La continuación del ‘procés’, el no acatamiento de la Constitución y la implementación de las leyes rupturistas son las líneas estratégicas de las organizaciones del independentismo
La ASAMBLEA NACIONAL CATALANA, máxima coalición de organizaciones independentistas aprobó acciones y hojas de ruta, llamando a la movilización y exigiendo la materialización de la República, así como la implementación de las leyes de ruptura aprobadas a finales de la legislatura pasada.
También anuncian la intensificación de las movilizaciones en la calle: los independentistas han convocado a sus militantes ante el Parlament para el miércoles, aprovechando que es la sesión constitutiva de la cámara. Es una acción de presión para, dicen, “que se respete la mayoría” surgida de las urnas el 21 de diciembre y ante “las tácticas filibusteras de la oposición, como las que habían utilizado a principios de septiembre tratando de impedir la aprobación de la Ley del Referéndum“. Ese será el inicio de una nueva etapa de movilizaciones del secesionismo. La consigna sigue siendo República o República.
La continuación del ‘procés’, el no acatamiento de la Constitución y la implementación de las leyes rupturistas son las líneas estratégicas del independentismo. Así, al menos, figura en la ponencia de la hoja de ruta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que será debatida a finales de febrero por esta organización, que trata de elevar la autoestima del bloque soberanista frente a los ataques del gobierno español y sus complices locales.
Para ANC, “el Estado español no nos deja otro camino que el de forzar el ejercicio de la plena soberanía, porque “la independencia política de Cataluña es una necesidad”. El objetivo último es “consolidar la República catalana, la convocatoria de elecciones constituyentes, la confección participativa de la Constitución catalana y el referéndum para ratificarla”.
En la ponencia recuerda que “la punta de lanza del ‘procés’ ha de recaer en la sociedad civil organizada” y articula una serie de medidas
La ANC exige “la restitución del Gobierno legítimo y sus estructuras, la derogación del artículo 155 y de todos sus efectos, y la liberación de todos los presos políticos, el libre retorno de los exiliados y el cierre de todas las causas judiciales abiertas a raíz del ‘procés’. Por tanto, haremos las movilizaciones que sean precisas hasta que esto se produzca”.
Pacífica pero rotundamente
Eso sí, asegura que “habremos de plantarle cara en todo momento [al Estado español]; la ciudadanía se ha de movilizar pacíficamente, pero de una forma decidida y contundente para que el 155 no se pueda volver a aplicar ni política, ni social, ni operativamente”. La entidad que ha pilotado la desobediencia en las calles los últimos años recoge en la ponencia que exigirá al nuevo Govern “que tome medidas para construir la República, cree y ejecute las normas y decretos que supongan avanzar hacia su implementación y el inicio del proceso constituyente. Solo así podremos actuar ante un Estado y, en consecuencia, obtener el reconocimiento internacional que nos ha de permitir la negociación de Estado a Estado con España, conseguir la libertad de los presos políticos, el retorno de nuestros políticos en el exilio, así como acordar los términos de la separación con el Estado español”.
Sus objetivos estratégicos son preservar “el carácter no violento y pacífico del ‘procés’ y de las movilizaciones”, reforzar la independencia de la ANC respecto a los partidos políticos, “definir la estrategia y la planificación de acciones para responder a la represión del Estado español y, de forma proactiva, construir la República proclamada a partir del apoderamiento de la gente”. Además, se otorga la obligación de mantener la unidad de acción de las fuerzas políticas independentistas, coordinar el movimiento por la República, “mantener e intensificar la movilización de la sociedad catalana de manera no violenta para conseguir la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados y defender la República catalana y su reconocimiento efectivo y legítimo” y aumentar la base social por la República. Por último, reclama el control de la Hacienda catalana, un poder judicial y Fiscalía al servicio “de la sociedad catalana” y una “fuerza pública suficiente para garantizar la seguridad de los catalanes en las circunstancias ordinarias y en las situaciones de conflicto”.
Se enorgullece la ANC de “las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre de 2015”, que planteaban ”poner en el centro del debate político un referéndum de autodeterminación vinculante y se visualizaba un inicio incipiente de la actividad judicial contra el proceso”. No duda en calificar de “ilegítimas” las elecciones del pasado 21 de diciembre pero subraya a continuación que “ratificaron la decisión ciudadana del 27 de septiembre del 2015 y la República proclamada el 27 de octubre de 2017. Con casi un 80% de participación, con mayoría de votos y escaños para las fuerzas independentistas, el independentismo es hoy más fuerte que nunca”.
