desde que asumió Cambiemos la desocupación se incremento un promedio de 2 puntos porcentuales dependiendo de la zona, y la tasa de desempleo es la más alta en 10 años (aproximadamente 9% para todo el país, y más del 10% en la Prov. de Buenos Aires). Solo en diciembre hubo 3.346 despidos según un informe del CEPA, el 57% son del sector público. Esta nueva ola de despidos, vuelve a poner énfasis en el sector público, mientras que durante todos los meses previos fue el sector privado el que más despidió empleados registrados, sobre todo la industria.
Diversos estudios realizados en Europa, Canadá y Estados Unidos a raíz de la crisis y el achicamiento del mercado de trabajo muestran el impacto de las políticas neoliberales y los subsecuentes despidos en la salud y la salud mental. Se producen el aumento de prevalencia de trastornos mentales en general y de depresión en particular y el aumento de la tasa de suicidios.
Entre algunas dimensiones de este impacto se identifican el aumento de la intensidad y carga de trabajo, lo que lleva al agotamiento físico y psíquico y el aumento de la presión e intensidad generan precipitación y falta de atención, lo que conduce al abandono de medidas de seguridad y al aumento de accidentes de trabajo.
Los sobrevivientes de una reestructuración con despidos tienen aún después de 5 años de post-reestructuración niveles de inseguridad más elevados que los que nunca han sido expuestos a una reestructuración.
De hecho, no hay disciplinamiento posible sin procesos de fragilización previos. La estrategia de disciplinamiento laboral necesita fragilizar a los individuos y desestructurar los vínculos y la cooperación en el seno de los colectivos de trabajo para afianzarse.
En este punto es importante recalcar que el disciplinamiento se orienta a desorganizar la cooperación entre los y las trabajadoras.
Se ponen en práctica diversas estrategias de gestión orientadas a redirigir los lazos de cooperación entre trabajadores hacia un investimiento exclusivo al servicio de la empresa, exacerbando la “lucha por los lugares”.
La puesta en práctica de diversas modalidades de flexibilización y recorte de personal operan mediante el mismo mecanismo: apuestan a desestructurar los vínculos y a desorganizar la cooperación. Se trata de que las personas naturalicen el ethos despiadado constitutivo del neoliberalismo. Se trata de los principios éticos y políticos por la vergüenza y la humillación. El objetivo es que las personas renuncien a sus principios y sucumban al “ethos despiadado que está en el núcleo del capitalismo de laissez-faire”.
Aquí es preciso considerar todo un proceso que se inicia antes del despido. El proceso previo al despido suele ser una fase de desgaste y fragilización de individuos y de grupos que se lleva a cabo apelando a estrategias de desestabilización. Estas operan mediante el temor, la incertidumbre y la amenaza de despido. En esta fase hay en las organizaciones de trabajo una fase de “rumores” en la que cada uno siente que la amenaza de despido puede caer sobre sí, en las que hay pasilleos y listas de quienes serán los “elegidos”). Luego de los despidos suele haber cambios tanto en la organización de los procesos de trabajo como en la intensidad: se trabaja más, con menos gente, e incluso se ponen nuevas “reglas” que precarizan a quienes mantienen el empleo. Además, como sabemos por múltiples entrevistados, hay estrategias manageriales que hacen uso del acoso: se deja a las personas sin tareas durante meses, placardisandolas. Es un modo de acoso psicológico específico que pretende hacer que la persona se quiebre y renuncie.
La amenaza de desocupación funciona sobreimplicando al trabajador/a, al modo del “chantaje social”. Para decirlo de otro modo: por temor al despido muchas personas se ponen 2 camisetas en vez de una. Alguien hablo alguna vez del “síndrome de los amenazados por la desocupación” (Malfé) analogando la situación a lo que sucede en una balsa de náufragos. Por lo tanto, la primera cuestión es la amenaza de precarización y de despido.
Los despidos
Además, cuando los despidos se llevan a cabo incumpliendo la legislación – es decir, se despide a las personas sin causa ni preaviso, sin respetar el procedimiento señalado por la legislación – redoblan la violencia que en sí misma constituye un despido.
Y si a lo anterior se le añade la modalidad en que se ejecutan muchos de los despidos que estamos viendo en estos días: personas a las que nadie les aviso nada y que concurren a su trabajo y son detenidos por un policía en la entrada o por una maquina que les “avisa” que están “desvinculados”…. Sin duda todo esto constituye una violencia social primaria.
Un despido de estas características constituye un traumatismo violento que puede poner en peligro la construcción identitaria de una persona y llevar al desmoronamiento subjetivo. No olvidemos que un despido es una especie de muerte simbólica en la medida que perder el empleo no solo implica la pérdida de ingresos – con todo lo que ello supone – sino también la pérdida de reconocimiento y retribución simbólica, elementos centrales para el mantenimiento del equilibrio psicofísico.