Timonel del ‘procés’
La ANC reclama para sí, en esta nueva etapa, el papel de timonel del nuevo ‘procés’. “El actual sistema de partidos es útil siempre que los proyectos surjan de los propios partidos, sean liderados por ellos y se enmarquen en su estructura jerarquizada, pero no siempre da salida a cambios sociales surgidos de la ciudadanía que hayan de ser afrontados de forma transversal”. No habla de partido único, pero sí de política común: “Hemos avanzado mucho en apoderamiento ciudadano, pero sería preciso todavía dar un salto adelante y cambiar la relación entre los diferentes actores políticos (también los republicanos) y reforzar la acción política unitaria nacional liderada por la ciudadanía”. O sea, por la ANC y, eventualmente, por otras entidades similares, como Òmnium Cultural. La hoja de ruta especifica que la Asamblea “trabajará para reforzar esta acción política unitaria” que ha de provocar “el disparo de salida del proceso constituyente”.
La ANC “estará atenta y exigirá permanentemente a las fuerzas políticas y sociales que es preciso ir implementando la República paso a paso sin pausa”
De ahí que afirme luego que “es preciso seguir la activación del proceso constituyente. Este proceso quedó seriamente frenado por toda la preparación del referéndum, su ejecución y todos los hechos que ocurrieron con posterioridad. Es imperativo que se reemprenda este proceso constituyente y que toda la sociedad catalana en conjunto pueda participar en la concepción de la nueva República”.
La entidad subraya que es necesario que la ciudadanía pueda verse reflejada “en una entidad fuerte, dinámica y que pueda dar salida, en cada momento, al progreso del proceso de emancipación nacional”. En otro párrafo, detalla que la entidad “estará atenta y exigirá permanentemente a las fuerzas políticas y sociales que es preciso ir implementando la República paso a paso, pero sin pausa”.
La ANC prevé una escalada judicial del Estado español contra el ‘procés’, a la que “se ha de responder con una escalada judicial proveniente de la sociedad civil, más allá de hacer protestas en la calle. Es por ello que la ANC ha de iniciar contactos con otras entidades para llevar a cabo denuncias en tribunales nacionales e internacionales para cada una de las injerencias o ataques recibidos por el Estado y acompañarlas de campañas mediáticas que las difundan. Es preciso denunciar internacionalmente a la justicia española”.
Campaña internacional
En el apartado internacional, la ANC anuncia una campaña “con el foco puesto sobre lasinstituciones europeas, los gobiernos de los Estados miembros y su opinión pública, y el conjunto de la comunidad internacional y sus instituciones para poner en evidencia al Estado español, su totalitarismo y sus graves carencias democráticas y hacerlo entrar en contradicción permanente a ojos internacionales y en los parámetros económicos globales”. Como acciones concretas, iniciará contactos para “identificar apoyos y ser propositivos en la oferta del papel que puede jugar Cataluña como aliada”, continuará en la línea de difusión ante los medios de comunicación internacionales las tesis secesionistas, potenciará sus asambleas exteriores y constituirá “una red de fuerzas políticas y sociales de Europa favorable a la Europa de las naciones y los pueblos”.
La ponencia termina advirtiendo que “es posible que tengamos un nuevo escenario de confrontación política, a pesar de haber ratificado la República en las elecciones del 21 de diciembre del 2017, en el que será necesario que preparemos acciones específicas sobre diferentes ámbitos estratégicos para buscar el eco político y económico en el ámbito europeo e internacional”. Por tanto, zanja, “se ha de potenciar la incidencia en Europa y en el mundo con toda clase de acciones que nos permitan extender y consolidar el reconocimiento de la República catalana”.
Como acciones concretas, iniciará contactos para “identificar apoyos y ser propositivos en la oferta del papel que puede jugar Cataluña como aliada”
Claro que, estas consideraciones se realizan en un momento en que la línea dura del ‘procés’ ya hablar de endurecer sus posicionamientos. Por ejemplo, el profesor de Derecho en la Universidad de Copenhague, Antoni Abat Ninet, que en una entrevista en el diario independentista Vilaweb llamaba a la acción esta semana: “Hemos de estar preparados para actos de desobediencia fuertes. Golpes. ‘Pums’. ¿No se han ido los ‘piolines’ del Puerto? ¿Entonces a qué esperamos?”. Se refería a la retirada de las fuerzas de la Policía Nacional enviadas a Cataluña y alojadas en un barco del puerto que llevaba dibujada la efigie de Piolín. El profesor sacaba pecho en la entrevista: “Que vengan al Parlament. Que vengan. Con un millón de gente fuera. A ver si lo hacen”, amenazaba. Y reconocía acto seguido que “con diez muertos no estaríamos en el mismo sitio”. Y marcaba el camino que tendría que haber seguido Puigdemont: ”Yo declaro y no marcho. Voy al Palau y que me busquen. A hostias si es preciso. Lo que pasa es que no lo hicieron porque creo que lo tenían todo controlado hasta el referéndum y basta. El día después, no”. Claro que este profesor era el que en septiembre pasado vaticinaba que la UE intervendría ante el Gobierno español antes del 1 de octubre aplicando el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.