A lo anterior, hay que añadir otro tipo de violencia que está en relación con la culpabilización social: la desocupación es una amenaza colectiva, estructural y “desocializada” en el sentido de que estar sin empleo es un fenómeno siendo social suele ser vivido como un problema individual, es decir, despojado de su dimensión social (E Aguiar).
Esta culpabilización relacionada con la pérdida del trabajo es además promovida y “militada” por los medios de comunicación: estos construyen relatos que promueven una suerte de desmentida de la situación. En estos relatos, los son los culpables de su propia circunstancia: son “ñoquis”, carecen de espíritu emprendedor, etc . Lo que está en juego es un proceso de victimización secundaria de quienes son despedidos: “fulanito no tiene trabajo porque…no se capacitó lo suficiente, no tuvo espíritu emprendedor, porque era un harágan, etc,etc etc”.
Es decir, por medio de la construcción de estas narrativas, se implementa una estrategia de humillación que es simultáneamente una estrategia de distorsión comunicativa, necesaria para quebrar la construcción identitaria de los individuos y colectivos.
Como es obvio, hay que sumar al traumatismo que de por sí constituye el despido, la humillación pública que pretenden instalar este tipo de relatos. Si alguien se pensaba a sí mismo como un trabajador integro y honesto, que contribuía mediante su esfuerzo a la producción de algún bien o servicio a la sociedad, resulta que en las narrativas ese trabajador era una suerte de “ladrón”, ya sea porque “vivía a costa del estado” o porque tiene “privilegios” entre comillas, es decir, prerrogativas que no le corresponden.
Hay que estar muy atentos a las frases que se lanzan permanentemente y a mi criterio, de modo muy estudiando en esta batalla cultural. Hace poco un funcionario dijo que muchos trabajadores “deberán dejar privilegios” refiriéndose los convenios colectivos de algunos gremios. La torsión no es ingenua: si en vez de un derecho es un “privilegio”, está claro que son usurpadores de lo que otros no poseen….
Además, es interesante notar el carácter de ejemplaridad pública que poseen muchas de las acciones que se llevan a cabo: se despide con policías en la puerta y cámaras que filman, se reprime a trabajadores con cámaras que filman, etc. En analogía con lo que plantea Naomí Kein en su libro “La estrategia del Shock”, a propósito de las tácticas de las desapariciones y la represión en la Argentina, hay que tener en cuenta el carácter público que tenían los operativos para imponer el terror: arrestos a la vista de todos, operativos en la calle y demás lugares públicos. “Todos los argentinos fueron de alguna forma reclutados como testigos de la erradicación de sus conciudadanos, y aun así la mayoría afirmaba no saber qué sucedía”.
Carácter público del disciplinamiento mediante el terror y obligación de ser testigo aterrorizado
A todo lo anterior es preciso además añadir la indiferencia e incluso el colaboracionismo. En efecto, las personas por miedo a perder el trabajo o no conseguirlo se desentienden de quien cae en desgracia. El disciplinamiento da sus frutos y el “No te metas” vuelve a ser operativo y tal vez necesario para la autoprotección.
En síntesis, los despidos en sí mismos constituyen un acto violento que si además se ejecutan incumpliendo la ley generan una mayor inermidad tanto individual como social en la medida en que rompen tanto el contrato psicológico con el trabajador como el contrato social establecido en el seno de la sociedad.
Un asunto que creo que es central es el de qué hacer con una situación de probable emergencia epidemiológica que sabemos que se está instalando, y sobre todo porque a las personas despedidas no las contiene ni atiende nadie, se los deja solos, quedan por fuera de los sindicatos y del sistema de salud. Por eso el despido es casi como una muerte anunciada.
En síntesis, creo que operan mediante una estrategia que apunta al centro del miedo. Sin pánico no funcionaria. Es como decía el torturador en la obra de teatro El Sr Galidez de Tato Pavlovky: “Por cada uno que tocamos, mil paralizados de miedo. Nosotros actuamos por irradiación”.
*Miriam Wlosko, lic. En Psicologia, doctoranda UBA. Docente Investigador Titular Regula UNLA.
– En el marco del Programa de Salud, subjetividad y Trabajo de la Universidad Nacional de Lanús – que coordino junto a Cecilia Ros – realiza la investigación “Salud mental y subjetividad en despedidos y sobrevivientes. Un estudio cuanti-cualitativo sobre el impacto psicosocial de las reestructuraciones laborales en Argentina”. En un estudio anterior – realizado junto a colegas investigadores de CITRA y del CEPA, llevó a cabo una primera fase de estudio cuantitativo mediante una Encuesta Psicosocial a Trabajadores Despedidos (EPSTD) y la aplicación de un cuestionario para evaluar sintomatología el SRQ-20 (Self Reporting Questionnaire, OMS) personas despedidos/as.
